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"PND, SIN CÁLCULOS PRESUPUESTALES"

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Considera el presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad que es un documento de buenas intenciones y buenos objetivos, pero difícil de llevar a cabo
23.05.2019 12.00 AM

El presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, diputado Fernando Galindo Favela, sostuvo que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 debería incluir un apartado con las proposiciones presupuestales de cada una de las políticas públicas previstas, de lo contrario, se reduce a un “documento de buenas intenciones y buenos objetivos, pero difícil de llevar a cabo”.

Al inaugurar el foro “Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Política Económica”, el legislador y ex Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, subrayó que en el documento se destacan objetivos importantes, como la austeridad; sin embargo, “no debemos disfrazarla con recortes que afecten la calidad de los servicios en el país, ni tampoco reducir recursos para atender desastres naturales, a mujeres y jóvenes emprendedores o becas de investigación del Conacyt”.

Aclaró que nadie está en contra de la austeridad, y se apoya la eliminación de gastos que no benefician a la gente.

Más allá de las posturas políticas e ideas de cómo alcanzar el crecimiento económico y elevar el nivel de vida de la población, se tienen dos objetivos en la Cámara de Diputados: uno, “revisar si el plan cumple o no los criterios técnicos mínimos establecidos en la Constitución y en la Ley de Planeación”.

Dos, si la política pública propuesta es correcta para alcanzar el desarrollo y el crecimiento que todos anhelamos.

Estableció la importancia de conocer las opiniones de los expertos de los diferentes sectores productivos en torno al PND, porque enriquecerán el acervo de los legisladores, sobre todo porque es la primera vez que la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobarlo.

En la mesa “PND: ¿Política económica para la productividad y el crecimiento económico?, el senador Gustavo Madero Muñoz, presidente de la Comisión de Economía del Senado de la República, aseguró que el PND “nos queda a deber. No cumple con suficiencia en establecer de dónde provienen los recursos, los cuales serán insuficientes con las previsiones de gasto y por no incluir nuevos impuestos, es inconsistente una cosa con la otra; para no evidenciarlo no se cuantifican”.

Consideró necesario que el Ejecutivo lo enriquezca. Por las inconsistencias, falta de metodología y contradicciones sugirió no aprobarlo por los graves errores en que incurre. Adolece de los indicadores de impacto en las familias, porque falta especificar los resultados que se buscan alcanzar en el largo plazo.

Agregó que se menosprecia la planeación en el país, lo que conduce a no aprovechar de forma óptima los recursos escasos que se tienen.

En esta visión, aseguró que se pierde la oportunidad para que el PND se aproveche y sea el instrumento para lograr un crecimiento económico del seis por ciento. Cuestionó la perspectiva ideologizada que polariza las posiciones entre bueno y malo. Además, la propuesta de campaña es la misma que presenta el plan, sin enriquecerse con las proposiciones de los sectores, lo cual, dijo, es una grave falla.

Apuntó que se constriñe a enunciados genéricos y de buenas intenciones. Refirió inconsistencias y contradicciones al no ofrecer mecanismos de inversión y plantear recetas obsoletas sin indicadores de desempeño.

La legisladora María de los Ángeles Ayala Díaz (PAN), secretaria de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, resaltó la importancia de reflexionar y analizar el PND con el fin de enriquecerlo.

Indicó la relevancia del parlamento abierto para captar y despejar las dudas de los diversos sectores productivos en torno al plan.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena), integrante de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, argumentó que el PND tiene claramente trazados los ejes generales, garantizando un manejo sano de las finanzas públicas e impulso del mercado interno.

“Es un documento para que la gente lo lea y lo comente, porque delinea los planes que se tienen, los objetivos generales y específicos, y el impacto que se busca. Por primera vez en la historia del Congreso se envió un plan para analizarlo en parlamento abierto”.

Invitó a ver las ventajas de lo que sí se está haciendo bien, aunque la crítica hace falta, afirmó.

Edgar Martínez Mendoza, director general adjunto de Coordinación del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, indicó la existencia de dos documentos del PND; uno no cumple con los criterios de la Ley de Planeación, y el segundo ofrece más elementos para identificar lo que se quiere alcanzar.

Comentó que los objetivos generales son favorables, como incrementar la productividad, reducir la pobreza y la pobreza extrema; sin embargo, siete de diez propuestas apuntan a cuestiones de proceso y gestión, cuando debería privilegiar el generar más cambios y fomentar diversas acciones para alcanzar los resultados.

Lamentó que los indicadores no sean claros al no establecer qué quieren medir o hacia dónde van y no presentan una meta definida. Más de la mitad no identifican la fuente de información con la cual se van a evaluar las metas. Es fundamental promover la rendición de cuentas con una medición adecuada en indicadores y objetivos para dar seguimiento a las acciones y mejorarlas.

En la mesa, “PND: ¿condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo?, Verónica Soto Parra, presidenta de la asociación 10 Mil Mujeres por México, expresó la preocupación de las líderes de negocios por el retiro de apoyos financieros a emprendedoras. Pidió que se reincorpore en el PND esta visión, a fin de alentar el desarrollo regional.

Resaltó que las mujeres empresarias aportan el 37 por ciento del Producto Interno Bruto a la economía, por lo que requieren capacitación para eficientar sus negocios con esquemas más rentables y competir en igualdad con equidad salarial.

Carlos Hurtado López, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, señaló que los indicadores propuestos en el plan no tienen metas claras, y las que se delinean no reflejan mejorías sustanciales, son modestas e inverosímiles por los altos porcentajes que estima alcanzar.

Comentó la falta de diagnósticos técnicos en torno de temas económicos y financieros, pese a que están analizados. Se resalta el fortalecimiento de las empresas del Estado y se propone evaluar su carga fiscal, lo cual es muy importante porque conlleva carencia de recursos para otros rubros.

El enfoque sobre el Estado de derecho debe transcender la defensa de los intereses de la población, que ha sido abusado tradicionalmente, e incluir a más sectores.

Confió que los planes sectoriales incluirán más detalles de las acciones a realizarse en las siete áreas planteadas, como acceso a oportunidades; infraestructura; crecimiento e innovación; transparencia, justicia e integralidad; finanzas públicas; democracia y compromiso social y relaciones internacionales, ante la nueva realidad del comercio exterior.

Los economistas señalaron la necesidad de que el PND presente de forma clara cómo va a promover el crecimiento, al no observarse una vinculación con los planes estatales. Pidieron un diagnóstico para lograr este objetivo, a fin de que no se quede en buenas intenciones, y se den a conocer las estrategias para erradicar la pobreza y evitar la discriminación de mujeres e indígenas, por ejemplo.

Criticaron los huecos en transparencia al privilegiarse la adjudicación directa de obras públicas sin mediar licitaciones, pese a que los organismos internacionales recomiendan que este mecanismo coadyuva a reducir la corrupción.

Indicaron que es un punto nodal aclarar la implantación de las políticas fiscal y monetaria que den certidumbre a los empresarios e inversionistas nacionales y extranjeros. Solicitaron se identifique el ciclo económico en que se ubica el PND y sus objetivos, a fin de planear las estrategias factibles a desarrollarse.

Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprueba opinión positiva del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por el diputado Óscar González Yáñez (PT), aprobó con 14 votos a favor y 3 contra, su opinión positiva al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, y la remitió a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Acordó adjuntar un anexo con las propuestas de los legisladores integrantes de la comisión sobre el PND, así como observaciones presentadas por ciudadanos y organizaciones a dicho Plan, y en su caso, un extracto de las audiencias y foros que se realizaron.

González Yáñez precisó que en esta instancia, independientemente de si está de acuerdo o no con el PND, la tarea que nos “corresponde es dar una opinión de que, si cumple o no”.

El acuerdo de la comisión, refiere que este 20 de mayo, se realizó el “Foro de parlamento abierto para el análisis y discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: política, gobierno, austeridad en la función pública y combate a la corrupción”.

Señala que la presentación del PND reúne los preceptos fundamentales que guían la acción gubernamental y no son contrarios o divergentes de los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución Política.

El lenguaje es ampliamente comprensible; define y desarrolla conceptos como honradez y honestidad, el no a un gobierno rico con pueblo pobre, el no actuar al margen ni por encima de la ley, así como el construir una economía para el bienestar precisando que el mercado no sustituye al Estado.

Por Morena, el diputado Rubén Cayetano García dijo estar a favor de la opinión en el sentido positivo y precisó que la ciudadanía conoció el plan alternativo de nación del titular del Ejecutivo, el cual incluye 50 puntos. “Hemos estudiado la situación del país desde antes y el PND revela líneas y trazos de lo que ya está echándose a andar por parte del nuevo gobierno democrático de México”.

El PND está dentro de los márgenes y la legalidad de lo que es posible. “Estamos a favor de que se emita la opinión en sentido positivo; sino menciona los temas de corrupción y transparencia, para eso estamos aquí; nuestra convicción en un régimen republicano y democrático es hacer nuestro trabajo”.

Su compañera de bancada, diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez sostuvo que, si se conoce este Plan, “vemos que hay indicadores que dicen cómo se evaluará el resultado de la corrupción y la impunidad. Estos son: tasa de víctimas de actos de corrupción, en al menos uno de los trámites realizados; descripción, mide el número de personas que padecieron actos de corrupción en la realización de al menos un trámite; línea de base 2017, 14 mil 635 personas; meta 2024, 6 mil 878 personas”.

Puntualizó que nunca como ahora se había sido tan transparente. “Nosotros llegamos a este cambio de régimen porque hay y ha habido un proyecto alternativo de nación conocido por todos. Vamos a votar a favor y decir sí cumple con los requisitos porque hemos visto otros planes en otros sexenios”.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) subrayó que el PND no tiene ni una sola palabra de lo que es materia de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción; se debe actualizar, pues “para nosotros claramente no cumple lo que tiene el marco constitucional; no le podemos dar un sí, porque de ese Plan derivan presupuestos y leyes secundarias”.

Consideró alarmante que el documento de 64 páginas sea el instrumento de planeación que llevará el rumbo del país en el sexenio, ya que no se ajusta a lo señalado en la Constitución y a las leyes en la materia. “No hay nada para velar por la estabilidad de las finanzas públicas ni para generar condiciones favorables para el crecimiento económico y empleo. Es grave que no se incluyan las propuestas de Política Nacional de Anticorrupción del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción”.

De ese mismo grupo parlamentario, la diputada Gloria Romero León expuso que en el PND no hay una política propuesta sobre transparencia ni hace mención al Sistema Nacional Anticorrupción, menos del tema de rendición de cuentas.

“Le hace falta un diagnóstico medible y cuantificable de que si el plan cumple o no los ejes generales”. Además, se pronunció por regresar al Ejecutivo el PND y lo devuelva en un plazo de 20 días con la inclusión de las observaciones de esta comisión.

La diputada panista, Josefina Salazar Báez propuso regresar el Plan Nacional de Desarrollo, a fin de que se perfeccione y logre cumplir con los requisitos que establece la ley y realmente beneficie a la ciudadanía.

Indicó que el documento no define de qué manera se atenderán asuntos como la evasión fiscal, combate a las drogas, seguridad, entre otros, “es fundamental que entienda que este plan es para los seis años, de ahí la importancia de que sea bien definido”.

El diputado José Luis Montalvo Luna (PT) argumentó que el PND es de carácter histórico, marca el fin de los planes. Por lo tanto, debe distanciarse de los anteriormente realizados.

“Ya no habrá un plan donde se definan propósitos a corto, mediano y largo plazos hasta de 20 años, porque no corresponde a la nueva ideología de esta administración. El PND recoge el sentir de lo que el gobierno pretende ejecutar en este sexenio”.

Armando Contreras Castillo, diputado de Morena afirmó: “el PND cumple con las leyes que corresponde. en relación a su contenido se encuentra de manera sustantiva y transversal el combate a la corrupción e impulso de la transparencia como un eje de un nuevo ejercicio de gobierno”.

Subrayó que este documento tiene como propósito fortalecer la figura del Estado. “Estamos confiados en que se construirá un mejor país, con condiciones laborales, sociales y económicas favorables”.

Su compañero de bancada, diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, expresó que su voto sería a favor, porque el Ejecutivo conoce la desigualdad; si bien es cierto los PND pasados cumplían con la ley, pero ningún sólo objetivo se cumplía; es decir, existía una inacción total.

“En este Plan Nacional de Desarrollo se aborda el tema del huachicoleo; se habla de emprender la construcción de la paz, por eso estamos a favor, porque hay compromiso amplio con la sociedad”.

La diputada del PRI, Ximena Puente de la Mora, reconoció que el PND plantea políticas públicas orientadas a recoger las demandas y necesidades de la sociedad para incorporarla a la acción gubernamental; asimismo, propone tipificar la corrupción como delito grave, eliminar el fuero de altos funcionarios, erradicar las operaciones en países fiscales.

Sin embargo, es necesario elaborar indicadores que permitan dar seguimiento a los avances de las estrategias propuestas y en qué parte se tendrá que hacer ajuste del PND. Por otra parte, señaló que se deben incluir a los sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción.

Miroslava Carrillo Martínez, diputada de Morena, destacó que independientemente de la opinión, es fundamental que quedé asentado todo aquello en lo que se disiente, pues “a eso nos convocaron; a que cada una de las personas emita una participación; el objetivo es conocer qué le hace falta y cuáles son las omisiones”.

Por ese mismo partido, el diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla resaltó que los resultados del PND no son para un semestre, sino para seis años. Añadió que se han hecho planes “muy bonitos, pero lamentablemente se nos quedó a deber y no habido buenos resultados”.

Los integrantes de la Comisión también aprobaron el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el propósito de que la publicación y actualización de las estadísticas de las denuncias de los procesos de investigación relacionadas con violencia de género, sea un elemento de la rendición de cuentas de los sujetos obligados.

La proponente, diputada Ximena Puente de la Mora (PRI), detalló que con esta modificación se logra exigir a los tres órdenes de gobierno: sindicatos, fideicomisos, partidos políticos y cualquier entidad que reciban recursos, visibilicen los casos de violencia de género y se implanten acciones para combatirla.

Asimismo, se avaló el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con el objetivo de modificar el término de secretario técnico por el de secretario ejecutivo, será el encargado de las funciones de dirección.

Finalmente, el presidente de la Comisión informó que el plazo para hacer alguna impugnación sobre los nombramientos de los titulares de las unidades de control interno termina hoy 21 de mayo a las 24:00 horas, y el encargado de defender las impugnaciones será el jurídico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en conjunto con la Mesa Directiva y este órgano legislativo.

“Hasta el momento se tiene conocimiento de seis impugnaciones: una al no nombramiento de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); al nombramiento de una persona que no iba en el dictamen que se envió a la Jucopo, referente al cargo del Inegi, y una más relativo al INE, porque el currículo no era el apropiado para ser el encargado de esa área.

“Aclaró que nadie está en contra de la austeridad, y se apoya la eliminación de gastos que no benefician a la gente.”

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