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COINCIDE ANUIES CON UNIVERSALIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR, NO CON GRATUIDAD

Coincide ANUIES con universalidad de educación superior, no con gratuidad
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La propuesta del Ejecutivo federal representaría un impacto financiero de casi 13 mil millones de pesos por año para las universidades e instituciones públicas, advierte
11.02.2019 12.00 AM

Los criterios de equidad e inclusión de los jóvenes más desfavorecidos a la educación superior que impulsa el gobierno federal, coinciden con las estrategias de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), planteadas en el documento Visión y acción 2030, para ampliar la cobertura de este nivel educativo, señaló su secretario general ejecutivo, Jaime Valls Esponda.

Sin embargo, indicó que la propuesta del Ejecutivo federal sobre la gratuidad de la educación superior representaría un impacto financiero “muy alto”, de casi 13 mil millones de pesos por año, para las universidades e instituciones públicas.

Lo anterior, dijo, incidiría en disminución de prestaciones y apoyos a estudiantes. “De eliminarse las cuotas estudiantiles, sin ninguna compensación en el presupuesto de las instituciones, se verá disminuida la prestación de servicios de apoyos a los estudiantes y se agravará la problemática financiera de las universidades”.

Durante su participación en la mesa tres “Normales y Educación” de las audiencias públicas sobre la reforma educativa, Valls Esponda precisó que las universidades públicas, instituciones tecnológicas y escuelas normales cobran cuotas a los estudiantes por los servicios que imparten; el monto que reciben por este concepto puede significar el 30 por ciento de su presupuesto anual”.

“Los recursos recabados por concepto de cuotas se destinan íntegramente a los servicios educativos para los alumnos. En caso de eliminarse, éstos serían los más afectados”, así como, “la ampliación de los servicios educativos, el incremento de la planta docente, equipamiento de laboratorios y talleres, equipamiento de espacios para tutorías, enseñanza de lenguas, actividades deportivas y la difusión cultural”.

Afectaría “también el mantenimiento y modernización de la infraestructura de telecomunicaciones, la renovación de acervos bibliográficos y el parque vehicular para prácticas de campo de los estudiantes, entre otros conceptos”, puntualizó.

Indicó que algunas universidades enfrentan una situación crítica derivada del déficit financiero que han acumulado durante muchos años, “y en poco tiempo enfrentarán una situación de insostenibilidad financiera”.

Señaló que al incluir la gratuidad de la educación superior en la próxima reforma educativa se debe incorporar un artículo transitorio –como se hizo en la 2012- donde se determine que a los presupuestos federales, de estados y municipios, se les aportarán los recursos necesarios para lograr este cometido.

Respecto de la obligatoriedad y universalización de la educación superior, indicó que para que la reforma constitucional alcance su concreción en todo el país, será necesario acordar una política de Estado con visión de largo plazo que la haga factible.

“Será útil, además, considerar la experiencia de reformas constitucionales previas que hicieron obligatorio el preescolar y la educación media superior, sin que hasta el momento se hayan logrado las metas planteadas en los artículos transitorios que señalaron su gradualidad”, aseveró.

Sobre la autonomía de las universidades públicas, hizo hincapié en el compromiso del Presidente de la República para “corregir la omisión de la fracción VII del artículo tercero Constitucional, que reconoce la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior que gozan de ella por ley”.

Asimismo, añadió, se propone que en la iniciativa para reformar el citado artículo, “se mencione expresamente que su ámbito de aplicación no afectará la autonomía de las universidades, las cuales se rigen por sus leyes específicas, tal y como se reconoce en la Ley General de Educación”.

“También proponemos que se señale, donde corresponda, que las universidades y las demás instituciones de educación superior públicas autónomas se regirán por sus leyes específicas”, concluyó.

Valls Esponda refrendó el compromiso de la ANUIES de sumarse al esfuerzo del Congreso de la Unión y del Gobierno federal para transformar la educación y apoyar la puesta en marcha de un conjunto de políticas públicas de nueva generación para lograr un México en paz, justo y próspero.

Necesario realizar “un diálogo racional y sensible” para discutir los puntos “más críticos” de la iniciativa de reforma en materia educativa: Guevara Niebla

El subsecretario de Educación Pública (SEP), Gilberto Guevara Niebla, afirmó que es necesario realizar “un diálogo racional y sensible” desde el Legislativo para discutir los puntos “más críticos” de la iniciativa de reforma en materia educativa.

En el marco de la segunda Audiencia Pública “Reforma Educativa” en San Lázaro, destacó que la evaluación para el ingreso y permanencia de los docentes, así como el destino del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), “son dos puntos cruciales que encierra esta reforma”.

Existen posiciones encontradas de parte de los grupos parlamentarios en éstos, por lo tanto, dijo, “va ser necesario realizar un esfuerzo muy especial de comprensión, reflexión, diálogo racional y sensible que permita, eventualmente, encontrar fórmulas conciliadoras que desahoguen el conflicto”.

Detalló que la “integralidad y equidad son las grandes pautas” de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal que reforma los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política, con el fin de dar una “nueva y muy importante transformación educativa”, que dejará, con mucho, atrás los esfuerzos en materia educativa que en épocas anteriores se han realizado.

Sostuvo que hasta ahora la educación integral, total, completa, y la equidad, “hasta ahora, de manera muy abierta y desinhibida, se habían dejado de lado”.

"Deseo que en esta jornada podamos encontrar expresada la inteligencia, la sensatez, la cordura que este país necesita ante las dificultades que está atravesando en estos momentos”, concluyó Guevara Niebla.

Hablan sindicatos de derechos laborales y opinan sobre programas educativos

Al concluir la primer Audiencia Pública “Reforma Educativa” con la presencia de docentes y autoridades sindicales, Arturo Casados Cruz, del Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Conalep, enfatizó que la anterior reforma educativa afectó las condiciones laborales de todos los docentes; consideró importante que con estos nuevos cambios se reconozca al sistema medio superior, en particular al área de educación técnico bachiller, ya que éste fortalece a los jóvenes y el campo laboral.

Recomendó que en estas reformas se reconozca a los docentes del Conalep, en virtud de que han sido desparecidos en el sistema de educación medio superior. Planteó que los profesores, a través de las academias, sean quienes determinen planes y programas; que todos los planteles cuenten con infraestructura y talleres, y laboratorios.

Gustavo Michua y Michua, representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), reconoció que el mecanismo de parlamento abierto, pues esto permitirá construir una política pública sólida, que tendrá el consenso de los actores de la educación.

El sindicato respalda las reformas que transforman la enseñanza, ya que se fortalece la escuela pública y vigila el cumplimiento pleno de los principios filosóficos que contiene el artículo Tercero de la Constitución.

Luis Zamora Calzada, secretario general del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México, propuso incluir en la iniciativa que los maestros puedan acceder a una actualización continua del Sistema Educativo Nacional.

Asimismo, tener derecho a un salario profesional que considere los costos de subsistencia y una justa retribución, a fin de garantizar una vida digna a los docentes; además, se brinde una infraestructura escolar idónea para los logros educativos deseados.

Manuel Melchor Oliveros, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Veracruz, estimó que debe desaparecer el párrafo quinto del artículo 3 de la propuesta del Ejecutivo, porque su contenido no debe considerar cuestiones laborales con las de carácter educativo, ni psicopedagógico.

Planteó no hacer una mezcla legislativa de la educación básica con la media superior, son completamente distintas desde su origen, cobertura y leyes reglamentarias. También pidió que, para el caso de los organismos públicos descentralizados, se realice un análisis minucioso que determine qué tratamiento se le debe dar cuando se elaboren las leyes secundarias, sin tener que caer en posibles contradicciones con otros artículos constitucionales.

Antonio Castro López, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE, estimó que el sistema de evaluaciones no debe enfocarse en el maestro porque es una forma estática y limitada de revisión del estado que guarda el sistema educativo nacional, sino en un análisis dinámico de todos sus componentes como reconocer los avances en los distintos niveles de pensar, grados de interpretación y comprensión del funcionamiento.

Se debe articular el sistema educativo nacional con el nuevo proyecto de nación para que la educación sea la fuerza motora de desarrollo, ligando sus elementos sustantivos como soberanía, autonomía, independencia y desarrollo económico, político, territorial cultural, científico y tecnológico. “La educación en México debe proponer una educación formadora de seres humanos íntegros”.

Marco Antonio Delgado Gómez, comisionado de Gestión Educativa, Sección 18 de la CNTE, estimó que se debe modificar el artículo 3 Constitucional para que la educación sea democrática y se plantee el desarrollo integral del sujeto.

Estipular que la educación sea popular, en una doble acepción, como restitución del proyecto histórico de nación mexicana que implica la unidad, identidad, conciencia nacional y como reconocimiento de las desigualdades históricas y los compromisos para subsanarlas.

Rubén Núñez Ginez, exdirigente de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), señaló que con la pasada administración se arrebataron derechos y conquistas laborales y se cesó a más de mil profesores y se bloquearon cuentas bancarias de varias secciones de la CNTE; además, hubo detenciones arbitrarias y encarcelamientos en penales de máxima seguridad.

Propuso que la iniciativa que se analiza considere a la educación como un derecho humano, intercultural, pertinente al contexto social geográfico y de las entidades, reconocimiento de las escuelas comunitarias de diferentes niveles educativos.

Presentan PAN, PRI, MC y PRD iniciativa de reforma educativa; prevé crear un centro nacional para la mejora de la educación, con autonomía constitucional

Los coordinadores de las bancadas del PAN, PRI, MC y PRD presentaron este miércoles una iniciativa de reforma constitucional en materia educativa, que prevé la creación de un Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, con autonomía constitucional, que sustituiría al actual Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Asimismo, estipula que el Estado reconoce a los docentes como agentes primordiales en la calidad y la transformación de la educación, y por ello plantea facultar al Congreso a expedir una Ley del Servicio de Desarrollo Profesional del Magisterio, que supliría a la actual Ley del Servicio Profesional Docente.

La propuesta modifica diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política, y fue presentada, en tribuna, por los diputados Juan Carlos Romero Hicks (PAN), René Juárez Cisneros (PRI), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (MC) y Ricardo Gallardo Cardona (PRD).

El documento señala que la educación impartida por el Estado, desde la inicial hasta la superior, “será integral, equitativa, incluyente, intercultural y de calidad”, y deberá basarse en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.

En el caso de la educación indígena, ésta se impartirá respetando plenamente la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios.

Establece que para lograr la equidad, el Estado tomará medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de todas las personas. Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a quienes pertenezcan a grupos vulnerables y regiones con mayor rezago educativo.

El documento indica que el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Servicio de Desarrollo Profesional del Magisterio, y en tanto no se expida, los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia se llevarán a cabo conforme a la ley vigente.

“En la parte de innovación incorporamos temas de derechos humanos, aspectos de interculturalidad, el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación, la obligación del Estado para impartir la educación superior, y como giro y foco de todo, el educando, y como un agente principal a ser respetado, el maestro, que hoy se siente vulnerado y ofendido”, dijo el coordinador del PAN, al fundamentar la iniciativa.

“Mantenemos la rectoría del Estado, la calidad como un propósito, por supuesto que la autonomía universitaria que, en una circunstancia de error, por parte del turno del Ejecutivo, se tendrá que reconocer que se tiene que reponer, así como también aspectos como la educación inicial y el contrapeso de la evaluación”, agregó.

El coordinador del PRI señaló que el objetivo fundamental “tiene que ver con la construcción de un sistema educativo de calidad que garantice a nuestras niñas y niños la posibilidad de una formación sólida que les permita enfrentar el futuro”.

Se pronunció por garantizar la certeza laboral de las maestras y maestros, contar con un órgano autónomo que pueda evaluar todo el proceso educativo buscando mejorar la calidad a partir de una formación y, actualización cada vez mejor.

El coordinador de MC también enfatizó que es primordial reconocer a los docentes como agentes primordiales de la calidad y transformación de la educación.

“El propósito fundamental de esta propuesta es enriquecer el debate. Qué bueno que el titular del Poder Ejecutivo ha hecho un planteamiento a través de su propia iniciativa y de su propio derecho”, dijo.

Finalmente, el coordinador del PRD manifestó que los profesores deben ser capacitados y que la educación impartida por el Estado tiene que ser incluyente, ya que cuatro de cada ocho escuelas no están preparadas para albergar a estudiantes con discapacidad.

“Queremos una educación que sea y que tenga evaluaciones formativas, capacitemos a todos los maestros en México, no los corramos. Queremos una educación incluyente”, expresó.

El documento se turnó a las comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales, para dictamen.

“Las universidades públicas, instituciones tecnológicas y escuelas normales cobran cuotas a los estudiantes, concepto que puede significar el 30 por ciento de su presupuesto anual.”

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Reporte Legislativo, Comisión Permanente: Jueves 4 de enero de 2018
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