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APRUEBAN CONVOCATORIA PARA NUEVO TITULAR DE CNDH

Aprueban convocatoria para nuevo titular de CNDH
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El acuerdo está conformado por 14 bases, remitidas a la Jucopo para que realice las precisiones señaladas por los legisladores para que sea sometida a consideración del Pleno del Senado
26.09.2019 12.00 AM

Las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia aprobaron, por unanimidad, el acuerdo por el que se emite la convocatoria para la elección de la o el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2019-2024.

En reunión ordinaria, los presidentes de ambos órganos legislativos, Kenia López Rabadán, del PAN, y Julio Ramón Menchaca Salazar, de Morena, respectivamente, remitieron las bases del convenio a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para que realice las precisiones señaladas por los legisladores integrantes de las mismas, y se remita a la Mesa Directiva para que sea sometida a consideración y aprobación del Pleno del Senado de la República.

El acuerdo está conformado por 14 bases. Destaca que debe ser mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; tener 35 años cumplidos; contar con experiencia en materia de derechos humanos o actividades afines; no haber desempeñado cargos públicos a nivel federal o estatal en el año anterior a su elección ni cargos de dirección en algún partido político.

Así como gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito intencional que amerite pena corporal ni cualquier otro que amerite su inhabilitación para desempeñar el cargo. Además, el aspirante deberá contar con título de Licenciado en Derecho, de manera preferente.

La convocatoria estará dirigida a las asociadiones civiles y sociales, instituciones académicas y de investigación, asociaciones, colegios de profesionales, organismos públicos y privados, activistas, promotores, defensores de derechos humanos, víctimas, colectivos de víctimas y público en general, para que propongan a ciudadanas y ciudadanos a ocupar la titularidad de la CNDH.

A través de Parlamento Abierto, las citadas comisiones de trabajo realizarán el próximo 18 de octubre una amplia auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociiedad, así como entre los organismos públicos y privados, promotores o defensores de los derechos humanos, víctimas y colectivos de víctimas, sobre las y los posibles aspitantes al cargo.

Para efectos del registro, las y los aspirantes dispondrán del portal electrónico www.senado.gob.mx para que realicen su registro en el apartado “Convocatorias” y estará disponible del 7 al 11 de octubre próximo.

Una vez integrada la lista de candidaturas propuestas, las citadas comisiones unidas realizarán las comparecencias públicas a partir de las 10:00 horas del lunes 21 de octubre próximo, en las instalaciones del Senado de la República.

En ese punto, los legisladores de ambas comisiones unidas aprobaron el formato para llevar a cabo las comparecencias, mismas que serán abiertas al público en general y se transmitirán por el Canal del Congreso.

Una vez concluida la etapa de comparecencias, las mencionadas comisiones unidas elaborarán y propondrán al Pleno, a través de la Mesa Directiva, el dictamen correspondiente para definir la titularidad de la CNDH.

También acordaron que, a más tardar el 31 de octubre próximo, serán publicados los resultados del procedimiento. La convocatoria será publicada en la Gaceta Perlamentaria, en el Diario Oficial de la Federación y en al menos tres diarios de circulación nacional.

“Cualquier controversia relacionada con la presente Convocatoria, será resuelta por la Juntas Directivas de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República, y la determinación correspondiente se hará publica”, establecieron en el documento aprobado.

El acuerdo fue aprobado en forma unánime, en lo general y particular, y remitido a la Jucopo para su trámite correspondiente.

Solicitan diputados del PAN intervención del ombudsman, Luis Raúl González Pérez, para frenar violación a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes afiliados al Seguro Popular

Diputados del PAN solicitaron la intervención del ombudsman, Luis Raúl González Pérez para frenar la violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes afiliados al Seguro Popular, principalmente de beneficiarios del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Mediante un comunicado, indicaron que presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la utilización ilegal de fondos del Seguro Popular.

Encabezados por el Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, Secretario de la Comisión de Salud, los legisladores panistas expresaron su rechazo a la intención del gobierno federal de utilizar discrecionalmente los recursos públicos del fondo y sin fines conocidos, en clara violación al marco legal vigente.

“Este dinero debe utilizarse, exclusivamente, en la atención médica de alta especialidad dentro del Seguro Popular”, apuntaron.

Explicaron que el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos es un fideicomiso que funciona como una bolsa de reserva para enfrentar las contingencias más costosas y frecuentes que afectan la salud de las personas que no cuentan con afiliación a alguna institución de salud pública o privada.

Por su parte, Ramírez Barba sostuvo que mediante ese fondo se da cobertura en cuidados intensivos neonatales, todos los cánceres de la infancia y la adolescencia, mama, cervicouterino, próstata, leucemia, hepatitis, infartos, enfermedades metabólicas, entre otros padecimientos.

“De consumarse la desaparición de este fondo o concretarse el desvío de recursos, se dejaría sin atención a miles de niños y adultos, cuyo tratamiento hoy está garantizado con el dinero de dicho fondo”, advirtió.

Ramírez Barba sostuvo que su bancada solicitó la intervención del Ombudsman Nacional ante el Ejecutivo federal, la Secretaría de Salud (Ssa)y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a fin de que se sirva emitir las medidas cautelares correspondientes, tendientes a evitar un daño irreparable a los enfermos, vulnerando el derecho a la salud.

“Pedimos a la CNDH actuar para impedir que se violen los derechos humanos de los afiliados al Seguro Popular, en particular de los menores, a efecto de que no se lesione, ni interrumpa la debida asignación de los recursos que ya se encuentran en el fondo referido”, insistió

Los legisladores panistas demandaron que se garantice la regularización de la compra y distribución de los medicamentos necesarios para su atención médica y regularice la prestación de servicios.

Recordaron que actualmente los recursos acumulados en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos suman alrededor de 80 mil millones de pesos, por su monto se ha convertido en “el botín que el gobierno federal quiere usar para gastar a su antojo, sin importar que sean las reservas acumuladas para enfrentar las enfermedades que empobrecen a las familias mexicanas”.

“Es muy grave e ilegal que se pretenda desviar el dinero para la atención médica, cuando en los últimos meses hemos presenciado una crisis en el sector salud: desabasto de medicinas, falta de pagos a médicos residentes y servicios insuficientes”, añadieron.

Recordaron que el día 12 de septiembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se delegan facultades al director general de Administración y Finanzas de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para autorizar que el director general de administración y finanzas del Seguro Popular, pueda tomar recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Advirtió que es una señal muy peligrosa que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, se eliminen las reglas para la administración y distribución de los recursos del Seguro Popular, siendo que esta normatividad actualmente obliga a las autoridades a eficientar los recursos para la sustentabilidad financiera del sistema de salud y garantizar la atención que cada paciente requiere.

“De seguir en esta ruta, como pretenden en la Cuarta Transformación, regresaríamos a la opacidad en el reparto del dinero para la salud. No habría garantía de atención, ni de suficiencia de medicamentos, puesto que los recursos públicos estarían sujetos a los caprichos del Presidente, del Secretario de Salud, o usados para otros fines como gasto corriente u otros programas”, precisaron.

Pidieron a las organizaciones civiles, trabajadores del sector salud, pacientes y a la población en general, sumarse a la defensa del derecho a la protección de la salud, a utilizar los recursos jurídicos a su alcance para frenar otras decisiones irresponsables de este gobierno.

“No podemos ni debemos permitir que se siga violando el Estado de derecho y se pretenda dejar sin efecto las leyes vigentes; estamos seguros de que la CNDH y su titular serán consecuentes con este planteamiento, como lo han hecho ya con las estancias infantiles” concluyeron.

“El acuerdo está conformado por 14 bases, remitidas a la Jucopo para que realice las precisiones señaladas por los legisladores.”

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