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OPINIÓN EDITORIAL

 
 
RAMÍREZ STABROS
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RAMÍREZ STABROS

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La democratización de la producción

La estructura laboral hoy no sirve para sostener un nuevo esquema productivo
17.08.2016 12.00 AM

Las insuficientes discusiones sobre la reforma laboral en nuestro país, las sutiles modificaciones que se han desarrollado al status quo en el sector laboral y el debate sobre combate a la pobreza, han estado erróneamente centradas en falsos argumentos que se sustentan en impulsar el salario mínimo como agente de justicia y solución laboral, por una parte, y en el subsidio social como fórmula casi invariable para el combate de la pobreza y la marginación, en un segundo término.

Con las reformas estructurales que fueron aprobadas el año pasado por el Congreso de la Unión, se inauguró en México un nuevo modelo de producción. Este nuevo modelo implicará, según se ha dicho, un enorme caudal de inversiones, nuevos actores económicos y productivos, capacitación científica y tecnológica, crecimiento, desarrollo, por mencionar algunos elementos, que anuncia un México diferente.

Si lo anterior es cierto, entonces queda claro que se deben hacer cambios de fondo a la estructura productiva y democrática, ya que el actual sistema laboral fue diseñado y conducido, por muchos años, para sostener condiciones distintas a las que se anuncian para el futuro inmediato de nuestro País.

La estructura laboral actual no sirve para sostener un nuevo esquema productivo. El nuevo modelo es conceptual y prácticamente distinto al que ha prevalecido cerca de 80 años en México. El sistema que hoy impera, no es sostenible en el ámbito técnico; no es sostenible en el de la Justicia; y mucho menos en el ámbito de las condiciones democráticas del trabajo.

Por otro lado, el reparto de la riqueza no debe sostenerse por la vía del subsidio social, esa es una puerta falsa. No existen posibilidades presupuestales que alcancen a cubrir las necesidades crecientes de una población cada vez más pobre y menos capacitada para adaptarse al nuevo panorama mexicano.

El reparto de la riqueza debe darse a través del trabajo bien remunerado, justo, legal y democrático. El elemento sustantivo y fundamental para ello es el Contrato Colectivo democrático; aquel que proviene del acuerdo y la libre deliberación de los trabajadores y las empresas en las que laboran.

Y es importante destacar el adjetivo “democrático”, ya que muchos millones de trabajadores en México están sujetos a regímenes autoritarios, injustos y perversos amparados en un monumento a la corrupción y a la discriminación llamado contrato colectivo de protección que proveen los también llamados sindicatos blancos, que no son otra cosa sino la concreción de lo más corrupto del sistema laboral actual, y al cual, se han agregado otras fuentes de injusticia como la subcontratación a través de agencias que no representan sino la violación de los derechos de los trabajadores en beneficio de los dueños y prestanombres de ésta figura denigrante.

De acuerdo con estudios del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cerca del 10% de la Población Económicamente Activa está sindicalizada es decir, el 90% de los que trabajan quedan desprotegidos de toda condición democrática en lo laboral; no tienen opinión ni pueden influir en las condiciones de las cuales depende su futuro y el de sus familias, ya que carecen de un contrato colectivo de trabajo que defienda intereses comunes; y paradójicamente, muchos de ellos están o forman parte del subsidio social a través de los programas de gobierno.

El gran retraso es ahí y está vinculado a la pobreza. Las familias trabajadoras necesitan planear su futuro, acceder a la capacitación, a las prestaciones sociales como la salud, la educación mediante la remuneración justa en sus trabajos en condiciones negociadas en un ámbito de libertad, legalidad y deliberación conjunta, colectiva. La asistencia del Estado es necesaria pero como garante de los Derechos democráticos, no como subsidiario económico.

Del 10% que pertenece a un sindicato, la mitad forma parte de una organización gremial del sector público, en donde prevalecen condiciones de excepción fundamentadas en el famoso apartado B de la Ley Federal del Trabajo, además, del 5% de los sindicalizados restantes la

mayoría se encuentra bajo el régimen de corrupción de los sindicatos blancos, sujetos al control y a la injusticia que anula sus Derechos laborales.

Por si fuera poco, el sistema tripartita de impartición de justicia laboral que hoy prevalece, con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a la cabeza, es por decir lo menos injusto y opera con características de órgano de control político más que de instancia de impartición de justicia.

El debate entonces, acerca del mundo del trabajo en esta nueva perspectiva de México, supera el discurso efectista y frágil que superpone al salario mínimo como agente para la resolución del problema social que aqueja a las familias trabajadoras y que amenaza con dejarlas fuera de los alcances de la nueva era de progreso de México.

Resulta incongruente y raro que la izquierda mexicana limite su propuesta laboral y con ello su mensaje a los trabajadores al tema del salario mínimo; suena a demagogia barata o a falta de compromiso real con la gente como suele sucederles, y por otro lado, al partido en el gobierno se le olvidó también su alianza histórica con la clase trabajadora. Le parece más cómodo y más vendible abocarse al subsidio social en vez de convocar, discutir y encabezar la nueva era de México en favor de los trabajadores y sus familias que son la esencia de la clase media, progresista del País y su base política fundamental.

El Partido Acción Nacional, por su parte, con esa dicotomía entre lo bueno y lo malo que lo caracteriza, también se subió a la discusión del salario mínimo como elemento de solución laboral; además de pelear por la paternidad de la “idea”, impulsa un enfoque que le da un matiz de dádiva generosa de los empresarios a los trabajadores, diciéndose representante de estos que “merecen mejores ingresos” para con ello, quedar como el partido “bueno y bondadoso” que atiende a los trabajadores, y de los cuales espera le respondan su detalle con votos en la próxima elección y consolidar con ello, su combate a la permeabilidad social consagrada en el espíritu de nuestra Constitución .

En la coyuntura de la discusión, sobre la transparencia y el combate a la corrupción a la que con entusiasmo se ha sumado el Consejo Coordinador Empresarial, vale la pena agregar el tema laboral, para eliminar de una vez la corrupción, simulación y antidemocracia en el mundo del trabajo.

No es tema menor. Por mucho, la discusión sobre el mundo del trabajo en México sigue siendo una asignatura pendiente en esta vorágine modernizadora y transformadora que vivimos. Es un tema transversal y sustantivo para dar forma y sentido social a las reformas estructurales que ya están en proceso de ejecución.

Democracia, Libertad, mercado interno, combate a la pobreza, salud, educación, competitividad, desarrollo, corrupción y Justicia entre otros muchos temas, son los que deben estar en el debate sobre el trabajo. Reducir la discusión al salario mínimo y al presupuesto para el subsidio social, son pretextos para no pasar por lo importante.

“Cerca del 10% de la Población Económicamente Activa está sindicalizada es decir, el 90% de los que trabajan quedan desprotegidos de toda condición democrática en lo laboral.”



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