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PLAN ENERGÉTICO, "PRIMERA ESTATIZACIÓN DE LA 4T"

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El acuerdo de la Sener sobre el Sistema Eléctrico Nacional, "frena energías limpias, lo que es contrario a la Constitución, la ley y la Agenda 2030"
18.05.2020 12.00 AM

El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que es necesario el reemplazo inmediato del gabinete energético del Gobierno de la República, encabezado por la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, y los directores generales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Octavio Romero Oropeza y Manuel Bartlett Díaz, respectivamente.

El líder parlamentario afirmó que el reemplazo de esos funcionarios es necesario “ante la incompetencia, el manejo ideológico y tratar de rescatar por decreto a Pemex y CFE de sus muy serios problemas económicos”.

Calificó el acuerdo de la Sener por el que emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado el pasado viernes 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), como “la primera auténtica estatización” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”, dado que frena la inversión privada en energías limpias o renovables.

“Las prohibiciones que establece el acuerdo, vigente desde el sábado pasado, constituyen una auténtica estatización toda vez que la Sener asume totalmente el control del Sistema Eléctrico Nacional y frena las inversiones en energías limpias o renovables”, externó.

“De igual forma se imponen pruebas y limitaciones para las nuevas centrales de generación de energía a través de métodos renovables, limita la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares y prohíbe construcciones en lugares que se consideren congestionados o con poca capacidad de transmisión”, agregó.

El diputado panista aseveró que “más allá de la cadena de irregularidades para la entrada en vigor de la medida, una de las más graves y directas afectaciones sobre la población mexicana es el desplazamiento de la generación limpia de electricidad para regresarnos al carbón y el combustóleo, altamente contaminantes”.

Afirmó que “una vez más se vuelve a atropellar el Estado de derecho y la certidumbre para los inversionistas nacionales y extranjeros que enfrentan la incongruencia de que todo lo que acuerdan en un contrato se puede venir abajo de la noche a la mañana.

“Por si no fueran suficientes los casos del aeropuerto de Texcoco y de la cervecera Constellation Brands, ahora se elimina la posibilidad de instalar plantas de energía limpia como la eólica y la solar, que resultan más baratas y sin impacto al medio ambiente, comprometiendo a México en los acuerdos internacionales”, subrayó.

Romero Hicks señaló que hubo un desaseo en la publicación del acuerdo, en el DOF, ya que no se cumplió con el obligado requisito de evaluar el impacto regulatorio de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). “Esta arbitrariedad, presionada por la secretaria Rocío Nahle, provocó la salida de su titular, César Hernández Ochoa”.

Refirió que el acuerdo ha generado la preocupación y protesta de las embajadas de Canadá y las 19 naciones que integran la Unión Europea, advirtiendo que se ponen en riesgo inversiones por más de 6 mil 500 millones de dólares por parte de las empresas de sus países que están en México, y por ello el viernes pasado solicitaron reuniones urgentes con la secretaria de Energía.

Apuntó que los diputados del PAN que forman parte de la Comisión de Energía: Hernán Salinas, Ángeles Ayala, Justino Arriaga, Mario Alberto Ramos, José Del Carmen Gómez y Armando Tejeda sostienen que, de acuerdo a los especialistas, “la autoridad mexicana adopta medidas como ésta para tratar de garantizar la solvencia de la CFE y Pemex que ante la pandemia del coronavirus han visto disminuidas sus ventas al no poder competir con los precios de la energía limpia y, al mismo tiempo, no saber qué hacer con el exceso de combustóleo acumulado por la petrolera nacional”.

Piden al Gobierno Federal desechar Acuerdo y respetar las disposiciones legales

El Grupo Parlamentario de MC manifestó su rechazo al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo, con el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía (Sener).

"Este acuerdo es un grave retroceso para la generación de energías limpias en el país, además contraviene la Constitución Política y tratados internacionales en la materia", aseveró la bancada.

Exhortó al Gobierno Federal a desechar este acuerdo y respetar las disposiciones legales, así como cumplir con su obligación de promover la generación de energías limpias y apostar por la reconfiguración de las refinerías en aras de eliminar la producción del combustóleo, que afecta gravemente la salud.

Expuso que el acuerdo plantea medidas que restringen la operación de nuevas centrales de generación de energías renovables, pues limita directamente la emisión de permisos para nuevas centrales eólicas y solares, aduciendo que pueden llegar a generar un impacto financiero y afectaciones a los usuarios finales debido a su intermitencia.

Asimismo, establece que la integración de Capacidad Instalada de Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se mantendrá para todas las Centrales Eléctricas que hayan alcanzado el Contrato de Interconexión un día antes de la publicación de esta política en el DOF.

Por otro lado, si alguna Central Eléctrica con Energía Limpia Intermitente, eólica o fotovoltaica solicita un estudio en un punto de interconexión que se encuentre congestionado, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), con base en criterios de suficiencia, seguridad de despacho y eficiencia económica, podrá rechazar dichas solicitudes.

Además, agregó, la Sener determinará la fecha de reapertura de recepción de solicitudes y el seguimiento a las que estén en trámite, esto sin dar un lapso para el término de tales medidas.

"Con este acuerdo, el Gobierno Federal implementa una política energética a partir de la confiabilidad, término que genera ambigüedades, dado que podría privilegiar la utilización de fuentes energéticas contaminantes pese a que generen un mayor costo de producción, toda vez que, conforme a este documento, la Seguridad de Despacho tiene prelación sobre la eficiencia económica", asentó.

Este acuerdo, apuntaron las y los diputados de MC, complementa al que presentó el Cenace, el pasado 29 de abril, "para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2”.

Aseveraron que ambos acuerdos atentan contra los principios legales que regulan la inversión estratégica para la generación, desarrollo e implementación de energías renovables y limpias en el país, además de promover el uso de combustibles fósiles desde la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Con ello, señalaron, el Gobierno Federal pretende controlar la generación de energía al incidir en las reglas del sector, atropellando proyectos e inversiones internacionales vigentes para la construcción de nuevas plantas eólicas y solares, generando así, que las tarifas eléctricas puedan aumentar hasta siete veces.

"Tan solo el uso de combustóleo para la producción de energía eléctrica, llega a 90 dólares por mega-watt-hora, en tanto que el costo de la energía eólica es de solo 20 dólares", detallaron.

Insistieron que con este acuerdo, la Sener incumple las leyes de Transición Energética, así como de Cambio Climático, con las que México se comprometió a generar 30 por ciento de energía limpia para 2021, y se aleja de cumplir con la Agenda 2030 de la ONU y el Acuerdo de París en materia de cambio climático, lo que afectará la inversión estratégica frente al desarrollo de energías limpias y renovables que requiere nuestro país.

Acusaron al Gobierno Federal de promover una política involutiva en materia energética y centralizar la toma de decisiones en distintos ámbitos para el desarrollo de México, desalentando así la inversión en el peor momento de la crisis sanitaria y económica frente al Covid-19.

"En Movimiento Ciudadano rechazamos la falta de políticas públicas del Gobierno Federal en favor del medio ambiente. México no puede quedarse atrás en la modernización energética. No vamos a permitir que se violen los derechos de las y los ciudadanos a tener energías limpias y un medio ambiente sano que permita su desarrollo y bienestar", concluyó la bancada.

"Freno a energías limpias, contrario a la Constitución, la ley y la Agenda 2030"

La diputada Julieta Macías Rábago (MC), secretaria de la Mesa Directiva, afirmó que el acuerdo del Gobierno Federal que frena las inversiones para generar energía eléctrica limpia es contrario a la Ley de Transición Energética, a la Constitución y a los objetivos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Asimismo, a través de un videomensaje en redes sociales, advirtió que dicha disposición “aumentará el costo de la energía eléctrica; el costo del recibo será siete veces más alto”.

El pasado viernes, la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que emite la Política de Confiabilidad, Seguridad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

Macías Rábago calificó esta decisión como “un grave retroceso” en el país “porque frena de golpe a las energías renovables, limpias, para privilegiar energías contaminantes, como el combustóleo, que tiene una alta carga de azufre peligroso para la salud humana y el ambiente”

Señaló que es contrario a la Constitución, porque monopoliza la generación de energía eléctrica en las centrales “obsoletas y contaminantes” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y el artículo 28 prohíbe las prácticas monopólicas.

También pasa por alto el artículo 25 de la Carta Magna que, dijo, “establece que se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía en beneficio de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

“Incumple, además, con la Ley de Transición Energética que lo obliga (al Gobierno Federal) a regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad”, comentó.

La diputada federal por la Ciudad de México añadió que la disposición de la Sener “rompe con la obligación de México de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, entre ellos, la generación de energía accesible y no contaminante”.

Apuntó que 19 países de la Unión Europea y Canadá ven sus inversiones en riesgo en 44 proyectos de energía limpia, con un costo de casi 7 mil millones de dólares, y, según cifras del sector, esto pone en riesgo 78 mil empleos.

“Al Gobierno parece no importarle el alto costo que esto representará, sumado a lo que ya perdimos por la cancelación del aeropuerto (de Texcoco), el mal manejo de Pemex, el malísimo negocio de la refinería Dos Bocas (en Tabasco) o los 140 mil millones de pesos que costará el Tren Maya, con afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas a la fauna al medio ambiente, son zonas arqueológicas y comunidades enteras”, subrayó.

“Con otras acciones este gobierno ha detenido el crecimiento económico, se han perdido miles de empleo, y México tiene una pésima calificación crediticia”, agregó.

"Incumple AMLO promesas de campaña, su gobierno aprueba fracking para extraer hidrocarburos"

La diputada Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de incumplir sus promesas de campaña, luego de que su gobierno aprobara siete proyectos para la extracción de hidrocarburos mediante el “fracking”.

El 1 de diciembre de 2018, durante su toma de posesión como Presidente de la República, en el Congreso de la Unión, y posteriormente en el Zócalo de la Ciudad de México, se comprometió a no usar métodos de extracción de materias primas que afectaran la naturaleza y agotaran las vertientes de agua, como el “fracking”.

"El gobierno de la Cuarta Transformación no ha dado muestras de preocuparse por el medio ambiente, no se han traducido en decisiones formales de política pública al respecto, tampoco se ha avanzado en la prohibición legal de esta nociva práctica”, aseveró en un comunicado.

Refirió que durante el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de la LXIV Legislatura, del 1° de septiembre al 31 de diciembre de 2018, legisladores de distintas bancadas presentaron cinco iniciativas para prohibir la fractura hidráulica bajo diversos esquemas: reforma constitucional, reformas y/o adiciones a leyes existentes y creación de nuevas leyes; ninguna ha sido dictaminada.

Almaguer Pardo recordó que ha presentado dos iniciativas para prohibir el “fracking”, mediante reformas a las leyes de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

“Es urgente dictaminar las iniciativas que prohíben el ‘fracking’. Si bien estamos ante la crisis de salud por la pandemia Covid-19, también enfrentamos la crisis económica por pérdida de empleos, por lo que este recurso bien podría destinarse a atender las emergencias que está padeciendo México”.

Es urgente alertar sobre lo aprobado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020 y los riesgos del incremento de recursos a proyectos que impulsan el “fracking”.

"La propuesta del Ejecutivo de asignar un total de 10 mil 837 millones 382 mil 324 pesos, divididos según el PPEF para Pemex Exploración y Producción 2020 en 6 mil 181 millones 644 mil 877 pesos, para el proyecto de Aceite Terciario del Golfo y; 4 mil 655 millones 737 mil 477 pesos para el Proyecto Aceite y Gas de Lutitas, supondría un aumento del 58% en términos reales, con respecto a lo aprobado en 2019 para los mismos proyectos", precisó.

"Mala decisión que tendrá un costo para todos los mexicanos"

El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD), secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, advirtió que el acuerdo del Gobierno Federal que frena las inversiones privadas para la generación de energía eléctrica limpia provocará amparos, controversias y arbitrajes internacionales que se traducirán en tiempo y dinero dilapidados.

En un comunicado, afirmó que la publicación del acuerdo de la Secretaría de Energía por el que emite la Política de Confiabilidad, Seguridad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional “tendrá un costo para las y los mexicanos porque no se pueden hacer leyes retroactivas una vez que se realizaron inversiones en un marco legal diferente.

“Fue una mala decisión, un acto autoritario cuyas consecuencias son predecibles: pérdida de confianza para el país; de inversiones, empleos, de desarrollo y un gobierno instalado en una visión de echar a funcionar las viejas subestructuras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que incumplen con los convenios internacionales relativos al cambio climático asumidos por nuestro país”, destacó.

Ortega Martínez acusó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador está dando una salida falsa y fácil a su idea de utilizar excedentes de combustóleo que generan las refinerías mexicanas que no tienen acomodo nacional ni internacional y piensa que la única manera es quemarlo en las viejas plantas de la CFE.

“El presidente López Obrador vuelve a confirmar que no entiende el momento que vive el mundo y nos está instalando en una falsa realidad. Durante algunos años se creó un sistema jurídico y legal que estimuló la inversión privada nacional y extranjera para la generación de energía eléctrica renovable y limpia”, externó.

“Se definieron reglas, procedimientos y, de un plumazo, por un acto arbitrario y autoritario, se pretende desaparecer inversiones en parques industriales que pueden durar tres o cuatro años y que son miles de millones de dólares, miles de empleos y que están generando desarrollo económico y bienestar en muchas regiones del país que quedan en el aire, suspendidas por una decisión de cambiar reglas y establecer nuevos formatos de actuación de los productores de estas energías limpias”, abundó.

Ortega Martínez aseguró que el rebote y las consecuencias del acuerdo “serán desastrosas para el país, pues hay actualmente en México, parques industriales de energías renovables y limpias en proceso de construcción, y hay otros 22 proyectados para los próximos años.

“Cada parque significa tres o cuatro años de planeación, de acumulación, de cumplimiento de expedientes, de contratación de personal. En Aguascalientes, por ejemplo, hay cuando menos tres grandes parques industriales que, inicialmente, van a suspender actividades y con ello, a miles de trabajadores cuyas familias sufrirán las consecuencias finales. Es un acto de irresponsabilidad política del presidente López Obrador”, finalizó.

Piden renuncia de Rocío Nahle: "frena inversión de energía renovable"

La diputada Mónica Almeida López (PRD) exigió la renuncia de Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía, tras la publicación que hizo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para frenar la entrada de nuevas plantas renovables.

Además de echar abajo el compromiso realizado en el Acuerdo de París e ir en contra de la legislación vigente en materia de transición energética, en donde México se compromete a generar el 30 por ciento de energía limpia para 2021 y del 35 por ciento para 2024.

En un comunicado, la diputada perredista calificó este acto como "ilegal” y además “violenta el Estado de derecho. La 4T apuesta a generar el 89% de la energía a través de hidrocarburos y carbono".

Dijo que las inversiones mundiales en capacidad de generación de energía renovable, representan 70% de la inversión total en generación y más de 2.5 veces de inversión en plantas de generación que emplean combustibles fósiles.

Ante este panorama, aseguró que en el caso de México el Gobierno Federal está poniendo en riesgo la economía al no permitir las inversiones de empresas de la Unión Europea, las cuales superan los 6 mil 400 millones de dólares, sumado a las inversiones canadienses en proyectos con un valor de 450 millones de dólares, que además le permitirán a los mexicanos acceder a energía más económica.

Además que “nuestro país se encuentra en una etapa clave para definir su futuro energético, hoy más que nunca, las energías renovables han cobrado gran relevancia, la continuidad de los objetivos de transición energética".

Almeida López consideró que es fundamental para dar certeza tanto a las inversiones que ya se hicieron, como a las que se están emprendiendo, y esto no sólo es relevante para que haya nuevos proyectos de generación con energías renovables, sino que habilita una sólida oportunidad para la manufactura dentro del territorio nacional de los componentes y tecnología utilizada para su generación, trayendo consigo un panorama benéfico para la creación de empleos e inversión extranjera, beneficios que el mismo gobierno está frenando en contra del interés nacional.

"En los últimos meses hemos visto cómo el mercado petrolero ha tenido un comportamiento atípico que no se veía en décadas. Hoy existe una disrupción energética, y es lastimoso ver cómo México se encuentra rezagado a pesar del potencial en la materia.

“Pero más allá de este rezago, la dirección equivocada de la política energética del país apostando al pasado, ya que entre más escasos se vuelvan los combustibles fósiles y su renta varíe, mayor será la vulnerabilidad de aquellos países que no privilegiaron la transición energética" la expresó.

ACCEDE AL ACUERDO PUBLICADO POR LA SENER

“Necesario, el reemplazo del gabinete energético del Gobierno de la República.”

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