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COINCIDEN EN NECESIDAD DE OTRA REFORMA ELECTORAL

Coinciden en necesidad de otra reforma electoral
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Funacionarios, políticos y académicos señalan debilidades y áreas de oportunidad de actual sistema, que no coinciden con objetivos del partido oficial en las modificaciones
21.06.2019 12.00 AM

En los foros de parlamento abierto para la Reforma Electoral y del Estado que se realizan en San Lázaro, diputados, magistrados y especialistas expresaron su inquietud por terminar con la democracia costosa; disminuir el periodo de las campañas; nulidad de elecciones por violencia de género; regulación de la propaganda política; topes de financiamiento; castigar el uso de los programas sociales en los procesos, y la participación de menores en los comicios.

En la mesa “Campaña, voto y nulidades”, el representante de Morena ante el Consejo General del INE, diputado Alejandro Viedma Velázquez, sostuvo que se tiene una deuda histórica con la democracia y “este es el tiempo de cumplirle, a través de una verdadera reforma electoral”.

Organizar elecciones no es tener presencia solamente durante la jornada electoral, sino sancionar de manera firme a quien violenta la normatividad; vigilar la actuación de los actores e instituciones políticas; castigar y perseguir la compra de votos; sancionar la propaganda personalizada de servidores públicos; prohibir los actos anticipados de campaña, así como el uso de programas sociales con fines electorales.

En pocas palabras, dijo, es hacer valer la ley todo el tiempo y no solamente durante la jornada comicial, pronunciarse por fortalecer el Sistema Nacional Electoral, con la creación de autoridades únicas.

Viedma Velázquez pugnó por la supresión de los OPLE y de los tribunales locales, y se manifestó por la creación de una ley general procesal que brinde certeza jurídica real.

“Más dinero no asegura más confianza en los partidos ni en la democracia; se debe terminar con la democracia costosa, reducir el financiamiento a los partidos políticos, disminuir el periodo de las campañas y establecer la jornada electoral única cada tres años”.

Morena no ha presentado una reforma propiamente electoral, sino iniciativas a título personal de los diputados. “No hay una línea ni un intento de imposición de ningún tipo, lo que existe, es diálogo, debate, apertura e intercambio de ideas. “todas y todos estamos invitados a construir la siguiente reforma electoral”.

Desde 2014, mi partido puso en su agenda la idea del gasto eficiente, eliminar privilegios de la burocracia dorada, y cuestionamos la necesidad de gastar por gastar, así como la relación entre los altos costos de la democracia y la eficacia electoral.

La diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río destacó que aparte de la propuesta de la desaparición del Consejo General del INE, las Oples, tribunales electorales y la reducción del presupuesto a los partidos políticos, es primordial que a esta reforma se integre el tema de la difusión en medios de comunicación, durante las contiendas electorales.

Por el PRI, la diputada Claudia Pastor Badilla pidió que la reforma electoral contemple la posibilidad de reducir los tiempos de campaña como un elemento para favorecer la equidad en el uso de los recursos y revisar la fiscalización de las redes sociales durante las contiendas.

Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada del PRD, estimó que se debe armonizar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para prohibir la participación de menores en campañas electorales y evitar su explotación; se debe invertir más en la consulta infantil y juvenil para garantizar el derecho de participación de niñas, niños y adolescentes.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (PAN) comentó que el INE y algunos institutos estatales electorales monitorean el comportamiento de medios de comunicación y digitales; ahí de manera puntual se ve el comportamiento o menciones a favor o en contra en torno a algún candidato.

Pero, no hay un mecanismo para que los medios, impresos, digitales, radio, y televisión detengan los comentarios a favor de uno y en contra del otro candidato, lo cual puede ser tendencioso y manipulador del electorado a favor de uno o de otro.

La presidenta de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez, urgió a realizar reformas constitucionales y legales para establecer como causal de nulidad de las elecciones, la violencia política por razón de género.

Si bien, se ha trabajado desde los tres poderes de gobierno, con el propósito de generar condiciones que incluyan la igualdad entre mujeres y hombres y la materialidad de una paridad efectiva en la democracia nacional, las mujeres siguen enfrentando violencia, ligada a la inequidad en los ámbitos económico, socio-cultural y político, así como una discriminación estructural, que en muchos casos termina en el homicidio.

Fernández Domínguez precisó que es prioritario establecer como un principio básico de las elecciones a nivel constitucional, que sean libres de violencia política por razón de género; fijarla como causal de nulidad; prohibir que la propaganda electoral incluya mensajes con contenido de violencia política y que partidos políticos se abstengan de emitir cualquier expresión con este tipo de agresiones.

La magistrada de la sala regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María Silva Rojas resaltó que la reforma debe contemplar regular la propaganda política en redes sociales, topes de financiamiento en las campañas y la distribución de los recursos para los partidos políticos, a fin de que exista un reparto equitativo.

Otro aspecto a estudiar, es la imposibilidad que se tiene para sancionar las promociones previas al proceso electoral; en la actualidad no se pueden castigar estos hechos. Además, considerar el tiempo de las campañas y precampañas y buscar que el voto sea obligatorio para la ciudadanía, a través de sanciones.

Morelos Jaime Canseco Gómez, titular de la Secretaría Jurídica y de Transparencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, expresó que el acceso a los cargos públicos de representación popular, debe ser mediante elecciones libres, justas y competidas, así como la pluralidad política como reflejo de la diversidad de una sociedad compleja.

Se necesitan elecciones competidas y salvaguardadas por autoridades independientes e imparciales; regidas por la legalidad, certeza y objetividad, en un clima de plena libertad de expresión e información pública. “Hemos ido de la pluralidad y construcción de acuerdos, a la articulación de una mayoría y la tentación de la conformación de una nueva hegemonía”.

La normatividad de la propaganda electoral, debe ser escrupulosamente leal a las libertades de expresión política y de difusión de opiniones por cualquier medio. Los comicios en favor del electorado en el debate público requieren de la confrontación franca y clara de las ideas. “El mandato de las urnas no suprime la pluralidad ni puede ser ajeno a la realidad de un mundo en constante transformación; debemos mantener la amalgama de derechos políticos y de principios, así como preservar y ampliar la libertad política”.

El ex representante de Morena ante el INE, Jaime Castañeda Salas, dijo que en este análisis se puede dar paso a castigar el uso de los programas sociales en el proceso electoral y generar un formato único de acta para aminorar los tiempos.

“Estoy de acuerdo en que se reduzcan los medios de impugnación y estudiar el tema del logo único en coaliciones, pues es permitir la transferencia de votos y desviar la participación ciudadana; además pidió que se estipule un mecanismo que abata la violencia política”.

Iván Jaimes Archundia, especialista en materia de reforma de Estado y electoral y ex representante del PRI ante el INE, propuso expandir los alcances de la figura del gobierno de coalición en el escenario de la campaña electoral, tanto a nivel federal como local, para que, en caso de obtener el triunfo, estén obligados a edificar la estabilidad política y designen a los funcionarios públicos, técnicos y especialistas en los campos de acción de gobierno, a través de su secretaría de Estado.

Asimismo, planteó que en caso de que algún candidato o partido político se vea beneficiado o afectado con la utilización de programas sociales, acreditándose dichas violaciones de manera objetiva y que la diferencia entre el primer y el segundo lugar sea menor al 5 por ciento, proceda la nulidad de la elección.

Gloria Alcocer Olmos, directora de la revista “Voz y voto”, subrayó que hay cosas que corregir en todos los espacios; pero no se deben repartir culpas, sino responsabilidades. Consideró que se debe reconocer el trabajo de lo local como de los OPLE y reconstruirlo. Pidió incluir más voces en el análisis de todos los temas.

Marcos García López, consultor electoral, planteó ampliar los plazos para la interposición de medios de impugnación, ya que esta representa una exigencia procesal injustificada que constituye un obstáculo contra el acceso a la justicia.

Si realmente se busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia política de género, se deben contemplar consecuencias jurídicas, las cuales realmente inhiban la realización de la misma, tales como establecerla como causa de nulidad de la elección.

Everardo Rojas Soriano, especialista en justicia electoral, dijo que el modelo de autoridades electorales que hay en el país no es perfecto, debe ser reforzado a través de autonomía presupuestal tanto al INE como al Tribunal y organismos locales; así como reglas que impulsen la participación ciudadana y den legitimidad a los gobernantes.

"Importante, estricto control para rastrear dinero ilícito en campañas electorales"

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Benito Nacif Hernández, destacó la importancia de una regulación más estricta sobre las operaciones de efectivo que permita rastrear el dinero que sale o entra de cuentas bancarias relacionadas con el posible financiamiento ilícito en las campañas.

Al participar en la mesa “Financiamiento público, prerrogativas y fiscalización de los recursos” de los Foros para la Reforma Electoral y del Estado, aseguró que “el efectivo es como un callejón sin salida, si no se toman medidas para saber quiénes hicieron los retiros o quiénes los depósitos”.

Asimismo, indicó que se puede robustecer la regulación respecto de empresas fantasma o “fachada”, que a menudo son utilizadas en esquemas de triangulación ilícita de fondos que terminan en las campañas. “En diferentes casos hemos encontrado este tipo de empresas que se usan para que recursos vayan a partidos políticos”.

Afirmó que también existen áreas de oportunidad para fortalecer el sistema de financiamiento y de fiscalización de los grupos políticos; el objetivo es evitar el flujo ilegal de dinero y preservar las condiciones de equidad de las contiendas.

Además, consideró necesario agilizar el proceso de intercambio de información con instituciones financieras, particularmente los bancos, para completar investigaciones dentro de los plazos de ley. “A menudo los bancos retardan la entrega de información y hacen que casos grandes como el de Asismex, sean revocados por caducidad”.

Nacif Hernández destacó que la aportación a los partidos políticos debe ser considerada como un derecho como en otros países democráticos, pero regulado para no afectar el funcionamiento del sistema. “Se debe ejercer con restricciones que eviten la corrupción electoral y que grandes donadores tengan influencia excesiva en candidatos y partidos”.

Destacó que para acortar distancia entre lo aportado a campañas y lo real, se obtienen fuentes externas, con el objetivo de cruzar información de partidos políticos. “La fiscalización no sólo es de glosa de la contabilidad del partido, sino de comparar lo que dan las fuentes externas, monitoreo de espectaculares, redes sociales, internet y medios impresos; son procesos que se siguen en el INE para estimar el gasto no reportado”.

El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) señaló que hay 32 OPLE y 32 tribunales locales nombrados por la nación, removidos y regidos por la Federación. “Son entidades autónomas, pero sus estados no las constituyen ni las pueden remover sino la Federación; los estados solamente las financian, “¿esto es federalismo?”.

Además, capacitación y organización de las casillas, todo lo que es la recepción del voto, no lo hacen, no lo pueden hacer, eso lo emprende el INE. Les han dejado el registro de candidatos y el cómputo que dura un día, ésa es su tarea, “trabajan seis meses cada tres años y descansan dos años y medio”. Consideró que eso no es lógico y habría que pensar el sistema federal o federalista como estaba antes.

Subrayó que la austeridad no se limita al plano electoral, sino a todo el estado nacional; las propuestas electorales no son específicamente por motivos de carácter de austeridad y ésta debe ser pareja. “Vamos a seguir revisando cada vez el presupuesto del INE, la Cámara muchas veces lo ha reducido, lo vamos a seguir reduciendo, eso no tiene remedio”. Un exceso económico del INE es el sueldo de su presidente, aseguró.

En tanto, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván (PAN) señaló que parte de lo caro del sistema electoral es por la desconfianza que se tiene hacia los partidos, lo cual genera que estén buscando cómo cuidar que las elecciones no sean manipuladas y esto provoca que haya fiscalización que cada día es más grande y cara.

En el tema de redes sociales, planteó que la Unidad Técnica de Fiscalización genere un estimado de los “influencers” a través de un estudio que se realice para la siguiente elección. Subrayó que se requiere buscar el verdadero federalismo y fortalecer a los OPLE.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) destacó la importancia de que los candidatos reciban “un dinero definido por el Estado y que de ninguna otra manera haya otro tipo de financiamiento”. Respecto al tema de las redes sociales, expresó que se debe contar con una regulación que restrinja a los candidatos la emisión de información durante las campañas y limitar opciones de acceso, especificar qué pueden hacer o no, y castigar si se viola la regulación.

Preguntó si hay relación de causalidad entre el dinero que se desina y la participación ciudadana en las elecciones. “¿Qué se sugiere hacer? Porque el costo de la desconfianza es monstruoso”. Cuestionó si se puede garantizar que la automatización sea impenetrable para implementar el voto electrónico sin riesgos.

El diputado Alejandro Viedma Velázquez (Morena) afirmó que, a pesar de los esfuerzos por controlar el gasto con el Sistema de Fiscalización, aún se percibe dinero por fuera, y de cada peso reportado hay 15 externos, por lo que es necesario saber cuál es el gasto real de los partidos.

Silvano Garay Ulloa, diputado del PT, sostuvo que el tema de las prerrogativas de los partidos es muy importante y si bien se habla del financiamiento no se abordan los recursos totales, pues sólo reciben 26 por ciento y el INE el 74 por ciento. “Nos pronunciamos en contra del recurso privado, porque los candidatos llegan comprometidos”.

La diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) externó su preocupación por los mecanismos para nombrar a los OPLE; fortalecer el sistema de partidos; la distribución presupuestaria igualitaria; la protección de los datos personales de donantes, y los gastos de representantes de casillas.

Víctor Alarcón Olguín, académico de la UAM-Iztapalapa, consideró que se debe empezar a reformar para que los partidos paguen el verdadero costo de su participación en la democracia, “aunque no necesariamente significa recortarles recursos sino ayudarles a que gasten mejor y que cambien su percepción de que los costos son del INE y del Tribunal cuando en realidad los que lo negociaron fueron ellos”.

Enrique Cuna Pérez, académico de la UAM-Iztapalapa, afirmó que esta reforma necesita un análisis amplio y planteó partir de la idea de que los partidos están en una crisis, analíticamente, para suponer que no cumplen totalmente las funciones y que los recursos asignados para ellos se gastan solamente en procedimientos electorales; es decir, “estamos en procesos completamente de elección y no necesariamente de conformación”.

Daniela Castillo, académica de la UAM-Xochimilco, resaltó la importancia de revisar la forma en que se abordan las campañas electorales en las redes sociales, las cuales cada día son más concurridas. Estimó que se deben identificar los retos en estos medios para replantear y repensar el modelo actual de fiscalización.

Rodrigo Sánchez Gracia, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, destacó que el dinero es un bien necesario para el desarrollo de los procesos electorales; sin embargo, llega a distorsionarlos a través de los rebases de topes de campaña o las aportaciones ilícitas.

Indicó que cualquier reforma en materia electoral debe tener el componente de la integridad, entendiéndola como el postulado ético y que concierne a los distintos actores políticos, analizar cuál fue su comportamiento: honesto, íntegro y conforme a los valores democráticos.

Se manifestó por generar equidad o una fórmula que otorgue proporcionalidad entre el financiamiento a los partidos y el tope de las campañas en las entidades.

Alejandro Romero Millán, consultor especialista en derecho electoral, señaló que la reforma que se pretende instrumentar responde a una lógica distinta a las anteriores, pues no es producto de acuerdos políticos originados por conductas que intentaron vulnerar los principios rectores de las contiendas; por ello, requiere adaptarse a los principios de austeridad y combate a la corrupción que exige la sociedad.

Erik Odín Vives Iturbe, representante del PT en el estado de México, consideró que la democracia es muy importante para el país, por lo que es equivocado querer interponerle austeridad. Afirmó que quitar financiamiento a los partidos políticos provocará que recurran a organismos de la iniciativa privada, al exterior o al crimen organizado.

En su ponencia “Austeridad y reforma electoral, el ahorro por encima de la democracia”, el ex consejero distrital del INE, Pablo Javier Becerra Chávez, indicó que el planteamiento central de la austeridad republicana conduce a una política de “neoliberalismo populista”, que toma recursos públicos de donde puede, por medio de recortes y restricciones para destinarlos a políticas sociales.

Propuso evaluar el resultado de la reforma de 2014, las atribuciones sobreconcentradas del INE y las muy empobrecidas de los OPLE, “que han sido un modelo interesante en los últimos cinco años, aunque es cuestionable cómo se organizarán las elecciones si desaparecen los OPLE”.

"Aprovechar momento actual para tomar grandes decisiones en materia electoral"

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM), John M. Ackerman, afirmó que el Congreso de la Unión debe que “aprovechar” este momento por el que atraviesa la democracia en México para tomar grandes decisiones en materia electoral,

Durante su participación en los Foros de la Reforma Electoral y del Estado, destacó que el propósito de las enmiendas electorales de 1994 y 1996 de “ciudadanizar” las instituciones. falló y fue corrompido por el “cuatismo” y “nepotismo” de los partidos políticos.

“Las reformas del 96 y 94 supuestamente era la gran esperanza porque generaba un espacio de ciudadanización de las autoridades electorales que ahora ha sido corrompido por el cuatismo y el nepotismo de los partidos políticos”, señal el jurista.

Consideró que se “inflaron las burocracias electorales, para taparle el ojo a la situación tan grave de corrupción estructural, de fraude sistemático, de perversión y parcialidad de los organismos electorales en este país”, expresó.

El académico rechazó que los resultados electorales y “la alternancia verdadera, del 1 de julio de 2018 sean resultado del éxito de una transición democrática, al contrario, fue una rebelión ciudadana en contra de y a pesar del fracaso de la supuesta transición democrática que terminó siendo un mito”.

Dijo que “el hecho de que no tengamos una crisis post-electoral o falta de legitimidad del Presidente, que es lo que antes generaba las grandes reformas electorales, no debería generar una pasividad. Ahora es el momento para aprovechar y tomar grandes decisiones en la materia, ya que actualmente contamos con un sistema fraudulento instalado en el país que es avalado y solapado por las instituciones electorales, si no avanzamos, si no aprovechamos este momento de rebelión ciudadana, este sistema va a volver al cauce del fraude, la simulación y el derroche”.

"Reforma electoral implica revisar las figuras de democracia directa y comunitaria"

El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que una reforma electoral implicaría revisar las formas de democracia directa y comunitaria, porque no sólo se trata de analizar el sistema electoral.

Al participar en la mesa “Obligaciones de partidos” de los Foros de parlamento abierto para la Reforma Electoral y del Estado, el legislador resaltó la asistencia de todas las fuerzas políticas. “También se pueden sumar aquí las comisiones y quienes quieran contribuir”.

“Nosotros tenemos algunos proyectos que me parecen indispensables: el del federalismo y municipalismo y el de la política exterior del Estado. Sobre la reforma del Estado hay que seleccionar los temas, porque en estos foros se han vertido muchos”.

Por su parte, el diputado de Morena, Pablo Gómez Álvarez, en representación de la presidenta de su partido, Yeidckol Polevnsky, llamó a todas las fuerzas políticas e instituciones a construir un acuerdo de civilidad, irrenunciable y sin simulaciones en torno a la reforma electoral, pues, dijo, no se pretende acabar con la democracia representativa, sino reivindicarla.

Sostuvo que la austeridad republicana no es abaratar, sino evitar el derroche y la mala administración, dar el mejor uso posible a los fondos y recursos públicos, y acabar con privilegios económicos y administrativos de los poderosos y sus allegados.

“Invitamos a todos los partidos a conversar sobre este tema, así como otros muchos, con objeto de buscar un nuevo consenso sobre la autonomía, imparcialidad, apego a la legalidad y eficacia del aparato electoral del país. Lleguemos a un acuerdo, más bien, de civilidad, irrenunciable, efectiva y sin simulaciones”, subrayó.

Durante su participación en los Foros de la Reforma Electoral y del Estado, expuso que la democracia directa y participativa no elimina la representación política; crea una nueva ciudadanía al otorgarle a la gente funciones nuevas y ampliar sus derechos.

“Los ciudadanos ya no son consultados sólo en elecciones, sino sobre decisiones que afectan a muchos o a todos; así es también en la revocación de mandato, el que pone puede quitar, el que elige puede decidir”, precisó.

Gómez Álvarez puntualizó: en la medida que las democracias avanzan, la representación es menos necesaria y llegará la humanidad a tener un nivel tal de desarrollo que nadie requiera ser representado por otro; por lo pronto, la reforma electoral no pretende eliminar la democracia representativa, sino reivindicarla.

“Tenemos un servicio profesional construido que puede ser una base formidable para alcanzar las reformas más convenientes para el país, aquellas que aconsejen los consensos basados en la crítica sincera de la realidad que hoy tenemos”, comentó.

Morena, resaltó, no busca “reproducir el método de hacerse representar con voto de manera oficiosa en el órgano de gobierno del INE señalada como independiente e imparcial de carácter electoral. Eso lo han hecho otros” y convocó a avanzar hacia un proceso crítico que conduzca al consenso.

“Vamos a hacer una relación que tenga soporte documental, vamos a unas negociaciones en búsqueda de un consenso, que cierre el paso a inventar intenciones ocultas”, señaló.

“Estamos abiertos a la búsqueda sincera, crítica, verdadera, comprometida de un consenso para hacer una reforma de Estado y una reforma electoral, para tratar de hacer avanzar la democracia como la ciudadanía mexicana ha expresado de mil formas que desea que se haga”, insistió.

El presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, consideró viable reincorporar la segunda vuelta electoral para elección de gobernadores y Presidente de la República. “México es de los pocos países con un sistema presidencial que no contemplan esta figura, lo cual permite que el ganador de la elección presidencial o de gobernador no tenga una mayor legitimidad y apoyo ciudadano”.

Subrayó que nunca en una reforma electoral se vivió un avasallamiento y eso es algo que se debe cuidar, que no debe ocurrir. “Siempre se privilegió el proceso constante de diálogo y de construcción de acuerdos muy amplios”.

Otro punto relevante, agregó, es la proporcionalidad; es decir, que el porcentaje de votación que obtenga un partido en el Poder Legislativo se traduzca lo más fielmente posible en su representación parlamentaria y que no se distorsione la voluntad ciudadana. “El ejemplo más reciente: hoy Morena en esta Cámara Diputados tiene el 51.4 por ciento de los asientos, habiendo obtenido como partido el 41 por ciento de la votación total válida emitida”.

Dijo que la reforma necesaria y urgente es la de lograr una correspondencia real entre los votos emitidos y los asientos legislativos, a fin de que los espacios en los órganos de representación reflejen fielmente la preferencia de los ciudadanos.

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, advirtió que la reforma política que se pretende “surge por primera vez en la historia de la democracia mexicana desde la hegemonía del poder presidencial”. Se debe plantear qué se busca, ya que no queda claro que sea un objetivo amplio, compartido, que amerite abordarlo.

Consideró que reducir o eliminar a los legisladores plurinominales implicaría regresión y riesgo de sobrerrepresentación de las mayorías electorales. Subrayó que se puede hacer más racional el sistema de partidos, pero hay que replantear la fórmula de asignación del recurso público. Planteó cambiar el tope de recursos privados que se pueden recibir, siempre y cuando sea fiscalizado, transparente y que cada partido pueda acceder a un mayor porcentaje de fondos públicos, para no arriesgar la totalidad de sus funciones y el pluralismo político.

Resaltó que al reducir o eliminar a los consejeros electorales o de los OPLE, se estaría ante el peligro de subvertir el sistema federal. Propuso evaluar lo que hacen esos organismos, reducir duplicidades y revisar el número de magistrados locales, pero con criterios demográficos, geográficos, que atiendan la complejidad y pluralidad política de cada región.

La revocación de mandato y la consulta popular no están planteadas hoy como figuras que empoderan a los ciudadanos, sino que “buscan apuntalar y atrincherar al Poder Ejecutivo, subvirtiendo la representación que manda la Constitución, y subvirtiendo el principio de pluralidad”. Se pronunció por una democracia eficiente, cercana, de calidad y que empodere al ciudadano. “Y para eso necesitamos instituciones fuertes, un sistema de partidos fuerte, un sistema político-electoral que garantice los principios democráticos”.

El coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, José Clemente Castañeda Hoeflich, consideró que no hay claridad sobre los objetivos normativos y lo que se quiere corregir; pero en lo que sí hay es el intento por introducir la revocación de mandato “para que el presidente pueda hacer campaña política en el 2021. Pero, fuera de ese objetivo político particular, no estoy muy claro de qué es lo que se quiere corregir del sistema electoral”. Estimó que el peligro radica en provocar consecuencias imprevistas y “daños irreparables al sistema democrático”.

Dijo que su partido identifica como problemas el derroche de recursos públicos y el desencanto de los ciudadanos; por ello, se pronunció por discutir una reforma que permita combatirlo y recuperar el encanto ciudadano sin alterar los principios democráticos. Precisó que bajo ninguna circunstancia se debe poner a competir en el contexto de una reforma electoral, los principios democráticos de equidad, pluralismo, representatividad, certeza, transparencia e, incluso, austeridad.

Se pueden tener elecciones más baratas y menos burocracia electoral, pero nunca a cambio de la independencia y profesionalización de las autoridades electorales. Consideró que puede haber avances en la regulación e implementación de la urna electrónica. Asimismo, eliminar el monitoreo de medios que realiza el INE, transitando, al mismo tiempo, a un modelo de comunicación menos espotizado y más liberal.

Sostuvo que hay posibilidades de un sistema de partidos menos costoso, pero garantizando la equidad en el acceso a los recursos. Consideró que otro modelo de comunicación política radica en cambiar los spots por ideas y que el modelo de distribución de tiempos en radio y televisión sea totalmente equitativo. Además, dijo, es posible un Congreso que cueste menos, pero sin destruir la pluralidad política y sin fórmulas que construyan mayorías artificiales. Estimó que se puede legislar la revocación de mandato, pero siempre como mecanismo de control democrático y no a manera de instrumento de campaña permanente.

Alberto Anaya Gutiérrez, presidente del Partido del Trabajo, argumentó que hoy se abrió una nueva etapa, y no sólo se quiere un cambio de gobierno, sino de régimen auténticamente democrático, y externó su preocupación respecto de que desde 1996 a la fecha se ha visto “una cerrazón de espacios democráticos, porque cada vez que se habla de reforma electoral es cerrar espacios de participación electoral y restringir”.

Dijo que es grave el pretexto de reducir el financiamiento público a los partidos políticos. “Somos partidarios de que no haya financiamiento privado, que todo sea público, porque que se trata de que los gobernantes y los representantes populares lleguen sin compromisos con poderes fácticos; ése es el problema, que sólo le deban al pueblo y a la ciudadanía su posibilidad de participar en la vida democrática, porque luego salen más caros”.

Externó el peligro de reducir el sistema de participación bajo el principio de representación plurinominal, ya que es una regresión grave. “Pugnamos por fortalecer, no reducir el número de diputados, sino crecer el número, ya que las y los diputados van ligados a la participación y a la representación popular. Somos partidarios de que se mantenga la pluralidad en los municipios y los cabildos”.

Precisó que su partido está a favor de una administración más racional de los recursos que se destinan a los partidos, pero empezando por el INE. “Creemos también que la reducción de presupuestos con racionalidad debe pasar por mayor equidad; estamos a favor de que el recurso financiero sea igualitario y estamos a favor de que la participación en medios de comunicación sea igualitaria. Queremos piso parejo para que la democracia sea verdadera y dejemos de lado la República simulada”.

Camerino Márquez Madrid, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, señaló que su partido, a lo largo de sus 30 años de existencia, ha logrado construir y aportar a las instituciones democráticas del país. “Recordar la historia de las autoridades electorales implica reconocer la autonomía y participación de los ciudadanos para tener confianza en ellos, y hacer de la política una realidad de participación social ciudadana y no del gobierno”.

Pugnó por honrar los principios en materia electoral, ya que equidad, legalidad, imparcialidad y máxima publicidad, son elementos que han dado certeza a la vida política.

El INE, dijo, ha sido el esfuerzo de la Reforma Electoral de 2014, que logró mayores alternancias en la democracia moderna. “No podemos cambiar lo que funciona bien. Debemos reconocerlo, optimizar recursos, desde luego, pero también recordemos que el tema de la fiscalización se incluyó justo por los excesos del partido en el gobierno, por la cantidad de recursos en los monederos electrónicos”.

Mencionó que no se puede retroceder a un sistema electoral regresivo, autoritario y centralista que ejerce el recurso público para control político de las instituciones. “Necesitamos construir más sobre la base de estos principios rectores en la materia electoral, y garantizar más independencia, autonomía, certeza, y, sobre todo fortalecer la participación cívica de los ciudadanos”.

El presidente Nacional del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, se pronunció a favor de que los partidos políticos entiendan que deben estar al servicio ciudadano y no a la inversa. “La ciudadanía nos ha demandado de manera muy clara elecciones más baratas. Debemos disminuir el financiamiento de los partidos políticos, claro que sí; se requiere un rediseño institucional que haga más eficientes los procesos, eliminar la burocracia, facilitar la participación electoral, promover e incentivar una mejor participación ciudadana”.

Se manifestó por analizar la viabilidad de cambiar la fecha de las votaciones para que no sea en un domingo sino un día a mitad de semana; analizar la posibilidad del voto obligatorio; tener procesos menos costosos, disminuir el financiamiento público a partidos, buscar un esquema más equitativo e igualitario, revisar el diseño institucional de la autoridad electoral, hacerlo más eficiente con menos burocracia y sencillo. “Hay que valorar el voto, a través de una urna electrónica, ya que sería una medida a favor del medio ambiente”.

Resaltó que es fundamental revisar la permanencia de los órganos locales electorales y de los tribunales locales electorales, “que sería más caro, pues nada más estaríamos cambiando el dinero de una bolsa a la otra, porque la realidad es que desde aquí se les da suficiencia presupuestal a las entidades federativas y estos acaban manteniendo a los órganos locales electorales. Les exigimos autonomía e independencia, pero los mandatamos a cumplir a través de una dependencia económica”.

Indicó que es trascendental tener mayor igualdad y equidad de participación electoral, así como una correcta rendición de cuentas. “Pasemos de un sistema electoral basado en la desconfianza a uno de la igualdad, confianza y eficiencia. México hoy vive una democracia y debemos fortalecerla y adecuarla a la actualidad, al momento político que hoy vivimos. Transitemos hacia una más plena y menos costosa”, afirmó.

“El hecho de que no tengamos una crisis post-electoral o falta de legitimidad del Presidente, que es lo que antes generaba las grandes reformas electorales, no debería generar una pasividad.”

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