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ALISTAN EN COMISIONES NUEVA LEY NACIONAL EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

Alistan en comisiones nueva Ley Nacional en Extinción de Dominio
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En espera, la iniciativa del Ejecutivo Federal para cambiar el nombre del instituto regulador; el Congreso tiene hasta el 11 de septiembre para aprobar una ley reglamentaria
20.05.2019 12.00 AM

El Senado de la República alista en comisiones la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio. Buscan enriquecer el dictamen con las propuestas y sugerencias de todos los Grupos Parlamentarios.

El dictamen describe la extinción de dominio como la pérdida de los derechos sobre los bienes incautados por la autoridad a delincuentes, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal.

Se aplicará para hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

La extinción de dominio se ejercerá mediante una sentencia dictada por un juez. Para dichos efectos, el Poder Judicial de la Federación y las entidades federativas contarán con juzgados especializados en la materia.

Adicionalmente, propone la creación de un Fondo Federal que lleve a cabo la labor de administrar, rehabilitar, aprovechar y monetizar los bienes sujetos, que serán destinados a programas sociales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, encargados del análisis del anteproyecto de dictamen, se declararon en sesión permanente, pues están a la espera de recibir una iniciativa por parte del Ejecutivo Federal para cambiar el nombre del órgano regulador a Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que sustituirá al Instituto Nacional para la Administración y el Destino de Bienes, propuesto originalmente.

Dicho instituto realizará las funciones que actualmente tiene el Servicio de Administración y Enajenamiento de Bienes.

El anteproyecto sobre el que trabajan senadoras y senadores busca expedir la Ley Nacional de Extinción de Dominio y reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las leyes Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y la de Concursos Mercantiles.

Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, se declararon en sesión permanente, a efecto de analizar y enriquecer el anteproyecto de dictamen que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca Salazar, explicó que dicho documento “está siendo enriquecido por las propuestas y sugerencias” de los integrantes de ambos órganos legislativos.

La intención es avanzar en los siguientes días y buscar que los distintos puntos de vista que hay sobre este tema sean coincidentes para “tener ya un dictamen que sea puesto a consideración del Pleno” en el periodo extraordinario, indicó el senador.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera aseguró que los equipos técnicos de las comisiones trabajan de manera permanente en la elaboración de un dictamen que contenga todas las opiniones, y permita lograr un consenso.

La senadora del PAN, Indira de Jesús Rosales San Román aseguró que es una ley de absoluta relevancia para todos, por lo que se debe construir un buen consenso. Indicó que se trabaja con el equipo técnico de la Comisión de Justicia respecto de algunas reservas para que sean tomadas en cuenta e incorporadas.

El anteproyecto sobre el que trabajan senadoras y senadores busca expedir la Ley Nacional de Extinción de Dominio y reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las leyes Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y la de Concursos Mercantiles.

Extinción de dominio, figura clave para combatir al crimen

La figura jurídica de extinción de dominio es una herramienta muy importante en el combate a las actividades de la alta criminalidad. En México esta figura se adoptó originalmente en 2008, pero el optimismo de su utilidad fue decreciendo en vista de los resultados obtenidos en el transcurso de su aplicación, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

El estudio titulado “La extinción de dominio. Apuntes de la reforma de 2019 a los artículos 22 y 73 constitucionales”, elaborado por la investigadora Lorena Vázquez Correa, explica que con la reforma de los artículos 22 y 73 constitucionales aprobada por la LXIV Legislatura, se fortalecieron las facultades del Estado Mexicano para obtener la posesión legal de bienes de particulares, cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con investigaciones de actividades ilícitas, tales como corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, extorsión, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y recursos de procedencia ilícita.

La investigadora apunta que el 11 de septiembre de este año vence el plazo para la expedición de una nueva Ley General de Extinción de Dominio que permita aplicar de una manera más eficaz esta figura, introducida en el texto constitucional desde el año 2008, pero que no había registrado los resultados esperados hasta el momento.

El estudio sostiene que un referente internacional por sus altos índices de eficacia en la aplicación de la extinción de dominio es Colombia, que en 2018 registraba 2 mil 703 procesos judiciales por extinción de dominio, con lo que rescató 28 mil 165 bienes; en cambio, en México durante el periodo 2010-2011 sólo se tuvieron tres casos, con los cuales se recuperaron ocho bienes, se lee en el documento.

La investigación afirma que el Poder Legislativo tiene frente a sí el reto de elaborar una legislación nacional de extinción de dominio eficaz, mientras que el nuevo régimen enfrenta el desafío de reformar la estructura de las instituciones responsables de la procuración y la impartición de justicia en México.

Hasta el momento, en el Senado de la República se han presentado dos iniciativas de Ley Nacional de Extinción de Dominio. La primera fue presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila, el 27 de marzo de 2019 y, la segunda, suscrita por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, el 29 de abril del mismo año.

Estos proyectos de ley plantean convertir a la extinción de dominio en una herramienta eficaz y eficiente para el combate a la estructura patrimonial y financiera de la delincuencia, buscando disminuir los recursos con los que cuenta y minar su capacidad operativa. Se espera que ambas iniciativas sean dictaminadas y abordadas en el periodo extraordinario de sesiones.

Pide diputado incluir el concepto “contrainteligencia” en la Ley de Seguridad Nacional ante delitos digitales

La Comisión de Seguridad Pública analiza la iniciativa del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, en la que plantea reformar el artículo 32 de la Ley de Seguridad Nacional, y especificar las medidas de protección de las instancias gubernamentales, con el objetivo de enfrentar delitos digitales.

El legislador panista sostuvo que la reforma tiene el propósito de establecer en la ley el concepto “contrainteligencia”, el cual se entenderá como toda aquella actividad dirigida a la detección, localización y protección contra acciones de inteligencia, espionaje y sabotaje realizadas o planificadas por gobiernos, individuos u organizaciones extranjeras, o por el crimen organizado, con pretensiones de vulnerar la seguridad nacional.

Añadió que la importancia de su propuesta radica en que ilícitos como robo de identidad, expansión y creación de redes delictivas trasnacionales, ampliación de los cárteles de droga, filtraciones de correos, documentos y declaraciones institucionales han ido en aumento, por lo que es primordial que el Estado atienda cualquier acción que pueda vulnerar la Seguridad Nacional.

Subrayó que, ante el escenario de recurrentes filtraciones de información y la posibilidad de que ésta sea empleada para perjudicar el orden social y bienestar de los mexicanos, se requiere de una definición clara de contrainteligencia, con la intención de diseñar una operación eficiente con pleno apego a las garantías individuales y los derechos humanos.

Explicó que la legislación ya contempla una definición acerca de la labor de inteligencia de agentes ajenos y perjudiciales, pero el concepto de contrainteligencia aún tiene ambigüedades, lo cual se presta para interpretaciones abiertas por parte de las autoridades, lo que habilita un potencial abuso de poder.

Además, refirió que de acuerdo con información de la Central Intelligence Agency (CIA) de Estados Unidos de América, la definición de “contrainteligencia” debe atender premisas básicas: la generación de inteligencia estratégica para tomar ventaja ante posibles ataques digitales y tener un sistema nacional que integre y coordine los diversos programas, recursos y actividades para la obtención de objetivos comunes de las instancias involucradas, en este ámbito de seguridad.

Finalmente, el diputado Rosas Quintanilla consideró que con la adopción de este concepto se les da un carácter más integral a las agencias de inteligencia nacionales y un marco legal pertinente ante la existencia de múltiples factores de riesgo que atentan contra la preservación de la seguridad del país.

“El Congreso tiene hasta el 11 de septiembre para aprobar una ley reglamentaria que permita una aplicación más eficaz de este procedimiento.”

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