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DÍAZ MOLL
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DÍAZ MOLL

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La evolución de los programas federales en contra de la pobreza

Las herramientas del estado y los afanes por eficientarlas
22.07.2013 12.00 AM

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social, a saber, en rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.

En su definición, la pobreza alimentaria es la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria (Coneval); la de patrimonio resulta de la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda , trasporte y educación (Coneval), mientras que en la pobreza extrema se encuentran aquellos que viven con menos de 978 pesos al mes en áreas urbanas y 684 en áreas rurales (Banco Mundial).

Para comprender la evolución del asistencialismo, es necesario tomar en cuenta las características del sistema político mexicano entre 1929 y 1997, cuando las decisiones eran procesadas y concentradas por el Presidente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tuvo fuerte dominancia en el país, el Congreso y el Poder Judicial estaban controlados por el Ejecutivo y su función era proveer legitimidad al régimen, las autoridades federales dominaban los gobiernos locales y municipales a través del partido, los medios masivos de comunicación gozaban de libertad relativa y solían autocensurarse, y los sectores económicos eran consultados pero carecían de influencia en las decisiones políticas.

En esas décadas, las acciones gubernamentales contra la pobreza fueron desarticuladas, y para describirlo, puede mencionarse el inicio de abasto de leche a través de Liconsa en 1944, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) surge en 1971, o el Programa de Abasto Social que se implementa en 1980.

Posteriormente, el Programa Nacional de Solidaridad, conocido Pronasol y operado entre 1989-1997 para campesinos de áreas marginales y entre pueblos indígenas, surge cuando después de años en progreso económico y estabilización gracias al “Milagro Mexicano”, la crisis económica de los años 80 deja un gran daño en materia social en México. Entonces, 18% de la población ganaba menos del salario mínimo y 50% de la población en México ganaban menos de dos salarios mínimos. El 18% de la población en México vivía en pobreza extrema.

Entre sus principales acciones, estuvo el apoyar la agricultura en zonas marginales, ampliar y consolidar los servicios básicos (salud, educación, alimentación y vivienda), promover la construcción, autoconstrucción y mejoramiento de las viviendas, multiplicar los proyectos producticos y la incorporación de la población.

Con él, se crearon 250 mil comités de Solidaridad, encargados de repartir las ayudas, y en el sexenio de Carlos Salinas se destinaron 52 mil 000 millones de pesos al programa, lo que por otra parte, significó que del 6.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 1989, llegó a 10.2% en 1994. Su impacto resultó en la disminución de 900 mil perspnas en situación de pobreza, al pasar de 47 millones en 1988 a 46.1 millones en 1994.

Otra consecuencia notable fue la creación en 1992 de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol).

Con la llegada de Ernesto Zedillo en 1994, se mantuvo el Pronasol hasta 1997, año que se transforma en el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa). Debe recordarse que el error de diciembre y la consecuente crisis de 1994 provocó que en 1996 aumentara el número de pobres a 63 millones, llegando a ser el 69% de la población.

El Progresa elimina los comités con el fin de anular la intermediación, ya que en las zonas más marginadas no había comités para entregar los subsidios. La ayuda se transformó para dejar de ser objetos o alimentos, y convertirse en dinero que sólo era entregado a las madres de familia, para cuya entrega se consideraba que los niños de cada familia beneficiada acudían a la escuela y la familia entera, a revisiones médicas.

Progresa siguió teniendo como destino principal a los habitantes de las zonas rurales, que debían sometiéndose a un estudio socioeconómico.

Entre sus acciones, dio becas a 40% de los estudiantes de educación básica en zonas rurales, se proporcionaron 19 millones de consultas médicas anuales, entregó un millón 200 mil suplementos alimenticios a niños menores de cinco años. Al inicio del proyecto se inscribieron 170 mil familias, y al finalizar el sexenio había 2 millones 600 mil familias registradas.

Haciendo un recuento, en 1998 eran 47 millones de pobres (52% de la población), en 1994 sumaban 46.1 millones (51% de la población), que en 1996 aumentaron a 63 millones, es decir, 69%, un aumento de 17%. Al finalizar el sexenio de Zedillo, había 52.7 millones.

El gobierno de Vicente Fox mantuvo el Progresa hasta 2002, cuando se modificó para dar lugar al Programa Oportunidades, que presentaba cambios en estructura y el modo en calcular los apoyos: comenzó a incluir a pobladores de zonas urbanas que no ganaran más de 4 salarios mínimos, pagó bonos a los estudiantes afiliados que terminaron la preparatoria antes de los 22 años bajo el esquema “Joven con oportunidades”. Además, a partir de primero de secundaria, a las adolescentes se les otorgaba una cantidad mayor en becas con el fin de combatir la deserción escolar femenina, y se implemento el programa “70 y más”, que le daba a los adultos mayores de 70 años una pensión de 250 pesos.

Esta administración invirtió 70% más que la de Zedillo en el Progresa, al destinar 146 mil 376 millones de pesos para ello, lo que tuvo como consecuencia que se lograran los niveles más bajos de pobreza desde 1990, con 45.5 millones de pobres (42% de la población).

El gobierno de Felipe Calderón mantuvo “Oportunidades”, ampliándolo y mejorándolo, al incrementar en 60% el presupuesto respecto del que Fox asignó, por lo que los apoyos financieros subieron de 529 a 830 pesos y se retomó la asistencia social alimentaria, destinándola a comunidades marginadas donde no había escuelas y hospitales, lo que les impedía entrar en el programa.

Otro segmento nuevo fue el de “Pisos Firmes”, para cambiar pisos de tierra a pisos de concreto, que alcanzó a 88% de los hogares objetivo, 2 millones 163 mil 679 según Inegi.

También inició el proyecto “Vivir Mejor” que proporcionaba 100 pesos a cada familia con 3 menores de 9 años y 50 pesos para el pago de energía eléctrica.

Para todo lo anterior, en noviembre de 2010, el Banco Mundial prestó a México mil 250 millones de dólares, y aunque se benefició a 6 millones 500 mil familias, el número de pobres se incrementó en 2006 a 57 millones, 51.3% de la población, 21% más.

Hoy, estudios internacionales nos sitúan con una pobreza del 46%, 54% de la población vive en lo que se cataloga “pobreza de patrimonio”.

Con la llegada de Enrique Peña Nieto se ha mantenido el Programa Oportunidades, que recibirá 66 mil 132 millones de pesos. Con ello, el programa “70 y más” se ha modificado y ahora será “65 y mas”, reduciendo la edad para ser beneficiario; inició también el programa “Jefas de Familia”, seguro de vida y beca hasta la universidad para hijos cuya madre falleciese, programa que tiene un presupuesto de 400 millones de pesos.

Adicionalmente, se ha entregado un presupuesto de 64 mil 291 millones para el desarrollo de los pueblos indígenas.

Por otra parte, la Cruzada Nacional contra el Hambre (SinHambre), que toma como inspiración el programa brasileño “Hambre Cero”, está destinada a 11.7 millones de personas en situación de pobreza extrema multidimensional y 28 millones en carencia alimentaria. Desde 2004, la desnutrición representa la décimo tercera causa de muerte en el país; en 2011, se estimó que 11 mil personas murieron por desnutrición, mientras que en los 3 primeros meses del año han fallecido en nuestro país 2 mil 70 mexicanos por la misma causa (uno cada hora). Adicionalmente, el hambre es un detonador de violencia en diferentes rubros, como la intrafamiliar, dando lugar a fenómenos como la migración, facilitando la incorporación de jóvenes al crimen y al crimen organizado, rompiendo el tejido social.

Las metas de la Cruzada son lograr una tasa de cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación, eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez, aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas, minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento , transporte distribución y comercialización, así como promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

Las estrategias de la Cruzada se dividen en acciones para mejorar el ingreso, brindar acceso a los alimentos, fomentar la inclusión productiva, propiciar la acción social en el logro de los objetivos y someter sus acciones al escrutinio de una contraloría social, darle cobertura territorial, así como su institucionalización.

Para ello, se ha creado la Comisión Ejecutiva para la Cruzada Nacional Contra el Hambre, conformada por las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL), de Gobernación (SEGOB), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), de Educación Publica (SEP), de Salud (SS), las comisiones para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Nacional del Agua (CONAGUA), así como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Para aumentar la producción de alimentos se llegó a acuerdos con las organizaciones campesinas como el Consejo Agrario Permanente (CAP); también se fomenta la participación de Instituciones de Educación Superior, como la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), cuyos estudiantes podrán hacer su servicio social en las comunidades consideradas en la Cruzada.

Además, se incentiva la participación de la iniciativa privada, como en el caso de Pepsico y Nestlé, que desarrollarán alimentos para la población materno-infantil, e impartirán 200 mil horas de educación en nutrición y cursos de autoempleo.

Adicionalmente, se prevé la capacitación 15 mil mujeres emprendedoras para abrir sus propios negocios por parte de la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos, mientras que la Cruz Roja llevará a cabo acciones de fomento a la educación nutricional y entrega de alimentos.

Se ha criticado que la Cruzada fue instrumentada en la víspera de elecciones, y el número de municipios beneficiados que celebraron elecciones este domingo es de 214. También se ha señalado que no tiene una planeación adecuada y que no existe un diseño de objetivos, procesos e indicadores claros que den seguimiento a sus acciones, por lo que se la etiquetado como un programa asistencialista.

“La evolución del asistencialismo ha navegado entre retrocesos y conquistas.”



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