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DAN NUEVAS ATRIBUCIONES A FEDERACIÓN, ESTADOS Y MUNICIPIOS, EN EL PROCESO DE TRANSFORMAR LA BASURA EN ENERGÍA

Dan nuevas atribuciones a Federación, estados y municipios, en el proceso de transformar la basura en energía
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La actual legislación no contempla expresamente que los municipios aprovechen los RSU para la generación de energía
11.03.2019 12.00 AM

Aprueba el Senado con 105 votos en lo general y particular, el proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de transformación de basura en energía, (LGPGIR).

Las reformas establecen nuevas atribuciones a la Federación y a las entidades federativas, donde el Gobierno Federal deberá expedir las normas oficiales mexicanas necesarias para establecer las especificaciones que deberán cumplir los sitios de disposición final para los residuos sólidos urbanos (RSU) para el aprovechamiento de la materia orgánica en procesos de generación de energía.

Al presentar el dictamen, la senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo García, señaló que la actual legislación no contempla expresamente que los municipios aprovechen los RSU para la generación de energía. “La posibilidad de aprovecharlos, debe corresponder también a los municipios para hacer efectivas las funciones de las realidades y capacidades que tienen”, determinó.

Mencionó que con este esquema de competencia se da intervención a los tres órdenes de gobierno, de manera diferenciada, en estricto respeto a sus responsabilidades.

Comentó que la mayor parte de la basura no es procesada por falta de una gestión integral de residuos, por lo que celebró que la mayoría en el Senado esté en favor de tratar este tipo de temas, y llamó al Pleno a trabajar en favor de dictaminar otras iniciativas similares que son analizadas en comisiones.

Por su parte, Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, aseveró que el dictamen garantiza el respeto al ámbito de competencia de los gobiernos municipales en materia de RSU. “Son los municipios los encargados de los servicios públicos de limpia, recolección, traslado y tratamiento de los residuos”, dijo.

Israel Zamora, del PVEM, expuso que los habitantes de la Ciudad de México generan 13 mil toneladas de residuos sólidos al día. En ese sentido, dijo que con esta reforma se fortalece la visión nacional de consolidar una gestión sustentable de residuos, y permitirá transitar de un esquema tradicional , a un manejo de economía circular.

En sus disposiciones transitorias el decreto establece que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En un plazo máximo de 365 días naturales el Poder Ejecutivo Federal deberá publicar las normas oficiales mexicanas que establezcan las especificaciones que deban cumplir los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos para el aprovechamiento de la materia orgánica en procesos de generación de energía.

Y que en un plazo máximo de 365 días naturales, los Congresos de las entidades federativas armonizarán las legislaciones de su competencia en materia de residuos con su contenido.

El proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 7, adiciona una fracción al artículo 9 y reformar la fracción 11 1 del artículo 10 de la LGPGIR, fue remitido a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

En la cámara de diputados, académicos, funcionarios e investigadores intercambiaron puntos de vista en torno a la propuesta que busca sentar las bases para una adecuada gestión de residuos, en el foro Conversatorio sobre la Reforma al artículo 115 constitucional y los servicios públicos municipales.

Adrián Pedraza Acuña, director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, señaló que la Organización de Naciones Unidas, anticipa que la demanda global del agua sobrepasará el abastecimiento disponible hasta 40 por ciento en los próximos 20 años. “De los recursos naturales, el más importante es éste y representa además, una de las fronteras planetarias más importante para el desarrollo”.

Dijo que este foro es para conversar sobre los alcances de este precepto constitucional que obliga a los municipios, en el marco del pacto federal, a ofrecer y garantizar condiciones mínimas e indispensables para el bienestar de las personas que los habita.

Enrique Ismael Guzmán Ortega, Gerente de Programas Federales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de la Comisión Nacional del Agua, afirmó que “no sólo hay que decir que a los municipios les toca dar el servicio, sino establecer la manera de hacerlo” y expresó que en el marco de la reforma al artículo 115 constitucional se deben ver los cómo y los con qué. Recordó que la modificación al artículo 4° constitucional en materia del derecho humano al agua, debió involucrar una ley general que contemplara cómo brindar el servicio y garantizar el derecho.

“En México se paga más por una botella de agua, que por la tarifa diaria del servicio”. Por lo que planteó impulsar una regulación que permita, defendiendo la economía de los más pobres, crear un sistema financiero del agua para prestar el servicio eficientemente. Dijo que requiere la participación de universidades para generar tecnologías que aumenten la cobertura de agua potable, que actualmente es de 94.5 por ciento.

Participaron investigadores, académicos y estudiantes quienes propusieron, entre otras cosas que, para el desarrollo de un esquema alternativo de suministro de agua, se deben identificar zonas con alto potencial para la colecta de lluvia a través de una evaluación, utilizando sistemas de información geográfica y tecnologías modernas.

Se manifestó que una falla en un drenaje tiene consecuencias que pueden ser muy graves, como lo es la contaminación, y si “un drenaje falla se pueden contaminar los mantos acuíferos además de que pueden generar accidentes, como los que hemos visto; como una socavación o un derrumbe”.

La presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, diputada María Marivel Solís Barrera (Morena), señaló que es necesario brindar certeza jurídica para que los municipios tengan a su cargo las funciones de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, garantizando la protección al medio ambiente y la reducción de su impacto en el cambio climático.

Refirió que el planteamiento de modificación a la carta magna, de la diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena), secretaria de esta Comisión, “contribuirá al cuidado del medio ambiente y la protección de los recursos naturales como el agua, elemental para la vida humana”.

Al hacer uso de la palabra, Hernández Pérez explicó que ese precepto establece atribuciones de municipios, como brindar el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales; además del alumbrado público limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos.

La mayoría de los municipios sólo limpia y recolecta; el traslado se hace a depósitos a cielo abierto, barrancas, parques, baldíos, pero muchas veces no cumplen con ello, o no la recogen los carros municipales porque están concesionados.

Sostuvo que son dos problemas muy graves, pero no sólo en el ámbito municipal, estatal o nacional, sino en el mundial.

De ahí que considerara la importancia de escuchar opiniones de expertos para resolver esta grave problemática. “Queremos soluciones para que no digan que no hay dinero para cumplir”.

Añadió que la reforma propuesta implica cuidado y protección del medio ambiente. “Es transversal para incluir a la Secretaría de Salud y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales”. A través de este diálogo, continuó, se buscarán las soluciones a estos dos graves problemas, con ciencia, tecnología e innovación.

La diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (Morena) señaló que en todo el país hay grandes problemas con respecto al manejo de agua y basura, por lo que es necesario abordar el tema de una reforma del 115 constitucional.

“En México se paga más por una botella de agua, que por la tarifa diaria del servicio.”

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