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"DIGNIFICA ECONOMÍA SOCIAL A QUIENES POR SU POBREZA Y PRECARIEDAD, VIVEN EN DESIGUALDAD"

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Escuchan diputados opiniones a favor de que las cooperativas de producción, consumo y ahorro estén representadas en el marco jurídico de la economía social y solidaria
09.07.2020 12.00 AM

Durante la audiencia pública “Hacia la Construcción de una política de Estado para la economía social y solidaria”, especialistas en la materia expresaron que el impulso al sector cooperativista puede detonar el desarrollo y crecimiento económico del país.

En su participación, el presidente de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo (PAN), mencionó que el propósito es escuchar a los expertos y con sus propuestas enriquecer el marco jurídico en favor del sector.

La organizadora de esta audiencia pública, la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz (Morena), afirmó que su compromiso es con la gente y no con la Secretaría de Hacienda, por lo que trabajará con el fin de generar los consensos para que las cooperativas de producción, consumo y ahorro estén representadas en el marco jurídico de la economía social y solidaria.

Consideró que una de las ventajas de impulsar este rubro es que mediante este modelo económico se otorga dignidad a las personas que, por su pobreza y precariedad, viven en desigualdad.

El director General del Instituto Nacional de la Economía Social, Juan Manuel Martínez Louvier, señaló que es viable, urgente y necesario generar un nuevo modelo de la riqueza basado en el cooperativismo, es decir, que la propia gente desarrolle empresas.

Agregó que otro beneficio de construir un marco jurídico que contemple a las cooperativas es garantizar que este sistema económico se ubique como un sector más eficiente y competitivo. “Cuentan con nuestro apoyo para la implementación de estas leyes”.

La directora general de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), Yadira Dionicia Medina Gil, apuntó que a este sector se le debe otorgar certeza jurídica y permitrle integrarse en los programas de apoyo que brinda el gobierno, toda vez que atienden regiones donde no hay instituciones financieras.

Además, propuso revisar las sanciones, con el objetivo de que sean determinadas por la cartera de clientes, activos o excedentes. “No estamos negados a cumplir; sin embargo, queremos una legislación eficiente que dé piso parejo con la banca”.

Manuel Duarte Ramírez, director jurídico de la Alianza Cooperativista Nacional AC, dijo que es necesario establecer una legislación que fortalezca un derecho cooperativo que se traduzca en valores y principios sobre los cuales estén fundadas las cooperativas, además de avanzar hacia otras disciplinas jurídicas como las sociedades mercantiles.

Anunció que presentará una iniciativa de reforma a la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, la cual ya fue revisada por la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como algunos senadores y diputados, a fin de impulsar al sector cooperativo y de ahorro, lo cual será un reto para este gobierno y la actual legislatura.

El presidente de la Alianza Cooperativista Nacional, Rafael Martínez Ponce, comentó que el Poder Legislativo necesita entender que las reglas de operación no son capricho de los gobiernos en turno y que esta política pública requiere de presupuesto. Afirmó que “la Secretaría de Hacienda sigue siendo el gran obstáculo para que no avance este rubro”.

Sostuvo que en estos momentos de crisis en las cooperativas se tiene “un catálogo de opciones tan ricas como la medicina, mercados de proximidad, la agricultura familiar y las pymes, porque son talleres familiares”.

José Luis Aranda Galván, especialista en derecho, dijo que el movimiento cooperativista en México ha presentado dificultades extraordinarias. Hace falta que los legisladores elaboren leyes y se supervise la infraestructura que genera el sistema cooperativista mexicano para que permita su pleno desarrollo, aseguró.

Yuritzi Leyva Delgado, gerente de administración y finanzas de la cooperativa Cupanda, explicó que esta sociedad se fundó en noviembre 1954 con el fin de combatir las malas prácticas de los comerciantes en Michoacán. Tiene un padrón de 211 socios productores de aguacate, principalmente.

Juan Manuel Quiroz Armenta, vicario episcopal para la pastoral de Morelia, consideró que no se pueden esperar resultados diferentes si se siguen haciendo las cosas de la misma manera, por lo que es necesario, dijo, considerar las iniciativas solidarias económicas con el fin de conformar una mejor sociedad.

Abel Pedraza Pedraza, especialista en filosofía, precisó que es competencia del Estado promover la consolidación de las cooperativas de producción. “Se debe dejar claro que ellas no ofrecen oposición a que el gobierno regule, cuide, proteja sus actividades financieras y sociales; al contrario, ello es conveniente y necesario”, aseguró.

La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz (Morena) celebró el foro “Política de Estado para la Economía Social y Solidaria”, a fin de avanzar hacia la integración de un andamiaje jurídico que fortalezca al sector de organizaciones cooperativistas en el país.

En un comunicado, manifestó su compromiso de gestionar con sus compañeras y compañeros legisladores las reformas pertinentes para que todas las cooperativas, desde sus particularidades, estén representadas en la ley.

“Las cooperativas son una forma de organización que reconoce y da dignidad a las personas que, por su pobreza, por su precariedad, suelen vivir en condiciones tristes” sostuvo.

Guillén Quiroz subrayó su disposición de continuar con el diálogo directo para abordar los temas que sean necesarios con el objetivo de concretar un marco legal congruente con las necesidades del sector.

Por su parte, los participantes coincidieron en la revisión del movimiento cooperativista en el país, que ha mostrado las estancias ganadas y la ruta de avance para lograr una legislación en la materia que responda al desarrollo de estas asociaciones.

Insistieron en la necesidad de un marco jurídico que respalde las políticas públicas del desarrollo de este modelo económico, al amparo de la solidaridad y la renovación del tejido social como ejes centrales, y propusieron mejorar el acceso a créditos y al ahorro del sector popular.

El foro contó con las intervenciones del padre Abel Pedraza Pedraza, de la Unión de Cooperativas Tacámbaro; Luis Alberto Mendoza, presidente de la Comisión de Economía Solidaria y Cooperativismo; Yuritzi Leyva Delgado, de la cooperativa Cupanda; Rafael Martínez Ponce, de la Alianza Cooperativista Nacional.

Además, Yadira Dionisia Medina Gil, representante de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México; José Luis Aranda Galván, magistrado en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y el abogado Manuel Duarte Ramírez.

“Es viable, urgente y necesario generar un nuevo modelo de la riqueza basado en el cooperativismo, es decir, que la propia gente desarrolle empresas.”

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