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LLAMAN ESPECIALISTAS A GENERAR HERRAMIENTAS LEGALES, CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO

Llaman especialistas a generar herramientas legales, científicas y tecnológicas contra el lavado de dinero
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En el sexenio anterior sólo se recuperaron 40 mdd de un estimado de 200 mmdd; Tráfico de drogas, corrupción y evasión fiscal, principales delitos que generan fondos ilegales
22.02.2019 12.00 AM

En el foro “Flujos financieros ilícitos, retos para enfrentar a la delincuencia organizada”, especialistas señalaron que si realmente se quiere combatir el lavado de dinero de manera eficaz, es necesario generar herramientas legales, científicas y tecnológicas que permitan controlar las operaciones con dinero ilegal y recuperar los recursos para beneficio del Estado mexicano.

La senadora Minerva Hernández, del PAN, indicó que según la Evaluación Nacional de Riesgo, elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, los principales delitos que generan fondos ilegales son el tráfico de drogas, la corrupción y la evasión fiscal.

Además, alertó que otros estudios señalan que podrían estar ingresando a México grandes cantidades de dinero, producto de delitos generados en jurisdicciones extranjeras, mediante transferencias electrónicas internacionales, incluso, en efectivo.

Comentó que si bien el país ha avanzado en la consolidación y el fortalecimiento del marco jurídico para controlar el flujo de dinero que proviene de actividades delincuenciales, la sofisticación de operaciones con recursos ilegales ha contribuido a la impunidad en este tema.

Ante ello, expuso, he presentado dos iniciativas que buscan reforzar la actuación del Estado y fortalecer el sistema de combate al lavado de dinero y corregir sus deficiencias, a través de otorgar autonomía técnica y de gestión a la Unidad de Inteligencia Financiera.

También, explicó, para profesionalizar a servidores públicos, incluir mecanismos de coordinación Federación-estados, y establecer que el Congreso sea un contrapeso respecto de la política de combate al lavado de dinero.

A su vez, Jorge Lara Rivera, profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, acusó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, no sólo no se avanzó en el combate al lavado de dinero, sino que hubo un retroceso. Aclaró que no existen cifras oficiales, pero se calcula que en los seis años anteriores fueron lavados aproximadamente 200 mil millones de dólares.

En el mejor de los casos, destacó, de esa cantidad se recuperaron cerca de 40 millones de dólares, de los cuales 20 fueron con la figura de abandono de activos, y 17 mediante extinción de dominio. Una “cantidad ni siquiera risoria, sino trágica, expresó.

Señaló que el indicador fundamental en esta materia es saber cuánto ha recuperado el Estado en el combate al lavado de dinero. El gobierno anterior se dedicó más a perseguir “a las mulas de aeropuerto” -personas que introducen físicamente dinero de manera ilegal- que en atender los mecanismos complejos que se utilizan en el sistema bancario.

Recordó que se han generado nuevas figuras jurídicas, como la del Dueño-Beneficiario o Beneficiario-Controlador, que son producto de prácticas como la evasión fiscal o la corrupción. Dijo que los políticos son considerados personajes de alto riesgo en el ilícito de lavado de dinero.

Para el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Oliva Posada, el verdadero problema que enfrenta el país es la acumulación de dinero ilegal por parte de grupos criminales. Ese, subrayó, es el principal factor que ocasiona la violencia a nivel nacional.

Recomendó no ver aisladamente esta problemática, sino saber que responde a circuitos de poder macroregionales. Si no se ve de esa manera, advirtió, difícilmente se podrá enfrentar. Propuso generar los recursos científicos y tecnológicos necesarios para seguir la huella del dinero y controlar los flujos de recursos de procedencia ilegal.

Fabiola Navarro, coordinadora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad de la UNAM, coincidió en la necesidad de crear mecanismos que ayuden a controlar las operaciones ilícitas y a dificultar que éstas se realicen.

En su turno, Carla Angélica Gómez Macfarland, investigadora del Instituto Belisario Domínguez, dijo que el Senado puede contribuir con reformas a la legislación para mejorar la detección de flujos financieros ilícitos e incluir acciones para generar una cultura de la paz mediante el control de esos recursos ilegales.

Mediante dos iniciativas, Morena busca limitar lavado de dinero

La senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena presentó una iniciativa para fortalecer la detección, prevención y bloqueo de las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Propuso incorporar a la Ley de Instituciones de Crédito las causas por las cuales se puede incluir a clientes o usuarios en la lista de personas bloqueadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La iniciativa, que suscribe el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, precisa que una persona puede incluirse en dicha lista cuando haya indicios suficientes de que está relacionada con estos delitos.

Además, establece el procedimiento de garantía de audiencia que el particular puede agotar, con el fin de hacer valer sus derechos ante la persona titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Caraveo Camarena afirmó que una de las estrategias más efectivas para enfrentar la capacidad financiera y operativa de la delincuencia organizada es el menoscabo y monitoreo de sus recursos económicos, en virtud de que éstos constituyen uno de los principales medios empleados para evitar la acción de la justicia.

Dijo que en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de combatir la corrupción, el lavado de dinero y el desvío de recursos, “se debe respetar, indefectiblemente, la garantía de audiencia como un derecho que asiste a cualquier persona que pudiera verse afectada por las determinaciones de la autoridad”.

Ello, asentó, “para que nunca más se le niegue a persona alguna su derecho a ser escuchado, que el combate a la delincuencia sea efectivo, con respeto irrestricto de los derechos humanos”. Así, dijo, se pondrá punto final a la impunidad y se protegerá la seguridad nacional.

La Mesa Directiva turnó el proyecto a las comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda.

La otra iniciativa fue presentada por el senador Alejandro Armenta Mier, en nombre propio y de Monreal Ávila, donde se propuso modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a fin de fortalecer al sistema financiero y a las instituciones de inteligencia en el combate al crimen organizado, en materia de lavado de dinero y terrorismo.

Se trata, dijo, de una reforma de avanzada que mejorará las finanzas del país y que dará respuesta a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), conforme a los estándares mundiales en la tarea de prevención y combate al lavado de dinero.

Desde la tribuna, Armenta Mier destacó que el lavado de dinero viene de la comisión de múltiples delitos como la evasión fiscal, falsificación, robo de hidrocarburos, trata de personas, entre otros, realizados por las organizaciones delictivas que dañan al tejido social y pervierten la estructura financiera en México.

Señaló que entre 2004 y 2016 se duplicó el número de operaciones financieras a más de 72 mil registros, reflejando altos niveles durante los años 2014 al 2015, lo que ubica al país como una de las naciones con más flujo de recursos financieros ilícitos.

Un estudio de los últimos 40 años, agregó, muestra que los flujos financieros ilícitos superaron los 872 mil millones de dólares, cantidad que marca el nivel de impunidad y corrupción construido en la nación, a partir del poder público.

En el mismo sentido, planteó incluir en la definición de entidades financieras a los asesores de inversión y a las financieras nacionales de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero. En el concepto de negocios, se sustituye el calificativo “cotidiano” por “habitual”, para conferir a la interpretación claridad con mayor respeto con el propósito de la ley.

Además, se dota de autonomía técnica y de gestión a la Unidad de Inteligencia Financiera, para agilizar el desarrollo de las facultades atribuidas a la misma, sin dejar de ser una instancia centralizada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se faculta también a esta última dependencia, para establecer los requisitos para el alta y registro en el sistema electrónico de quienes realicen las actividades vulnerables, así como recibir y administrar la información de dichos trámites; para informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación cuando exista la probable comisión de un delito fiscal; para promover entre las entidades federativas la implementación de unidades especializadas en la recepción y análisis de información que conste en todo tipo de registro patrimonial, que contribuya a la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Así como para la coordinación, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, de todas las autoridades nacionales competentes en materia de prevención y combate de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, con el propósito de llevar a cabo la Evaluación Nacional de Riesgos y sus actualizaciones; y, para coordinar, a través de la misma Unidad, sus funciones con las de la Guardia Nacional.

Asimismo, precisó que la SHCP deberá poner a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes los recursos bloqueados en términos de la legislación financiera aplicable, siempre que los usuarios no hagan valer sus derechos.

La reforma, agregó, también contempla la sustitución del término “salario mínimo” por el de Unidad de Medida y Actualización (UMA). Precisa los procedimientos en el intercambio de información entre el Banxico y la SHCP; señala que la información relativa a partidos políticos, coaliciones, candidaturas y de los sindicatos y sus dirigentes podrá ser requerida por Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda.

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