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"DEBEN SEGUIR EVALUACIONES A MAGISTERIO"

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Piden padres de familia mantener la obligación del Estado de garantizar el aprendizaje, porque la propuesta del Ejecutivo la reduce únicamente al acceso; "Queremos docentes, no delincuentes”, expresan
18.02.2019 12.00 AM

Durante la VI Mesa “Asociaciones de padres, madres de familia y alumnos de diferentes tipos y niveles educativos” de las Audiencias Públicas en la materia, la presidenta de la Comisión de Educación, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Leonardo García Camarena, pidió mantener la obligación del Estado de garantizar el aprendizaje, porque la propuesta del Ejecutivo la reduce únicamente al acceso; reconocer y promover los derechos profesionales de los docentes con cualquier función educativa que vayan a ejercer y asegurar una formación y acompañamiento de calidad e incluyente a todas las regiones del país, así como procesos claros, justos y transparentes de ingreso y promoción en el sistema educativo, “queremos docentes, no delincuentes”.

También solicitó mantener la obligación del Estado de garantizar el desarrollo integral de las niñas y niños de cero a tres años; salvaguardar la existencia de un instituto autónomo calificado que evalúe con rigor e independencia las políticas educativas, a partir de lineamientos claros y que produzca información confiable y monitoree la medida en que se garantiza el derecho a aprender de los infantes. Además, ampliar el enfoque de una educación incluyente capaz de responder y promover la diversidad. También propuso garantizar que los padres de familia formen parte de la comunidad educativa y participen en los procesos de mayor relevancia.

La presidenta del Consejo de Participación Social en Educación de Oaxaca, Luisa García Cruz, resaltó que es fundamental reconocer el trabajo de los docentes que se apegan al calendario oficial, que procuran su formación y desarrollo profesional; exigió que las autoridades de todos niveles de gobierno cumplan la ley, garantizando la aplicación de los programas que han mostrado eficiencia.

Enfatizó que es indispensable que los recursos financieros de los programas para infraestructura y equipamiento no se entreguen a estructuras sindicales, por lo que es fundamental que los padres de familia formen parte de su aplicación. Destacó que los procesos de evaluación en todos los ámbitos son necesarios y útiles para mejorar las condiciones actuales, por lo que exigió que los maestros cuenten con formación, capacidades y herramientas necesarias, además de estar dispuestos a aceptar actualización y formación continua. “La propuesta de cancelar los procesos de evaluación del sistema educativo implicará un retroceso”.

Guadalupe del Carmen Kolp Torres, del Comité Estatal de Padres de Familia de Chiapas, pidió atención especial para las zonas que resultaron afectadas por los sismos de 2017. “Existen sitios que necesitan reconstruirse, pero aún no se tiene respuesta de las autoridades. En nuestro estado hay niños que reciben clases a la intemperie”.

Consideró que el Estado no ha cumplido con el artículo 3º de la Constitución, ya que se ha vulnerado la situación laboral del magisterio; por ello, exhortó a los legisladores a abrogar la pasada reforma educativa, que sólo causó falta de infraestructura mínima como aulas, libros y personal docente.

La integrante de la coordinadora estatal de madres, padres y tutores en defensa de la educación pública del estado de Oaxaca, Adriana Linares Arroyo, pidió tomar en cuenta los conocimientos de los pueblos originarios a fin de llevar a cabo una reforma pedagógica que beneficie a las futuras generaciones de los educandos, que tome como eje principal la comunidad como forma de vida y razón de ser de los pueblos indígenas.

Afirmó es primordial que los profesores sean titulados normalistas, porque ahí es donde realmente aprenden a enseñar, “no queremos titulados del Politécnico o de la UNAM y que no tengan noción de lo que es pedagogía”. Puntualizó que los padres de familia piden respeto a la forma en que se educa en las comunidades de acuerdo con su contexto social, cultural y étnico; que la salud de las y los niños esté bien atendida, y disminuir las jornadas extensas de alumnos y docentes.

La presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de escuelas públicas de Nuevo León, Adriana Dávila Benavides, dijo que para garantizar que todas las niñas, niños y jóvenes estudien se deben crear instituciones gubernamentales sindicales y ciudadanas que aporten dinamismo, flexibilidad y compromiso por la calidad en un plan educativo estratégico.

Subrayó que los centros educativos requieren de presupuesto para infraestructura y dotar a los profesores de material didáctico porque es el maestro quien invierte dinero para su labor diaria. Tiene que incluirse en la Constitución la creación de un instituto integrado por académicos, pedagogos, intelectuales, investigadores, médicos, psiquiatras, psicólogos, padres y maestros, para que los contenidos de los libros de texto gratuitos sean buenos y no de mediana calidad.

El presidente del Comité Estatal de Defensa de la Educación de los pueblos originarios de Oaxaca, Noé Gómez Santiago, consideró que para construir y proponer un modelo educativo que reivindique y responda a las realidades culturales, sociales, económicas y políticas de las comunidades, se debe reconocer constitucionalmente a la educación indígena como nivel educativo y derecho de los pueblos originarios, con un principio de educación intercultural bilingüe y comunitaria para todo el sistema educativo nacional.

Puntualizó que es importante que la Federación reconozca las labores de brigadas de desarrollo educativo indígena, procuraduría de asuntos indígenas, albergues escolares, centros de integración social, psicólogos en educación intercultural, secundarias comunitarias, educación inicial, preescolar y primaria, jefes de zonas de supervisión, asesores técnicos pedagógicos y asesores técnicos lingüísticos, a fin de disminuir los índices de marginación y extrema pobreza.

Balfre Peña Cruz, de la Asociación de Padres de Familia de la EPO, planteó la derogación total de la anterior reforma educativa y de las leyes que de ella emanaron. Asimismo, que en las nuevas modificaciones se reconozcan los espacios educativos alternativos de las comunidades y organizaciones sociales como un derecho a ser distintos.

Además, dijo, que los proyectos abarquen la educación inicial, básica, media superior, superior, indígena y especial; se desaparezca el INEE y detener la evaluación punitiva; eliminar los exámenes de ingreso de educación media superior y superior y que el Estado garantice los presupuestos de la instrucción pública gratuita, humanista, científica, crítica y popular.

Said Flores Alonso, estudiante de maestría en la UNAM, consideró necesario establecer que el Estado tenga la obligación de garantizar el acceso al nivel superior, así como dotar de autonomía a las universidades y tomar en cuenta las necesidades de los sectores productivos en cuanto a recursos humanos se refiere, “de lo contrario tendremos toda una generación de universitarios desempleados”.

Nayeli Soto, estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, enfatizó que antes de hacer obligatorio el nivel superior se requiere tomar en cuenta las deficiencias, ya que actualmente ni siquiera se ha garantizado el nivel medio superior y establecerlo en la Constitución no basta. Por ello, solicitó analizar este aspecto, ya que podría haber una posible controversia constitucional al contravenir el derecho que todo mexicano tiene de dedicarse al trabajo que le acomode.

Héctor Villalobos, padre de familia integrante de la comunidad sorda, estimó que en el dictamen se debe dar certeza jurídica a ese grupo poblacional. “Tendría que haber profesores que impartan clase en lenguaje de señas, ya que no son pocos los estudiantes que tienen este tipo de discapacidad”.

Por su parte, madres de familia solicitaron establecer la educación inicial como el primer nivel del sistema educativo y que se reconozca como un derecho de todos los niños menores de cuatro años; una enseñanza de calidad, infraestructura y respeto a los docentes.

Durante la audiencia, alumnos de primaria, secundaria y de la escuela Superior de Educación Física, señalaron que es necesario mejorar la educación y formar ciudadanos conscientes y responsables, además, resaltaron la necesidad de destinar presupuesto suficiente para infraestructura, equipo de laboratorios y materiales deportivos.

En el encuentro, la diputada Adela Piña Bernal, afirmó que los estudiantes son el centro de este sector y serán la base fundamental para elaborar el dictamen.

“La audiencia de este día es la más enriquecedora y las propuestas contribuirán a tener un mejor documento. Nuestro objetivo es fortalecer el sistema de enseñanza nacional”, comentó.

Estimó que para los diputados será complicado sistematizar todas las propuestas, pero aseguró que “vamos a actuar con responsabilidad, imparcialidad y sin estar sujetos a grupos o intereses personales, ni a dogmas religiosos o ideológicos. Nos vamos a centrar en lo más importante, que son las niñas, niños y adolescentes, a fin de garantizarles una educación pública integral, obligatoria, gratuita, intercultural, laica e inclusiva”.

Resaltó que se fortalecerán los más altos valores al promover la historia, civismo y ética, porque lo que se pretende con robustecer el sistema educativo, es reconstruir todo el tejido social y que este país viva en paz, porque lo que quieren las niñas, niños y adolescentes es vivir en una nación tranquila y ser felices.

Por su parte, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, manifestó que la reforma de 2013 no tuvo bondades y no sirvió ni a maestros ni a estudiantes. “Lo que se hizo no era viable, pues en las diferentes pruebas aplicadas a los alumnos no ha habido mejoras; por ello, es urgente retomar la propuesta enviada por el Presidente López Obrador”.

Aquella reforma, consideró, se realizó con parámetros que no eran pertinentes y partió de un enfoque adversarial para los maestros. En la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo “no queda ni un solo renglón de la anterior; el actual es un proyecto responsable y funcional que no deja nada del 2013”.

Mencionó que la nueva propuesta surgió de un proceso de debate que nunca había existido y las audiencias públicas son un acto de legitimidad en donde se ha escuchado la voz de todos.

Son reformas sólidas que propiciarán un sistema educativo que brindará mejor nivel de vida a las y los maestros, así como a la formación de alumnos. Añadió que la iniciativa toca con amplitud el tema de formación indígena y bicultural.

Fernández Fuentes destacó que por primera vez en la Constitución se considerará el interés supremo de las niñas, niños y jóvenes en la impartición de la educación.

Agregó que en el mediano plazo las escuelas deben aspirar a la excelencia. “Es un término que se ha cuestionado para incluirlo en el dictamen; sin embargo, el lenguaje nos pertenece a todos y en ese sentido va ese asunto”.

En tanto, la diputada María Teresa López Pérez (Morena), secretaria de la Comisión de Educación, señaló que la audiencia es un espacio de participación para los actores más importantes en el proceso educativo.

Enfatizó que, quizá desde que se redactó la Constitución de 1917, no había participación real para escuchar las voces y “juntos queremos seguir este camino para que la educación sea de todos, universal, gratuita, laica y haga de los niños y jóvenes hombres de bien en el futuro”.

El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, recalcó que infantes, jóvenes y padres de familia son la parte fundamental en la educación, que es el motor de la transformación y “nosotros eso queremos para México, que nuevas generaciones tengan valores sociales que los blinden en contra de injerencias que los pueden llevar por un mal camino”.

Por su parte, la diputada Claudia Báez Ruiz (PES), secretaria de la Comisión de Educación, refirió que durante las últimas dos semanas se han recibido más de mil opiniones, que serán tomadas en cuenta para una reforma educativa efectiva y sustancial. Destacó la importancia de reconocer el papel fundamental de los padres dentro del desarrollo educativo de niñas, niños y adolescentes para un progreso significativo en su desempeño educacional.

Estimó que en este ámbito la responsabilidad es de todos y es a través de la colaboración de padres, madres, alumnos, maestros, autoridades educativas y gobierno que podremos hacer de la educación el estandarte de esta gran nación.

El diputado Jorge Luis Montes Nieves (Morena), integrante de la Comisión de Educación, enfatizó que este ejercicio es un distintivo del nuevo gobierno y de esta legislatura. “Hoy se escucharán las voces de los actores principales y protagonistas en el proceso educativo, que son las familias y alumnos”.

Consideró que sin su voz no podría haber transformación y, sin duda, “necesitamos de todos ustedes para conseguir el mejor dictamen que dé el marco legal para el nuevo plan educativo”. Sostuvo que corresponde a todas y todos participar en la Cuarta Transformación de la vida pública del país.

La diputada Lorena Jiménez Andrade (Morena) dijo que el objetivo es dar a la educación un carácter humanista, incluyente y científico, que sustente los más altos valores universales, el desarrollo integral y que permita a la niñez y juventud ser capaces de resolver con asertividad los retos que plantee la vida.

Sacar adelante esta reforma no será sencillo, pues tiene como fin restituirle al pueblo la garantía de que la educación seguirá siendo pública, laica, gratuita y obligatoria desde preescolar hasta la universidad; garantizar que la educación que imparte el Estado sea en escuelas dignas, con infraestructura y equipamiento necesario, y maestros revalorados y capacitados.

De la misma fracción parlamentaria, la diputa Patricia Palma Olvera afirmó que las expresiones de los ponentes se tomarán en cuenta para enriquecer un modelo educativo que resulte funcional para todos.

Exhortan diputados a la SEP a transparentar asignación de plazas

La Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Educación Pública a transparentar la asignación de plazas en el Servicio Profesional Docente y publicar en el portal de Internet del Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente, las bases de datos de los concursos que se hayan realizado, incluyendo el puntaje y nivel de desempeño en los exámenes, la posición en el orden de prelación y la asignación de plaza.

El documento, aprobado durante la sesión en votación económica, resalta que dada la diversidad de cuestionamientos que ha generado la Reforma Educativa y sus posibles impactos, es fundamental realizar una revisión profunda y detallada de todos sus efectos y aspectos constitutivos; por lo que es injustificable que no exista información oportuna relacionada a la asignación de plazas.

“No es posible verificar si las últimas se están asignado a los sustentantes que obtuvieron los puntajes más altos en los exámenes de ingresos o si se están asignando discrecionalmente”, afirma.

El dictamen de la Comisión de Educación señala que desde que se presentó en el Poder Legislativo, la mal llamada “reforma educativa” causó un amplio debate, generando múltiples argumentos y diversas evidencias que indican que desde sus planteamientos hasta sus resultados presentan serias fallas de fondo.

Subraya que esta reforma se enfocó en lo administrativo y mediático sin reconocer la responsabilidad del Estado en la educación e incidió en la burocratización del magisterio para que el gobierno federal pudiera tener mayor control; además, las evaluaciones tienen carácter punitivo y dejan en un segundo plano la oferta de más y mejor formación para los docentes.

También, agrega, carece de integralidad pues se excluyeron múltiples componentes del sistema educativo como las propuestas de los docentes; genera un trato diferenciado respecto a las escuelas privadas; no considera suficientemente la necesidad de que las escuelas cuenten más y mejor recursos indispensables para el aprendizaje.

Asimismo, incluye evaluaciones estandarizas que tienen importantes limitaciones para verificar aprendizajes o experiencias complejas como las que los maestros adquieren en el aula durante años, y no existe evidencia sobre el funcionamiento de algunos de los procesos generados por la Reforma.

Afirma Servicio Profesional Docente que 150 mil maestros se jubilaron por intimidaciones para ser evaluados; INEE sostiene que fue por la curva de edad

El titular de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, Francisco Cartas Cabrera, afirmó que como consecuencia de la reforma educativa de 2013, cerca de 150 mil profesores tramitaron su jubilación debido a “las prácticas intimidatorias de que fueron objeto para someterse a las evaluaciones” del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Lo anterior lo externó durante su participación en la séptima y última mesa de audiencias públicas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para discutir y analizar la iniciativa de reforma constitucional del Ejecutivo federal en materia de educación, donde este sábado tocó el turno a funcionarios de organismos educativos públicos y autoridades educativas estatales y federales.

“Coincidimos con la opinión de los docentes en el sentido de que la evaluación establecida desde la reforma educativa afectaba su estabilidad laboral, toda vez que la autoridad laboral cesó a muchos maestros sin ninguna responsabilidad, aplicando evaluaciones estandarizadas que no toman en cuenta los contextos económicos, sociales y demográficos que inciden en los procesos educativos”, expresó el funcionario.

Cartas Cabrera destacó que se realizaron más de 600 mil evaluaciones de desempeño a docentes y directivos del país, las cuales no tuvieron impacto en los programas de capacitación.

“A los maestros simplemente se les proporcionaba un listado de cursos para que seleccionaran el de su interés, sin tomar en consideración si atendían algunas de las áreas de oportunidad que la evaluación había detectado”, comentó.

Por su parte, la consejera presidenta del INEE, Teresa Bracho González, rechazó que las jubilaciones de esos casi 150 mil docentes obedecieran a las evaluaciones del Instituto y aseguró que el motivo fue la curva de edad en la que se encontraban.

“Las jubilaciones se dieron no por un impacto de las evaluaciones. Si uno mira la curva demográfica de los profesores, estaba previsto un impacto jubilatorio en estos años. Si buscas los datos del CEMABE (Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial), ahí está clarísimo”, dijo al término de las audiencias públicas.

“Probablemente alguno se jubiló, pero no se le puede achacar la jubilación a la evaluación docente. Eso, en una tendencia demográfica, fue la curva de edad en la que estaban los maestros”, abundó.

La funcionaria enfatizó que “nunca se corrió a ningún maestro por el resultado de su evaluación. Hay muchas mentiras que se han dicho, y que vale la pena aclararlas”.

“No son todos los maestros los que rechazan la evaluación; hay maestros que agradecen la evaluación, porque gracias a ella pudieron tener una plaza o pudieron promoverse”, comentó.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) no es un instrumento persecutor del magisterio, como señala el Ejecutivo federal en su iniciativa de reforma educativa, ni tampoco es un organismo caro, afirmó.

“La gran interrogante legal, histórica y ética es si tiene sentido cancelar una institución pública que vela por el interés superior de la niñez, a causa de una supuesta percepción respecto de la cual no hay evidencia alguna”, dijo ante diputados de las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales.

Acompañada de todos los consejeros del INEE, Bracho González sostuvo que este organismo siempre ha reconocido y valorado a los maestros mexicanos, y siempre ha tenido un principio: la defensa del derecho a una educación de calidad con equidad para todos.

“Si lo persecutorio está en las consecuencias que derivan de los resultados de la evaluación del desempeño de los maestros, éstas se establecen en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Entonces, es ahí a donde hay que dirigir la atención”, externó.

“La elaboración, aplicación y consecuencias de las evaluaciones docentes no corresponden al Instituto, sino a la SEP (secretaría de Educación Pública)”, agregó.

La consejera subrayó que eliminar de la Constitución que el ingreso y la promoción en la carrera docente se hagan por concurso, pone en riesgo la transparencia en los procesos de asignación de plazas.

Asimismo, destacó que en la evaluación docente para la mejora de la calidad de la educación es indispensable la autonomía, ya que ser juez y parte en procesos de evaluación conlleva a incurrir en errores, ausencias de información o en establecer preferencias deliberadas.

“Se corre el riesgo de pasar de una evaluación que ha sido calificada de punitiva a una realizada a modo. La evaluación educativa quedaría a la deriva de intereses políticos, partidistas o gremiales; prevalecerían los intereses políticos por encima del interés superior de la niñez. No podemos hacer de los niños rehenes de los vaivenes políticos”, expresó.

“No contar con un organismo autónomo que evalúe el cumplimiento del derecho asentado en la Constitución es volver al oscurantismo”, finalizó.

Por último, Bracho González apuntó que los consejeros del INEE han solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador una reunión de trabajo para abordar el tema de la reforma educativa, pero no han obtenido respuesta.

Propone INPI que reforma constitucional considere educación indígena plurilingüe e intercultural en vez de bilingüe y bicultural, y reconozca la comunitaria

El titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, propuso a diputados considerar la impartición de educación indígena plurilingüe e intercultural, en lugar de la bilingüe y bicultural planteada por el Ejecutivo federal, y que se reconozca la educación comunitaria.

Lo anterior, durante su participación en la séptima y última mesa de audiencias públicas, en el Palacio Legislativo, para discutir y analizar la iniciativa de reforma constitucional del Ejecutivo federal en materia de educación, donde este sábado tocó el turno a funcionarios de organismos educativos públicos y autoridades educativas estatales y federales.

El funcionario federal indicó que en la actualidad el concepto de educación indígena bilingüe y bicultural está rebasado, pues ahora se habla de una interacción de diversas culturas, por lo cual el término más apropiado debe ser el de educación intercultural y plurilingüe.

“El término bicultural es demasiado acotado y no cumple con los objetivos de integración y pluriculturalidad, adoptado tanto en instrumentos jurídicos internacionales como nacionales”, comentó.

Señaló que el término de pueblos originarios también resulta insuficiente para referirse a las comunidades indígenas, debido a los flujos migratorios, ya que en el sur del país, dijo, se hablan idiomas indígenas que no son nativos de México, por lo cual resaltó la importancia de que en la Constitución quede establecido el concepto de comunidades y lenguas indígenas.

Finalmente, pidió incluir en la Carta Magna el reconocimiento de la educación comunitaria indígena, para que pueda ser impartida por las instituciones de los pueblos y comunidades indígenas.

“Esta educación dará eficiencia a las disposiciones constitucionales y cumplimiento a los tratados internacionales en la materia, además de ser un mecanismo para el cumplimiento de los objetivos de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y los compromisos de nuestro Estado con la comunidad internacional”, manifestó.

Por su parte, el director de Acreditación, Certificación y Capacitación del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, Jaime Torres Burguete, enfatizó que la reforma debe reconocer los aportes culturales de nuestros pueblos, el valor de las lenguas como sistema de pensamiento y comunicación y la riqueza de una sabiduría preservada y enriquecida. Por ello, “en este momento histórico, hay que hacer de los propios contextos culturales de la diversidad el punto de partida para idear un sistema educativo incluyente que reconozca los aportes de las culturas originales y se transmitan en el aula”.

Estimó que el planteamiento de diseñar un nuevo proyecto educativo en México se enfrenta a muchas barreras, no sólo de racismo que permea en la sociedad mexicana, sino la actitud de los propios educadores, formados por cerca de un siglo en la idea de asimilación y elaboración de una cultura nacional que borre a los pueblos indígenas del mapa, “nunca como en este caso es verdad que el educador también debe ser educado”. También propuso que la reforma considere una educación intercultural multilingüe.

“El nuevo sistema educativo implica una transformación de raíz, desde educación preescolar hasta los sistemas universitarios, pasando por niveles básicos y medio superior, es un esfuerzo que todos debemos hacer, de una manera sistemática pero necesaria para no esperar otros siglos más”, sostuvo.

Coinciden secretarios de educación estatales en que evaluación docente debe continuar; expresan posturas encontradas sobre si INEE debe transformarse o no

Secretarios y funcionarios en materia de educación de los estados coincidieron en que la evaluación a los profesores debe continuar para mejorar la educación, sin embargo, expresaron posturas encontradas sobre si el INEE debe permanecer como está o transformarse manteniendo su autonomía.

Lo anterior lo manifestaron durante su participación en la séptima y última mesa de audiencias públicas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para discutir y analizar la iniciativa de reforma constitucional del Ejecutivo federal en materia de educación, donde este sábado tocó el turno a funcionarios de organismos educativos públicos y autoridades educativas estatales y federales.

Juan Enrique Ibarra Pedroza, secretario de Gobierno de Jalisco, respaldó la propuesta del Ejecutivo federal de crear un centro nacional para la mejora continua de la educación, que sustituya al Instituto de la Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), pero conservando su carácter autónomo, personalidad jurídica propia y patrimonio para reconocer a los maestros como agentes primordiales de la educación.

Planteó la necesidad de refundar la enseñanza para garantizar la educación inicial de las niñas y niños del país, como lo señala el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés).

Ibarra Pedroza consideró que se debe renovar la infraestructura educativa para que los alumnos y docentes desempeñen sus labores en forma digna tanto en zonas rurales como urbanas y cuenten con escuelas a la vanguardia, material técnico-pedagógico y herramientas suficientes para su desempeño cultural, deportivo y académico.

Luis Antonio Cornejo Alatorre, secretario de Educación de Morelos, también se pronunció a favor de la evaluación docente, pero con un enfoque distinto al que actualmente aplica el INEE, que permita brindarle a los maestros facilidades y oportunidades para ser mejores.

“Se malinterpretaron las evaluaciones a los maestros, hay que darles un reconocimiento para que se preparen y tengan oportunidades de ser mejores. El INEE es un instituto de profesionales que hizo una gran tarea, pero eso no lo percibió la sociedad, porque cayeron en el juego de aplicar una punitiva evaluación y hoy tenemos que cambiar ese concepto”, aseguró.

Cornejo Alatorre agregó que el desafío es construir los más amplios consensos sociales y políticos bajo un enfoque de nueva gobernanza democrática que involucre corresponsablemente a todos los actores y padres de familia para generar comunidades de aprendizaje y una educación incluyente, equitativa y de calidad.

Por el contrario, José Alfredo Botello Montes, secretario de Educación de Querétaro, aseveró que debe darse continuidad a la existencia el INEE, como órgano responsable de la preservación, mejora continua de la calidad educativa, evaluación docente y resultados de la educación inicial, básica y media superior, esencial para tener una enseñanza de calidad

Asimismo, se manifestó en contra del planteamiento del Ejecutivo federal de hacer obligatoria la educación superior, porque los conocimientos de este nivel educativo ya no forman parte de los que todo ciudadano debe poseer. La educación universitaria debe ser para aquellos que quieran profesionalizarse en algún área específica del saber.

“No comparto la idea de que la educación superior sea obligatoria como lo propone el Ejecutivo en la iniciativa. El propósito de la obligatoriedad implica la existencia de un bagaje de conocimientos a los que todos deben acceder cumpliendo con ese objetivo”, apuntó.

José Luis Hernández de León, subsecretario de Educación Federalizada de Chiapas, expuso que la reforma educativa actual en su estado sumió en un “caos” pedagógico y financiero a la comunidad estudiantil y docente de esa entidad.

Mencionó que padecen un flagelo de corrientes ideológicas magisteriales que dificultan la administración de los recursos al hecho educativo, paros frecuentes, suspensión de clases, marchas “y cumplir con el calendario escolar es un objetivo difícilmente alcanzable”.

“Se requiere priorizar y lograr la cobertura de la educación pública a calidad, y para ello necesitamos más docentes, escuelas, capacitación y actualización, así como un constante acompañamiento de los padres de familia y autoridades”, puntualizó.

En su oportunidad, Iván García Gárate, Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, solicitó que la propuesta de Reforma Educativa sugiera la creación del centro para la revalorización del magisterio y la mejora continua de la educación.

Es por eso, comentó, que dicho centro debe incluir en su labor, los más altos estándares en materia del derecho a la educación e indicadores que permitan medir los avances. Revisar también, la metodología de indicadores de derechos humanos respecto al derecho a la educación.

La educación en todas sus formas y en todos sus niveles debe tener cuatro características: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad a fin de garantizar una reforma integral y de amplio alcance.

Enrique Magallanes Ulloa, profesor jubilado, pidió ser escuchado en las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales. Demandó incluir como obligatoria la educación especial en cualquiera de sus ramas, se tomen como algo positivo las cuotas "obligatoriamente voluntarias", que los uniformes de las escuelas no sean negocios de los padres de familia, y que las cooperativas no sean manejadas por el director y que se legisle para establecerlas de manera oficial.

Diputados "somos responsables ante los mexicanos" de nueva reforma educativa

Durante la última audiencia en materia educativa, en el marco del análisis de la iniciativa que reforma los artículos 3º, 31 y 71 de la Constitución, la presidenta de la Comisión de Educación, diputada Adela Piña Bernal, señaló que la evaluación es un proceso inherente en el sistema educativo nacional, se analizará su continuidad con carácter formativo, de retroalimentación, capacitación, actualización y “nunca más de castigo”.

La anterior reforma educativa se aprobó en 10 días y emanó de un falso consenso y un pacto político, “que sirvió únicamente para pasar por encima de los ciudadanos, sin tomar en cuenta su opinión”.

Reconoció que hoy también se debe conseguir el acuerdo que provenga de un ejercicio de pluralidad, escuchar, y ser abiertos y propositivos. “Un consenso entre la sociedad y sus representantes, porque no hay verdades absolutas ni únicas; nos corresponde a todas y todos”.

Piña Bernal enfatizó que durante las siete audiencias se escucharon todas las voces y el común denominador fue la pluralidad y el respeto a todas las formas de pensar. “Hubo muchas coincidencias, la más importante fue que los principales actores del sistema educativo son las niñas, niños y jóvenes. También se habló de interculturalidad, educación inicial, especial y física, de un enfoque humanístico y conceptos de calidad y excelencia”.

Los legisladores, aseguró, tomamos nota de cada una de las propuestas y “lo vamos a asumir con toda la responsabilidad”. Enfatizó que “no hay presiones para nosotros, no hay intereses de grupo y tampoco nos dejaremos amedrentar por nadie, somos responsables ante los mexicanos”.

“Antes de hacer obligatorio el nivel superior se requiere tomar en cuenta las deficiencias, ni siquiera se ha garantizado el nivel medio superior y establecerlo en la Constitución no basta.”

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