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ENNUMERAN LARGA LISTA DE PENDIENTES EN LUCHA CONTRA FEMINICIDIOS

Ennumeran larga lista de pendientes en lucha contra feminicidios
FOTO: CORTESÍA CANAL DEL CONGRESO Photo VER FOTOGALERÍA
Si el Estado no garantizan el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, crean y son responsables de la agresión que puede continuar en la muerte de las mujeres
12.03.2019 12.00 AM

En la Audiencia Pública “Feminicidios, Emergencia Nacional: Impunidad Institucional”, y al dar inicio a la primera mesa de trabajo “Cumplimiento de recomendaciones internacionales e incorporación de los estándares de la sentencia Mariana Lima y Campo Algodonero”, Natalia Calero, integrante de ONU Mujeres, urgió al Estado a adoptar medidas para prevenir las muertes violentas, asesinatos y desapariciones forzadas en nuestro país.

En particular, dijo, tienen que enfrentarse las causas profundas de estos actos, como violencia armada, delincuencia organizada, tráfico de estupefacientes, además de los estereotipos como la pobreza y la marginación de las mujeres.

Es necesario, advirtió, investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables, incluyendo a los agentes estatales y no estatales, así como un código penal único, que es una de las formas para enfrentar la problemática de homologación.

Desde las Naciones Unidas “hacemos un llamado a las instituciones públicas para implementar acciones y entender cómo poner en el centro a las víctimas y sobrevivientes de violencia”.

En ONU Mujeres proponemos “marcos normativos y de política pública con perspectiva de género; fortalecer las instituciones estatales y sus mecanismos de coordinación para actuar con perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos; generar información estadística y evidencia que permitan dimensionar integralmente el fenómeno; proveer de servicios accesibles de calidad para la atención a las víctimas”.

Por su parte, la maestra Nira Cárdenas Oliva, de ONU-Derechos Humanos, sostuvo que se necesitan los espacios de diálogo entre sociedad civil y Estado porque desde el enfoque basado en los derechos humanos se permite generar una acción común e identificar soluciones medibles y sostenibles.

Informó que en México, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas ha trabajado en muchos espacios para fortalecer las capacidades técnicas, conocimientos, mejoramiento de protocolos de investigación y búsqueda, con las autoridades encargadas de la procuración de justicia, lo que incluye Alertas de Violencia de Género.

“Compartimos en mucho las observaciones, las frustraciones y comentarios de quienes han sido víctimas y siguen en la lucha, y el reto sin embargo parece ser más vigente que nunca”.

Dejó claro que el Estado tiene aún muchos pendientes en materia de derechos de las mujeres, como la garantía sexual y reproductiva, enfrentar la creciente violencia contra mujeres adultas, jóvenes y niñas en México.

Las estadísticas lo delatan: “en 2017 se tuvo un registro de tres mil 430 muertes violentas de mujeres, tres veces más que en 2007. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2018 se contabilizaron tres mil 606 feminicidios, sólo en enero de este año más de 304 mujeres han sido asesinadas, pero únicamente 75 casos han iniciado con protocolo de feminicidio”.

A la lista se suma, la violencia sexual en víctimas niñas, mujeres adolescentes y adultas. “A la fecha hay una violación cada hora en el país”.

Cada vez, dijo la representante de ONU-Derechos Humanos, son más visibles las víctimas mujeres y niñas de desaparición forzada. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas cuenta nueve mil 327 mujeres en esta situación.

Cárdenas Oliva sostuvo que la impunidad en el caso de las mujeres suscita enorme preocupación en el mundo porque “cuando el Estado no responsabiliza a los infractores, la impunidad no sólo intensifica la subordinación y la impotencia de quienes sufren abusos, sino que envía un mensaje a la sociedad de que la violencia masculina contra las mujeres es aceptable e inevitable” advirtió.

La funcionaria de la ONU sostuvo que el homicidio de mujeres constituye una violación a los derechos, a la vida, a la igualdad, a la dignidad, a la no discriminación y a no ser objeto de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes.

La obligación de los Estados, reiteró, es proteger a las personas de violación de los derechos humanos en su jurisdicción, prevenirlas, castigar a los autores y reparar en caso de violación.

Advirtió que si los Estados no garantizan el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, crean y son responsables de la agresión que puede continuar en la muerte de las mujeres.

Desde la ONU-DH confiamos en que existe la voluntad renovada de seguir mejorando este camino de justicia. Las mujeres y las niñas no pueden esperar; no queremos ni una más, demandó.

Estado de México ocupa primer lugar en feminicidios; funcionarios piden mayor presupuesto para atenderlo

Durante la mesa dos de la audiencia pública “Feminicidios, Emergencia Nacional: Impunidad Institucional”, funcionarios de diversas dependencias gubernamentales analizaron los distintos rostros de este delito; sostuvieron que la entidad con el primer lugar de incidencia es el estado de México, seguido por Veracruz y Ciudad de México, por lo que urgieron a destinar mayor presupuesto y fortalecer la atención integral a víctimas.

Gualberto Ramírez Gutiérrez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro, de la Fiscalía General de la República, afirmó: para atender los crímenes en contra de mujeres se necesita mayor capacitación y un servicio civil de carrera profesional, ministerios públicos especializados que tengan sensibilidad de atender e investigar con perspectiva de género y que no los cambien constantemente del encargo.

Resaltó la importancia de que el Poder Judicial, ministerios públicos y víctimas analicen los criterios técnicos en que se sustentan las investigaciones, que los jueces apliquen criterios de convencionalidad y constitucionalidad cuando se requiera y, no sólo aborden cuestiones administrativas y de coordinación.

Aseguró que todas las experiencias de feminicidios están generando en la autoridad un cambio. “Todo por lo que los familiares de las víctimas han peleado, sí se refleja por la autoridad en la forma de integrar el delito de secuestro se relacione o no con el feminicidio, como la sentencia de Mariana Lima, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los protocolos del Campo Algodonero”.

Resaltó la vinculación del feminicidio -como la privación de la vida por cuestión de género- y el secuestro -privación de la libertad-, de éste en 2018 la unidad captó 353 víctimas, el 28 por ciento fueron mujeres.

Refirió la importancia de conocer experiencias de las familias y su lucha constante, para generar mejores protocolos de atención y establecer el perfil de la víctima, edad y actividad u oficio. “Somos empáticos con la situación que viven las víctimas, no queremos que nadie más lo sufra”.

Afirmó que el Estado de México ocupa el primer lugar en el índice de feminicidios y secuestro con 29 casos; Veracruz, con 26 y Ciudad de México con 15.

El trabajo coordinado entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil, en defensa de las víctimas de feminicidio y sus familias atiende la problemática, retomando antecedentes de otros casos.

De la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mirna Eugenia Acebedo Salas, titular de la Unidad de Género, señaló asignaturas pendientes en todas las instituciones del Estado mexicano para fortalecer la atención integral a víctimas, a través de capacitación, certificación de personal, litigio estratégico, apoyo a huérfanos e impulso de políticas públicas transversales con perspectiva de paridad que frenen el feminicidio.

El marco normativo debe fortalecerse y aplicarse, las instituciones tienen que operar con la debida diligencia para frenar la violencia contra mujeres. Refirió el mecanismo de articulación operativo con la Red Nacional de Refugios, donde hay delegaciones estatales, para “revisar puntos de quiebre en materia de atención. Sabemos que hay muchas carencias interinstitucionales para hacer efectiva la reparación del daño con la incursión de los tres órdenes de gobierno”.

Por las implicaciones de tipo social, legal e incluso político que tiene visibilizar los feminicidios y aun cuando las autoridades locales investiguen y sancionen estos casos como homicidios, “la CEAV reconoce la transcendencia nacional de estos casos; por ello, los ha atraído del fuero local al federal para atenderlos”.

Aseguró que la CEAV está pendiente y atenta a seguir colaborando y escuchar inquietudes, denuncias y demandas de mujeres víctimas. Comentó que la posibilidad de disminuir recursos y la presencia de las unidades de género no observa todas las acciones que se hacen para avanzar y definir un protocolo que las atienda. “Es necesario respetar el presupuesto y apoyar a las instituciones para ejercer políticas concretas que visibilicen resultados”.

Sobre el tema “Trata de personas y otras formas extremas de violencia contra las mujeres”, Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y El Caribe, afirmó que no se contabilizan las víctimas de trata en ninguna estadística nacional, ni en los desparecidos, lo cual viola flagrantemente lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia de Campo Algodonero. Destacó que el feminicidio se vincula con el delito de secuestro.

Se ha detectado que en el 52 por ciento de los casos atendidos participó la delincuencia organizada, en el 23 por ciento no hubo injerencia de ésta y en el 25 por ciento se desconoce quién cometió el ilícito, porque la familia no aportó más información. La coalición, a la fecha ha rescatado vivas y localizadas -asesinadas por cuestión de género- a mil 752 mujeres y niñas. Apuntó que la falta de presupuesto dificultará continuar con la atención a víctimas de este ilícito.

“El 40 por ciento de las adolescentes fueron reclutadas por internet y la migración ilegal aumenta la vulnerabilidad. Las niñas de 12 y 15 años son entrenadas en ranchos como “halconas” para convertirlas en sicarias, “mulas” y “correas”, esclavas sexuales de jefes de plaza y damas de compañía”, agregó.

En Veracruz, indicó, se ha identificado una nueva modalidad de trata y explotación laboral y sexual, designada como “la dedo”, donde inscriben a una niña en alguna escuela de renombre, para que se haga amiga de menores de familias adineradas y la inviten a sus casas para que conozcan sus domicilios y pertenencias, a fin de que el grupo delictivo robe, secuestre o cometa otro delito.

Laura Salinas Beristaín, de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, señaló que la Fevintra ha estado maniatada en materia de feminicidios por la ley, porque sólo “nos competen los delitos de los jueces federales” y los homicidios de mujeres son competencia local.

Antes el procurador general podía atraer casos, pero no había criterios específicos en la ley, quedaba a su discreción. Ahora, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en los artículos 4 y 5, señala que el fiscal tiene posibilidades de atraer casos por inactividad del ministerio público local o quien esté trabajando con ella en la investigación de un delito o por ineficacia. Y si el fiscal decide no atraerlo, las víctimas pueden impugnar. Esta nueva posibilidad de actuar “nos abre la posibilidad de poder intervenir en muchos casos donde esté atorada la justicia local”.

Desde hace varios años se hizo un protocolo de feminicidios y en 2018 se adecuó al Sistema de Justicia Penal con un grupo de expertos, el apoyo de varias fiscalías y la intervención de grupos de mujeres, “por lo que se espera que este protocolo será muy útil y estamos proponiendo que lo adopten en la Conferencia de Procuración de Justicia y que haya una capacitación para su uso”.

Mayra González Solís, Magistrada de Circuito en el Centro Auxiliar de la Octava Región, con Residencia en Mérida, Yucatán, se comprometió a trabajar desde su responsabilidad para mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

Reconoció que “los juzgadores no siempre pueden intercambiar la información con las víctimas de violencia porque su función implica” dijo, buscar la posición de equilibrio, de armonización entre el debido proceso, la justicia y la reparación del daño cuando se ha cometido un delito”.

En el diálogo interinstitucional, precisó la magistrada, escuchamos las propuestas de las víctimas, de las autoridades y miembros del Estado para construir un México en paz para todos y detener la violencia más extrema que puede sufrir una mujer: el feminicidio.

En su oportunidad, Dilcya Samantha García Espinoza, de la Fiscalía General de Justicia del estado de México, destacó que en esa entidad se ha logrado “sacar de las entrañas de la impunidad” muchos asuntos, aunque reconoció que el camino es incipiente y las metas, los altos objetivos, son “enormes”.

Expresó que de las carpetas iniciadas en aquella entidad, 55 por ciento está judicializada y 30 por ciento tienen sentencias de condena, “pero esto no puede ser triunfalista. Hasta que no tengamos la última sentencia de feminicidio no podemos decir que hicimos nuestro trabajo cabalmente”.

Añadió que hay un camino “brutal” que falta por recorrer, empezando por realizar investigaciones con perspectiva de género.

Se pronunció por propiciar, desde la prevención, que no haya una víctima más de feminicidio ni de desaparición”. Dijo que se requieren recursos, “pero también voluntad”; revisar protocolos de feminicidio; fortalecer herramientas y acompañar instituciones que requieren apoyos para la prevención de la violencia desde los albores, porque tenemos niñas víctimas de violencia feminicida y sexual”.

Dijo que se requiere un engranaje fortalecido para no dejar en la impunidad a los feminicidas y a las autoridades insensibles, omisas y corruptas que han retardado el acceso a la justicia. “Debe haber un círculo donde la autoridades que se queden a trabajar, no sólo los temas de violencia sino de la procuración de justicia en general, tengan el perfil adecuado, y quien no lo tenga, que se vaya a la calle o a la cárcel; lo que le toque”.

Andrea Nomdedeu Díaz-Valero, especialista de Atención a Casos en Amnistía Internacional, afirmó que “cada 160 minutos una mujer o una niña es asesinada en México”. El año pasado se llegó a la cifra de tres mil 600 mujeres víctimas de violencia extrema; los feminicidios en México se incrementan cada año “sin que todavía existan datos precisos y confiables sobre su dimensión”.

Refirió que durante 2017, en Brasil ocurrieron mil 133 feminicidios; en El Salvador, 345; en Argentina, 251; Honduras, 235 y en Guatemala, 221. “Coincidimos en considerar a todos estos países como peligrosos, pero en México, tres mil 357 mujeres fueron asesinadas de forma violenta en el mismo periodo”.

De estas, las fiscalías y procuradurías estatales registraron únicamente 671 presuntos delitos de feminicidio. “Esta brecha expresa la resistencia de las autoridades a reconocer que a las mujeres nos están matando porque somos mujeres”, enfatizó.

Recalcó que las investigaciones de los feminicidios son deficientes y los autores de actos de violencia gozan de impunidad; por ello, enfatizó la necesidad de que el Estado lleve a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre asesinatos de mujeres por razón de género, asegurando que se lleve a los responsables ante la justicia; implementar políticas enfocadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra ellas, así como impulsar políticas de igualdad y medidas de reparación del daño y garantías de no repetición.

Leticia Lorena Gutiérrez Rangel, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, afirmó que según la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, en México hay aproximadamente 30 mil desplazados internos por causas de la violencia, los cuales no tienen “categoría legal como desplazados” y no encajan en un régimen de protección adecuada que les permita rehacer sus vidas.

Destacó la necesidad de crear un marco jurídico para atender, proteger, y asistir las necesidades especiales de las personas desplazadas y garantizar los derechos.

María Salguero, activista y creadora del Mapa del Feminicidio, resaltó que tan sólo en 2018, se asesinaron a 3 mil 607 mujeres, lo cual significa que fueron casi 9.8 mujeres al día. Afirmó que continúa la violencia intrafamiliar, pero el crimen organizado ha hecho que se eleven los asesinatos de mujeres, y en el ámbito comunitario ha sido en estados con presencia del crimen organizado.

De acuerdo con la suma de lo que señalan los estados sobre feminicidios y homicidios dolosos, el Estado de México fue el primer lugar con 400 mujeres asesinadas, después le siguió Guanajuato, Baja California, Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Michoacán y Ciudad de México. Mientras que en la incidencia por población, por cada 100 mil habitantes, en Colima hubo 22; Baja California, 19; Guerrero, 15; Chihuahua, 13; Guanajuato, 11 y 10 en Quintana Roo.

Enfatizó que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se determina que más de 10 mujeres asesinadas por cada 100 mil habitantes ya es una epidemia de violencia y “es lo que se está viviendo en estos estados”.

En el primer mes de este año, en el Estado de México hubo 37 mujeres asesinadas; Jalisco, 33 y 24 Guanajuato. Se debe investigar con perspectiva de género y hacer el contexto individual de cada víctima sin criminalizar porque muchos gobiernos suelen hacerlo.

Adriana Muro, directora general en Elementa en Consultoría en Derechos, organización de mujeres en Colombia y México, destacó que el recrudecimiento de la violencia del crimen organizado impacta a las mujeres por su mercantilización; es decir, los cuerpos femeninos se consideran objetos de apropiación para el ejercicio del poder masculino, derrotando moral y psicológicamente a las poblaciones.

Además, reafirma jerarquías de género y refrenda el dominio social de los grupos armados, donde niñas, adolescentes y mujeres interactúan con el crimen organizado, desde el cultivo de drogas y tráfico, trata y otros delitos, sometidas a violencia física, emocional y sexual por los delincuentes, corriendo el riesgo de ser desaparecidas o asesinadas.

La tasa de asesinatos se incrementó del 1.9 al 4.4 mujeres por cien mil habitantes, de 2007 a 2016, de acuerdo al Sistema Nacional de Información de Salud. El nuevo patrón que no se ha analizado son las muertes en espacios públicos por la disputa territorial de las bandas delictivas.

Por ello, cuestionó si el enemigo es el crimen organizado, los hombres misóginos y machistas o el Estado, con la violencia institucional en que incurre por su omisión al no atender las necesidades de seguridad que requieren.

Sacrisanta Mosso Rendón, de la organización “Voces de la ausencia”, propuso hacer una revisión y análisis profundo de las penas para delitos de alto impacto que cometan adolescentes en conflicto con la ley, pues el sistema de justicia para adolescentes los favorece, y endurecer las sanciones de acuerdo con la gravedad del delito para corregir las conductas y fortalecer la prevención.

De la misma organización, Ligia Teresita Canto Lugo planteó la importancia y la necesidad de proteger a los niños huérfanos por causa de los feminicidios.

Soledad Jarquín Edgar, madre de Marisol del Sol Cruz Jarquín, aseguró que el feminicidio de su hija es uno de los más de 270 asesinatos violentos ocurridos en Oaxaca, en poco más de dos años del actual gobierno estatal. Solicitó a los diputados intervenir para iniciar un juicio político en contra del Fiscal general, Rubén Vasconcelos, y proceder en la revocación del mandato de Hageo Montero López por obstaculizar la investigación.

Arturo Ibarra, padre de la víctima Francia Ruth Ibarra Ramírez, consideró que una forma primordial de prevenir la delincuencia, es combatir la impunidad. Las leyes están mal y hay errores en su aplicación, si se quieren resultados diferentes es necesario empezar a hacer las cosas de forma distinta.

Necesario que la Cámara de Diputados vigile y supervise recursos destinados para atender la violencia contra las mujeres: Salas Ramírez

La directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Karla Micheel Salas Ramírez, afirmó que es necesario que la Cámara de Diputados vigile y supervise los recursos destinados a la atención de la violencia contra las mujeres, ya que la mayoría se destinan al gasto corriente de algunas dependencias y no a las acciones directas para su prevención y atención.

Indicó que en 2018 se destinaron a estos refugios aproximadamente 350 millones de pesos, de los cuales únicamente 130 millones fueron destinados para los administrados por las organizaciones de la sociedad civil, 30 millones para los operados por el gobierno; “ahí tenemos más de 150 millones que en realidad no sabemos a qué se están destinando” o si terminan gastándose en papelería” y otros productos que se consideran gasto corriente.

La también abogada feminista pidió que se haga una mayor supervisión para el año 2019, y que este presupuesto se traduzca en acciones directas para la atención y la prevención.

Destacó que el Estado mexicano no ha asumido plenamente su obligación de atender, prevenir e investigar la violencia contra las mujeres, que actualmente es una emergencia nacional.

Urgió la necesidad de crear un padrón de huérfanos para los hijos de las víctimas de feminicidio, pues se desconoce el número de víctimas indirectas; así como un mecanismo unificado para la búsqueda de mujeres y niñas.

Además, expuso que los familiares de estas mujeres coinciden que al momento de denunciar recibieron un trato irrespetuoso, negligente, omiso, y, en ocasiones, un actuar doloso por parte de las autoridades.

“Esta Cámara (de Diputados) debería de llamarles a cuentas a gobernadores, a procuradores, a fiscales, al Poder Judicial. Tiene que servir esta instancia legislativa como un contrapeso de estas autoridades que no están ejerciendo bien el presupuesto, que actúan de manera dolosa, de manera omisa y negligente”.

Afirmó que el caso del Campo Algodonero en Ciudad Juárez sentó un precedente para toda América Latina en el tema del feminicidio, y aportó elementos importantes que sirvieron precisamente para llevarlo al Código Penal.

“Hoy podemos decir que son 32 entidades federativas las que reconocen el tipo penal de feminicidio; sin embargo, tenemos muchos problemas en su aplicación, la mayor parte de los códigos no están armonizados”.

Señaló que “hasta el 2015 únicamente en 10 entidades federativas habían emitido sentencias por feminicidio. Es decir, tenemos el delito pero en la mayor parte del país los jueces, los fiscales no están utilizando el tipo penal”.

El caso del Campo Algodonero le recordó al gobierno mexicano que “la violencia contra las mujeres es un asunto de Estado, es una violación a los derechos humanos, que no se ha asumido plenamente.

Por su parte, familiares de víctimas demandaron justicia, cero tolerancia y ninguna mujer más asesinada. Pidieron investigar de oficio con perspectiva de género la muerte de mujeres por la violencia que se sufre y ceñir las averiguaciones al debido proceso. “Dejen la impunidad, corrupción, indiferencia, negligencia, omisiones y discriminación. Cumplan los protocolos especializados fijados por la Suprema Corte de Justicia (sentencia Mariano Lima) y organismos internacionales (sentencia de Campo Algodonero)”, pidieron.

Afirmaron que se incrementan los feminicidios porque en México no pasa nada ni se castiga a nadie, pese a que nueve mujeres mueren al día por ese delito.

Manifestaron que prevalece el rezago al existir casos con 18 años de antigüedad sin que avance su proceso, se pierdan expedientes e, incluso, se premie a policías con ascensos por eliminar pruebas y coludirse para fabricar culpables. Los agresores están en la calle, mientras que las madres que exigen justicia han sido víctimas de atentados, amenazas y despidos injustificados de sus empleos.

Exigieron castigar de forma ejemplar a los asesinos y funcionarios irresponsables, porque han obstruido el acceso a la justicia; policías, ministerios públicos y jueces disfrazan los feminicidios por suicidios. Dicen y hacen lo que quieren ante la agresión y abusos en contra de las mujeres, expusieron.

304 mujeres fueron asesinadas en enero de 2019; sólo 75 casos han sido catalogados como feminicidios

La secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, María Elizabeth Díaz García (Morena) sostuvo que tan sólo en enero de este año al menos 304 mujeres fueron asesinadas en el país; es decir, un promedio de 10 crímenes por día. De este total 75 fueron catalogados como presuntos feminicidios, de acuerdo con el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante el Foro “Encuentro amplio de mujeres: propuesta para la prevención y sanación del Feminicidio en México”, la legisladora refirió que este reporte indicó que el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California Sur y la Ciudad de México concentraron la mayor incidencia de presuntos feminicidios y homicidios dolosos.

“En un desglose de entidad por entidad, el Estado de México sumó 37 casos; Jalisco, 33; Guanajuato, 24; Chihuahua, 22, mientras que Baja California Sur y Ciudad de México, registraron 21 homicidios cada uno. A estas entidades les sigue Oaxaca, 19; Guerrero 13; Puebla y Michoacán 12, así como Veracruz, 11.

Relató que en el primer mes de 2018 se reportaron 279 presuntas víctimas de feminicidio y homicidio doloso, lo que representa 25 menos que en enero de 2019, “la tendencia por desgracia va a la alza, ya que no es cuestión de un año o un mes, pues de 2015 a la fecha los asesinatos de mujeres se han incrementado en diversas entidades del país. De ahí la necesidad de generar acciones gubernamentales para garantizar la integridad, seguridad y la vida de las mujeres y niñas”.

Aseguró que el feminicidio debe asumirse como un problema de Estado y emprender mecanismos que prevengan, sancionen y erradiquen la violencia contra las mujeres y niñas, toda vez que es una emergencia y una tragedia lo que vive el país porque de 11 asesinatos de mujeres que ocurren en América Latina, diez se cometen aquí.

Es primordial mejorar los protocolos de investigación para que cuenten con perspectiva de género, se capacite a los funcionarios responsables de la atención de las víctimas, a través del conocimiento de los mecanismos de investigación ministerial, judicial y pericial de feminicidios y para la búsqueda inmediata de personas en situación de extravío y ausencia.

Díaz García enfatizó la necesidad de instalar juzgados especializados en violencia de género y armonizar la legislación enfocada en prevención, atención y erradicación de la violencia hacia las mujeres.

“Ante este panorama, y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, me comprometo a realizar acciones que contribuyan a reparar el daño de cualquier tipo de violencia y proteger los derechos del sector femenino para que puedan vivir seguras”.

Expresó que otro aspecto a considerar para construir un país libre de violencia es reeducarnos como sociedad y terminar con la ideología capitalista que oprime al hombre por el hombre y que a las mujeres las subyuga doblemente. “Los hombres deben transitar hacia una nueva masculinidad y que la cultura de odio se cambie por una de respeto a las mujeres y niñas”.

La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez (Morena) expuso que edificar una ruta para la impartición de justicia y la protección de las mujeres en el país, requiere de la participación de las organizaciones civiles, ya que son quienes han visibilizado el fenómeno del feminicidio.

Añadió que lamentablemente no sólo ha aumentado el feminicidio, sino todos los tipos de violencia hacia las mujeres, quienes diariamente padecen desde injurias en la calle hasta acoso sexual en sus lugares de trabajo, “Si no combatimos estas conductas a tiempo pueden terminar en asesinatos, lo cual es la parte más inhumana y a la que penosamente nos hemos acostumbrado a ver cotidianamente”.

En este sentido, pidió hacer campañas constantes y claras de los protocolos y legislaciones que se encargan de la protección de las mujeres, en caso de la vulneración de sus derechos, y pidió incluir en el tema feminista a las mujeres lesbianas y trans.

Enfatizó que como Legislatura de la Paridad se debe dar sentido a la participación de las mujeres en la toma decisiones y generar un producto jurídico que realmente permita proteger la vida, propiciar la paz y la libertad.

María de los Ángeles Haces Velasco, directora de enlace de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, precisó que 65 por ciento de las mujeres del país han sido víctima de algún tipo de violencia, y el 25 por ciento sufrió abuso sexual antes de cumplir 18 años; los feminicidios aumentan cada vez más, advirtió.

En su ponencia “Qué entendemos cuando hablamos de feminicidio”, subrayó que ese delito es la máxima expresión de abuso en contra de las mujeres. No es suficiente contar con un tipo penal para este delito, es necesario erradicar la impunidad o el desconocimiento de las autoridades que clasifican el asesinato de una mujer como un homicidio de algún otro tipo”.

Consideró que la violencia está naturalizada en todas sus formas y aunque México ha firmado tratados internacionales e impulsado legislación a favor de las mujeres, en la aplicación se ha quedado a deber.

Señaló que a lo largo del tiempo se ha adoptado el abuso como algo normal y muchas veces comienza en los círculos más íntimos, como el núcleo familiar.

Iris Rocío Santillán Ramírez, analista de justicia penal con perspectiva de género, resaltó la reforma constitucional de 2011, pues se estableció que las personas debían gozar de todos los derechos humanos contemplados en la Carta Magna; sin embargo, la brecha todavía es demasiada para las mujeres.

Explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en México existe violencia e irregularidades en la investigación de delitos. “Es importante también decir que los feminicidios son la punta del iceberg de otras manifestaciones de agresión y se ha agravado por la impunidad”.

En su ponencia “Género y Justicia. La deuda con las mujeres”, estimó que se cree que hay igualdad plena pero, incluso, existen señalamientos de que las instituciones o las leyes a favor de las mujeres rayan en la exageración, lo cual es lamentable.

“Hay acciones o conductas que entendíamos como cosas del amor o el romance, pero poco a poco las hemos desenmascarado para ver cuánto nos lastiman, disgustan y dañan psicológica, física y económicamente”.

Irma Millan Velázquez, fiscal especializada en Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aseveró que, desafortunadamente asesinar a la mujer no es un tema de esta temporalidad, sino “siempre las han matado” porque no hay igualdad de género.

Afirmó que la violencia en contra de las mujeres, en un 99 por ciento, es de la familia, ya que los padres y madres son los primeros que violentan a sus hijas al decirles que les tienen que planchar, dar de comer o tender la cama a su papá o hermanos. Enfatizó que se debe educar y enseñar a los hijos a respetar a la mujer.

Refirió que el Estado de México fue la primera entidad que tipificó el delito de feminicidio y ahora es la entidad catalogada con más de estos delitos porque “saca a la luz pública lo que les está pasando a las mujeres y no esconde la tragedia que se vive cuando las matan”. Reconoció que, si bien es cierto, no se tienen los logros que se quieren, se han dado pasos importantes. En la actualidad, continúo, en el Edomex hay 140 sentencias condenatorias, que van de 40 años a vitalicias. Tres vitalicias, dos con Código Nacional, que ningún otro estado tiene.

También, afirmó, fue de los primeros estados en crear los Centros de Justicia para las mujeres, con la finalidad de que tengan la confianza de ir a denunciar y sientan que la fiscalía les puede dar protección. Resaltó que en la fiscalía se tiene un protocolo de feminicidios y alerta de género que obliga al Estado de México a investigar y se han tomado cursos para tener sensibilidad para la atención de los familiares de las víctimas.

Mercedes Adriana Rubio, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, precisó que este delito es considerado como una violación grave a los derechos humanos de las mujeres; esta violencia en su máxima expresión se puede ver en las formas tan brutales que las niñas y mujeres son asesinadas y que en sus cuerpos se pueden ver reflejado la misoginia, odio, saña y sometimiento.

Destacó que es crucial que la investigación se haga con perspectiva de género y con personal competente para identificar todas las cuestiones involucradas, no sólo en el cuerpo sino en el lugar, en la forma en que fueron abandonadas y el contexto de violencia, es fundamental para que se pueda decir que realmente se está garantizando el acceso pleno a los derechos contenido en la ley.

Subrayó que la Suprema Corte de Justicia refiere que todas las muertes violentas deben ser investigadas como probable feminicidio, incluso, aquellas que pueden parecer accidentes o suicidio.

Comentó que muchos estados tienen tipificado de manera inadecuada el feminicidio, lo que hace que el delito sea difícil de investigar y acreditar porque el proceso no es apropiado; por ello, debe homologarse en el ámbito federal.

Mencionó que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio desde 2011 hizo una propuesta de un modelo de tipo penal para que se pueda homologar, el cual cumple con los elementos normativos y que las hipótesis que incluye como razones género son de fácil acreditación.

Recientemente hay asesinatos de mujeres o niñas que dicen que están vinculados a la delincuencia organizada, pero aun así se pueden acreditar contextos de indefensión, vulnerabilidad y violencia previa; por eso, dijo, se requieren investigaciones con visión de género.

Realizarán un marcaje a autoridades para que cumplan sus responsabilidades contra la violencia de género

La Subcomisión para la Atención de Feminicidio y Violencia Contra la Mujer, de la Comisión de Justicia, realizará un marcaje a las autoridades para que cumplan con sus responsabilidades en materia de violencia de género, ante la impunidad de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, afirmó su coordinadora Lorena Villavicencio Ayala (Morena).

Adelantó que exhortarán, mediante un punto de acuerdo, a los municipios y estados, donde se ha declarado alerta de género, a que informen cuáles son las medidas de prevención y seguridad que se aplican.

Dijo que desde la subcomisión que coordina realizarán “un marcaje a estas autoridades para que cumplan con sus responsabilidades”.

“Estamos en una emergencia nacional y estamos viendo una impunidad muy grande de parte de las instituciones encargadas de la procuración de justicia en este país”, expuso Villavicencio Ayala.

Adelantó que acompañarán al gobierno federal “en todo este proceso de elaboración y evaluación de los marcos normativos, para que nos ajustemos y tengamos resultados en todos aquellos municipios en donde hoy están declaradas las alertas de género y que no han servido para absolutamente nada. Hay que decirlo con todas sus letras”.

Enfatizó que se tiene que “revisar a fondo cómo están funcionando tanto los Ministerios Públicos, con sus respectivos policías de investigación, en integración de estas carpetas, como los jueces, qué tipo de sentencias están dictando, donde se van por la puerta fácil del suicidio cuando se trata de feminicidios consumados”.

La diputada de Morena indicó que también se pretende revisar el marco jurídico de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia.

Urgen a gobiernos locales tipificar en sus códigos penales el delito de feminicidio, para erradicarlo

La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (PES), integrante de la Comisión de Igualdad de Género, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, urgió a los gobiernos locales a tipificar en sus códigos penales el delito de feminicidio, para erradicarlo.

“Pese a que en el Código Penal Federal está tipificado el delito de feminicidio, se requiere (de las reformas) en los congresos locales para erradicar la violencia contra las mujeres y que tengan una vida en armonía”, indicó en entrevista.

Sosa Ruiz aseveró que la violencia contra las mujeres debe erradicarse desde casa, educando a los hijos sobre el respeto a la vida de las mujeres.

Recordó que el pasado 2 de octubre de 2018 presentó una iniciativa para declarar el tercer miércoles del mes de octubre, como el Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria, la cual fue aprobada el 7 de febrero, con el fin de “visibilizar que sobrevivir (para las mujeres) no es suficiente.

“Las mujeres de esta LXIV Legislatura, de la Paridad de Género, seguiremos trabajando en los retos que se nos presenten para lograr la igualdad de género y erradicar la violencia contra las mujeres para que tengan una vida en armonía”, concluyó.

La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (PES) destacó la importancia de que participen en este foro autoridades del Poder Ejecutivo federal y del Judicial, así como representantes de organismos internacionales, ya que este delito ha avanzado día con día y afecta a diversos estados de la República.

Dijo que el feminicidio ya llegó al rango de alarma social y arroja cifras cada vez más preocupantes; por eso, el sistema de procuración de justicia debe eficientarse y garantizar los derechos de víctimas y sus familiares.

Consideró indispensable hacer más dúctiles los instrumentos jurídicos, en especial por las inconsistencias que existen en la integración de las carpetas de investigación, lo que conlleva a la impunidad. Las fiscalías deben dar cabal cumplimiento al artículo 21 constitucional, a fin de conformarlas debidamente y que se pueda detener a quien agravie la vida e integridad de una mujer.

Para garantizar una sentencia efectiva y que no haya impunidad, el Ministerio Público tiene que estar capacitado para no negar órdenes de captura, obtener un auto de vinculación a proceso, detener materialmente a la persona y, en el periodo que determine el juez de control, reunir los datos probatorios para que puedan acreditar la responsabilidad penal y el hecho delictuoso de feminicidio, dijo.

Consideró necesario apostar a la prevención del delito para reducir esos índices.

La diputada Claudia Pérez Rodríguez (Morena), secretaria de la Comisión de Justicia, dijo que los feminicidios constituyen una gran problemática en México; “es algo que como legisladoras y como mujeres no podemos pasar por alto”.

Refirió que, si bien se han tomado medidas para erradicarlo, “la realidad es que no han surtido efectos como debería”. De ahí que con esta mesa se busque nutrir las leyes para evitar que siga este fenómeno tan lamentable.

Urgente, homologar en todos los códigos penales de las entidades federativas el delito de feminicidio

Ante el incremento de los feminicidios en el país, es urgente que el gobierno federal asuma su responsabilidad de atender esta problemática y se homologue este delito en todos los códigos penales de las entidades federativas, afirmó la diputada Anilú Ingram Vallines (PRI).

“No basta ser solidarios con las víctimas o indignarnos en los discursos, se requiere que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de atender la problemática a través del fortalecimiento de los instrumentos y mecanismos que permitan garantizar a todas las mujeres el goce de una vida libre de violencia”, indicó.

En declaraciones a la prensa, tras participar en las audiencias públicas sobre feminicidios, la diputada priista sostuvo que es primordial sumar esfuerzos y homologar en todos los códigos penales de los estados este delito.

“La responsabilidad compete a todos; que cada quien, desde su ámbito de trabajo social, haga causa común y se quiten etiquetas”, subrayó.

Ingram Vallines expuso que las ausencias legales y políticas públicas con contenido de género continúan produciendo impunidad, injusticias, inseguridad y favoreciendo el conjunto de actos violentos contra las niñas y las mujeres, por ello, dijo, es tarea del Legislativo procurar los mejores ordenamientos jurídicos.

Insistió en que “todos podemos poner nuestro grano de arena” y recordó que en febrero pasado presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Explicó que su propuesta, que está en la Comisión de Equidad de Género, plantea tipificar el delito de feminicidio en el Código Penal Federal, con el objetivo de que las entidades federativas homologuen este ilícito en sus diferentes ordenamientos jurídicos y no existan discrepancias de un estado a otro respecto de cómo catalogar el homicidio de mujeres.

Asimismo, proyecta fortalecer las alertas de violencia de género con el criterio de máxima difusión, es decir, obliga a una mayor coordinación intergubernamental para garantizar la seguridad de las mujeres, implementando acciones encaminadas a frenar la violencia en su contra y eliminar las desigualdades.

“Se requiere un engranaje fortalecido para no dejar en la impunidad a los feminicidas y a las autoridades insensibles, omisas y corruptas que han retardado el acceso a la justicia.”

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