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AVANZA APROBACIÓN A USO LÚDICO DEL CANNABIS: PASA DEL SENADO A DIPUTADOS

Avanza aprobación a uso lúdico del cannabis: Pasa del Senado a Diputados
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La regulación busca regular su producción y uso, así como prever su impacto en la salud pública mediante el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis
20.11.2020 12.00 AM

La Cámara de Senadores aprobó diversas modificaciones al dictamen que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y lo envió a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.

Este proyecto de decreto, que también reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, fue aprobado en lo particular con 72 votos en pro, 13 en contra y dos abstenciones.

En la presentación de reservas, el Pleno respaldó el cambio propuesto por el senador Ricardo Monreal Ávila, al artículo 9 de la nueva ley para señalar que los actos relativos al uso del cannabis y sus derivados, fomentarán el desarrollo sostenible, por lo que las políticas, planes, programas y lineamientos buscarán la seguridad, prosperidad y bienestar. Asimismo, se acordó eliminar las fracciones de la uno a la 17 de este artículo.

Desde la tribuna, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena dijo que el daño que provocó la prohibición causó más estragos que las afecciones de salud derivadas de las drogas y su consumo. Por eso, expresó su reconocimiento a todas las bancadas, pues se trabajó este dictamen “con mucha pasión y flexibilidad”.

Afirmó que lo que hace el Senado es verdaderamente notable, pues se trata de una ley progresista y de avanzada. Precisó que en cualquier momento, este Congreso puede modificar la legislación; “por eso no tengan temor”.

Refirió que más de 18 mil personas en el país están privadas de su libertad por haber portado de uno a 200 gramos de marihuana, lo que les ha destruido la vida y también a sus familias. Por ello, subrayó, es importante que se empodere a los grupos vulnerables a los pueblos y comunidades indígenas y campesinas que se encuentran en situación de marginación.

Ricardo Monreal aseguró que con esta ley se disminuye la actuación y la ganancia del crimen organizado, pues se traslada un mercado ilegal hacia la legalidad con un marco jurídico que da certeza a los sectores de la población y fortalece el desarrollo del país.

Destacó que ahora los productos del cannabis no psicoactivo y sus derivados para usos industriales se podrán comercializar, exportar e importar, generando riqueza a los sectores desprotegidos y se producirán beneficios en favor de las personas que actualmente se encuentran procesadas o sentenciadas.

El Pleno también respaldó la propuesta de modificación de la senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, a efecto de establecer en el artículo 47 de la nueva ley que, en el caso de licencias que se expidan para ejidatarios o comuneros, se requerirá la autorización de la asamblea ejidal o comunal de que se trate.

La legisladora explicó que este cambio tiene el objetivo de cuidar la unidad del ejido y de la comunidad indígena ante cualquier conflicto que pueda generar la siembra de cannabis. Si esto no lo logramos, y algunos ejidatarios deciden sembrar, pero otros no, podemos generar conflictos internos y profundizar las disparidades en la propiedad social, advirtió.

Asimismo, indicó que esta modificación busca dar su lugar a la asamblea ejidal para que los campesinos sean beneficiados y no se provoque una disputa al interior de los ejidos y comunidades.

También se aprobó una fe de erratas al Artículo Sexto Transitorio, presentada por los senadores Julio Menchaca, de Morena; Xóchitl Gálvez, del PAN, y Jorge Carlos Ramírez Marín.

Lo anterior, a fin de precisar que el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, en un plazo no mayor a seis meses de su constitución, y en coordinación con las instituciones relacionadas con la prevención de adicciones, implementará y desarrollará a nivel nacional un programa permanente de prevención de adicciones y tratamiento.

El programa deberá hacer énfasis en el no consumo de cannabis, enfocado a las niñas, niños y adolescentes, además, el Instituto deberá rendir un informe anual de avances al Poder Legislativo.

La Asamblea rechazó las reservas presentadas por senadoras y senadores de los Grupos Parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PVEM, MC y PT, por lo que los artículos reservados quedaron en los términos originales del dictamen.

Previamente, senadores de diversos Grupos Parlamentarios manifestaron sus consideraciones respecto de este tema. Algunos legisladores afirmaron que la regulación del uso lúdico de la marihuana es un paso histórico que deja atrás la política prohibicionista. En tanto, otros opinaron que el dictamen mantiene una visión punitiva y no prevé un plan de prevención de adicciones.

La senadora del PAN, Martha Cecilia Márquez Alvarado, cuestionó que se quiera “vender” la idea de que la Ley beneficiará al campo, pero se olvida que el actual gobierno disminuyó los recursos a ese sector. Advirtió que se deja de lado la prevención de adicciones y el consumo informado y responsable. “El tema del derecho a la libre personalidad es válido y legítimo, pero eso no implica que el Estado promueva la industria del Cannabis, como lo están plasmando en la Ley”, argumentó.

Jesusa Rodríguez Ramírez expuso que en el dictamen hay disposiciones que siguen estigmatizando y criminalizando a los consumidores. Sin embargo, la senadora de Morena afirmó que, a pesar de todo lo que falta por hacer, se trata de un parteaguas que dará inicio a una nueva actitud en el manejo de esta sustancia, por lo que llamó a dejar las posiciones moralistas.

La senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del PT, dijo que con este dictamen se deja atrás al sistema prohibicionista y punitivo, que ha rodeado a este psicotrópico por décadas, a fin de adoptar una nueva regulación de su uso lúdico, industrial y de investigación. Se trata, dijo, de una reforma urgente para traer alivio, sustento económico, libertad y bienestar a muchas personas en el país, pues es insostenible continuar criminalizando el consumo de esta planta.

Del PRI, el senador Manuel Añorve Baños consideró que con esta reforma se abre la puerta a demás discusiones necesarias, como la regularización de la amapola con fines medicinales y otras sustancias prohibidas. Comentó que será necesario establecer un andamiaje jurídico fiscal impositivo, que permita al Estado recaudar recursos en este nuevo mercado.

El senador Miguel Ángel Navarro Quintero, de Morena, aseguró que su Grupo Parlamentario legisla este tema dando la cara a la nación y de manera responsable, por lo que acepta su responsabilidad histórica. Precisó que se decidió crear un marco jurídico que no esté vinculado a la política de mercado, sino a una social.

En contra del dictamen, el senador Emilio Álvarez Icaza reconoció que hay avances en el tema, pero “me parece que quedamos a deber”. Todavía en el Código Penal Federal y en la Ley General de Salud se mantiene una visión punitiva y prohibicionista, que es herencia e inercia todavía de limitar derechos, algo que no atiende lo que instruyó la Suprema Corte.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, aseguró que se está tomando un nuevo rumbo que garantiza el libre desarrollo de las personas usuarias y construye un marco de certidumbre para los productores, protegiendo a la sociedad de los riesgos de un mercado en el que las reglas las pone el crimen organizado. “La prohibición no resolvió los problemas, pero sí dejó un rastro de violencia, injusticia, violación de derechos humanos y sangre”.

En tribuna, el senador del PRI, Mario Zamora Gastélum dijo que esta reforma representa un gran avance para el ejercicio pleno de los derechos de las personas y abre las puertas a una nueva industria que aportará a la economía nacional y a la generación de empleos. “Esta legislación atraerá mayor inversión, ingresos, y más desarrollo para los mexicanos”.

Por su parte, la senadora del PES, Elvia Marcela Mora Arellano expresó que la prohibición selectiva del uso de la marihuana “es hipócrita” y sólo beneficia a las elites, tanto políticas como económicas, que se sirven de la “ilegalización” para impulsar industrias, muchas de ellas inscritas en el crimen organizado, “mientras que a los ciudadanos más pobres, casi siempre se les estigmatiza, discrimina y criminaliza por el consumo”.

En su oportunidad, el senador de Acción Nacional, Raúl Paz Alonzo dijo que además de cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia para regular el consumo y producción del cannabis, se está dando un paso histórico y muy importante para fortalecer “nuestra libertad y romper con los prejuicios y caprichos sin fundamento que durante muchos años estigmatizaron a esta planta”.

Aspectos Relevantes

Las comisiones aprueban:

1) expedir la Ley Federal para la Regulación del Cannabis que dispone, entre otras cuestiones:

a) como objeto de la Ley: la regulación del uso del cannabis y sus derivados, bajo el enfoque de salud pública, derechos humanos y desarrollo sostenible, prevenir y combatir las consecuencias del consumo problemático del cannabis psicoactivo y contribuir a la reducción de la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico, fomentando la paz, la seguridad y el bienestar individual y de las comunidades; y, del almacenar, aprovechar, comercializar, consumir, cosechar, cultivar, distribuir, empaquetar, etiquetar, exportar, importar, investigar, patrocinar, plantar, portar, tener o poseer, preparar, producir, promover, publicitar, sembrar, transformar, transportar, suministrar, vender y adquirir bajo cualquier título, según los usos legalmente permitidos del cannabis psicoactivo y sus derivados, así como del cannabis no psicoactivo;

b) que corresponde al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis y de las autoridades competentes, el control y la regulación de los actos inmersos en el objeto de la Ley, Normas Oficiales Mexicanas y en las disposiciones aplicables; en el mismo sentido, las autoridades de las entidades federativas, alcaldías de la Ciudad de México y municipios tendrán la intervención que la reglamentación les señale en la materia;

c) la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, para ejercer la rectoría sobre la cadena productiva del cannabis y sus derivados, y su consumo;

d) que el Instituto estará integrado por una dirección General, cuya titular será nombrada y removida libremente por el titular de la Secretaría de Salud; y, por un Consejo Directivo integrado por las Secretarías de Salud, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores, de Educación Pública, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y, del Bienestar;

e) que en las políticas públicas, programas, servicios y cualquier actividad relativa al derecho a la salud relacionado con la regulación del cannabis y sus derivados deberán acatarse los principios: i) el trato digno y respetuoso de los derechos humanos; ii) la accesibilidad; iii) la asequibilidad; iv) la no discriminación; v) el acceso a la información; y, vi) la protección de datos personales; y,

f) que podrán imponerse las sanciones administrativas siguientes: i) multa de sesenta hasta tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; ii) clausura, temporal o definitiva; iii) decomiso de productos; iv) suspensión temporal de la licencia o permiso, parcial o total; v) revocación de la licencia o permiso; vi) trabajo en favor de la comunidad; vii) arresto hasta por treinta y seis horas, y, viii) las establecidas en otros ordenamientos de acuerdo con la esfera de competencia de la autoridad sancionadora;

2) establecer que corresponde a la Coordinación del Sistema Nacional también las atribuciones aplicables contenidas en la Ley Federal para la Regulación del Cannabis;

3) contemplar como usos del cannabis y sus derivados: el uso adulto para uso personal y autoconsumo, el uso compartido entre quienes integran asociaciones de consumo del cannabis psicoactivo; y, la comercialización para uso adulto; de investigación, con excepción de la investigación del uso medicinal del cannabis y sus derivados; e industrial, con excepción del uso industrial para uso medicinal del cannabis y sus derivados;

4) puntualizar que lo que se refiere al uso adulto del cannabis psicoactivos, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad;

5) imponer prisión de cinco a diez años tratándose de las conductas relacionadas con el cannabis psicoactivo;

6) establecer que tratándose del cannabis psicoactivo, solo será sancionada penalmente la posesión cuando sea superior a doscientos gramos. La posesión del cannabis psicoactivo en una cantidad superior a los veintiocho gramos e inferior a los doscientos gramos será sancionada con multa, en los términos del artículo 56 de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis; y,

7) determinar que comete el delito de corrupción de menores, quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de dieciocho años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a quien emplee a niñas, niños o adolescentes en cualquier actividad relacionada con la siembra, el cultivo, la plantación, la cosecha, el comercio, la producción, la distribución, el suministro, la venta y demás etapas de la cadena productiva del cannabis.

Las disposiciones transitorias de la propuesta establecen, entre otras cuestiones, plazos para que:

1) en ciento ochenta días naturales el Ejecutivo Federal expida las adecuaciones normativas y reglamentarias correspondientes, incluyendo las Normas Oficiales Mexicanas;
2) en seis meses la Secretaría de Salud realice las adecuaciones reglamentarias correspondientes;
3) en seis meses el Instituto quede constituido;
4) en noventa días naturales el Instituto, una vez constituido, expida el estatuto orgánico;
5) en hasta cinco años, al menos el cuarenta por ciento de las licencias de cultivo se otorguen preferentemente a pueblos y comunidades indígenas, personas campesinas o ejidatarias, ejidos y comunidades agrarias, comunidades en situación de marginación o que, por sus condiciones o características resultaron afectados por el sistema prohibitivo o bien, se encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja en los municipios en los que durante el periodo en el que estuvo prohibido el cannabis, los gobiernos federales, estatales y municipales hayan realizado tareas de erradicación de plantíos.

ACCEDE AL DICTAMEN APROBADO

“La Ley General para la Regulación del Cannabis pasa ahora a la Cámara de Diputados para su revisión antes de que finalice la actual legislatura el 15 de diciembre.”

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