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PREPARAN MEJORAS A LEYES ANTI CORRUPCIÓN

Preparan mejoras a leyes anti corrupción
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Proponen organizaciones y expertos mejoras en infracciones, sanciones y solución de controversias; Avanza Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019
31.07.2020 12.00 AM

Con el objetivo de continuar el análisis de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por el diputado Óscar González Yáñez (PT), realizó el tercer parlamento abierto en torno a esos ordenamientos legales.

A través de una plataforma digital se analizaron los temas de infracciones, sanciones y solución de controversias.

En su participación, el diputado Óscar González confió que en septiembre estará listo un marco jurídico más robusto para combatir la corrupción.

“El compromiso es que una vez terminando este parlamento se hagan las adecuaciones necesarias para que en septiembre tengamos un marco jurídico y normativa que garanticen el combate a la corrupción, porque es un eslabón importante en la cadena del funcionamiento del gobierno con la sociedad”.

Al detallar las propuestas de modificación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) dijo que están encaminadas a brindar mayor seguridad jurídica para regular el procedimiento de contratación.

De la misma fracción parlamentaria, la legisladora Lidia García Anaya comentó que el objetivo es fortalecer la fiscalización, la transparencia y rendición de cuentas. Respecto de las adjudicaciones y evitar favorecer a algún particular propuso que, por lo menos, haya de manera previa dos procedimientos de licitación pública declarados desiertos.

La legisladora Ruth Salinas Reyes (MC) expuso que las reformas tienen el fin de que los “testigos sociales” puedan estar en todas las licitaciones públicas, sin importar el monto, y fortalecer la imparcialidad con la que se manejan al aumentar a tres años el tiempo en que dejaron de ser servidores públicos y poder ser registrados en ese cargo.

La diputada Gloria Romero León (PAN) mencionó: “Nosotros no votamos a favor porque no podemos estar de acuerdo en ir contra la industria nacional; no podemos coincidir en que vayamos a comprar a otros países cuando muchos mexicanos después de esta crisis económica generada por la pandemia se han quedado sin trabajo”.

César Chávez Flores, de la Confederación de Cámaras Industriales, dijo que presentaron un documento donde exponen cuál de las hipótesis de sanción están en la ley de adquisiciones, y se plantea el problema de constitucionalidad que, de no atenderse, generaría impunidad ante resoluciones adversas en tribunales.

Del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Josefina Román Vergara, comentó que en los artículos 59 y 70 se estima pertinente que se relacionen con el capítulo relativo a actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves, a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas porque hay que establecer congruencia.

Gustavo Santillana, de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, indicó que no se debe perder de vista que las adquisiciones son de medicamentos e insumos, “estamos hablando del derecho humano a la salud, por lo que es necesario se tenga la certeza de que se van a cumplir los requisitos de seguridad y eficacia que mandata la Ley General de Salud”.

De Transparencia Mexicana, Carla Crespo consideró que es necesario que se defina cuáles son los requisitos que deberán atender las unidades compradoras para que este supuesto que se acaba de incorporar en la ley sea procedente y también que se destine un responsable para su autorización y se determinen mecanismos de seguimiento a la ejecución de los contratos o convenios que se firmen.

Luis Manuel de Acha, experto independiente, señaló que hay empresas “fantasma” cuya vocación, más que evadir impuestos y desviar recursos públicos, es lavar dinero; también se utilizan para tráfico de armas y personas. Por ello, falta establecer una consecuencia en la ley en relación con este tema.

José Antonio Oloarte Atanasio, experto independiente, manifestó que la parte fiscal es importante, por lo que planteó: “A quien se le cancele una cuenta debe demostrar para qué es todo ese dinero, si es para pagar salarios, comprar inventarios y con eso se desinhibe la parte corruptora”.

También experto independiente, Víctor Manuel Pérez Martínez dijo que es rescatable que se haya volteado a ver este tema de las prácticas monopólicas absolutas, pero que si se revisa la iniciativa presentada podrían darse una idea de cómo regular un poco mejor o armonizar leyes.

Íñigo Solana Riverol, de la compañía Intel, dijo que hay que reconocer un esfuerzo por parte del gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función Pública: el lanzamiento de este padrón de integridad empresarial, “es una herramienta fundamental para las empresas que quieran acceder y tengan la oportunidad de competir y participar en los procesos de licitación”.

En representación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con Discapacidad, Mónica Duhem, directora general de HearColors, consideró fundamental tomar en cuenta la Norma de Tecnología Accesible en el análisis de la reforma de ley de Adquisiciones. “Incluir esta norma será un motivador para las empresas que desarrollan productos de tecnología accesible”.

Alejandro Galván Llanes, del grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, propuso “armonizar los textos normativos haciendo una clara revisión entre la Ley General de Responsabilidades, de Adquisiciones y de Obras Públicas, y dejar en éstas la parte meramente contractual; evitar el choque de normas, así como ampliar la aplicación de sanciones”.

La presidenta del Colegio de Testigos Sociales AC, Mónica María del Rosario Barrera Rivera, puntualizó que la propuesta de sustituir la figura de “testigos sociales” por la de “representantes sociales” no es justa ni equitativa, por lo que “no la compartimos”. Sugirió la participación de un solo testigo social y no tres por cada procedimiento de contratación de obra pública.

De la Confederación de Cámaras Industriales, Sergio Huacuja Betancourt, propuso que las empresas acrediten contar con una política de integridad empresarial eficiente con anterioridad a la convocatoria respectiva, porque “no se vale”, añadió, inventar programas de integridad para cumplir con un requisito o exculparse de una eventual responsabilidad por un acto contrario a la legislación.

El presidente del Instituto Farmacéutico México, José Carlos Ferreyra, sugirió comprar medicamentos nacionales porque son más baratos y de mayor calidad; también garantizar que a los derechohabientes nunca se les exija un co-pago por altos precios en el exterior, garantizar el inventario, transparentar la investigación de mercados al asignar fallos, respetar los 18 meses de caducidad y no comprar saldos.

El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Marco Romero, consideró que la propuesta de iniciativa debe ver con mayor agresividad la solución de controversias y salir del esquema conservador que priva en la Ley de Adquisiciones y en la de Obras Públicas, “porque las pérdidas en las contrataciones públicas las paga la sociedad”.

La Comisión de Vigilancia avanza en el trabajo de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), que preside el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), conoció el anteproyecto de presupuesto 2021 de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), así como las actividades de apoyo sobre el Informe Marco de Referencia para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019.

Rodríguez Carrillo destacó la importancia del trabajo de la UEC que tiene el objetivo de “darnos herramientas de análisis para desmenuzar los informes y entender el aspecto técnico de fondo”. Su labor es fundamental y ha acompañado las actividades de la Comisión con la organización de cursos de capacitación y actualización para las y los diputados, agregó.

Reconoció que la UEC ha cumplido a cabalidad con el plan de trabajo durante la emergencia sanitaria; subrayó la necesidad de evaluar el anteproyecto de presupuesto del organismo para el 2021, que con relación al del presente año no contempla un ajuste de la inflación.

Informó sobre el acuerdo para realizar sesiones de trabajo cada 15 días entre la junta directiva de la Comisión con diferentes auditores especiales y titulares de diversas áreas de la Auditoría Superior de la Federación, para acompañar y mantener el flujo constante de información hacia el cumplimiento del Programa Anual de Auditorías de la ASF.

Aseguró que la Comisión avanza en la construcción de un punto de acuerdo para proponer que se incluya a la fiscalización como una actividad esencial por parte del Consejo General de Salubridad.

Recordó que la fiscalización superior no estaba considerada como actividad esencial, y por esa razón muchas unidades encargadas de dar información a la ASF cerraron debido a las condiciones sanitarias y no cumplimentaron el proceso, porque faltó la fase de retroalimentación del ente fiscalizable.

Por ello, dijo, es importante revisar, entre la Comisión y la ASF, las iniciativas y acciones para fortalecer las actividades de la Auditoría que le permitan continuar y cumplir con sus funciones y responsabilidades, incluso de manera electrónica y a distancia.

Por el PRI, la diputada Marcela Velasco González reconoció la importancia de los cursos de capacitación y actualización, así como la oportunidad de realizarlos para enriquecer el trabajo legislativo.

La diputada del PAN, Gloria Romero León felicitó la organización del curso realizado por la UEC, cuyos ponentes del Centro de Investigación y Docencia Económicas fueron excelentes para transmitir sus conocimientos.

De Morena, la diputada Paola González Castañeda resaltó la importancia de capacitarse en temas hacendarios, y reconoció el apoyo del equipo técnico y organización de la UEC.

Por el PRD, el diputado Raymundo García Gutiérrez felicitó a los funcionarios de la UEC por su profesionalismo en la organización e impartición del curso.

La diputada de Morena, Lidia García Anaya se sumó al reconocimiento del trabajo para convocar al curso de capacitación, al considerarlo interesante y de mucha utilidad para el trabajo parlamentario.

De la misma bancada, la diputada María Guadalupe Díaz Avilez señaló que el curso realizado en junio y julio deja excelente experiencia y agradeció el esfuerzo de la UEC por la organización, el cual se complementará con el próximo a celebrarse entre septiembre y octubre.

El diputado de Morena, Marco Antonio Andrade comentó que no aumentó en términos reales. Es un buen punto de partida porque el gasto tenía que ir disminuyendo. Pidió revisar todas las partidas asignadas. Lo más importe es reducir gastos y ahorrar, sin demeritar el trabajo, consideró.

El legislador sin partido, Héctor Serrano Cortés, indicó que la preparación académica no sólo fortalece la vida legislativa sino la individual. Se sumó a más propuestas educativas y reconoció las labores de la UEC.

Del PT, la diputada María Teresa Marú Mejía también reconoció el trabajo de la UEC. Sugirió que las demás comisiones secunden este proceso de actualización por la importancia que tiene para el quehacer legislativo.

La legisladora de Morena, Nayeli Arlen Fernández Cruz se sumó a las felicitaciones y agradeció la convocatoria del curso a los expositores.

Del PRI, la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo se pronunció a favor de que siga la capacitación y felicitó al equipo de la UEC que estuvo pendiente de la organización.

De Morena, el legislador Arturo Hernández Tapia, al referirse al próximo presupuesto, sugirió ser certeros en el ejercicio del erario público y que las actividades que se realicen aporten a fiscalizar el uso de los recursos.

La UEC presentó el proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 2021. David Villanueva Lomelí, titular de la Unidad, afirmó que se elaboró en apego a la normatividad aplicable y basado en los criterios de austeridad, racionalidad, eficiencia, economía y transparencia.

El proyecto propuesto es igual en términos nominales al autorizado en 2020, cuya prioridad será mantener los resultados alcanzados y fortalecer el uso de las tecnologías que coadyuven a agilizar y atender las necesidades.

Antonio Araige Rodríguez, secretario técnico de la UEC, señaló que se plantea un gasto de 6 millones 842 mil pesos para 2021, con una disminución del 22 por ciento en términos nominales, sin considerar los efectos de la inflación. Indicó que en la legislatura anterior la asignación autorizada para la Unidad fue de ocho millones 770 mil pesos.

Resaltó la necesidad de fortalecer la parte informática y resguardar el sistema virtual de declaraciones patrimoniales, que pasó de 750 servidores públicos en 2019 a tres mil 100 que están terminando la presentación.

Sobre el reto de las declaraciones patrimoniales, Villanueva Lomelí informó que de las tres mil 246, que es el universo de declaraciones para la ASF, ya se entregaron 2 mil 941, faltan 305, con un avance del 95.6 por ciento.

Además, se capacitó en plataforma digital a mil 500 servidores públicos de la ASF, sistema que se vincula con el DeclaraDip para asesorarlos.

También la UEC dio a conocer el cronograma de reuniones de las y los diputados de la Comisión con el titular y los directores de la Unidad el próximo mes, a fin de revisar el cuaderno del Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019.

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“Se plantea el problema de constitucionalidad que, de no atenderse, generaría impunidad ante resoluciones adversas en tribunales.”

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