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APROBADA, ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Aprobada, Estrategia Nacional de Seguridad Pública
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Hará énfasis en combate a extorsión, robo, secuestro y homicidio; "Violencia e inseguridad, consecuencia de un modelo económico sectario y excluyente": Durazo Montaño
26.04.2019 12.00 AM

El Pleno del Senado aprobó con 78 votos en favor, cuatro en contra y 30 abstenciones, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública enviada por el Presidente de la República, cuyo objetivo es devolver a la sociedad la paz y la tranquilidad, ante los altos índices de inseguridad y el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado.

Momentos antes, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, compareció ante las y los legisladores para explicar las líneas de acción y objetivos de este plan.

La presidenta en turno de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, explicó que el pasado 15 de abril se recibió de la Secretaría de Gobernación un adendum y un nuevo texto que incluye nuevos elementos para la citada Estrategia. Al siguiente día, informó, el documento fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública y publicado en la gaceta y portal del Senado.

Asimismo, mencionó que la Junta de Coordinación Política remitió un acuerdo para la incorporación al dictamen del adendum y las modificaciones, el cual fue aprobado por la asamblea.

El texto asegura que la Estrategia funcionará en un marco de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, para atacar el origen estructural de la delincuencia, el crimen organizado, la violencia y, en general, todos los aspectos que puedan poner en riesgo la seguridad pública.

Estará alineada a las diversas disposiciones que se vinculan con la seguridad pública, seguridad nacional, derechos humanos, protección civil, responsabilidad hacendaria, sistema de justicia penal e instrumentos internacionales.

Refiere que en la persistencia e incremento de la pobreza, la marginación y la falta de servicios educativos y de salud, se encuentra la base del auge delictivo que enfrenta el país. La prevalencia de la corrupción es la razón primaria de su descontrol, crecimiento y de la imposibilidad de contrarrestarlo e incluso de contenerlo.

Por ello, más allá de ampliar el catálogo de las prohibiciones vigentes, incrementar las sanciones y construir nuevas cárceles, se busca ensanchar la soberanía de los individuos y de las colectividades, edificar escuelas y hospitales y diseñar sistemas eficaces de reinserción para los infractores.

Se plantea que la violencia política y social sólo se resolverá con diálogo, racionalidad, transparencia y decisiones públicas que respondan a las demandas sociales.

El instrumento tiene los objetivos de erradicación de la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; pleno respeto y promoción de los derechos humanos; regeneración ética de la sociedad; reformular el combate a las drogas; emprender la construcción de la paz; recuperación y dignificación de los centros penitenciarios.

También establece estrategias específicas dirigidas a un nuevo modelo policial; la prevención del delito; focalización en regiones y participación ciudadana; nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad; estrategia de combate al mercado ilícito de hidrocarburos.

Asimismo, plantea una estrategia de combate al uso de operaciones con recursos de procedencia Ilícita, defraudación fiscal y finanzas de la delincuencia organizada, así como el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el abatimiento de estos delitos.

Con ellas, se buscará agilizar los procedimientos de extinción de dominio y utilización social de los bienes confiscados a la delincuencia; combatir el robo a autotransporte y pasajeros en carreteras; y abatir el tráfico de armas.

Al presentar el dictamen, la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, de Morena, destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública es perfectible, por lo que habrá de tener ajustes derivados de la operación y evaluación de sus resultados.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública subrayó que es un tema prioritario para el desarrollo del país, sobre todo para acceder a una mejor calidad de vida en paz y con tranquilidad. “En este Senado tenemos la obligación de participar para que la Estrategia se fortalezca de manera permanente”, aseguró.

La senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, de Morena, dijo que dada la emergencia que vive el país es imprescindible asumir el reto de la inseguridad como una responsabilidad del Estado mexicano, que involucra a todos los poderes y niveles de gobierno. La Estrategia adopta modelos de justicia transicional que garantizan los derechos de las víctimas, señaló.

El senador del PAN, Julen Rementería del Puerto, refirió que la Estrategia no señala en ninguna parte cómo se va a construir la paz que reclama México. El grave de problema de seguridad que tiene el país no se resolverá con actos de fe o con buenas intenciones, sino con una estrategia, “y ésta, hasta hoy, no se ha presentado”. Dijo que el voto de su Grupo Parlamentario sería en abstención.

Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, dijo que su bancada no puede dar su voto aprobatorio a la Estrategia porque no cumple con los objetivos que debe perseguir. Carece de información consistente, de sustento técnico y no ofrece soluciones precisas ni medibles. “Es un documento fundamentalmente declarativo”, añadió.

En su oportunidad, el senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, ratificó la confianza de su partido con el plan de seguridad del gobierno y confió en que los legisladores trabajarán en el análisis de las leyes secundarias de la Guardia Nacional con el mismo compromiso con el que lo hicieron para crearla, a fin de que estas surjan con el mayor consenso posible.

Al fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PT, la senadora María del Carmen León Gastélum, manifestó el respaldo de su bancada a la Estrategia por considerar que esta es justa, clara y ambiciosa, porque busca atacar desde la raíz los problemas que generaron el clima de violencia que aqueja a nuestro país.

Por su parte, Verónica Camino Fajart, senadora del PVEM, señaló que la prevención social del delito, como eje de la política nacional de seguridad pública, es bastante acertada ya que esta labor no debe ser exclusiva de los cuerpos de seguridad. La ciudadanía también debe participar.

Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que su bancada votará en favor porque ante la situación de violencia que atraviesa el país, no se puede ser indolente ni polarizar un tema tan importante.

Violencia e inseguridad, consecuencia de un modelo económico sectario y excluyente: Durazo Montaño

Padecemos una inseguridad crónica e histórica en el país, señaló Francisco Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al comparecer ante el Pleno del Senado de la República para presentar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Añadió que las fallas estructurales del sistema político, económico y social se expresan en la inseguridad. “Son las consecuencias de un modelo económico sectario y excluyente”.

Refirió que dentro de la Estrategia es prioridad el combate a los delitos que más afectan a la sociedad, entre ellos extorsión, robo, secuestro, homicidio, feminicidio y el tráfico de personas.

“Nos proponemos lograr un punto de inflexión en la tendencia de la criminalidad en los primeros seis meses de su aplicación. Lograr niveles razonables de paz y tranquilidad en los primeros tres años, y aprovechar los tres años restantes del sexenio para consolidar los resultados y entregar, en 2024, un país estable y en paz”, refirió.

Expuso que la Estrategia no sólo persigue la captura de objetivos criminales, sino desmontar sus estructuras basadas en el flujo millonario de recursos y armamento, por lo que incluye a la Unidad de Inteligencia Financiera para atacar paralelamente esquemas financieros y la persecución de líderes de las organizaciones criminales.

Propone una reforma radical del sistema de seguridad pública y reorientar parcialmente los recursos de las Fuerzas Armadas para destinarlos, prioritariamente, a la seguridad pública, y participen en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional, dijo.

Añadió que este año esperan que la Guardia esté conformada por 82 mil elementos; en 2021, por 120 mil; y al año siguiente, por 150 mil efectivos. Explicó que 2019 iniciará operaciones en 150 regiones del país; 200 en 2020 y 265 para 2021.

En cuanto al combate a las drogas, dijo que es necesario reformularlo, porque la prohibición, por ejemplo, de la marihuana es insostenible e ineficaz desde el punto de vista de salud pública.

Abundó en que la medida no sería suficiente por sí misma ni resolvería la existencia de organizaciones fuertemente armadas, aunque la regulación de algunos estupefacientes prohibidos, permitiría poner fin a uno de los motores centrales de la violencia y la inseguridad.

En otro rubro, señaló que la Estrategia plantea recuperar y dignificar las cárceles. El Gobierno Federal se propone recuperar el control en los penales, combatir la corrupción de sus autoridades, separar a imputados de sentenciados y garantizar que la cárcel no sea un doble castigo para las mujeres.

Durazo Montaño subrayó que en unos cuantos años, la tasa nacional de homicidios pasó de 13 a 23 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que el costo de la espiral de violencia ascendió a 5.6 billones en 2018. Es decir, 24 por ciento del PIB, según el Instituto de Economía y Paz de México, y 21.6 por ciento según el Foro Económico Mundial.

El senador Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva, señaló al funcionario federal que desde noviembre del año pasado en el Senado han sido meses de debates intensos y acuerdos que han derivado en reformas sobre seguridad pública, como: el catálogo de delitos graves, extinción de dominio en casos de corrupción, ampliación de responsabilidades penales del Presidente de la República y los legisladores del Congreso de la Unión y la creación de la Guardia Nacional.

“Ahora estamos iniciando el debate de la legislación secundaria, indispensable para que ese instrumento de protección ciudadana, paz y seguridad sea eficiente en la lucha contra al delincuencia y respetuoso de los derechos humanos”, expuso.

El senador Batres ofreció al secretario el apoyo del Senado de la República para que haya éxito en su tarea. “Confiamos en usted, en su honestidad, trayectoria, profesionalismo y preparación. Estamos seguros que estará al altura de la grave responsabilidad que le toca”.

Al término de la exposición, los Grupos Parlamentarios posicionaron al respecto. El senador Higinio Martínez Miranda, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, dijo que la actual administración asumió la responsabilidad de velar por la seguridad de todos los mexicanos. En ese sentido, invitó a las fracciones parlamentarias a sumar esfuerzos y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, tema donde no cabe la disputa política ni los intereses partidistas.

A pregunta específica, Durazo Montaño respondió que no le corresponde juzgar a las administraciones pasadas. Además, reconoció que esos gobiernos trataron de hacer su mejor esfuerzo. No lo lograron, preciso, pues basaron su estrategia sólo en el uso de la fuerza policial y militar.

“No somos responsables de la inseguridad que vive el país, pero sí de regresar la paz y tranquilidad a los mexicanos. Lo vamos a hacer sin regateos”, respondió Durazo Montaño. Agregó que no está en su ánimo echarse la bolita unos a otros (administraciones pasadas).

El senador Ismael García Cabeza de Vaca, del PAN, advirtió que la promesa de amnistía, el cese en el combate frontal al crimen organizado y la caída estrepitosa en la incautación de narcóticos y armas, generan “una atmósfera de permisividad e impunidad que ha envalentonado a los grupos criminales”.

Su compañera de bancada, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román preguntó: ¿Cuáles son las acciones que realiza el Ejecutivo Federal en coordinación con el gobierno de Veracruz en materia de seguridad?

Durazo Montaño afirmó que se respetará puntualmente la letra y el espíritu de la Guardia Nacional aprobada por unanimidad en el Congreso. Dijo que lo elementos del Ejército y de la Marina pasarán comisionados a la nueva institución, conservarán su vinculación administrativa porque presupuestalmente “no tiene vida todavía”.

Dijo que en Veracruz, el Ejecutivo respeta la autonomía del Fiscal General de Veracruz y éste no está obligado a asistir a las reuniones en materia de seguridad que realiza el gobierno del estado.

Del PRI, la senadora Claudia Anaya Mota, reprochó declaraciones sobre inseguridad como asunto heredado Nadie les heredó nada, nadie les regaló el país. Es falso que la demanda de paz sea de los conservadores, es una demanda social, dijo.

Su correligionaria, Verónica Martínez García, preguntó por qué han caído los decomisos de drogas, y sobre la fecha para conocer avances y resultados.

En su respuesta, Durazo Montaño negó la caída de decomisos. “Lo que sucede es que no hemos convertido estos resultados en un espectáculo mediático”. Luego aseguró que en un año tendrá que notarse un cambio y será en el Senado donde rinda cuentas. “Tengo la certeza plena, de que estas cuentas dejarán satisfecha a esta Asamblea”, afirmó.

Dijo entonces que la violencia es un problema estructural, crónico e histórico. Tenemos que asumirlo con una perspectiva de mediano plazo, cuando menos, pero “aplicarnos desde ya, sin regateos, aportar a su solución y sin limitaciones de carácter político–ideológico”.

Dante Delgado, a su vez, aseguró que la crisis de inseguridad es el problema más urgente a atender. El Presidente tiene la enorme responsabilidad de terminar con la violencia y nosotros la obligación de permitir construir la estrategia. Sin embargo, no estamos convencidos con la ampliación de las causales de prisión preventiva oficiosa, indicó.

Por el PT, la senadora Nancy De la Sierra Arámburo manifestó que la inseguridad ha llegado a niveles insoportables e insostenibles. “No importa quién tiene la culpa o quién no. No es momento de encontrar culpables. Es momento de buscar soluciones. El Ejecutivo Federal, los ejecutivos estatales y el Congreso de la Unión no podemos fallarle a México”.

Luego, el secretario informó que las divisiones de investigación y científica de la Policía Federal pasarán a la Guardia Nacional en un plazo máximo de 18 meses. Confirmó que la nueva corporación realizará tareas de ciberseguridad para resguardar al Sistema de Seguridad Pública, las instalaciones estratégicas del gobierno mexicano y aquellas del sector privado

Sobre las cifras de criminalidad señaló: “hay diferencias entre unas cifras y otras, porque una es diaria y la otra se emite mensualmente, y en ese periodo, hay una reclasificación jurídica de las carpetas de investigación”. Precisó que en la estadística de homicidios del día no se cuantifican los cuerpos hallados en fosas clandestinas. Esa cifra se incorpora en los datos mensuales del Secretariado.

Por el PRD, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa indicó que confían en que los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se cumplan, porque, dijo, es de ustedes, de los servidores públicos del Gobierno Federal, toda la responsabilidad de que se logre, funcione y rendir buenas cuentas.

Señaló que en 2015, con el Sistema Penal Acusatorio, más de 70 mil personas salieron de las prisiones, lo que generó las condiciones que tenemos hoy de inseguridad, y preguntó si ya lo tenían previsto. Durazo Montaño respondió que sí.

Elvia Marcela Mora Arellano, legisladora del PES, cuestionó: ¿Los elementos de la Guardia Nacional serán certificados por la ONU? ¿Cómo se informará a la ciudadanía sobre las evaluaciones y cumplimiento de estándares internacionales?

El secretario aseguró que, en virtud del acuerdo firmado con la Alta Comisionada de Derechos Humanos, de la ONU, los acompañará en estas tareas. En el segundo caso, dijo que todos los elementos serán certificados para garantizar niveles de confianza, y la información de certificación, añadió, será abierta a la ciudadanía. “Se publicará en las páginas que en su momento se habiliten para ello”.

En la segunda ronda de preguntas participaron los senadores Eunice Renata Romo Molina (PES), Antonio García Conejo (PRD), Eduardo Enrique Murat Hinojosa (PVEM), Cora Cecilia Pinedo Alonso (PT), Verónica Delgadillo García (MC), Beatriz Paredes Rangel (PRI), Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN) y José Alejandro Peña Villa (Morena).

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“Durazo Montaño negó la caída de decomisos. Lo que sucede es que no hemos convertido estos resultados en un espectáculo mediático.”

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