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NECESARIO, TRANSITAR DEL EXTRACTIVISMO AL POSEXTRACTIVISMO

Necesario, transitar del extractivismo al posextractivismo
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"No generan crecimiento económico, pero sí destruyen el tejido social en casi todos los países de América Latina y México", advierte especialista
15.10.2019 12.00 AM

Las actividades extractivas no generan crecimiento económico, pero sí destruyen el tejido social en casi todos los países de América Latina y México, lo que obliga a transitar del extractivismo al posextractivismo, señaló la doctora Aleida Azamar Alonso, académica del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La minería mexicana crea sólo 300 mil empleos directos, es decir, menos del uno por ciento del Producto Interno Bruto y buena parte de ellos es por outsourcing, lo que significa que el personal no está en nómina ni tiene seguridad social, aseguró al participar en la Conferencia internacional Hacia la transformación social-ecológica en América Latina y México, organizada por el Proyecto Friedrich-Ebert-Stiftung Transformación para América Latina.

El país cuenta con 182 áreas naturales protegidas, en 50 por ciento de las cuales son realizadas actividades extractivas, la mayoría minas, lo que ha provocado daños medioambientales y a la salud, no sólo de los trabajadores sino también de la población cercana, a lo que se suman más de 500 conflictos socioambientales, 120 ocasionados por la minería, dijo la investigadora.

En la mesa Hacia la Diversificación productiva y las salidas del extractivismo en AL y México destacó que existen distintas alternativas a ese panorama, entre ellas el posdesarrollo, el decrecimiento y la transición del extractivismo hacia el posextractivismo que propugnan la recuperación del concepto “del buen vivir”, que incluye convivencia, solidaridad y armonía.

“La cooperación para el desarrollo sigue siendo patriarcal y de los dominados, desde el norte hacia el sur y muchas veces no se toma en cuenta lo que las naciones del sur necesitan y cuáles son las condiciones básicas, por lo que tenemos que transitar hacia ello”, en tanto que el decrecimiento hace referencia a vivir mejor, pero con menos.

Respecto del posextractivismo, la investigadora sostuvo que existen las alternativas débiles y las fuertes, las primeras son las propuestas que pueden ser autogestivas y también cooperativas, pero que siguen construyendo dentro del mismo capitalismo y cuya mayor preocupación es intentar generar ganancia, en tanto que las segundas son las que construyen en forma horizontal, no jerárquica por el buen vivir”.

Las opciones deben venir desde abajo y después hay que hacer una revisión con el Estado: “si hay que hablar de la gestión tiene que ser por el buen vivir, eso es lo que propone la sociedad y eso tiene que estar ahí siempre”.

El doctor José de Echave señaló que América Latina recibió el año pasado 28 por cierto de todo lo que se invierte en minería y se ha consolidado como la región más atractiva de los flujos de inversión en el rubro, sin embargo, ha aumentado de manera significativa la persistencia de conflictos sociales vinculados a esa rama y los hidrocarburos, en especial de las empresas con las poblaciones indígenas, rurales y campesinas.

“El reto es pensar cuál sería el tránsito idóneo a un esquema de extracción alternativo y distinto, y cómo salir de un modelo de extracción depredador y productor de conflictividad social que afecta derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.

Las transiciones implican pensar en un conjunto de políticas públicas que permitan salir de ese tipo de extracción exacerbada y construir los contrapesos necesarios para que las inversiones respondan al interés público.

Roberto Kreimerman, ministro de Industria de Uruguay de 2010 a 2014, y Enrique Provencio Durazo, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo en la UNAM, coincidieron en la importancia de impulsar la inversión pública en sectores que permitan este cambio transformativo y de más intensidad de valor, en aquellos más ligados a nuevas tecnologías, así como hacer política de fomento económico.

“Hay que aprovechar las instituciones, relanzarlas en esta idea de recuperar un aliento de prosperidad y centrarse en los estados del sur y sureste del país, porque en México prevalece la idea de que las actividades extractivas están en el norte”, dijo Provencio Durazo.

"El gobierno debe cumplir con la suspensión del uso de fracking"

Especialistas, presidentes municipales y representantes de organizaciones de la sociedad civil expusieron sus propuestas y alertaron de las consecuencias de no contar con un debido uso y protección de los recursos hídricos que posee el país.

Durante el foro “Panorama y Perspectivas del Agua en México 2019-2024”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez; la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y la Comisión de Recursos Hidráulicos, se planteó lo referente a la gobernanza hídrica; crisis hídrica y cambio climático; y el agua y desarrollo económico.

Andrés Ávila Akerberg, director ejecutivo de Política y Legislación Ambiental (Polea), alertó sobre la baja en la disponibilidad del agua en México principalmente en la Ciudad de México y la zona sur del país, tomando en cuenta el crecimiento demográfico y la permanencia de migrantes en la dicha región.

Resaltó la importancia de que el agua sea incorporada a la Ley de Seguridad Nacional, ya que hay evidencia que obliga su inclusión. Si no hay agua puede afectar a las instituciones, a la democracia o consecuencias a la infraestructura estratégica como las presas. La Seguridad Nacional, dijo, no solo está vulnerable por temas de violencia.

A su vez, Beatriz Olivera Villa, investigadora de Fundar, enfatizó que la política energética debe alinearse a los preceptos del cuidado del agua, por lo que el presidente debe cumplir su compromiso 75 de 100 para “no utilizar métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes del agua como el fracking”. Y decretar una suspensión inmediata a la realización de la fractura hidráulica.

Afirmó que México debe prohibir el fracking como método para la extracción de hidrocarburos, ya que en Estados Unidos se ha encontrado evidencia que esta práctica ha causado enfermedades en las personas por la contaminación de agua.

“México debe prohibir la extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica tal como lo han hecho Francia y Bulgaria y numerosos gobiernos regionales alrededor del mundo”, subrayó.

En la planeación e implementación de la política energética, las entidades públicas deben asegurar el respeto y garantía de los derechos humanos. El Estado debe garantizarlos como lo establece el artículo 4 de la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), y no permitir actividades que lo pongan en riesgo.

También participaron Mauricio Osorio Domínguez, presidente municipal de Valle de Bravo; Elda Lara, representante de la Asociación Civil Centinelas del Agua; Adrián Fernández Bremauntz, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México; así como Fernando González Villarreal, representante del Programa de Manejo, Uso y Reúso del Agua en la UNAM.

“La minería mexicana crea sólo 300 mil empleos directos, es decir, menos del uno por ciento del Producto Interno Bruto y buena parte de ellos es por outsourcing.”

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