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SUPERAR CRISIS REQUIERE REORIENTAR PRESUPUESTO

Superar crisis requiere reorientar presupuesto
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"Cuando autoridades hablan de desarrollar un modelo antineoliberal, sus márgenes de acción son sumamente restringidos. Desempleo, pobreza y cierre de empresas, resultado del encadenar mercados"
25.09.2020 12.00 AM

Antes de pensar qué hacer para reactivar las actividades sociales y económicas en México es indispensable entender que el desempleo, la pobreza y el cierre de empresas por la pandemia del COVID-19, más que culpa del gobierno federal derivaron del encadenamiento de los mercados internacionales, afirmó la doctora Guadalupe Huerta Moreno, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Cuando las autoridades del país hablan de desarrollar un modelo “antineoliberal, sus márgenes de acción son sumamente restringidos porque, por desgracia, o como resultado de la globalización, todo lo que pasa con nuestro principal socio comercial repercute en la nación”, argumentó ante el panel ¿Cómo reactivar la sociedad mexicana para salir de la crisis de la pandemia?, en los Foros CSH UAM, una contribución de profesores de las cinco divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades de la Casa abierta al tiempo.

“No se trata de transformar de manera radical la estructura productiva o comercial del país, ya que lo que nos trajo aquí son 40 años de caída del gasto público en sectores relevantes, entre ellos uno fundamental: la salud”, que registró falta de recursos, advirtió la docente del Departamento de Administración de la Unidad Azcapotzalco.

La reconversión de hospitales fue posible, a pesar de la problemática existente, con el fin de reducir el impacto de la enfermadad, a diferencia de Alemania, Francia, Italia o España, naciones que con mejores servicios no pudieron hacerlo.

“En esta nueva normalidad todavía estamos en una etapa fuerte de la pandemia y viene un rebrote que traerá un mayor desempleo y pobreza en América Latina”, si se considera que en junio pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) planteaba una caída del Producto Interno Bruto (PIB) en México de -7.5 por ciento; en Brasil, de -8.9 por ciento, y en Argentina, de -7.3 por ciento, mientras que las perspectivas de crecimiento para el año próximo se calculan entre 2 y 3 por ciento para toda la región.

Un par de meses antes, en abril, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que a consecuencia de la emergencia sanitaria internacional fueron afectados dos mil 700 millones de asalariados en el mundo, es decir, 81 por ciento de la fuerza laboral total de los sectores del comercio al menudeo, los servicios, el turismo y el transporte”.

En México se calculaban 12 millones –tanto en el ámbito formal como en el informal– y el Índice General de la Actividad Económica (IGAE) registró una baja en las actividades primarias de -1.5 por ciento; en el sector secundario, la industria, que es la generadora de puestos formales, la pérdida fue de -17.5 por ciento y en el tericario –de servicios– de -13.6 por ciento, resaltó Huerta Moreno.

El doctor Alberto Escamilla Cadena afirmó que después de superar la contingencia se requerirá reorientar la planeación, los objetivos y las prioridades, además de una reasignación de recursos, lo cual representa un reto para quienes tienen la tarea de organizar el desarrollo, aunque “detecto que en este gobierno ese aspecto parece estar marcado por cuestiones ideológicas, más que por instrumentos y políticas que garanticen la eficacia”.

El especialista del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa refirió que hay una estructura democrática que lleva a cabo la planeación, pero está debilitada por la reducción del aparato burocrático, lo cual puede repercutir en el desarrollo de las áreas de la salud, laboral o cultural.

El doctor Carlos Aguilar Astorga sostuvo que se trata de garantizar un trabajo digno como potencializador de los demás derechos –a la vivienda y al agua, entre otros– para desencadenar una serie de elementos que impacte en el ingreso ciudadano e incluya a todos los pobladores, pues la recuperación del empleo es central y demanda coordinación política que regule los sectores público, social y privado.

El investigador del Departamento de Procesos Sociales de la Unidad Lerma subrayó que para lograrlo debe implementarse una estrategia más agresiva de parte del sector público, aunque también deberá preguntarse cuál es la función de los programas sociales en esta informalidad.

“La política social debería estar enfocada en varios sectores –trabajo, salud y vivienda– pero también considerar niveles etarios concretos y las perspectivas de género, infancia, juventudes, interculturalidad, diversidad sexual, incapacidad y todas las formas vulnerables”, aseveró.

El doctor Ángel Mundo López, miembro del Departamento de Relaciones Sociales de la Unidad Xochimilco, recordó que el Plan Nacional de Desarrollo reconoce que si bien 75 por ciento de la población habita en entornos urbanos, este proceso ha sido demasiado inequitativo y la mayor parte se asienta en zonas periféricas con acceso limitado a infraestructura y espacios recreativos.

“Aunque hay déficit de vivienda, la preocupación está en aquellas rentadas, pues uno de los problemas es el desalojo y entre las consecuencias de la pandemia, la disposición de quedarse en casa resulta mucho más difícil para las personas que no cuentan” con una casa.

Una contradicción es que los recursos destinados el año pasado a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para la remodelación, ahora se dirijan al programa de mejoramiento barrial, lo cual “deja un vacío en todas estas acciones, ya que la propia autoridad ha reconocido que lo que se necesita no es crear casas, sino mejorar las que ya existen”.

El doctor Rafael Calderón Contreras, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad Cuajimalpa, advirtió que la emergencia por el COVID-19 tiene un origen en la degradación medioambiental, por lo que es sumamente importante atender las secuelas socioecológicas y sistémicas para entender cómo se puede reactivar, no sólo la sociedad mexicana sino la del mundo y también considerar la crisis como una oportunidad de transformar el desarrollo futuro.

La Junta Directiva de la Comisión de Hacienda acordó mecanismos para analizar paquete económico 2021

La junta directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), aprobó un acuerdo para regular las reuniones de trabajo con funcionarios de la administración pública federal, con el fin de analizar el Paquete Económico del Ejercicio Fiscal 2021.

Los funcionarios que serían convocados son el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González; la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez; el Procurador Fiscal, Carlos Romero Aranda, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, los días 7 y 8 de octubre.

En sesión presencial, la diputada Terrazas Baca explicó que esas comparecencias se realizarán en dos días, porque los temas a tratar con los servidores públicos “son tan importantes que se pueden alargar las sesiones, y no hay que restar objetividad”.

Además, se avaló efectuar un parlamento abierto el 5 y 6 de octubre con el objetivo de profundizar en el análisis del Paquete Económico 2021.

La presidenta de la instancia legislativa confió en que se pueda contar con una mayor participación de expertos que nutran con su información las decisiones de las y los legisladores integrantes de la Comisión.

El diputado coordinador de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla, afirmó que la comparecencia con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, está prevista para el 30 de septiembre. “Habrá posicionamientos de cada grupo parlamentario y rondas de preguntas”.

El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (PRI) propuso entablar comunicación con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para construir un presupuesto de egresos que funcione y sea real.

El diputado Marco Antonio Andrade Zavala (Morena) dijo que para el análisis de la Ley de Ingresos y de la Miscelánea Fiscal, las comisiones de Hacienda y Crédito Público y la de Presupuesto y Cuenta Pública, deben cuidar no invadir las facultades y atribuciones de cada una.

Carol Antonio Altamirano, diputado de Morena, comentó que se deben revisar algunos criterios de redacción antes de que el documento sea difundido.

A su vez, el diputado Marco Antonio Medina Pérez, de Morena, planteó que las mesas de trabajo del parlamento abierto tengan tiempo límite.

"Ley de Ingresos 2021 consolida estrategia de combate a la evasión fiscal"

En el último foro de análisis del Paquete Económico 2021, senadores, funcionarios y representantes de organizaciones empresariales destacaron que no se contemplen aumento de impuestos en la Ley de Ingresos y se consolide la estrategia para combatir evasión fiscal y fortalecer la recaudación, pero también realizaron cuestionamientos a algunos de sus contenidos.

Al respecto, el senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, dijo que con este tercer encuentro concluyen estos foros en el Senado, por lo que se hará un resumen con las propuestas que se presentaron por diversos sectores para ser enviadas a la Cámara de Diputados.

Con ello, destacó, se abre la posibilidad de enriquecer de manera fundamental el contenido del Paquete Económico 2021.

El senador Ovidio Peralta Suárez, de Morena, consideró que para fortalecer la recaudación de ingresos, apoyar a trabajadores, empresarios y patrones, se requieren “mecanismos para incorporar a la formalidad a quienes se emplean en el mercado informal”.

Afirmó que el proyecto de Ley de Ingresos 2021 contienen una serie de medidas que buscan evitar la evasión y la elusión fiscal, facilitar el cumplimiento del pago de impuestos, pero no propone aumentar ni establecer nuevas contribuciones.

Sin embargo, afirmó la senadora Minerva Hernández Ramos en las leyes del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, así como en el Código Fiscal de la Federación se establecen “medidas de terrorismo fiscal y cero disposiciones para fortalecer los derechos del contribuyente”.

Además, dijo la legisladora del PAN, “en la recaudación federal participable se prevé un golpe muy duro para entidades federativas y municipios, porque no se ve un mecanismo de compensación”.

Nuvia Mayorga Delgado, senadora del PRI, expresó su preocupación por la posibilidad de que si no se alcanzan la metas en el siguiente año se establezcan estrategias de “terrorismo fiscal” en contra de los sectores productivos, de quienes generan empleos formales.

En tanto, la senadora de Morena, Ifigenia Martínez, consideró que poco a poco, pero constantemente se está logrando que la tributación sea cada vez más equitativa y que sea más eficiente para cubrir el Presupuesto de Egresos.

Carlos Ernesto Molina Chávez, titular de la Unidad Chávez, titular de la Unidad de Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda, indicó que el proyecto de Ley de Ingresos es inercial, pero contiene algunas particularidades y medidas que se vinculan con algunos organismos como el ISSSTE, IMSS y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Explicó que en el caso del ISSSTE se propone una disposición portabilidad para financiar proyectos de mejoramiento de infraestructura de salud. Otra medida que se incluye, mencionó, es para que el INDEP pueda cumplir con sus obligaciones de administración y compromisos de gasto, así como administrar de forma adecuada los recursos para hacer frente a estos gastos.

Destacó que también se prevé un régimen transitorio para que el IMSS, estados y municipios puedan llevar a cabo convenios, con cargo a las participaciones de éstos últimos, para hacer frente a los adeudos que tienen con el Instituto y sanear, finalmente, los créditos adeudados.

Francisco Javier Arias Vázquez, titular de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resaltó que con la Ley de Ingresos para 2021 se consolida la estrategia de combate a prácticas ilegales como la evasión y elusión fiscal, además de que no se propone aumento de impuestos.

Dijo que gracias a esta estrategia no sorprende que la recaudación tributaria en el periodo de enero-julio de este año, tiene una reducción marginal de 0.8 por ciento, en comparación con otros países que tienen caídas en este rubro de hasta 9 por ciento. México logró mantener relativamente estable la recaudación, en gran medida, por el combate a la evasión y elusión fiscal.

Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, hizo un llamado para facilitar la devolución de impuestos a las empresas que constantemente cumplen con sus obligaciones fiscales.

Nora Morales, del mismo organismo, pidió revisar las tasas de interés que se prevén en la Ley de Ingresos, toda vez que es muy probable que muchos de los contribuyentes solicitarán el pago de créditos a plazos.

Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) la Ley de Ingresos “se queda corta” ante el tamaño del reto que representa el COVID-19, pues las premisas sobre las que está construida son insuficientes, advirtió Reginaldo Esquer Félix, vicepresidente nacional de Asuntos Tributarios de esta organización.

Dijo que esas premisas no resultan suficientes para detener la pérdida de empleo, que de acuerdo a estimaciones, podría ascender a 1.5 millones de empleos perdidos. Tampoco, subrayó, va a detener la muerte de más de 500 mil micro y pequeñas empresas antes de concluya el año, además de que no promueve la inversión nacional ni extranjera.

Ante esta situación, propuso implementar remedios solidarios como un ingreso mínimo vital para todas aquellas personas que han perdido sus trabajos, así como una nueva convención nacional hacendaria, a efecto de quitar presión financiera a los estados y municipios.

Marcela Martínez Pichardo, vicepresidenta de Enlace Institucional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), dijo que una prioridad de esta organización es encontrar caminos viables y reales para la Ley de Ingresos, a fin de ayudar a la recuperación de la economía y mantener empleos en apoyo a las micro y pequeñas empresas.

Opinó que se debe retomar el espíritu original de la Ley de Ingresos para que sea un instrumento real promotor del desarrollo económico y social del país, no sólo un ente meramente recaudatorio.

Consideró que la pandemia y la crisis económica están lejos de resolverse de manera definitiva. Además, cuestionó que a algunos sectores empresariales se les estigmatice injustamente, pero se pretenda verlos como una solución parcial para minimizar los huecos y déficit en los ingresos.

Edgar Nolasco Estudillo, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, reiteró la necesidad de aprobar una Ley General para la Reactivación Económica, para hacer frente a la pérdida del Producto Interno Bruto y al desempleo, que se estima, dijo, afectará a 22 millones de mexicanos.

Hace falta, asentó, un programa de fomento a la inversión, que no se obtendrá sólo con el ahorro interno, sino con “nuevos estímulos” para las empresas con mayor responsabilidad social, generadoras de divisas, fuentes de trabajo y que cumplen con la regulación.

“La emergencia tiene un origen en la degradación medioambiental, por lo que es sumamente importante atender las secuelas socioecológicas y sistémicas para reactivar a las sociedades.”

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