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"A LA CONSTITUCIÓN, DERECHO AL INGRESO BÁSICO CIUDADANO"

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Aseguran legisladores que transferencias monetarias directas han sido la respuesta más común, fácil de implementar y efectiva ante la emergencia, especialmente en países como México
09.06.2020 12.00 AM

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, el coordinador del grupo parlamentario de MC, Tonatiuh Bravo Padilla, y las diputadas Lorena Villavicencio Ayala, Gabriela Cuevas Barrón y el diputado Porfirio Muñoz Ledo, de Morena, presentaron una iniciativa para establecer la figura del “Ingreso Básico Ciudadano” universal en la Constitución.

En conferencia de prensa virtual, indicaron que la propuesta, en el corto plazo, tiene el objetivo de ayudar económicamente a las personas en situación de pobreza y de pobreza extrema, por ser las más afectadas en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Mencionó que de manera complementaria con las medidas económicas para apoyar a las empresas en la retención de su personal, en todo el mundo, las transferencias monetarias directas han sido la respuesta más común, fácil de implementar y efectiva ante la emergencia, especialmente en países como el nuestro, que no tienen un sistema de seguridad social que por sí sólo garantice a las personas un nivel mínimo de ingreso y salud.

En América Latina, puntualizó, varios países han impulsado ingresos extraordinarios: Ingreso de Emergencia Familiar, en Argentina; Seguro de Desempleo Temporal, en Belice; Transferencia Monetaria de Emergencia, en Brasil; Transferencia Monetaria para el Sector Informal, en Chile; Ingreso Solidario, en Colombia; Transferencias Monetarias de Emergencia, en Costa Rica, y Transferencias para Trabajadores Informales, en Ecuador.

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó su informe “El desafío social en tiempos de COVID-19”, en el que propone que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales, para satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, para enfrentar los impactos socioeconómicos de la crisis, lo cual es crucial para lograr una reactivación sólida y rápida.

Para estimar el costo de esas transferencias, la Cepal plantea que su duración sea entre tres y 12 meses para cada persona y por un equivalente a una línea de pobreza extrema, que representa el costo de una canasta básica de alimentos o a una línea de pobreza que permite cubrir otras necesidades básicas.

La diputada Laura Rojas subrayó que el tema de ingreso básico vital, aunque no es nuevo, ha cobrado relevancia recientemente por la pandemia de Covid-19, y hay un enorme consenso político al respecto entre los diferentes grupos parlamentarios, que se generó a partir de un punto de acuerdo surgido en el seno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Refirió que diferentes grupos parlamentarios han presentado iniciativas sobre ello, “y no creo que estén yendo cada quien por su lado; todos estamos en la misma idea”.

Precisó que estas iniciativas tienen el propósito de establecer el ingreso mínimo vital para eventualidades futuras; dijo que en el presente, el Gobierno Federal puede otorgar ya este apoyo, por lo que lo llamó al Ejecutivo a implementarlo a la brevedad, “sería una decisión estratégica para evitar que la economía se caiga aún más”.

El diputado Bravo Padilla felicitó a los legisladores de Morena por su iniciativa y manifestó el “alto interés” de su bancada por discutir este tema.

Argumentó que durante la pandemia se le ha pedido a los ciudadanos no salir de casa, y ese esfuerzo “merece un apoyo económico mínimo indispensable para su subsistencia, el cual genera consumo, y éste, a su vez, permite la reactivación de la economía”.

La propuesta de decreto plantea reformas a los artículos 4, 35 y 73 de la Carta Magna, y la adición de siete preceptos transitorios.

Señala que “el Estado garantizará un Ingreso Básico Ciudadano consistente en un apoyo económico a todas las personas que garantice como mínimo, el acceso a la línea de bienestar”.

Apunta que el Congreso de la Unión, dentro de los seis meses posteriores a la publicación de la reforma, deberá expedir una Ley General en materia de Ingreso Básico Ciudadano, en la cual se “establecerá el monto, periodicidad y mecanismos de entrega, asegurando la transparencia, la participación ciudadana en la ejecución de los mecanismos y forma de distribución; así como la universalidad y progresividad”.

La diputada Villavicencio Ayala, quien expuso el contenido de la propuesta, subrayó que lo que se pretende es evitar que, en México, entren en situación de pobreza o pobreza extrema entre 15 y 20 millones de personas más.

Asimismo, planteó la realización de una mesa de trabajo para conjuntar todas las propuestas similares que han presentado diversos grupos parlamentarios, y crear, en unidad, una sola pieza legislativa.

La legisladora Cuevas Barrón, al exponer el impacto económico del coronavirus en el mundo, señaló que se está en riesgo “de echar para atrás todos los esfuerzos que se han hecho para combatir la pobreza” y de que 500 millones personas entren en situación de pobreza, de acuerdo con la organización civil internacional Oxfam.

Ante ese escenario, destacó la pertinencia de la iniciativa, ya que en lo inmediato ayudará a quienes han quedado fuera del mercado laboral por la emergencia sanitaria, y en el futuro a quienes, eventualmente, sean desplazados de sus fuentes de trabajo por la tecnología, que es un tema que, dijo, también se deberá abordar.

El diputado Muñoz Ledo enfatizó que el “Ingreso Básico Ciudadano” debe ser independiente de los derechos en materia de bienestar social considerados en la misma Constitución y de los programas sociales de los gobiernos.

Señaló que esta iniciativa debe salir en unidad y con amplio consenso, en ese sentido llamó a los legisladores de su bancada a apoyarla, toda vez que no es contraria a lo que impulsa la actual administración. Asimismo, dijo que presentó una iniciativa para reducir las horas de la jornada laboral semanal.

“Plantearon realizar una mesa de trabajo para conjuntar todas las propuestas similares y crear, en unidad, una sola pieza legislativa”

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