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POLEMIZAN MORENISTAS, INE Y OPOSICIÓN CON REFORMA POLÍTICA

Polemizan morenistas, INE y oposición con Reforma Política
Con desaparición de OPLEs, partido oficial prevé ahorros de entre 7 mil y 9 mil mdp "en años no electorales"; acusan que revocación de mandato y eliminación de OPLEs buscan control gubernamental
19.06.2019 12.00 AM

Los dirigentes nacionales del PAN, PRI, MC y PRD rechazaron la reforma electoral propuesta por Morena, ya que aseguran, carece de consensos, vulnera la autonomía de organismos y debilita la democracia.

Se pronunciaron en contra de la aprobación de la minuta de revocación de mandato que se prevé discutir mañana jueves, en el Senado de la República; coincidieron en que este instrumento debe ser propuesto por ciudadanía y no por el gobierno federal.

En conferencia de prensa conjunta en San Lázaro, el líder del PAN, Marko Cortés Mendoza, externó su preocupación por que esta reforma electoral pretenda ser la primera reforma político electoral impulsada desde el gobierno “con la intención de concentrar y manipular el poder”, a diferencia de las anteriores que siempre lo han sido desde las minorías o la oposición.

“Por ello es que hoy partimos, de mínimas coincidencias, cuatro partidos aquí presentes para preservar las instituciones, los equilibrios de poder y para que no se apruebe una revocación de mandato, que sería un acto de campaña del poder presidencial”, aseveró.

Resaltó que el actual modelo democrático es perfectible, hay que reconocer que ha permitido la alternancia de diferentes fuerzas políticas a nivel federal, por lo tanto, cuenta con la credibilidad de la sociedad.

En declaraciones a la prensa, tras participar en el Foro para reforma electoral, aseguró que el planteamiento de desaparecer los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs), y de sustituir a los consejeros de Instituto Nacional Electoral (INE), es un intento del gobierno federal de debilitar las instituciones y los órganos autónomos. “Se debe buscar cómo generar ahorros, sin debilitar los contrapesos, ni a los árbitros de la elección”.

Cortés Mendoza dijo que además de retirar la minuta para la revocación de mandato, la cual sería “completamente injusta” en un proceso electoral, se debe desechar la idea de que ésta la promueva el partido en el gobierno.

En la rueda de prensa, calificó de “burdo” y “absurdo” que el titular del Poder Ejecutivo quiera aparecer en la boleta electoral; avalaríamos la revocación de mandato, sólo si es a petición de la sociedad o de los partidos de oposición, no para que sea “una confirmación de mandato”

Claudia Ruiz Massieu Salinas, presidenta nacional del PRI, sostuvo que, si se pretende reducir el costo de nuestra democracia, se debe abordar el tema desde una perspectiva integral, estudiando cómo podemos hacer más eficientes los distintos órganos del sistema político electoral mexicano.

La reforma que se presenta “carece de consensos y de un objetivo que podamos compartir”, comentó.

Sostuvo que “no podemos aceptar planteamientos a priori que establezcan la reducción a rajatabla de recursos para los partidos políticos”, porque representan la pluralidad; tampoco se puede desaparecer los OPLEs, ya que iría “en contra propuesta al sistema federal”.

Respecto de la revocación de mandato, aseveró que su partido no apoyará la propuesta del Ejecutivo federal, porque “parece una ratificación de mandato”; sin embargo, dijo, apoyarían la propuesta si fuera “un instrumento en manos de la ciudadanía y no del gobierno; que tenga umbrales claros tanto para poderlo pedir como para poder generar vinculatoriedad”.

El dirigente nacional de MC, José Clemente Castañeda Hoeflich, expuso que hasta este momento, “no está del todo claro” la intención de la citada reforma; la única intención donde existe claridad, “son los relacionados con la revocación de mandato”.

“Una reforma electoral debe atender y resolver problemas de carácter estructural y no puede ser un conjunto de ocurrencias. Además, debe partir del principio y de la posibilidad de construir un amplio consenso sobre los temas”, abundó.

En declaraciones a la prensa, consideró que si Morena quiere ir a un proceso de reforma se tiene que abrir la discusión a otros temas como acabar con la “spotización” durante las campañas, lo que “sería muy sano para la vida pública”.

Además, dijo que el gobierno federal tiene “profundo desprecio por los organismos autónomos”.

Desde el Senado de la República los grupos parlamentarios de oposición, frenarán la minuta de revocación de mandato, “la cual seguramente no contará con las dos terceras partes” del Congreso para ser avalada, y buscarán que se haga una amplia discusión en esta materia, reiteró.

Aclaró que existe el interés de ir a una discusión seria sobre la revocación de mandato, pero que ésta sea un instrumento de empoderamiento ciudadano, de control democrático y no una concesión del gobierno.

Ángel Ávila Romero, integrante de la dirección nacional extraordinaria del PRD, indicó que con la reforma electoral está en riesgo la democracia del país, además, “se busca debilitar a las instituciones”.

“La coincidencia democrática está aquí, entre cuatro partidos, no vamos a permitir que el gobierno, a través de su partido, controle los procesos electorales, vamos en el Senado de la República y la Cámara Diputados a dar la batalla. No queremos una reforma electoral como la del 2004, queremos una reforma como la del 2013 donde avanzamos, controlando a los poderes fácticos”, agregó.

Posteriormente, refirió que el financiamiento público debe revisarse de manera integral, no sólo el gasto de los partidos políticos, sino también de las salas estatales, regionales, entre otros. “Es decir, es una revisión del gasto electoral que, evidentemente, hay que bajar”.

La oposición no permitirá “un austericidio democrático, porque no se tiene que matar la democracia que tanto nos ha costado a todos los mexicanos”, expusieron.

El martes, el diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena) señaló que con la eliminación de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs) se generaría un ahorro de entre 7 mil y 9 mil millones de pesos en un año sin proceso electoral; y con proceso, de casi 5 mil millones.

Añadió que el presupuesto para el Instituto Nacional Electoral (INE) aumentaría en un año con proceso electoral, pero si no lo hay no se incrementaría.

En declaraciones a la prensa, al concluir una mesa de análisis en los Foros de la Reforma Electoral y del Estado, que se realizan en la Cámara de Diputados, aseveró que con estas medidas no se va a poner en riego la efectividad y certeza de los procesos electorales. “Vamos a revisar el gasto; no se va poner en riesgo nada”.

Informó que la próxima semana, los días 24, 25 y 26 de junio, se realizarán mesas de análisis de la reforma en materia electoral con consejeros del INE, de los OPLEs y con magistrados de tribunales electorales.

“El 24 será con consejeros del INE, reunión de trabajo; 25, con los OPLEs, y 26, con los tribunales”, indicó el legislador en declaraciones a la prensa,

Dijo que las reuniones del 25 y 26 serán en las instalaciones del Palacio Legislativo; respecto del encuentro con consejeros del INE aún está por definirse.

Gutiérrez Luna subrayó que el ejercicio de Parlamento Abierto que se lleva a cabo para construir la reforma electoral, tiene como principal objetivo contrastar ideas y lograr un consenso.

“Que opiniones divergentes nos lleven a generar consenso para tener una reforma del Estado y electoral que México necesita para fortalecer las instituciones y poder tener un marco jurídico que dé certeza y legalidad a las elecciones, escuchando a todos”, puntualizó.

“Nosotros estamos por llevar esta reforma electoral con consenso; necesitamos a las fuerzas políticas. Estamos por fortalecer la certeza y legalidad de los procesos e instituciones electorales; pero lo que se propone es revisar el costo para tratar de optimizar esos procesos y que sigan siendo igual de eficaces”, añadió. 

"Desaparición de OPLEs vulneraría la autonomía del sistema electoral"

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que si desaparecen los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs) se provocaría una vulneración directa a la autonomía del sistema electoral y una cooptación política de las autoridades electorales.

“Desaparecer los OPLEs y sustituirlos por consejos locales del INE, nombrados desde la Cámara de Diputados, no sólo se generarían problemas operativos, sino que habrá una vulneración directa a la autonomía del sistema electoral y una cooptación política de las autoridades electorales”, aseveró.

Lo anterior, al participar en la mesa de análisis “Reforma de órganos electorales” del Foro para la reforma electoral, efectuado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Indicó que desaparecer los OPLEs implicaría que el INE organice todo, para ello “debe transformarse o refundarse ampliando sus estructuras en los estados, incrementando sus capacidades operativas y, por lo tanto, necesitará más recursos”.

“Tal como hoy está diseñado el INE no puede organizar simultáneamente las 32 elecciones locales y además las federales, como ocurrirá, por cierto, por primera vez en 2021”, señaló el consejero presidente.

Por otro lado, agregó que desaparecer o reducir la representación proporcional, “digamos que es políticamente indeseable e históricamente contradictoria”.

“Eliminar o disminuir dicho mecanismo mina el carácter incluyente de nuestro sistema político y restringe el espacio que tienen, que deben tener en democracia las minorías para participar en la toma de las decisiones”.

Subrayó que la representación proporcional “es una conquista de los reclamos democráticos para garantizar el pluralismo…Más bien debería pensarse en cómo se incrementa la cuota proporcional o avanzar hacía el ideal democrático de la plena proporcionalidad”.

Córdova Vianello propuso, para reducir costos, se modifique la Ley General de Partidos Políticos “para establecer que se multiplique el padrón de cada estado por el 30 por ciento, y no el 65 por ciento como ocurre; se estarían reduciendo en el plano local casi 2 mil 500 millones de pesos al año”.

Por otro lado, añadió, la urna electrónica “ahorraría recursos en el trabajo de campo, capacitación electoral, integración de casillas, documentos y materiales electorales, el PREP, así como en cómputos distritales y recuentos; sólo en elecciones federales serían ahorros de 4 mil 500 millones de pesos”.

Abundó que con estas dos propuestas se podrían ahorrar casi 7 mil millones de pesos.

Confió en que los resultados de los foros privilegien la funcionalidad del sistema electoral, cuyos resultados han sido clave para la paz pública, la estabilidad financiera del país y el reconocimiento internacional de la democracia mexicana.

Por su parte, durante su intervención, el secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, señaló que la concentración del quehacer electoral, tanto federal como local, en una sola autoridad generaría condiciones poco propicias para atender con oportunidad y certeza los resultados de una jornada electoral.

Destacó que la importancia de los OPLEs radica en atender la especificidad de la norma electoral en cada entidad, atendiendo los ámbitos distritales locales y municipales.

“Nadie puede, ni debe negarse; sin embargo, afectar negativamente el sistema electoral sería un gran retroceso en nuestro país, cambiar sin un diagnóstico integral, pone en riesgo un engranaje que no se inventó en un día, que ha sido confeccionado y probado a lo largo de cuatro décadas brindando estabilidad política al país”, argumentó.

México está llegando a un punto de “madurez política” para elaborar una reforma electoral definitiva: José Agustín Ortiz

El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), José Agustín Ortiz Pinchetti, aseguró que México está llegando a un punto de “madurez política” para elaborar una reforma electoral definitiva que cuente con el consenso de todos.

A partir de las elecciones federales de 2018 y las del 2 de junio de 2019 “se ha producido un cambio, y está pasando casi inadvertido, estamos viviendo realmente el primer momento en que los gobiernos no interfieren” en los comicios, sostuvo, al participar en el Foro para la reforma electoral, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Si estas características “de juego limpio se repitieran en las (votaciones) de 2021, donde va haber una elección general, pues podríamos estar felicitándonos unos y otros (…) porque la democracia finalmente está echando raíces en México”.

“Valdría la pena reflexionar sobre este elemento clave para integrarlo al propósito sano de hacer una doceava reforma electoral; creo que ya estamos llegando a un punto de madurez y nos podemos dar el lujo de hacer una reforma definitiva con el consenso de todos”, destacó el fiscal.

Precisó que en los últimos dos procesos electorales han ido a la baja la cantidad de denuncias, incidentes e impugnaciones; el pasado 2 de junio de 2019, la Fepade recibió 72 de los cuales más de la mitad estaban fundadas en hechos falsos, éstos “son los resultados propios de un sistema maduro en lo político”.

Reconoció que la participación ciudadana fue escasa, “pero los que acudieron a las urnas (lo hicieron) con una sensación de seguridad”, fueron unas elecciones “tranquilas y en paz, muy distintas a las elecciones mexicanas típicas”.

"La reforma electoral debe respetar autonomía judicial"

El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, se manifestó porque la reforma electoral respete la autonomía judicial. “Sería inaceptable cualquier intromisión de un poder hacia otro, pues esto rompe el sistema de pesos y contrapesos que dicta la Constitución”.

En los foros de Parlamento Abierto de la Reforma del Estado y Electoral, consideró que la propuesta de reforma para modificar la composición de la Comisión de Administración del Tribunal, es innecesaria y podría atentar contra la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, si no cuenta con un diseño adecuado.

Precisó que esta propuesta es que la Comisión cambie su nombre por el de Consejo de Vigilancia y se integre por el magistrado presidente y un magistrado, ambos de la sala superior; un magistrado de sala regional por insaculación, pero, dos consejeros independientes que nombrará la Cámara de Diputados.

Durante la mesa “Reestructuración y vigencia de autoridades jurisdiccionales”, Fuentes Barrera hizo votos para que haya coherencia, uniformidad y certeza en la justica electoral de México. Se puede alcanzar si se establece un Código Nacional en donde se definan las reglas procesales comunes de aplicación para todos los Tribunales Electorales del país; es urgente la actualización de la Ley de Medios de Impugnación vigente, pues ha sido rebasada, advirtió.

Propuso crear un sólo juicio para combatir actos y resoluciones electorales, pues la diversidad que existe en la actualidad genera gran confusión que atenta contra el recurso judicial efectivo; se debe aprovechar las innovaciones tecnológicas y crear el juicio electoral en línea, lo que permitirá aplicar la austeridad, integrar y resolver con mayor rapidez los juicios, ahorrar recursos materiales y humanos, facilitar a la ciudadanía el acceso real y efectivo a la justicia, y transparencia total del expediente.

Puntualizó que la imparcialidad, independencia y la autonomía judicial tienen una especial relevancia para los Tribunales Electorales. “De nada sirve un sistema de normas constitucionales y legales si orientan y limitan la actividad del poder público, si en la etapa de aplicación del derecho los actores políticos influyen en la resolución de los litigios. El Tribunal Electoral se legitima a partir de la percepción de los ciudadanos de que actuamos con independencia e imparcialidad protegiendo los derechos, principios y valores tutelados en la Constitución”.

En el avance democrático del país, expuso, el Tribunal Electoral “ha desempeñado un papel de primer orden; sus aportaciones pueden valorarse en el número y la calidad de sus resoluciones. La justicia electoral es relevante en la vida política del país porque genera estabilidad y previsibilidad en las decisiones judiciales y, con ello, se facilita el adecuado acceso al poder público”.

Desde su creación, expuso, el Tribunal ha resuelto más de 200 mil juicios. Tan sólo, entre noviembre de 2016 y diciembre de 2018 se han resuelto cerca de 29 mil asuntos. Lo que es un promedio de 255 por semana. Las sentencias han sido en el sentido de darle la razón por igual a los diversos partidos políticos, sin importar quiénes fueron parte de los juicios sino sólo se tomen en cuenta los argumentos de derecho y las pruebas ofrecidas; debemos conservar los avances conseguidos”.

Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, subrayó que es necesario derogar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, porque data de 1996 y no ha tenido mayores reformas, no es acorde con el paradigma de justicia abierta, ni responde a las nuevas ideas de derechos humanos y de justicia incluyente. “Es una ley vieja”.

Planteó crear un nuevo ordenamiento de enjuiciamiento electoral y responder a cuatro paradigmas: justicia simple, ciudadana, moderna e incluyente. “Hoy tenemos un sinnúmero de recursos y juicios, sería mejor hacer una justicia fácil de entender para los ciudadanos”.

Además, dijo, debe mejorar el sistema de nulidades de elección, pues no está previsto el tema de violencia política de género y otras causales, como es la violación al principio de la Iglesia y del Estado. “Es prioritario tener una justicia ciudadana; regular las audiencias públicas y hacer síntesis de las sentencias. Al sistema le faltan medidas reparatorias y medidas de no repetición”.

Mónica A. Soto Fregoso, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisó que el modelo de juicio en línea permite que las sustentaciones completas de los mecanismos de defensa se lleven a cabo a través de esta modalidad y facilitando que las partes involucradas puedan consultar en tiempo real la documentación.

Se busca acercar la justicia electoral a la ciudadanía, pues ha implementado herramientas para maximizar el ejercicio de una tutela judicial efectiva. “Me parece que sí podemos seguir avanzando a un establecimiento en la ley para que se garantice el acceso, el cual va fortalecido con los avances de la tecnología en los órganos de impartición de justicia”.

Añadió que un juicio de línea debe contemplar que la presentación sea optativa y no dejarlo a una obligatoriedad; se especifique que la interpretación y presentación de toda promoción deba contener la firma electrónica; favorecer y permitir adjuntar archivos; establecer un sistema de notificaciones, así como implementar un expediente físico y alterno al electrónico. “El juicio en línea es una opción tecnológica que está dando resultados positivos y evita un cargo extra; en materia electoral, permitirá a las mujeres presentar las demandas que aduzcan violencia política por razón de género”.

El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, Jaime Vargas Flores, planteó que los supuestos en que procede el juicio para la protección de derechos políticos del ciudadano, contemplado en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación, se resuelva a favor de los tribunales locales; lo que, agregó, redundará en que el ciudadano tenga acceso de primera mano a la impartición de justicia constitucional, sobre todo, en casos promovidos por un elector con intereses jurídicos para hacer valer presuntas violaciones a su derecho político electoral, así como de votar y ser votado.

Consideró oportuno que los tribunales electorales estatales atiendan temas reservados al ámbito federal. Es indispensable transitar al esquema básico mediante competencia local para que se conozca de manera directa del juicio ciudadano en los tribunales locales a fin de que, eventualmente, las salas regionales se conviertan en revisoras de sentencias.

La magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, Carmen R. Salazar Campillo, puntualizó que se debe impulsar el federalismo judicial a fin de fortalecer a los tribunales locales, porque es importante que el juez esté cerca de la gente porque al conocer la idiosincrasia de los justiciables podrá resolver mejor sus asuntos.

Subrayó que es fundamental fortalecer a los tribunales locales como organismos autónomos porque inciden directamente en la consolidación de la democracia.

El magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, José Ramírez Salcedo, llamó a terminar con las lagunas electorales en términos de propaganda. “Creo que las únicas lagunas que se deben de secar son las mentales y jurídicas; en este sentido, podríamos hablar de desecar algunas como son, la necesidad de legislar sobre lo que no se ha hecho en términos de propaganda electoral, porque, al no estar legislado correctamente, nos limitan y obligan a quedar fuera”.

Asimismo, se unió a la exigencia de conservar la autonomía, independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Agregó que la participación ciudadana y el federalismo son una realidad que expresa demandas claras e impostergables. “Estoy convencido de que los gobernantes, legisladores, juzgadores y todos los servidores públicos debemos estar conscientes y al pendiente de no confundir la opinión pública con la opinión publicada y darle a cada una de ellas su debida ponderación”.

Armando Hernández Cruz, presidente de la Asociación de Magistrados y Magistradas, propuso la creación de un sistema nacional de justicia electoral, el cual considere tanto a la Sala Superior, las regionales y a las de las entidades federativas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y opere por medio de un solo código que regule los procesos electorales jurisdiccionales.

Añadió que es preciso incorporar criterios de ética judicial y justicia abierta, ya que si bien los modelos actuales garantizan la ética de funcionarios, hay necesidad de establecer modelos de designación.

César Lorenzo Wong Meraz, presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de Chihuahua, expresó que los organismos locales son las autoridades judiciales más cercanas a la ciudadanía y salvaguardan el derecho político-electoral. “Estamos conscientes que los cambios son necesarios, pero hay modificaciones que deben realizarse antes que intentar desaparecer un pilar democrático, por qué desaparecer, cuando se puede fortalecer”.

Resaltó que de los tribunales de las entidades federativas, el 70 por ciento actúa como autoridad primaria y única; es decir la ciudadanía cree y apoya sus determinaciones y del 30 por ciento restante que es impugnado ante la sala regional o superior, se posee una confirmación de 93.9 por ciento y el porcentaje de efectividad aumenta hasta un 98 por ciento cuando se va a juicio de inconformidad o nulidad de votación o elección.

"Consulta de revocación de mandato del presidente debe realizarse al término del primer trienio de su gestión para desvincularla de cualquier tema electoral"

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (PAN), consideró que la consulta de revocación de mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador debe realizarse al término del primer trienio de su gestión para desvincularla de cualquier tema electoral.

“Estamos de acuerdo con el mecanismo de revocación de mandato, pero a la mitad de su gestión, no en un proceso electoral, este es un principio del cual no nos vamos a hacer a un lado”, indicó en declaraciones a la prensa.

Espadas Galván precisó que la revocación de mandato “no es una consulta, este mecanismo solo podría ser legal si está contenido en la Constitución”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que, para evitar que coincida la consulta de revocación de mandato con elecciones intermedias, ésta se adelante para el 21 de marzo del 2021.

El diputado panista aseguró que este tipo de consultas se tienen que dar, pero perfectamente bien reguladas y con un método establecido en la Constitución. “No es posible que preguntemos a mano alzada como sucedió en Durango para terminar con la decisión de no asignar presupuesto a la ampliación de Metrobús en la entidad”.

Señaló que el intento del presidente por estar en campaña durante un proceso electoral (intermedio), “siempre va a ser una intromisión del Estado y eso se lo tenemos que reprobar a quien sea, y hoy lo está pretendiendo hacer el señor presidente y esto es una intromisión”.

“El partido político Morena tiene que poder procesar sus campañas electorales sin la cobertura o el apoyo del presidente de la República; no entenderíamos un Estado democrático donde el (Ejecutivo federal) se mantenga en campaña con la búsqueda de lograr más curules en el Congreso de la Unión”, dijo.

Comentó que actualmente el grupo parlamentario de Morena tiene una representación muy por encima de lo que establece la Constitución, la cual prohíbe estar sobre representados más allá del 8.0 por ciento.

Respecto de cuáles serían los riesgos de la regresión que en aras de la austeridad se pretende incluir al INE, Espadas Galván comentó que el tema de la democracia es una utopía que se tiene que ir perfeccionando cada día, “no podemos apostarle a la disminución de recursos en contra de la certeza electoral”.

“No podemos mantener la austeridad en la certeza electoral, este país va a entrar en crisis cuando las elecciones no generen certeza y si nos queremos ahorrar recursos, estamos dinamitando la vida electoral de este país”, abundó.

Espadas Galván advirtió que el tema de la austeridad es un asunto “que tenemos que ver con mucho cuidado, no nos podemos oponer a la austeridad, pero tenemos que oponernos al austericidio”.

"Propuesta de adelantar consulta de revocación de mandato pretende que proceso electoral de 2021 sea inequitativo"

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, aseguró que la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de adelantar la consulta de revocación de mandato para el 21 de marzo de 2021, pretende que el proceso electoral de ese año sea inequitativo.

“Es finalmente una posición de querer aparecer en la boleta y poder incidir en el proceso electoral”, destacó en declaraciones a la prensa.

Señaló que para la citada fecha ya estará en marcha el proceso electoral de los comicios del 6 de junio de 2021, con las que se renovarán gubernaturas y diputaciones; por lo tanto, el planteamiento del Ejecutivo “lo único que pretendería es que haya elecciones inequitativas entre todos aquellos que pudiéramos competir”.

La legisladora consideró que la revocación de mandato debe de ser un derecho de los gobernados, no una decisión de los gobernantes, ya que existe un mandato constitucional que fue expresado en las urnas, en donde dice que la Presidencia de la República es por seis años.

Cuestionada sobre la investigación que realiza Estados Unidos al ex presidente Enrique Peña Nieto por recibir un presunto soborno en la compra - venta de Fertinal, realizada por Petróleos Mexicanos (Pemex), Juárez Piña lamentó que sea en otros países en donde se presenten acciones contundentes por actos de corrupción en México.

“Me parece una incongruencia que sean finalmente otros países en donde sí se presenten las denuncias” (…) Y que no sea este gobierno, quedó en una promesa de campaña” del Presidente López Obrador.

Además, exhortó al titular del Ejecutivo a que respete a las instituciones y no defina el rumbo del país con consultas “a modo o a mano alzada”, como pretender que, si el pueblo se lo pide se investigará todo el periodo neoliberal.

“El Presidente de la República está obligado a respetar las instituciones, pero también a que éstas funcionen de manera adecuada, no a partir de posiciones unipersonales y de posiciones que finalmente puedan estar reflejando a las acciones que tienen los dictadores”, manifestó.

Adelantar consulta de revocación de mandato tiene propósito de incidir en las elecciones intermedias federales

La diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) consideró que el planteamiento del Ejecutivo federal de adelantar la consulta de revocación de mandato para el 21 de marzo del 2021, tiene el propósito de incidir en las elecciones intermedias federales, con las que se renovará la Cámara de Diputados.

En declaraciones a la prensa, en el marco de la Comisión Permanente que sesiona en el Senado de la República, la diputada federal rechazó que esta consulta se trate de un ejercicio democrático, consideró que es un “refrendo de su mandato”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que, para evitar que coincida la consulta de revocación de mandato con elecciones intermedias, ésta se adelante para el 21 de marzo del 2021.

El titular del Ejecutivo concibe este ejercicio como “un refrendo de su mandato (…) O sea, como quien dice, a darle una refrescada al gobierno, y más en vísperas de un proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados, que por cierto, se haría el primer domingo de junio, ¿qué les parece como inicio de campaña?”.

Cuestionada sobre la postura de empresarios respecto al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Sauri Riancho dijo que éste “no reúne los requisitos fundamentales que señala la Constitución y la Ley de Planeación”.

Además, adelantó que no contempla “absolutamente nada que tenga que ver con el enfoque de género transversal, en todo el Plan, no existe”.

“Si las características de juego limpio de 2018 se repitieran en 2021, pues podríamos estar felicitándonos unos y otros porque la democracia finalmente está echando raíces en México.”

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