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ADVIERTEN QUE GUARDIA NACIONAL ES UN BRAZO ARMADO DE CONTROL Y SOMETIMIENTO POLÍTICO

Advierten que Guardia Nacional es un brazo armado de control y sometimiento político
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Nace, en términos sociales y políticos, como una semilla de riesgo autoritario y de usos represivos, mencionó el especialistas Eruviel Tirado; emiten expertos recomendaciones
23.05.2019 12.00 AM

“La Guardia Nacional es civil por mandato constitucional. Todas las normas que la regulan y los procesos que la hagan operativa deben ser controlados por la autoridad civil y por procesos de supervisión internos y externos que además involucren a la ciudadanía. Lo contrario sería traicionar el mandato constitucional”; es una de las 12 conclusiones principales emitidas durante la Clausura de la “Conferencia Internacional Seguridad Ciudadana: la vía civil”, organizada por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y otras instituciones.

Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, fue el encargado de dar lectura a dichas conclusiones.

La política de seguridad pública, enfocada principalmente en el uso de la fuerza y la intervención militar, no ha sido la vía eficaz para recuperar la seguridad y la paz.

La vía de recuperación de la seguridad y la paz es la seguridad ciudadana, paradigma que debe también ser sometido a debate en sus alcances, y que coloca en el centro a las personas y sus derechos fundamentales, privilegia la mayor inversión posible en la prevención y construye instituciones policiales auténticamente orientadas al servicio y la protección de la gente, en especial la que se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad.

Las autoridades, la investigación científica y el activismo social deben construir procesos colaborativos sostenidos en el tiempo, orientados hacia la exploración creativa para encontrar alternativas eficaces y legítimas para la seguridad con derechos humanos. Hacen falta alternativas viables y creíbles para las mayorías.

La construcción y análisis de la evidencia debe tomar un lugar protagónico en el proceso de aprendizaje por igual de las autoridades y de la sociedad en general. Deben buscarse incansablemente los formatos de interlocución que validen colectivamente la relevancia de la evidencia para la toma de decisiones.

Las lecciones internacionales son contundentes a favor de la construcción local de la seguridad. México ya cuenta con experiencias prometedoras de seguridad en el terreno local, mismas que suelen ser invisibilizadas desde el discurso federal. Por el contrario, deben ser visibilizadas y multiplicadas y la Guardia Nacional misma debe contribuir a su fortalecimiento.

La intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública es parte de un ciclo histórico de debilitamiento civil que sólo será superado precisamente con el liderazgo civil incuestionable, no sólo sobre las políticas de seguridad, sino respecto al sistema político en su conjunto.

El eje de sentido de la seguridad ciudadana son las personas, en especial quienes están en mayor riesgo de ser o han sido víctimas de la violencia y de violaciones graves a los Derechos Humanos, y su columna vertebral es la transparencia y la rendición de cuentas. No habrá seguridad ciudadana sin aquéllas y éstas.

La Guardia Nacional y todas las instituciones policiales deben hacer parte y a la vez seguir los parámetros de una política integral de seguridad ciudadana, y no al revés. La Guardia Nacional y las instituciones policiales no equivalen a las políticas de seguridad. La política pública de seguridad debe estar a cargo de liderazgos civiles profesionales competentes para integrar una visión compleja e intervenciones precisamente complejas.

La Guardia Nacional es civil por mandato constitucional. Todas las normas que la regulan y los procesos que la hagan operativa deben ser controlados por la autoridad civil y por procesos de supervisión internos y externos que además involucren a la ciudadanía. Lo contrario sería traicionar el mandato constitucional.

La dimensión de la crisis de violencias, delincuencia y violaciones graves a los derechos humanos, debe ser enfrentada no sólo con medidas simultaneas de saneamiento y profesionalización de los aparatos de seguridad y justicia penal, lo que en especial implica el abatimiento de la corrupción y la impunidad, sino también la puesta en marcha de un proyecto de justicia transicional que implique la intervención internacional.

La Constitución ordena terminar en cinco años la intervención militar en la seguridad pública. De no haber una ruta pública, precisa, sujeta a rendición de cuentas y verificable en sus resultados para así lograrlo, estaremos una vez más ante el riesgo de prolongación de la política enfocada en el uso de la fuerza y la intervención militar.

Los sistemas interamericano y universal de los derechos humanos, desde el ámbito de sus competencias, deben cumplir un rol protagónico en la ruta de la vía civil.

En la Clausura de la Conferencia, Jan Jarab, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), dijo que las Conclusiones emitidas son muy importantes, como también lo es el proceso de seguir dialogando entre la academia, la sociedad civil organizada, la ciudadanía activa, las organizaciones internacionales y los expertos.

“Y también insistimos en el diálogo con las fuerzas políticas, con los tomadores de decisiones, hasta con las propias fuerzas armadas, porque así se construye un país y una sociedad verdaderamente democrática”.

Al término de los dos días de actividades de la “Segunda conferencia internacional. Seguridad ciudadana: la vía civil”, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), compartió que ahora queda reflexionar cómo seguir traduciendo los contenidos técnicos planteados en los paneles de la Conferencia, desde lenguajes y códigos que no apelen sólo hacia la razón y a quienes ya están convencidos de que un cambio es necesario, sino que también apelen hacia la emoción.

“Porque lamentablemente el discurso de mano dura en la seguridad lo que fundamentalmente moviliza son emociones. Y ciertamente los últimos 10 años nos ha faltado saber lidiar contra esa puesta en juego en la escena pública, del miedo, del temor y del respaldo a la represalia como única salida a la crisis de violencia que tiene el país”.

Por su parte, el Maestro David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, agradeció a las instituciones que convocaron a esta Conferencia: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Les quiero dar las gracias por participar de este esfuerzo, efectivamente, de encontrar una vía civil para garantizar la seguridad de todos los que habitamos en este país”.

Y ante el cuestionamiento de algunos círculos del gobierno de por qué la Iberoamericana se interesa en temas como el de la seguridad ciudadana, explicó que es porque en esta Universidad se entiende que la educación, la educación superior en particular, tiene que ver con construir un mundo donde haya seguridad, paz, justicia y pleno respeto a los derechos humanos; “si no, la educación no tiene sentido”.

“Construir una sociedad justa, segura, en paz, es la evaluación de la educación, y si la educación no consigue esto, la educación está fallando de alguna manera. Entonces, la justeza del saber universitario se juega en su contribución a los derechos humanos, a la paz, a la justicia, a la seguridad”.

Por ello, investigar el tema de seguridad, difundirlo y proponer derroteros o caminos para garantizarla es propio de la tarea universitaria. Y es por eso que la universidad y sus aliados en esta conferencia quieren animar la discusión ciudadana, plena, abierta, independiente, autónoma y sin intereses de carácter partidario, para trastocar, primero, la aprobación social que tiene el criterio de lucro como valor supremo que yace en el fondo de la problemática de la economía criminal; y segundo, cambiar la aprobación social al criterio de fuerza que se utiliza frente al fenómeno de la inseguridad.

Experto advierte que Guardia Nacional es un brazo armado de control y sometimiento político

La Guardia Nacional de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se apuntala como un brazo armado de control y sometimiento político, advirtió el Mtro. Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Durante su participación en la “Segunda Conferencia Internacional Seguridad Ciudadana: la vía civil”, organizada por la Ibero y organizaciones defensoras de los derechos humanos, señaló que en México, ante amenazas internas severas, los gobernantes civiles ofrecen y permiten mayor autonomía y privilegios castrenses, a cambio de lealtad política por parte de los militares, “no hay sorpresa después del 1 de diciembre pasado”, dijo.

En ese sentido, el especialista en seguridad mencionó que la Guardia Nacional nace, en términos sociales y políticos, como una semilla de riesgo autoritario y de usos represivos.

Recordó que la experiencia histórica comparada de las transiciones democráticas y de cambio de régimen demuestra que se paga un precio muy alto cuando se involucra a los militares en las batallas políticas de los gobiernos o cuando se impone un compromiso ideológico partidista.

“La coherencia interna, la eficiencia y disciplina militares simplemente se degradan y deterioran, dejando de lado su funcionalidad de defensa para convertirse en el garrote del régimen”, aseguró durante el evento en el que también participan el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ONU-DH y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

El académico señaló que este cuerpo de seguridad, desde la perspectiva integral de las relaciones civiles-militares, se trata de un error estratégico del gobierno y representa un grave riesgo para la viabilidad democrática.

Añadió que es una decisión que resulta de la presión de los tecnócratas de la seguridad, de militares y civiles que han usufructuado las crisis de violencia desde hace tres sexenios sin resolverla, y en la que se les recompensa cada vez más pese a su fracaso. Crear la Guardia Nacional como una nueva relación político-militar entre el gobierno de AMLO, su partido y las cúpulas castrenses.

Denunció que las Fuerzas Armadas no están plenamente sometidas al poder civil con transparencia y rendición de cuentas de cara a la sociedad. Añadió que el proceso legislativo de las llamadas leyes secundarias son la viva expresión de esta particular traición de una izquierda hecha gobierno.

“Estamos ante un escenario inédito: los militares se han mimetizado con el poder civil en la medida que han obtenido y ampliado prerrogativas y privilegios de carácter político leal, presupuestal; ademas de un claro esquema de impunidad ante la comisión de violaciones graves y comprobadas a los derechos humanos”, señaló.

Finalmente, el investigador aseguró que pese a que la Guardia Nacional es constitucional y será legal, no será una institución legítima de seguridad de Estado, ya que representa una condena a las nuevas generaciones a seguir contando cadáveres, desparecidos y de padecer constantes violaciones a los derechos humanos. “La izquierda mexicana en el poder se traiciona a sí misma y al país”.

Presentan investigación sobre intervención militar en la seguridad ciudadana

El objetivo del reporte es contribuir al debate público acerca de la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, mediante la identificación de la evidencia y los datos más pertinentes referentes a la forma en que actúan y el alcance de sus tareas. Para orientar la búsqueda e interpretación de la información, así como identificar aquella no indagada o discutida en público, se diseñó una matriz de análisis que cubre los diferentes ámbitos necesarios para un entendimiento amplio del fenómeno.

En su introducción, el informe señala que el inicio de la época multipartidista en México (2000 al presente) trajo consigo nuevas esperanzas para el desarrollo democrático de la nación. No obstante, las últimas tres transiciones han sido dominadas por quizás un solo tema: la inseguridad y las violencias.

La problemática de la inseguridad asociada a grupos delictivos, que dio origen a la urgente llamada a la guerra contra las drogas por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, y con ello a la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, hoy podría volverse permanente. En 2018, se registraron más de 34 mil homicidios dolosos en México, más del doble que en 2006, seguido de cuatro años consecutivos en que aumentó esta cifra.

La magnitud del daño que la violencia ha causado en el país todavía se desconoce con precisión. De 2006 a mediados de 2017, el gobierno registró el hallazgo de mil 608 fosas clandestinas en todas las entidades del país. También ha habido consecuencias en las instituciones civiles; cada gobierno ha presentado nuevas propuestas que hasta el momento no han podido resolver la violencia; sin embargo, todas han puesto a la institución militar en el centro de la estrategia.

Casi al mismo tiempo que la Suprema Corte de Justicia invalidó en su totalidad la Ley de Seguridad Interior, en noviembre de 2018, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció la iniciativa para crear la Guardia Nacional, cuerpo conformado principalmente por militares, no sólo para apoyar a la seguridad pública sino también facultado para la investigación de delitos.

Durante las Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional, celebradas en la Cámara de Diputados, varias expertas, expertos y miembros de organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación debido a la falta de evidencia en el debate público y la construcción de políticas públicas en las que las fuerzas castrenses tienen un papel protagónico.

El documento, que consta de 135 páginas, aborda diversos temas, algunos de ellos son los siguientes: Evidencia contextual, Influencia externa relacionada con la guerra contra las drogas, Apoyo externo directo, Factores internos a las Fuerzas Armadas, Justicia e impunidad.

En la evidencia directa de la militarización: Las fuerzas de seguridad (Sedena, Semar, Policía Federal, Policías estatales y municipales, Policía Militar y Guardia Nacional), Los recursos (Personal, Presupuesto y Armamento), Estrategia (Despliegue de personal, Operaciones y operativos, Puestos estratégicos y bases de operación mixtas), Capacitación de fuerzas de seguridad, Actividades enfocadas en el uso de la fuerza (Enfrentamientos, Detenciones, Aseguramientos, Erradicación de plantíos ilícitos).

Y en la evidencia indirecta de la militarización: Abuso de fuerza (Letalidad, Quejas y recomendaciones de la CNDH), Índice delictivo, Percepción de seguridad y Opinión pública. Además incluye un apartado de Conclusiones y otro de Transparencia.

El primer aprendizaje del ejercicio es que el fenómeno de la militarización se ha gestado en México. Aunque intereses externos, principalmente de los Estados Unidos, han puesto a la disposición del país recursos como armamento y capacitación militar -casi sin restricciones-, esto ha sido a petición expresa y pública del gobierno mexicano. Por su lado, las Fuerzas Armadas han incrementado su estado de fuerza significativamente, fortaleciendo su legitimidad con base en el papel histórico de defensa de la nación y de los intereses o amenazas exteriores. Asimismo, se han beneficiado de un programa importante de modernización y mejoramiento de condiciones laborales.

El resultado ha sido la proliferación del modelo de uso de fuerza para abatir o detener en flagrancia a los grupos delictivos, con el ejército desplegado tanto como fuerza autónoma, como en coordinación con las fuerzas civiles. Tan extensa ha sido su participación, que la mitad de los mexicanos viven en un municipio en donde el ejército ha tenido al menos un enfrentamiento violento con presuntos delincuentes (civiles).

La prevalencia de este tipo de eventos es motivo de preocupación, debido a las consecuencias negativas que tiene para la población civil y el incremento de la violencia armada. La falta de información sobre la Sedena, en particular, obedece a que la institución se niega a reportar datos sobre los enfrentamientos, sus actividades no son sometidas a control civil al momento de los eventos, no cooperan de manera eficiente con las investigaciones, y es imposible identificar la cadena de mando, así como a las personas detenidas. Tampoco ha habido una reducción de la cantidad de quejas por violaciones a los derechos humanos de civiles en relación con el crecimiento de la participación de esta institución en seguridad pública.

En lo referente a las fuerzas civiles, gran parte de las iniciativas para reformar su desempeño se han centrado en la depuración de elementos que no aprobaron los controles de confianza básicos, además de incrementar su capacidad de recursos para el uso de la fuerza letal. Desde la creación de la Gendarmería y su incorporación a la Policía Federal, hasta la provisión de armas y vehículos de uso exclusivo de los militares a fuerzas estatales y municipales, se destaca nuevamente el papel predominante de la Sedena como proveedor de tales insumos.

Después de doce años de intervención militar en la seguridad pública, y al inicio del tercer sexenio consecutivo en el que las violencias y la delincuencia son prioridades, se han dispuesto cada vez más recursos militares, estatales y privados -cuya naturaleza nunca ha sido clara- para la militarización de la seguridad pública. En los últimos años, se han observado los límites de este modelo enfocado en el uso de fuerza, en particular, ha habido menos detenciones vinculadas a la delincuencia organizada y menos armas aseguradas, no como resultado de una disminución de la actividad delictiva, sino de cara al peor índice de violencia armada en la época moderna.

Actualmente, una tasa de 25.8 homicidios por cien mil habitantes en 2018 ubica a México por encima de algunos de los países más violentos en América Latina, como Brasil y Colombia (con la excepción de Venezuela), y lo acerca a otra categoría de países con índices de violencia mucho más altos aún, pero con una fracción de la población y de los recursos económicos que tiene México.

En este contexto se desarrolla el plan de la Guardia Nacional, distintivamente militar. A su vez, el discurso presidencial enfatiza la capacidad de las Fuerzas Armadas para desempeñar tareas de seguridad pública y tiende a despreciar las capacidades de las fuerzas civiles y el trabajo policial como componentes clave de un sistema de seguridad en democracia.

El acceso a la información debe ser independiente de la polémica desatada por la presencia de fuerzas castrenses. El primer paso hacia la restitución de las instituciones civiles en la seguridad pública debe ser su papel central para regular, monitorear y reportar las acciones desempeñadas por todas las fuerzas de seguridad. Sólo por este medio se pueden diseñar estrategias de seguridad exitosas, que promuevan el desarrollo de un país democrático.

El Informe concluye con una lista de necesidades y requerimientos de transparencia identificadas, algunas de ellas son: En Justicia e impunidad, no se reportan datos confiables sobre casos contra militares; riesgo de impunidad relacionada a la presencia militar en detenciones, primeras investigaciones, enfrentamientos y la escena del crimen. En Despliegue, falta información con adecuada precisión geográfica en el caso Semar y Sedena; no se reporta información para fuerzas civiles. En Modelo estratégico, no hay evidencia de un modelo integral que permite entender el modelo de seguridad adoptada. No es claro el nivel de autonomía militar y cómo difiere en diferentes contextos de despliegue.

En Personal, falta información confiable sobre la cantidad policías estatales/municipales, se ha negado reportar información sobre el crecimiento de la Policía Militar entre 2012 a 2018. En Recursos, falta información sobre la proporción de recursos militares destinados a la seguridad pública, lo que se destina del gasto estatal, y los ingresos percibidos por las Fuerzas Armadas por sus actividades públicas. En Armamento, hay opacidad sobre el armamento de fuerzas civiles, en particular, respecto a la falta de documentación para la transferencia de equipo militar a manos civiles.

En Capacitación, falta información a nivel nacional sobre las capacitaciones que reciben fuerzas civiles y militares, en particular la formación que recibirá la Guardia Nacional sobre derechos humanos, inteligencia e investigación, y un modelo de monitoreo de resultados.

En Actividades, existe información parcial: la Sedena no da continuidad o no hace públicos los reportes y resultados de los enfrentamientos que sostiene con civiles. Sin Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), no habrá fuente de información alguna respecto a la manera en la que se llevan a cabo las detenciones (las normas y los protocolos de registro son ineficaces y opacos. La promulgación y correcta implementación de la Ley del Registro Nacional de Detenciones podría cambiar esto).

En Letalidad, sin información sobre los enfrentamientos, no es posible detectar las posibles violaciones a los derechos humanos o el abuso de fuerza por este medio. En Opinión Pública, se deben aplicar encuestas a nivel municipal para evaluar el impacto de las intervenciones de las fuerzas de seguridad.

En Índice Delictivo, existen inconsistencias en la información reportada al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) por entidades estatales. Y en Violaciones de Derechos Humanos, la base de datos Investigation and Documentation System I-DOC de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es un registro detallado de las recomendaciones de la CNDH.

López Portillo coordinó el informe “Seguridad pública enfocada en el uso de la fuerza e intervención militar: la evidencia en México 2006-2018”. El documento tuvo como investigador y autor a Samuel Storr, consultor del Programa de Seguridad Ciudadana. La revisión del contenido del Informe estuvo a cargo de Arisbeth Hernández Tapia y de Mitzi Elizabeth Robles Rodríguez.

En los últimos dos sexenios, México se convirtió en un país de víctimas

En los últimos 12 años, México se convirtió en un país de víctimas y las fuerzas armadas se empoderaron ante la ineficacia o negligencia de las autoridades civiles para buscar alternativas a la crisis humanitaria que azota al país, afirmaron especialistas del segundo panel “Seguridad ciudadana e intervención militar. Análisis de la evidencia 2006-2018”, en el marco de la “Conferencia Internacional Seguridad Ciudadana: la vía civil”.

Eliana García, activista de derechos humanos y acompañante de víctimas, afirmó que son tres los ejes que evidencian lo que ha ocurrido en los últimos dos sexenios en México, pero que realmente tiene su origen en el uso de las fuerzas armadas como brazo represor del gobierno, durante la guerra sucia y el terrorismo de Estado aplicado a la disidencia, que tuvo su real ejecución a partir de Luis Echeverría.

Afirmó que lo que tenemos a partir de 2006, cuando se lanzó la ofensiva contra la delincuencia organizada por parte de la administración de Felipe Calderón, son víctimas, como resultado de la intervención militar en las acciones de seguridad, que a vista de los hechos se puede considerar como una estrategia fallida, pues ha provocado una serie de consecuencias que no abonan a la solución del problema.

En este periodo, se ha afectado el tejido social y al mismo tiempo se ha dado un empoderamiento de las fuerzas armadas; un incremento de las violencias y un crecimiento de redes de microcriminalidad; un aumento en el trasiego y consumo de drogas; una reconversión de los delitos por parte del crimen organizado; violación de los derechos humanos y la preservación de la impunidad.

García estimó que la solución de la crisis humanitaria en México pasa por las víctimas, pues son a través de ellas que se han conseguido varias leyes para prevenir, defender y castigar todo tipo de violación. Ha sido, dijo, la presión social la que ha conseguido todas estas victorias legales, aunque el problema se mantiene y no ha erradicado o al menos disminuido las cifras que nos convierten en un país de fosas, de muertos, de desaparecidos.

“En las víctimas está la única opción en términos de construcción, si no no vamos a tener la capacidad para salir de esta crisis. Desde las víctimas está la solución para tener una ruta de salida a la militarización”, estimó. La evidencia, puntualizó, arroja la existencia de la claudicación de los políticos frente a los militares; la subordinación de la clase política a la clase castrense y el fracaso evidente de la militarización de la seguridad pública.

Por su parte, Anais Madeiros, postdoctorante en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo, señaló que resulta sorprendente la relación de la clase política y los militares en América Latina, pues se da en gobiernos elegidos democráticamente. Este vínculo ha fortalecido la imagen de las fuerzas armadas en operabilidad y presupuesto, en el uso de la fuerza letal y la decisión de actuar bajo marcos muy generales.

Apuntó que las reformas deben ser graduales, pues en este momento es imposible que los soldados regresen a los cuarteles, con policías locales débiles, pero sí se debe definir el tipo de misiones que corresponden a las fuerzas armadas. Estimó que es vital hacer un recorte geográfico y temporal, para que no se conviertan en operativos permanentes.

López Portillo expresó que durante varias décadas se ha construido evidencia, pero que no ha servido para crear políticas públicas y cambiar este panorama crítico. Se aventuró a decir que ahora es tiempo de “construir una narrativa de la evidencia que sea relevante para todos”. Adelantó que se debe luchar a nivel hiperlocal, para tener la posibilidad de trabajar y medir la implementación de modelos y estrategias en esta materia.

Julián Mejía Berdeja, presidente de Renacer Lagunero, Torreón, Coahuila, comentó que la “militarización es una consecuencia lógica del fracaso del Estado para generar desarrollo social y desarrollo económico”. Propuso que los políticos deberían considerar la figura de un auditor policial externo y la gobernanza y participación ciudadana, bajo un diseño institucional que le permita a la sociedad tener una voz fuerte en la construcción de políticas públicas.

Mientras que Mónica Serrano, investigadora del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, explicó que la militarización y el poder del crimen organizado son dos caras de la misma moneda. Manifestó que hay un elemento que pocas veces se analiza, pero que complica el panorama de la seguridad en México: la forma en la que Estados Unidos entiende y se involucra en este tema.

Acusó que hay una dependencia de las élites civiles a las fuerzas armadas, lo que deriva en un empoderamiento de éstas frente al gobierno, lo que le permite establecer sus propios términos en esta relación.

“Las autoridades, la investigación científica y el activismo social deben construir procesos colaborativos sostenidos en el tiempo.”

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