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URGEN ATENDER MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO EN MÉXICO

Urgen atender migración y desplazamiento forzado interno en México
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En 2018 se devolvieron a su país de origen a 112 mil 317 extranjeros, y fueron presentadas 17 mil 116 solicitudes de refugio
15.03.2019 12.00 AM

La Comisión de Asuntos Migratorios se reunió con la jefa de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Rocío González Higuera, quien resaltó que se mantendrá una estrategia con respeto al Estado de derecho con énfasis en los grupos más discriminados: mujeres, indígenas, infantes, adultos mayores, comunidad LGTTTI y personas con discapacidad.

La presidenta de esta instancia legislativa, diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), sostuvo que es primordial una política migratoria que integre lo establecido en el Acuerdo de Marrakech, firmado en diciembre, donde se busca que sea segura, ordenada y regular.

Enfatizó que lograr la construcción de un producto eficaz en la materia requiere comunicación y coordinación de los tres órdenes de gobierno, toda vez que se detectó que en la administración federal existen más de 40 dependencias con atribuciones en materia migratoria.

“Debemos tener una colaboración interinstitucional, entre los tres órdenes de gobierno y las instituciones gubernamentales para poder sacar avante los temas pendientes sobre el tema migratorio”.

La diputada del PT, Claudia Angélica Domínguez Vázquez afirmó que la migración debe tomarse de manera natural, por lo que preguntó a la funcionaria si ya están listos los protocolos para brindarles empleos a los migrantes.

La diputada María Libier González Anaya (MC) sugirió a la funcionaria diseñar un programa para que se difundan las tradiciones e historia de México a los connacionales que viven Estados Unidos para que perfeccionen el español y felicitó el trabajo de la dependencia por llevar a cabo la migración de los centroamericanos de forma ordenada y legal.

El diputado del PES, Javier Julián Castañeda Pomposo dijo que en el marco de la revisión de la reforma laboral se debe analizar la posibilidad de aumentar el porcentaje de extranjeros que pueden trabajar en las empresas.

El diputado panista, Jorge Luis Preciado Rodríguez indicó que el tema de las caravanas no es nuevo. En 1900 llegaron dos millones de chinos, también se trasladaron alemanes, italianos, españoles, chilenos, japoneses, entre otros.

Añadió que el tema que debe ser atendido es la migración interna, la cual se presenta por la violencia. Cada año son desplazadas medio millón de personas de una entidad a otra; lamentablemente, no hay medidas para proteger a estos ciudadanos.

Solicitó a la funcionaria aclarar si es verdad la desaparición de centroamericanos y qué se puede hacer para ayudar para protegerlos mientras encuentran un lugar para pasar a Estados Unidos o refugiarse.

El diputado Francisco Jorge Villarreal Pasaret (Morena) se congratuló en que se integren al capital humano de desarrollo a los migrantes, pues algunos son altamente calificados. Asimismo, cuestionó si existe la posibilidad de rentar una nave industrial para acondicionarla al uso de la caravana centroamericana.

La diputada Eugenia Leticia Espinosa Rivas (PAN) se comprometió a brindar su apoyo a todos los migrantes que ingresan al país por la frontera sur, pero consideró fundamental trabajar para integrar a los connacionales que son deportados de Estados Unidos.

El diputado Samuel Herrera Chávez (Morena) solicitó que se apoye a las clínicas jurídicas para la defensa de los migrantes, a fin de que se emitan credenciales de elector, acta de nacimientos y pasaportes y exhortó a la dependencia a solicitar a Estados Unidos desclasificar la información del programa de braceros y con ello conocer cuántos participaron y cuál fue su aportación, además preguntó de qué manera el gobierno federal atenderá a los dreamers (estudiantes de origen mexicano en Estados Unidos).

Su correligionaria, la diputada Maribel Aguilera Chairez preguntó si es posible generar un padrón para conocer cuántas personas salen del país y darles un seguimiento para saber a dónde se dirigen, esto para la seguridad, tanto de la ciudadanía como de los migrantes.

La jefa de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Rocío González Higuera, expuso que en 2017 se registraron 296 mil casos de tránsito irregular, nueve de cada diez personas eran originarias de Centroamérica, y en 2018 se presentaron ante la autoridad migratoria 138 mil 612 personas extrajeras por no acreditar su estancia legal en el país.

Añadió que en estas cifras se incrementó notablemente la participación de niñas, niños y adolescentes acompañados en la migración de tránsito, pasando de 11.2 por ciento en 2013 a 19.3 en 2017.

Detalló que en 2018 se devolvieron a su país de origen a 112 mil 317 extranjeros, el 97.4 por ciento fueron mediante retorno asistido, y el 2.6, vía deportación.

La movilidad documentada hasta el 2017 fue de 92 mil residentes, 55 mil 296 temporales y 37 mil permanentes, de estos últimos 453 corresponden a extranjeros con reconocimiento por refugio; principalmente, venezolanos, salvadoreños y hondureños.

En este sentido expresó que en 2018 se presentaron 17 mil 116 solicitudes de refugio. Ante este panorama la funcionaria dijo que la nueva política migratoria se construirá sobre siete componentes: responsabilidad compartida, movilidad y migración internacional segura, ordenada y regular.

Además de la atención a la migración irregular, el fortalecimiento institucional, la protección de connacionales, la integración y reintegración de personas en contextos de migración, movilidad internacional y desarrollo sostenible.

Reiteró que se incentivará el ingreso regular, a través de campañas de comunicación que oriente a los migrantes, instituciones y comunidades sobre los procesos de ingreso y diseñar un nuevo modelo de documentación.

De igual manera, buscar el regreso asistido con Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos, revisar los protocolos de identificación de víctimas de algún delito y homologar la validez de sistemas de educación.

Apuntó que otro aspecto primordial en esta estrategia es empoderar a las personas migrantes refugiadas para que sean integrantes plenos de la sociedad, destacar las contribuciones positivas y promover la inclusión y la cohesión social; es decir, hacerlos parte de los servicios de educación, salud y diversos programas sociales y desarrollo económico.

Crear puentes con los defensores de derechos humanos, sociedad civil y organismos internacionales, a fin de no romper el ejercicio de sus garantías, instituir la promoción de la paz y terminar con los discursos de odio que hay en contra de los migrantes.

La titular de la Unidad de Política Migratoria explicó que a los centroamericanos se les ha ofrecido trabajo en la parte norte del país; sin embargo, solicitó modificar los estatutos en materia laboral, porque en la actualidad las empresas sólo pueden contratar en su plantilla laboral al diez por ciento de extranjeros.

En el tema de desplazados, señaló que hace dos meses este asunto era desconocido por parte del gobierno federal, pero se reunieron con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, quienes se comprometieron a abrir un capítulo de desplazados.

“Es una urgencia del Ejecutivo que la Unidad de Política Migratoria aborde el tema de desplazados, aunque es terrible reconocer este problema, hacerlo es admitir que el sistema de justicia no está funcionando, pues en el país existen más de 50 mil desalojados en su propio país”.

Urge atender el desplazamiento forzado interno en México

Al clausurar la mesa de análisis “Desplazamiento interno forzado en México, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, diputados, funcionarios, académicos, sociedad civil y víctimas de este fenómeno resaltaron la necesidad de atenderlo de manera urgente y fortalecer el enfoque preventivo, no sólo reactivo, e identificar a desplazados potenciales.

La diputada Maricruz Roblero Gordillo (PT), secretaria de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, destacó que la atención del fenómeno no parte de cero, toda vez que “existe un marco normativo e institucional que debe movilizarse y articularse”.

Durante las conclusiones de la mesa de análisis, la legisladora precisó que se deben perfeccionar las fuentes de información de mayor relevancia cuantitativa; robustecer el enfoque preventivo, no solamente reactivo, e identificar a los desplazados potenciales. Asimismo, reconocer que el desplazamiento es un proceso de larga duración causado por diversos factores.

El secretario general del Consejo Nacional de Población, Carlos Javier Echarri, pidió cooperación al Poder Legislativo para emprender los cambios normativos que hagan falta y expresó su compromiso a trabajar arduamente en la atención a esta problemática.

Durante la mesa de análisis, dijo, se concluyó que deben existir responsabilidades compartidas entre el Ejecutivo, Legislativo y diferentes órdenes de gobierno, por lo que resulta importante tener conciencia, por un lado, de la multicausalidad, como la violencia, cambio climático, fenómenos hidrometeorológicos, cuestiones étnicas y religiosas, e incluso proyectos de desarrollo.

También es preciso considerar la urgencia de atender a las víctimas de forma inmediata; trabajar de manera interinstitucional y, sobre todo, “voltear a ver lo que ha hecho la sociedad civil, que es quien ha atendido ante la ausencia de mecanismos precisos por parte del Estado”.

Asimismo, analizar las experiencias internacionales, tomar en cuenta la diversidad de la población desplazada; tener perspectiva de género y cubrir las necesidades específicas.

Previamente, durante las mesas de análisis, Édgar Corzo Sosa, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), enfatizó que hace falta una Ley general de desplazamiento forzado interno que dé el marco para el desarrollo de todas las políticas públicas, aunada al Plan Nacional de Desarrollo.

Comentó que la CNDH tiene una propuesta de ley, con base en una estrategia nacional, que incluye prevención, asistencia, y protección de personas desplazadas y medidas para lograr soluciones duraderas, “si no se tratan estos tres ejes, por más que se quiera no llegaremos a ningún lado”.

Josep Herreros, en representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, estimó que el diseño de un marco legal debe ir de manera paralela con uno institucional y resaltó que también harían falta recursos para la atención.

En cuanto al marco legislativo, indicó que requiere cumplir principios básicos como: materializar la obligación del gobierno en la respuesta e identificar dónde están los vacíos y las necesidades y reconocer los recursos disponibles en la estructura del Estado. También, dijo, debe haber participación efectiva de la población desplazada mediante procesos establecidos de consulta y visión integral de las diferentes fases de los desplazamientos.

La directora de Diseño Conceptual del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Leonor Paz Gómez, señaló que el desplazamiento forzado interno es un fenómeno complejo y multidimensional. Comentó que el instituto tiene una función activa con diversos grupos de expertos, con el propósito de instrumentar nuevas metodologías y medición del fenómeno mucho más acertada.

Mencionó que en el Censo de Población y Vivienda 2020 se incluirá la pregunta de la causa de la migración y se tiene la opción abierta de cuál es la razón del desplazamiento. Aclaró que la pregunta sólo se dará una aproximación cuantitativa y cualitativa a este grupo poblacional, pues al no ser una encuesta especializada del tema se pondera el objetivo principal de la medición, que es actualizar la cuenta poblacional.

Consideró que la mejor manera de generar información de este fenómeno es que se planifique, consolide y mejore continuamente un sistema de registros administrativos en el ámbito nacional, incluso regional, que sirva de insumo para que el Inegi transforme en estadística oficial datos de naturaleza legal y administrativa de oficinas de gobierno como el Instituto Nacional de Migración, Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Gobernación, entre otras.

Brenda Gabriela Pérez Vázquez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, refirió que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica de 2009 al 2014, al menos 185 mil personas cambiaron de lugar de residencia por la inseguridad pública. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, de 2011 al 2017 la suma es de 8 millones 726 mil 375 personas. Mientras que la Nacional de Ocupación y Empleo habla de 206 mil 965 personas, de 2006 al primer trimestre de 2018.

Afirmó que existen obstáculos que las víctimas enfrentan para que se les asista y provea de atención. Estimó que se deben generar instrumentos legales y normativos que faculten a alguna institución en específico para responder la problemática, que haya una mesa interinstitucional en donde se discuta cuáles serían las medidas de atención en las diferentes aristas. Destacó la necesidad urgente de construir un instrumento especializado para medir el desplazamiento.

David Uribe González, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, afirmó que esta comisión considera que la atención integral necesita partir de la identificación, entendimiento y análisis de los factores que propician y se involucran en el proceso, desde que una persona tiene la intención de desplazarse hasta su eventual y obligatoria reintegración.

Planteó hacer un diagnóstico que permita integrar todas las cifras y análisis para diseñar una política pública efectiva; analizar el fenómeno con otros países; crear una ley y análisis del marco jurídico vigente, no sólo para la tipificación de una conducta singular, sino para el desarrollo de una política pública con responsabilidades determinadas que ocasionen el diseño de un protocolo de emergencia.

La diputada Clementina Marta Dekker Gómez (PT) mencionó que en Chiapas hay municipios que viven desde hace 45 años un tema de desplazados que se fue recrudeciendo con el tiempo. “Hay gente, abuelos, que han vivido su vida desplazada”.

Comentó que el conflicto territorial que existe entre Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas, por 365 hectáreas inició hace 45 años y ha desplazado a más de 5 mil personas. “Mucho de lo que no se ha podido resolver es por la falta de voluntad de los gobernantes que han estado durante todo este periodo.

“Necesitamos pedirle al Ejecutivo nacional, estatal y municipales que se plantee una mesa permanente para cambiar la triste realidad de muchas personas, indígenas sobre todo. Éste es un tema de urgente atención y prioritario”, dijo. Asumió la responsabilidad de trabajar en los cambios en el marco legal y “todo lo que se tenga que hacer”.

En el acto también participaron diputados locales del Congreso de Chiapas, académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y víctimas de desplazamiento forzado.

Aprueba Comisión que Senado haga enérgico rechazo a política migratoria de EU

La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, que preside la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, aprobó un dictamen a través cual se busca hacer un enérgico rechazo a la política migratoria, de “tolerancia cero”, implementada por el Gobierno de Estados Unidos que considera a los migrantes como delincuentes.

El documento precisa que si bien dicha política se ha moderado gracias a la presión de diversos países, sigue provocando la separación de cientos de familias, dañando principalmente a niñas, niños y adolescentes, además de contravenir las recomendaciones de organismos internacionales.

Asimismo, se plantea hacer un reconocimiento a diversas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de migrantes, instituciones académicas y defensores de derechos humanos, por su participación en la octava edición del Foro Social Mundial de las Migraciones, que se llevó a cabo en noviembre de 2018.

Las senadoras y senadores integrantes de la Comisión también aprobaron hacer un llamado a la Fiscalía General, para que informe sobre el estado que guardan las denuncias interpuestas por la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos.

Dicho informe, se establece, debe tener un análisis de los protocolos de búsqueda implementados en México para localizar o determinar el paradero final de sus familiares.

Adicionalmente, fue avalado solicitar al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de los estados, que informen sobre las medidas aplicadas para garantizar la seguridad, atención médica, alimentación y estancia digna, de las y los migrantes centroamericanos que atraviesan por el país.

Lo anterior, ante la evidente prolongación de su estancia en territorio mexicano, como consecuencia del endurecimiento de los requisitos de ingreso a Estados Unidos, contenidos en la proclamación emitida por el Presidente de ese país.

En el mismo sentido, aprobaron un dictamen que solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre el protocolo que siguen de manera coordinada con las entidades federativas, para garantizar la circulación humanitaria de los migrantes desplazados que transitan de manera temporal en México.

“En estas cifras se incrementó notablemente la participación de niñas, niños y adolescentes.”

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