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BUSCAN DEFINIR RUTA SOBRE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

Buscan definir ruta sobre prisión preventiva oficiosa
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Reiteran expertos y organizaciones que por su carácter retrógrada, aumentar el catálogo de delitos no es una opción para enfrentar injusticia e impunidad
11.02.2019 12.00 AM

El presidente de la Junta Coordinación Política, diputado Mario Delgado Carrillo, afirmó que probablemente esta semana se vote el dictamen sobre prisión preventiva oficiosa, en donde se incluirán las conclusiones de las cuatro Audiencias Públicas que permitieron analizar el artículo 19 constitucional.

Afirmó que de ninguna manera se quiere engañar a la sociedad o a las víctimas presentando esta medida como la solución o la varita mágica al enorme déficit de justicia e impunidad que existe en el país.

“No vamos a encontrar una ley única que resuelva esto de manera integral, tenemos que ir enfrentando distintos aspectos del sistema de justicia, porque tiene una falta de eficacia tremenda en muchos lados; tenemos que irlos enfrentando poco a poco”, añadió.

Delgado Carrillo apuntó que se está por una visión integral de detener el fenómeno de la violencia de manera directa desde sus causas, y ésa es la principal estrategia del gobierno de la República. “Básicamente el Presidente lo que está pidiendo es ser más eficiente en la persecución en delitos que ofenden enormemente a la ciudadanía”, añadió.

Dijo desconocer qué pasará con el dictamen, pero está claro que se requiere mayoría calificada para su aprobación y “por eso abrimos estas audiencias para escuchar a la sociedad civil y tener mayores elementos, a efecto de tener un dictamen final”.

Hay tres opciones, dijo, "irse con el dictamen actual y se incorporen en el Pleno los delitos que generen dos terceras partes de la votación; que le hagamos caso al Senado y se aprueba la minuta en sus términos; es decir que sean los nueve, o respetar el acuerdo con el Senado y tomamos la minuta y la aprobamos".

Sin embargo, expresó, las audiencias generan una opción que es la posibilidad de ir al artículo 16 constitucional, pero “debemos revisar un poco más lo que haremos con el 19, porque más de la técnica jurídica también cuenta el debate político”.

De considerar la opción del 16, explicó, podría leerse que en lugar de darle al Estado más instrumentos para acabar con la impunidad, se va en sentido contrario, “que ya no hay delitos con prisión preventiva oficiosa y que todos los va a determinar un juez. Tenemos que ser cuidadosos en esos balances”.

Resaltó que ocurrirá lo que genere mayoría calificada, pero suponiendo que se incorpore en el 19, o incluso en el 16, “tendríamos que ir al Código, o en el caso de robo a combustible a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos de Hidrocarburos para tipificar esos delitos; hay que diferenciar el tipo de conductas y no hacerlo de manera generalizada. Así es como está el debate actualmente en la Cámara”.

Previamente, señaló que algunas de las conclusiones de las audiencias fueron con sentido crítico y entre ellas está que la reforma constitucional va en contra de los derechos humanos, los restringe y no es necesaria, porque el contenido actual es suficiente para los fines que se persiguen, y que sería preferible buscar soluciones integrales y fortalecer al Ministerio Público y a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Asimismo, que ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa debería avanzarse en su extinción porque atenta contra los derechos humanos y tiene el riesgo de ser arbitraria e ilegal. No hay que olvidar que se trata de una medida cautelar que debe ser la excepción y no la regla y lo que se requiere es una revisión integral al Código de Procedimientos Penales.

Además, adoptar acciones tendentes a reducir esta figura porque criminaliza la pobreza y provoca el hacinamiento carcelario, pone en riesgo a cualquier ciudadano, no va a prevenir la delincuencia y es tóxica porque aumenta la probabilidad de injusticia, por lo que en su lugar se requiere fortalecer la prisión preventiva justificada.

Delgado Carrillo precisó que algunos de los planteamientos y propuestas que señalan la conveniencia de aprobar la modificación, fueron que existe en la Constitución y no es la primera vez que se amplía el catálogo.

Del mismo modo, que existen delitos que por su gravedad merecen medidas de mayor fuerza y es justamente en la Constitución donde deben establecerse las modalidades, y los que se adicionan son de alto impacto, de grave afectación a la vida, dignidad y patrimonio de las personas, además de que responde al reclamo de acabar con la corrupción y la impunidad.

También que es necesario establecer la prisión preventiva que permita hacer efectivo el combate de delitos especialmente graves, como el aumento exponencial en el robo autotransporte y comercio.

Reiteran expertos y organizaciones que prisión preventiva oficiosa no es una opción adecuada

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) agradeció la participación de quienes vinieron a las audiencias a compartir sus conocimientos, puntos de vista y opiniones sobre este tema. “Hoy nos dan luz para ver por dónde hacerlo de mejor forma; nosotros sostenemos que por la cantidad de reformas que tiene la Constitución debiéramos, incluso, de pensar en hacer una nueva”.

“La realidad que tenemos en el tema de justicia tiene que ver también con un problema estructural, de modelo, cultural, pensamiento, actuar, y con un problema verdaderamente mayúsculo que tenemos en la patria, por lo que esta nueva política nos va a permitir desde luego hacer cosas bien y mejores para nuestra nación y ciudadanos”, comentó.

Agregó que dentro de la responsabilidad que tienen, tomarán en consideración todo lo expresado, porque viene de la experiencia y conocimiento que compartieron los especialistas.

En la Cuarta Mesa de las Audiencias Públicas sobre “Prisión Preventiva Oficiosa, Libertades e Investigación”, representantes de diversas asociaciones civiles y organizaciones empresariales externaron sus preocupaciones y propuestas sobre la iniciativa que plantea reformar el artículo 19 constitucional.

De Amnistía Internacional México, Andrea Nomdedeu Díaz-Valero, expresó que de acuerdo con el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, en las cárceles mexicanas hay personas que llevan más de 15 años esperando ser juzgadas.

La prisión preventiva oficiosa, afirmó, tiene un impacto negativo en la persona que ha sido detenida y en su familia. Los costos para el Estado son de diversos tipos, pues mantenerla cuesta dinero. “Se podría ampliar estos recursos para elaborar políticas que permitieran frenar este repunte de la violencia e invertir en educación y en servicios sociales”.

Resaltó que las prisiones actúan como caldo de cultivo para la actividad delictiva. “La prisión preventiva no debe ser aplicada de forma automática, pues vulnera los derechos fundamentales, ya que quebranta el derecho a la libertad personal y vincula el principio de inocencia; su uso nunca deberá ser una medida punitiva y únicamente tendría que ser excepcional y no una forma de sanción”.

Juan Manuel Gastélum Buenrostro, presidente Municipal de Tijuana, Baja California, pidió apoyar la iniciativa tal cual del Senado de la República, en sus términos, en particular, por la portación de armas de fuego. “Las leyes deben estar hechas para beneficiarnos a los ciudadanos de bien y no a los que están en la cárcel por diversos delitos”.

De no apoyar la prisión preventiva oficiosa, dijo, “los crímenes continuarán; no nos merecemos que una ley no nos proteja. Si no se cierra la puerta al permitir la libertad a aquel que la quebranta, como es la portación de armas de fuego, robo a casa habitación o abuso a los menores, estamos en problemas; no permitamos que se nos vaya de las manos la aplicación de la ley en beneficio de todos”.

La consejera nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gabriela Altuzar Zaragoza, solicitó a los diputados que en la reforma que se analiza se considere como delitos graves el robo al transporte de carga y en cualquiera de sus modalidades, y la portación de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, a fin de combatir la impunidad en forma efectiva.

Afirmó que la inclusión de ambos delitos “es una señal esperanzadora de que el combate a la impunidad será asignatura prioritaria para el gobierno Federal. Nunca debe olvidarse que brindar a los ciudadanos seguridad, orden y paz es la función originaria, primordial del Estado”.

María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, enfatizó que los derechos no se negocian y consideró inaceptable que se discuta la idoneidad de reducir garantías para combatir el crimen, “porque no debe confundirse; lo que hoy se discute no son estrategias para lograr una persecución efectiva del delito o un mayor acceso a la justicia, sino la reducción de derechos de imputados y víctimas”.

Subrayó que la prisión preventiva implica la renuncia a la presunción de inocencia y el debido proceso, así como obstaculizar el acceso a la justicia y el conocimiento de la verdad de los hechos. Estimó que si los legisladores votan a favor del aumento del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, lo estarán haciendo por “más personas en prisión, hacinamiento en las cárceles, violación de derechos humanos y familias desintegradas y pagando injustamente las consecuencias del encarcelamiento”. Asimismo, votarán en pro de “policías y ministerios públicos menos competentes, jueces más complacientes y de una justicia más lenta e ineficiente”.

Comentó que de acuerdo con la experiencia internacional, el efecto del encarcelamiento en la prisión preventiva de delitos es, en el mejor de los casos, marginal. Entonces, “por qué insistir en esta medida” y no apostarle a acciones que resuelvan la inseguridad. Antes de cambiar la Constitución, hay que revisar la operación del sistema de justicia, establecer controles de discrecionalidad de los ministerios públicos e invertir en las unidades de seguimiento a medidas cautelares.

La directora de Equis Justicia para las Mujeres, Ana Pecova, coincidió que la iniciativa analizada abre potencialmente la vía para que se aumente el número de mujeres que están en prisión; además, que no se cuenta con la infraestructura para llevar a cabo esta reforma, ya que de las 389 prisiones que existen en México, sólo 15 son para el sector femenino.

Resaltó que en la actualidad hay una recomendación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer para que México reduzca la prisión preventiva. “Debemos entender que colocar a los delitos contra la salud entre los que ameritan prisión oficiosa no ha contribuido a reducir el uso o tráfico de sustancias, pero sí ha creado muchas víctimas”.

La responsable del área de derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Estefanía Vela Barba, se pronunció por rechazar la reforma para que no se amplíe el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Para tener una verdadera procuración de justicia y resolver el problema de la violencia, propuso invertir en capacidad de fiscalización, en las unidades de seguimiento de evaluación a medidas cautelares, en las capacidades del Poder Judicial, en mecanismos de solución de conflictos y empezar a despresurizar el sistema.

Roberto Hernández, realizador del documental “Presunto Culpable”, refirió que de acuerdo con una encuesta del Inegi, de las 58 mil personas hoy privadas de su libertad, el 99 por ciento estuvieron presos preventivamente y uno por ciento llevó el proceso sólo en libertad. Es decir, “la prisión preventiva ya se aplica de forma generalizada en el sistema de justicia penal de nuestro país”.

Lo que significan estos datos, continuó, “es que la prisión preventiva es tóxica, simplemente incrementa la probabilidad de que haya un error, de que haya una sentencia condenatoria errada, incrementa la probabilidad de que las personas sean torturadas y es una probabilidad que incrementa de forma muy significativa”.

Invitó a los legisladores a no aprobar “una reforma que es frívola y absurda” porque implica poner en el capítulo de preceptos de la Constitución que todos tenemos derecho a que nos metan a la cárcel de forma automática. “Necesitamos menos prisión preventiva y más alternativas a la prisión preventiva; otra clase de medidas cautelares tendrían mucho mayor sentido y serían menos lesivas de la libertad personal”.

Leonardo Gómez Vargas, de la Asociación Nacional de Transporte Privado, resaltó que en los últimos años el robo de transporte de carga se ha incrementado significativamente en las principales carreteras y vías de comunicación del país. Ante esta problemática, se congratuló con la minuta para agregar al catálogo de delitos el robo de transporte en cualquiera de sus modalidades.

Destacó la importancia de la prisión preventiva oficiosa como el factor indispensable para lograr la disminución de la incidencia delictiva que afecta al sector, a la sociedad y al país. Precisó que esta medida tiene como fin legítimo el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia.

De Word Justice Projet (WJP), Layda Negrete afirmó que es falso que la prisión preventiva reduzca el delito, al contrario, lo incrementa y pone en peligro a cualquier ciudadano, porque es una figura que permite meter a la cárcel desde el momento de la detención, sin investigación, pruebas, juicio ni declaración de culpabilidad.

Alertó que el verdadero beneficiario de la prisión automática es el funcionario corrupto y “para ellos están legislando. Me manifiesto en contra de esta figura y exhorto a los legisladores a que se avoquen a promover medios de investigación de calidad; ésa es la única fórmula para abatir la impunidad de forma real”.

Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director general de Renace, pidió que esta iniciativa debe aclarar que ya existe la prisión preventiva y que no va a prevenir la delincuencia, pues ello se consigue a través de una adecuada persecución del delito, una investigación efectiva y un buen trabajo policial. “La justicia no es responsable de la prevención del delito”.

De Borde Jurídico, Ernesto Peralta Medina opinó que no se necesita judicializar cada caso que llega al Ministerio Público; es imprescindible una política de persecución penal que ayude a decidir qué se judicializa y qué no. “Hay que generar justicia, para ello, el Ministerio Público debe actuar con transparencia y criterios claros. Debemos generar rendición de cuentas, flexibilidad, atención integral y cambio de imagen en las fiscalías, así como una campaña intensa de denuncia para atacar las cifras negras”.

El abogado penalista, Marco Antonio López Valdez sostuvo que la prisión preventiva como medida cautelar “no puede, de ninguna manera, dictarse de forma oficiosa, porque atenta contra el principio de prevención de inocencia y la independencia judicial”, y como medida de seguridad, el Estado puede, legítimamente, establecer constitucionalmente un catálogo de delitos susceptibles.

“No somos ajenos al hecho de que la prisión preventiva como medida de seguridad podría lesionar derechos fundamentales; sin embargo, dada la grave crisis de inseguridad, corrupción y debilidad institucional del Estado para combatir la delincuencia, consideramos que es una herramienta muy útil como medida de prevención general y lograr así la justicia”, añadió.

Silvia Alexandra Esquivel, doctora en Derecho Penal y Constitucional por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, expresó que si se amplía el catálogo de prisión preventiva y no se deroga el 19 constitucional se deja a México en una responsabilidad internacional por legislar de manera contraria a los tratados y convenios. “¿Gozan de la solvencia económica para soportar la indemnización que ocurran de resoluciones por violaciones de derechos humanos?”.

El diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta Coordinación Política, afirmó que ya es una práctica en esta legislatura tener un parlamento abierto en los temas que más le importan a la sociedad y que han sido muy fructíferas y tenido impacto directo en los dictámenes que se han discutido en esta Cámara.

Preguntó si la propuesta alternativa que se hace al artículo 16 constitucional, para que la prisión preventiva justificada le otorgue a un juez y haya menor discrecionalidad y mayor transparencia, ¿sería posible que conviviera para algunos delitos y en el 19 dejar la oficiosa para otros?

Inquirió si tendría que desaparecer la oficiosa en el 19 y ¿cuál sería la motivación de ello?, si es atender las recomendaciones internacionales de que esta medida no debe seguir en la Carta Magna por todo lo que significa o por una cuestión técnico-jurídica ¿no podrían convivir?

Reginaldo Sandoval Flores, diputado coordinador del PT, calificó como históricas este tipo de audiencias y que el parlamento abierto se dé en esta legislatura, y se manifestó porque estos ejercicios se eleven a rango de ley.

Sostuvo que el tema es importante, porque visibiliza la desigualdad, injusticia y violación a derechos humanos. “La prisión preventiva viola el derecho humano, la presunción de inocencia y el debido proceso; qué hacemos con la realidad que tenemos de que no hay independencia entre el Ministerio Público”.

Cuestionó cómo se le hace para que las universidades en sus facultades de derecho cambien sus planes de estudios y los adecuen al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. “Nadie puede decir que son delitos graves: el robo a la gasolina, la posesión de armas, el delito electoral, corrupción y el abuso de menores”.

La secretaria de la Comisión de Justicia e integrante de la de Puntos Constitucionales, Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena) relató que muchos de los ponentes muestran resistencia a que se apruebe esta reforma, ya que consideran que va en contra de los derechos humanos, los tratados internacionales y los principios rectores de nuestro sistema, pero también realizaron propuestas alternativas, las cuales a través del diálogo se podrán analizar.

Precisó que la nación enfrenta una realidad muy compleja, por lo que es primordial dar solución a los temas de seguridad, delincuencia, lo cual implica atender las causas y no sólo los efectos y para ello se tendrá que entender desde las injusticias sociales, la crisis de valores, la diferencia óptica del estudioso de las ciencias penales y el punto de vista de los ciudadanos, porque ellos son los que sufren los robos y las agresiones.

El secretario de la Comisión de Gobernación y Población, diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), sostuvo que la iniciativa que hoy analiza la Cámara de Diputados busca que la víctima sea el centro de la discusión en materia criminal y penal.

“Hoy tenemos un grave problema de impunidad y corrupción, por lo que la ciudadanía nos demanda atender el problema de reincidencia, factor que ha generado el incremento de los delitos del orden común, por lo que se debe fortalecer el trinomio: policías, fiscalía y Poder Judicial, de lo contrario, no se iría a ningún lado”.

Añadió que en el caso del Sistema de Justicia Penal es importante crear mecanismos de vigilancia y control parlamentario que permitan exigir a las entidades estatales que inviertan en este ordenamiento, porque “las leyes parecen que chocan con la realidad y no podemos permitir que eso siga ocurriendo”.

La también secretaria de la Comisión de Justicia, Lizbeth Mata Lozano (PAN), celebró el parlamento abierto que hoy se genera en esta mesa y el principal reto del artículo 19, sin duda, es encontrar un equilibrio entre el México violento y un sistema garantista, encontrar ese equilibrio entre la sociedad y lo jurídico.

La integrante de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), resaltó que el país que se desea construir es uno que sea democrático, que respete las garantías individuales, el debido proceso, la independencia judicial, presunción de inocencia y donde se aplique la ley, no de manera selectiva, sino a todos por igual,

“No queremos la discriminación de la pobreza que hemos visto durante varios años, pues no habrá proceso de pacificación, mientras no se construya un Estado de derecho”, puntualizó la legisladora.

Prisión preventiva oficiosa provocaría hacinamiento en cárceles y retroceso en la política criminal: UNODC

El representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC, por sus siglas en inglés), Antonino De Leo, afirmó que de aprobarse el proyecto de reforma de la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, se incrementaría el número de personas privadas de la libertad y generaría un problema de hacinamiento carcelario en el país.

Durante su participación en la Tercera Mesa de las Audiencias Públicas sobre la Prisión Preventiva Oficiosa y Sistema de Justicia Penal, mencionó que los estándares internacionales en la materia indican, invariablemente, que la aprobación de la extensión de los supuestos de aplicación de la prisión preventiva oficiosa significaría un retroceso en la política criminal y en el sistema de justicia penal mexicano.

En este momento la sobrepoblación carcelaria no es un problema de México; sin embargo, con la aprobación de este proyecto de reforma lo será.

Agregó que de acuerdo con el World Prison Population List de 2018, entre 2015 y este año México ha logrado reducir su población carcelaria penitenciaria en 24 por ciento, desde una perspectiva comparada. Por lo tanto, ha sido uno de los países que más ha avanzado en los últimos tres años en disminuir la población penitenciaria y el hacinamiento en las prisiones.

Destacó que numerosos estudios en el ámbito internacional demuestran que el encarcelamiento afecta de manera desproporcional a las personas que viven en situación de pobreza. La mayoría de ellas son analfabetas o tienen educación limitada, carecen de vivienda, abusan de drogas, alcohol y otros comportamientos destructivos que llevan a la marginalización socio-económica.

Expuso que la prisión preventiva debe considerarse el último recurso o aplicarse cuando haya riesgo de fuga, obstaculización de la investigación o complejidad del caso. “Estos criterios prevén que las y los jueces tengan la posibilidad de evaluar las particularidades de cada asunto para ordenar posteriormente el encarcelamiento penitenciario de una persona, de lo contrario se corre el riesgo que las y los juzgadores pierdan, en cierta medida, su independencia”.

Alentó al Congreso a considerar las normas y reglas internacionales en el debate y refrendó su voluntad de brindar asistencia técnica y legislativa al Estado mexicano para incorporar políticas públicas basadas en la evidencia y buenas prácticas, a fin de lograr paz, seguridad y justicia.

Apuntó que la estrategia para abordar la crisis penitenciaria es reducir el uso del encarcelamiento, respetar los derechos humanos de los privados de libertad e invertir en reinserción social y prevención de la reincidencia delictiva.

Al iniciar la mesa, el secretario de la Comisión de Justicia, diputado Rubén Cayetano García (Morena) sostuvo que estas audiencias tienen el propósito de generar un marco jurídico que garantice seguridad, paz, tranquilidad, debido proceso, derechos humanos, presunción de inocencia y todo lo vinculado con la delincuencia organizada, daños al patrimonio de la nación, la democracia y la corrupción.

Subrayó que “en México no hay justicia; esa es la verdad”, desde esa premisa partimos, por lo que es primordial mejorar los mecanismos de impartición, ya que éste es el instrumento para la paz.

Añadió que el proyecto que se analiza busca frenar la impunidad y construir una reforma que establezca mejores reglas en el ámbito penal, a fin de dotar de investigaciones eficientes del Ministerio Público que contribuyan y eviten que las y los jueces duden en sentenciar e impida que se hagan acusaciones a inocentes.

Rodolfo Félix Cárdenas, del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales y del Colegio de Abogados, y exprocurador general de justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, señaló que está en contra de la propuesta que se discute porque incorpora delitos por hechos en materia de corrupción, los cuales corresponden al Código Penal.

Reiteró que su opinión no desea poner obstáculos a la reforma, pero afirmó que ésta generará una Constitución penal mexicana, por lo que pidió ajustarse al mandato de protección, observancia y derechos humanos en el ámbito internacional.

Carlos Alberto Galindo López, investigador del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, indicó que existe un amplio catálogo de delitos que ya ameritan prisión preventiva y no sólo son los que están en la Constitución, sino hay otros en diversos ordenamientos generales y federales, “lo que sucede es que es confuso, difícil de entender y de seguir”.

Destacó que alrededor de 80 mil personas están en la cárcel sin que hayan sido sentenciados, sin dar evidencias de que son culpables en un juicio público. Las prácticas de encarcelamiento en México crecieron de 2000 a 2014, al pasar de más de 60 mil a 108 mil; es decir, “casi duplicamos el número de personas sin sentencia en las cárceles y sin haberlos juzgado”.

De acuerdo con el Inegi, de cada 10 veces que el Ministerio Público pide al juez prisión preventiva, nueve la otorgan; entonces, es un problema de la investigación y de la argumentación del MP, no de las reglas constitucionales ni de las normas que se tienen para meter a la gente a la cárcel. Afirmó que “la prisión preventiva oficiosa no reduce el crimen, la corrupción, ni los problemas que aquejan a la sociedad”.

Jorge Alberto Lara Rivera, quien fuera encargado de la Procuraduría General de la República, señaló que existen componentes críticos olvidados en el sistema, como es la unidad de medidas cautelares y promover una robusta gestión de soluciones alternas. Subrayó que la impunidad y su abatimiento deben pasar por una robusta gestión de soluciones, ya que no se satisfacen los intereses de reparación del daño o reparación integral de daño, “porque no tenemos campeones en gestión de soluciones alternas”.

Hizo un llamado a que en este Legislativo se encabecen estas dos luchas desde el punto de vista de control parlamentario y la generación de directrices y lineamientos de política pública para que se pueda realizar, “que me parece es urgente abordar”, dijo.

Guillermo Zepeda Lecuona, director de Jurimetría: Iniciativas para el Estado de Derecho AC, afirmó que sostener y ampliar los supuestos de prisión preventiva oficiosa ha sido violatoria de los valores y principios de la sociedad democrática y los temas penales modernos. Recalcó que no sólo es parte de una política criminal regresiva, sino que, además, “lamentablemente es inefectiva y hasta contraproducente, viola el principio de inocencia y el debido proceso”.

Enfatizó que el gran problema del sistema de justicia penal en México es la impunidad y esta reforma en nada aporta a reducirla. Precisó que de los 30 millones de delitos sólo se denuncian 1.5 millones y únicamente 130 mil personas llegan ante un juez y esta medida cautelar podría ensañarse contra los más pobres y vulnerables social y jurídicamente. Consideró que el corazón de la impunidad está en la incapacidad de investigación y esta reforma no aporta en nada a eso, al contrario, subsidia las ineficiencias e insuficiencias.

María de los Ángeles Fromow, consultora y exsecretaria técnica del Consejo de Coordinación de Implementación del Sistema de Justicia Penal, reconoció el ejercicio de estas audiencias, pero se “están poniendo iniciativas para tratar de parchar lo que la ciudadanía está demandando, y no sólo de imputados, sino de víctimas del delito que no encuentran los cauces necesarios para resolver una demanda justificada de justicia y realidad ante un hecho delictivo”.

Denunció que no existen en el país sistemas para una justicia alternativa. “Ni siquiera en una mesa puede saberse si esa persona ha sido presentada anteriormente y menos aún imaginar que en otro Ministerio Público, haya sido presentada la misma persona. ¿Cómo se puede decir si efectivamente hay ese derecho a la víctima?”.

Precisó que del 10 por ciento de las personas que se atreven a denunciar sólo 6.45 por ciento de los ministerios públicos accede a poner una carpeta de investigación. Celebró estas mesas, pero estaría mejor si estuvieran policías y ministerios públicos. “Nos falta evaluación de cómo se está comportando el sistema. Apostemos por el fortalecimiento de la justicia, pero de manera adecuada y en favor de los ciudadanos”.

Juan Pablo García Garza, presidente de la Comisión en Enlace Legislativo de la Concamin, señaló que el robo al transporte de carga detiene operaciones de plantas industriales, comercios y puertos marítimos, e impacta en pérdidas de abastecimiento, distribución de productos agrícolas, alimentos, medicinas, hidrocarburos, minerales y productos básicos, entre muchos otros.

Además, el hurto a los autobuses atenta contra la movilidad de la población, sobre todo de los más humildes. “Cuando hablamos de estos robos no es a una empresa o a una persona, sino la afectación es colectiva y generalizada porque impacta la competitividad”.

Dado que el Ejecutivo decidió utilizar más al autotransporte para trasladar combustibles a diversas regiones del país, “se hace importante tipificar este delito del robo al trasporte de carga y pasaje para terminar de combatirlo. Es importante que la reforma tenga un periodo transitorio para dar tiempo al sistema penal acusatorio, porque todos queremos que funcione”.

Adrián Franco Zevada, excomisionado de Atención a Víctimas, penalista y secretario del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, expresó que el Estado de derecho es el verdadero tema que está detrás de esto y es el único elemento que permite hacer una sociedad igualitaria, “en donde el que no tiene y el que tiene mucho son exactamente iguales ante la ley cuando ésta se aplica”.

Se pretende que con los mínimos datos de prueba aumente el número de delitos con prisión preventiva oficiosa. “Eso va a generar un incremento no sólo en las cárceles por la población penitenciaria; eso no va a resolver el problema de fondo de las víctimas”.

Por su parte, la directora jurídica de Reinserta AC, Fernanda Dorantes Arteaga, enfatizó que la prisión preventiva debe ser el resultado de una resolución judicial, donde se hayan respetado las garantías procesales y los principios del Sistema Penal Acusatorio y no sólo de una acusación.

“Nos pronunciamos a favor de la prisión preventiva justificada y absolutamente en contra de una oficiosa. El hecho de tener un catálogo o de tener supuestos muy particulares en los contenidos normativos verdaderamente puede jugar más en contra de lo que puede abonar a la sociedad”, por lo que instó a evitar la “prostitución” del derecho penal, toda vez que la figura discutida en nada ha abonado al combate de la impunidad y mejorar las condiciones de seguridad que tanto laceran al país.

Irene Tello Arista, directora ejecutiva de Impunidad Cero, consideró que la discusión no debe estar en modificar el artículo 19 Constitucional, sino en elevar las sanciones por los delitos establecidos, homologar los códigos penales de los estados, crear una política nacional criminal que ayude a focalizar los escasos recursos del sistema penal. “Si se desea luchar en contra de la impunidad no se puede asumir que una medida cautelar va a solucionar el problema”.

Añadió que de aprobarse esta medida se abriría la puerta a más injusticia, a mayor tortura y a una sobrepoblación en centros penitenciarios sin garantizar con ello una menor incidencia delictiva ni menos impunidad para estos delitos. “Si lo que quieren es combatir la impunidad para los delitos que más afectan al país se debe invertir en la procuración de justicia, mejorar los modelos de gestión y de investigación dentro de las procuradurías, así como el replicar las buenas prácticas que muchos estados han logrado”.

Camilo Constantino Rivera, especialista del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal e integrante del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, expuso que esta reforma que se propone debe conllevar un equilibrio y una protección en los derechos humanos para que no se torne en una puerta giratoria hacia la impunidad y se victimice al imputado y que, en algún momento, haya condena en contra del Estado por una prisión preventiva injusta.

Propuso que la iniciativa que se analiza establezca que esta medida cautelar sea preventiva, disciplinaria, que no se tome en cuenta el catálogo de la prisión preventiva oficiosa, que se haga una ley nacional de ejecución de medidas cautelares, se incluya el concepto de los preacuerdos y se regrese la remisión parcial de la pena a efecto de hacer esquemas de trabajo penitenciario, porque con la libertad condicionada y anticipada no será eficaz generar una reinserción judicial efectiva como se prevé.

Estefanía Medina Ruvalcaba, cofundadora de la Organización TOJIL, Estrategia contra la Impunidad, señaló que el dictamen carece de una adecuada redacción legislativa. Ejemplificó que en el tema de delitos de corrupción, que hace referencia a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, no se tiene la menor idea de su aplicación y se deja fuera al peculado y cohecho, por lo que “esta reforma no es más que de cascarón y carece de toda aplicación práctica”.

Planteó enfocarse en revisar la redacción del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a la libertad durante la investigación y establecer candados para esta facultad discrecional y que deje de ser foco de impunidad; fortalecer las capacidades del Ministerio Público para que defienda la aplicación de las medidas cautelares y establecer un adecuado sistema de unidades de medidas cautelares. Enfatizó que incrementar el catálogo de prisión preventiva oficiosa “no es otra cosa más que ofrecer prisión y circo al pueblo de México, lejos de una solución eficaz y efectiva para el combate a la impunidad”.

Enrique Guerrero Aviña, del Colectivo Liquidámbar en Defensa de los Derechos Humanos, dijo que se busca aumentar el catálogo de delitos que ameritarían la prisión preventiva de oficio, pensando que la pena anticipada puede ser parte de la solución para los graves problemas de violencia e impunidad; sin embargo, no ha sido ni será respuesta a dichas problemáticas.

Resaltó que en el sistema penal mexicano ha predominado lo que se puede dominar como principio de presunción de culpabilidad “es decir, que todos los imputados son culpables aunque se demuestre lo contrario”. Consideró que el Estado tiene la obligación de establecer reformas que vuelvan real la aplicación de la presunción de inocencia.

El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) enfatizó que la presión preventiva de oficio no es buena idea para combatir y reducir la delincuencia creciente que tiene el país; no es una propuesta solvente en términos de técnica jurídica, ni una medida eficaz que recupere confianza en las policías, Poder Judicial y la justicia. Hay que saber dónde están las debilidades del sistema penal, afirmó.

En tanto, el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (Morena) sostuvo que se deben llevarse a cabo medidas proactivas porque de lo contrario, no se avanza. La Constitución permite tener un pie de arranque y modificar el artículo 19 es un avance. Afirmó que a nadie se le está haciendo presunto culpable, esto se dirige al crimen organizado y a los delincuentes de cuello blanco. Expresó su inquietud por conocer respecto de transformar el Ministerio Público y la inclusión del delito de robo en transporte.

Lorena Villavicencio Ayala, diputada de Morena, expresó que es fundamental el respeto al principio de presunción de inocencia, del debido proceso y el cabal acato de los derechos humanos. “Yo no estoy a favor de que se amplíe el catálogo de delitos, a pesar de que presenté una iniciativa en el tema de feminicidios; no hay un sistema de justicia que actúe debidamente; busquemos un camino único de solución”.

Su compañero de bancada, diputado Esteban Barajas Barajas, afirmó que hay un reclamo social de las víctimas para acabar con la impunidad y se le apuesta a un gobierno que atacará las causas de la violencia, la pobreza y la marginación. “Sabemos que la situación es difícil, pero hay elementos que demuestran que no hay que enjuiciar sino estar debidamente justificados”.

Por MC, el diputado Ariel Rodríguez Vázquez señaló que la pregunta central es si se quieren cárceles llenas o a los culpables tras las rejas, porque “para la primera, apoyemos la propuesta de aumentar el catálogo de delitos al artículo 19 constitucional”. Debemos fortalecer la procuración y administración de justicia, así como mejorar las condiciones de los policías, sugirió.

La prisión preventiva oficiosa, violatoria de los derechos humanos: Jan Jarab

El representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, afirmó que, desde la perspectiva de los estándares internacionales, la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos humanos.

Consideró que “el Congreso debería estar dando pasos decididos en dirección opuesta; más que discutir la eventual extensión, tendría que estar planteando la eliminación de ese tipo de reclusión”.

Al participar en la Mesa 2 “Seguridad, justicia y prisión preventiva oficiosa”, de las Audiencias Públicas sobre este tema, explicó que el planteamiento no es derogar la prisión preventiva justificada, ni dejar a todas las personas imputadas libres, pero hay que entender que la prisión oficiosa es automática, obligatoria y supone la privación de garantías procesales básicas.

Añadió que este tipo de reclusión aumenta el riesgo de tortura y no abona a superar la impunidad. “El denominador común de la arbitrariedad y del encarcelamiento injusto de inocentes es la mala investigación, y es importante señalar que esta medida no abona a que la indagación mejore”.

Jan Jarab dijo que determinar la prisión preventiva oficiosa sólo depende de la autoridad investigadora y de cómo califica el supuesto delito; es decir, decide si el imputado va a pasar largo tiempo recluido en espera de sentencia. Sin embargo, en un Estado de derecho, es el Poder Judicial el que tendría que resolver, de manera individual, si el imputado debe ser privado de su libertad bajo criterios de legalidad y proporcionalidad.

Agregó que la impunidad en México coincide con la alta presencia de personas inocentes que esperan su liberación de las cárceles, y no pueden aguardar su sentencia en libertad, porque el delito que se les imputa –en muchas ocasiones de manera indebida– está en la lista de prisión preventiva oficiosa.

Recomendó estipular en la Constitución un catálogo de delitos en los que el Ministerio Público tenga la obligación de solicitar la prisión preventiva.

Al dar la bienvenida a los participantes, el diputado Héctor René Cruz Aparicio (PES), moderador de esta mesa, destacó que se trata de un tema relevante por el contexto social que conlleva la minuta, por lo que hoy se busca conocer las posturas de expertos que contribuyan en la discusión.

“De eso se trata el parlamento abierto; que su opinión lleve a los diputados a tomar una decisión en favor de los mexicanos”, expresó.

Subrayó la importancia de la participación de los especialistas y sus aportaciones en estas mesas de trabajo, “pero necesitamos las propuestas que ustedes nos hagan para sacar adelante una reforma que ayude a combatir la criminalidad, pues los delitos van a la alza en todo el país”.

El ciudadano exige respuestas y estamos obligados a dárselas, por eso estas mesas de trabajo son adecuadas y les pedimos que nos ayuden y “tengan la seguridad de que tomaremos la decisión más responsable”, enfatizó.

Maricarmen Color Vargas, Investigadora de la Comisión Mexicana y Promoción de los Derechos Humanos, coincidió en que esta práctica es ilegal y arbitraria, por lo que no debe ser oficiosa, sino que debe mediar en su aplicación la racionalidad y la necesidad.

“No debe ser generalizada, deben analizarse alternativas previas a la reclusión, como el brazalete electrónico. No se observan las normas internacionales sobre juicio justo, pero es algo que puede ser aplicable en los casos de feminicidio, si es necesario”.

El magistrado Pablo Héctor González Villalobos, del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, aseguró que legislar para incorporar más preceptos en la prisión preventiva “es divorciar la justicia del derecho”.

“Hay legítimas preocupaciones en materia de seguridad que se cree que se pueden resolver con esto, pero ni siquiera desde el punto de vista de la necesidad hay justificación. La gente que quede detenida no tendrá estándares mínimos, las instituciones del Estado van a perder la superioridad moral; no vamos a distinguir entre una cárcel y la casa de seguridad de unos secuestradores”, manifestó.

José Antonio Caballero Juárez, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) afirmó que la prisión preventiva oficiosa es un falso debate, porque los derechos de las víctimas no se oponen a la medida y, además, lo que oculta esa figura es un sistema indolente, negligente, corrupto y clasista.

“Es un subsidio absurdo, ridículo, a la ineficacia”, que provoca que la negligencia con que operan muchos funcionarios públicos se mantenga oculta. Agregó que la reforma constitucional no podrá resolver esos problemas y pidió no pensar “en fórmulas mágicas” ni caer en ingenuidades.

El director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Recaredo Arias Jiménez, se sumó a la iniciativa para acotar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Pidió que se considere el robo de vehículos y transporte, pues en los últimos años este crimen incrementó 47.4 por ciento, al pasar de 66 mil 500 autos robados en 2015, a 99 mil 300 a diciembre de 2018. “Lo más grave es que de cada 10 robos, seis son con violencia y eso vulnera de manera importante a la población”.

Por lo que hace al robo de vehículos de carga pesada y mercancías en tránsito, señaló que se ha duplicado en los últimos cinco años. “En 2014 eran cerca de seis mil unidades robadas, en la actualidad son 12 mil 500, 32 al día. Si se considera que sólo 25 por ciento de ese tipo de vehículos está asegurado, la cifra real podría ser cuatro veces mayor”.

Además, ocho de 10 robos llevan uso de violencia, lesiones y daños a las víctimas y se acompaña de otros impactos negativos, como la menor recuperación, que en 2014 era de 50 por ciento y en la actualidad es de 35 por ciento.

La investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Sofía Magdalena Cobo Téllez, dijo que sin la reforma propuesta, las estadísticas nacionales y estatales del sistema penitenciario reflejan un abuso en la prisión preventiva. Según el Cuadernillo Mensual de Información Estadística Penitenciaria de diciembre del año pasado, la población privada de la libertad, a nivel nacional, es de 197 mil 988 internos, de los cuales 165 mil 213 (83.45 por ciento), son por delitos del fuero común, y 32 mil 775 (16.55 por ciento) corresponden al fuero federal.

Agregó que están procesados 60 mil 653 (36.71 por ciento) internos del fuero común, y 14 mil 377 (43.86 por ciento) del ámbito federal. Es decir, que más del 40 por ciento de las personas privadas de la libertad se encuentran sin sentencia.

Subrayó que al aumentar el catálogo delictivo crecería la cantidad de internos e internas -si se considera que de 308 centros penitenciarios en el ámbito nacional, 103 están sobrepoblados, o sea 33.44 por ciento- y sin una correcta clasificación procesal colapsaría el sistema penitenciario.

Arturo Enrique Mendicuti Narro, vicepresidente de Seguridad de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), apoyó la propuesta del Poder Legislativo para incrementar el catálogo de delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa con la reforma al artículo 19 constitucional. Pidió reconsiderar que no se contemplen únicamente las conductas graves que vulneran la seguridad el Estado, sino también a los ciudadanos y sus actividades productivas. Se requieren más herramientas legales para tener la ola de crimen, cuando aún es posible.

Solicitó que se incluya el robo a casa habitación, a negocio, vehículos y al transporte en todas sus modalidades, y extorsión o cobro de piso, que afectan el legítimo derecho a ganarse el sustento sin ser victimizado por el delincuente y revictimizado por el sistema judicial deficiente, para que ya no se empodere la delincuencia mediante el temor y la intimidación, sin permitir que continúe el cierre de negocios y el abandono de casas y poblaciones por falta de garantías.

José Refugio Muñoz López, presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención del Delito de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), se pronunció a favor de que el robo al autotransporte de carga se considere grave y se imponga la prisión preventiva oficiosa. La afectación patrimonial por ese delito ascendió a 92 mil 500 millones de pesos, equivalente a 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto.

Sostuvo que se requiere un plan integral que atienda las causas y ataque los efectos de la inseguridad. Es evidente que falta un marco jurídico adecuado, porque es insuficiente considerar el robo de transporte de carga como delito federal. Propuso diseñar una estrategia para que el Sistema Penal Acusatorio funcione en favor de las víctimas y no, como ocurre hasta hora, en favor de los delincuentes.

José Antonio Mendoza Prieto, maestro en Derecho Penal, sostuvo que de incrementar el catálogo de delitos y aplicar la prisión preventiva, “estamos mal en el orden jurídico, porque significaría que todos estamos expuestos a que los derechos fundamentales sean vulnerados”.

Explicó que esta figura es una medida cautelar y sirve para garantizar la presencia del imputado en el proceso judicial. Sin embargo, “si se detiene sin investigar, estamos mal”. La gente reclama combatir la impunidad y la prisión preventiva oficiosa “no lo va a hacer, va a continuar la impunidad y fomentar la corrupción”, donde el ejercicio del derecho penal se ha prestado a ello. Aumentar el catálogo de delitos es incrementar la corrupción, advirtió.

Armando López Gutiérrez, coordinador de la Comisión de Leyes y Reglamentos de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), solicitó que el robo al autotransporte de pasajeros se considere como un delito grave y se ejerza la prisión preventiva oficiosa a fin de reducir la impunidad. Aclaró no estar en contra de la presunción de inocencia ni del debido proceso, pero la vida de los usuarios y conductores se debe salvaguardar y frenar a la delincuencia.

Destacó el papel estratégico de este sector para la economía nacional, al trasladar a 95.8 por ciento de los mexicanos, generando 2.54 por ciento del PIB en 2017 con un crecimiento de 300 por ciento en el último año. Por ello, debe protegerse y frenar la incidencia del delito. La prisión preventiva oficiosa tiene que considerarse como un elemento que no extinga el reconocimiento de otros delitos, porque actualmente los delincuentes que asaltan a los usuarios del autotransporte reinciden y cada vez con más violencia ante la falta de un Estado de derecho.

Cristina Reyes, colaboradora de México Unido contra la Delincuencia, exhortó a la Cámara de Diputados a que no se apruebe el dictamen del Senado. “Nos parece un gran absurdo que se pretenda continuar subsanando la incapacidad de argumentar en audiencia las razones por el cual un caso amerita las medidas”.

Insistió en que esta medida no ha contribuido en la disminución de la corrupción y la criminalidad, a pesar de que es una herramienta incluida en la Constitución y que lleva funcionando desde 1917, aunque con diferentes nombres.

A favor del dictamen, Salvador Gonzáles Reyes, presidente de la Comisión de Enlace Legislativo y otros órganos de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, AC (Conatram), aseguró que la falta de esta figura es de vida o muerte, pues en todo el país los operadores de automotores son asaltados, vejados y asesinados, por lo que esta acción daría certeza a las inversiones; el robo a transporte se ha convertido en algo frecuente, algo está fallando.

“Tuvimos un caso en Guanajuato en que salió el Ministerio Público a amenazar al teléfono de quien estaba denunciando; la reincidencia se da por la falta de un modelo que someta a los responsables, pues de 120 imputados únicamente 62 se encuentran en prisión, a pesar de que son atrapados junto a los camiones robados y la mercancía”.

Francisco Gaitán, coordinador del Comité de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), dijo que el tema es que la prisión preventiva oficiosa es una pena adelantada; es decir, se sanciona al ciudadano previo a que se sentencie por un delito. “La presunción de inocencia debe prevalecer porque es un precepto constitucional”, enfatizó.

Pidió apuntalar la prisión preventiva justificada y “echarle ganas a las investigaciones”, pues en caso de que alguien ponga en peligro la integridad de una persona o de la sociedad, que pueda fugarse o que pueda obstruir la justicia, se le deberá de aplicar. “En esta oportunidad histórica los invito a que actúen bien”, expresó.

Luis Tapia Olivares, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que no se oponen al uso de la prisión preventiva, sino que sea de manera oficiosa no justificada, además que desvía el tema central de la seguridad e impunidad, porque “parece que hay un concurso de gravedad de delitos”.

“Esto se combate con investigaciones serias, con procuración de justicia preparada, policías capacitados, no con cambios legislativos. Esta propuesta afecta a las personas pobres e inocentes, pues en todos los casos de encarcelamiento injusto, además de la tortura y el abuso sexual, hubo prisión preventiva”.

Rubén Quintino Zepeda, miembro de la Comisión Redactora del Código Nacional de Procedimientos Penales, dijo que debe capacitarse a los distintos intervinientes del sistema acusatorio mexicano.

“El agente del Ministerio Público debe identificar cómo intervino el sujeto activo, ya sea como autor o como partícipe, pero si llega a tener esta herramienta jurídica a su alcance podría cometer errores garrafales”, planteó.

Por su parte, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) sostuvo que en el Revolucionario Institucional buscan una solución que mejore el sistema de justicia penal; sin embargo, dijo la prisión preventiva oficiosa no es la respuesta.

“Todos queremos un mejor México y un país más seguro, pero reformar el 19 no es la solución; consideramos que podría ser que cambie la manera en que el Ministerio Público, unilateralmente, lleva o no a los imputados, procesados, detenidos en flagrancia ante el juez para que sea quien diga si esa medida se debe de tomar”.

La diputada Verónica Juárez (PRD) sostuvo que los delitos que ya están en el 19 Constitucional y que ya tienen prisión preventiva oficiosa, como la violación o el homicidio doloso, no han disminuido; es más, siguen incrementando. “Por ende esto nos podría llevar a pensar que ésta no es la solución que estamos buscando”.

Explicó que lo que se busca es cómo lograr que las personas que están cometiendo los delitos lleguen ante el juez para que él les pueda decretar su medida de prisión, o de quitarles el pasaporte, o de ponerles una pulsera para que no evadan la justicia.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) adelantó que en breve se estará presentando un paquete de iniciativas de reformas a la legislación penal, porque hay delitos graves como el caso de aquellos que atentan contra mujeres e infantes, por lo que deben endurecerse las penas. “Habrá que mandar una señal contundente de que no estamos dispuestos a permitir que ese tipo de conductas se sigan presentando”.

“Lo que necesitamos es perfeccionar a partir de la recuperación de los valores, y a partir, fundamentalmente, de que la gente de manera sencilla conozca cuáles son las responsabilidades que tenemos cada uno”.

El diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses (Morena) resaltó que las personas ya no van al Ministerio Público, ni acuden a las fiscalías. Aseguró que de 100 por ciento de delitos, menos de 10 por ciento se denuncian. “Va uno al MP y la verdad, hasta da tristeza la forma en que te atienden”.

“Hay que profesionalizar, hay que buscar las soluciones en las fiscalías, por esa también corrupción que existe”.

Prisión preventiva y aumento de penas no disminuirán delitos, coinciden diputados y expertos

Durante la Mesa I “Fundamento constitucional de la prisión preventiva”, diputados y expertos coincidieron, por separado, en que esta herramienta legal, así como el aumento de penas, no contribuirán en la disminución de los delitos que se cometen en el país, pues consideraron que primero se requiere de una profesionalización de policías, Ministerio Público e impartidores de justicia.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) señaló que no se ha demostrado que los delitos que están actualmente en el Artículo 19 Constitucional, hayan tenido una reducción, por lo que se pudiera pensar que aumentar el catálogo no es la solución.

Dijo que si no se ataca la discrecionalidad de los fiscales, “no importa cuántos crímenes pongamos en ese precepto porque ni siquiera se tendrá la oportunidad de aplicarlos”.

En tanto, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, también del PRI, comentó no estar de acuerdo en que esta prisión preventiva sea algo que solucione los problemas de inseguridad y coincidió en que no se pretenda subsanar las debilidades institucionales con más reformas constitucionales. Interrogó a los especialistas en derechos humanos ¿cuál sería la realidad que plantearían en el caso de que se aprobara esta minuta y qué pasaría con los delitos?

María Rosete, diputada de Encuentro Social, resaltó que la ciudadanía exige pacificar al país, no obstante, no se va a lograr endureciendo las penas. “Queremos saber a dónde se ha ido todo ese presupuesto que se asigna para capacitar a los funcionarios y a todos aquellos que se dedican a administrar la justicia”, exigió.

Rubén Francisco Pérez Sánchez, coordinador general de Seguimiento a Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reconoció la grave problemática que enfrentan los centros penitenciarios del país, que detectan la incidencia y falta de separación entre procesados y sentenciados. “La CNDH no está en contra de la prisión preventiva, sino en contra de la oficiosa”.

El magistrado Juan José Olvera López, explicó que la prisión preventiva justificada es una buena alternativa, funciona y puede dar mejores resultados con una operación más eficaz de la Fiscalía.

Gabriel Regino, abogado penalista, advirtió que a 100 años de distancia estamos ante un riesgo de que por una percepción de inseguridad se crea que la solución es la prisión. Prueba de ello es que hay casi 220 mil personas privadas de su libertad y muchos de ellos son inocentes.

En su oportunidad, Gonzalo Alanís Figueroa de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, coincidió en la necesidad de una capacitación integral de los agentes del Ministerio Público y de policías, acompañada del uso eficiente de tecnologías de comunicación y de información. “Se tiene que fortalecer la construcción, diseño y operación de las plataformas de comunicación eficientes”.

Santiago Nieto Castillo, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, explicó que la presunción de inocencia, es un derecho de corte fundamental básico en una sociedad democrática. Llamó a mejorar el sistema y abatir los niveles de impunidad. “Aquí el tema sería si valdría la pena incorporar otro tipo de elementos a nivel constitucional para poder tener la prisión preventiva oficiosa y reforzar con un sistema de procuración de justicia, en donde el Servicio Civil de Carrera funcione”.

Por su parte, Arturo Cossío Zazueta, director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, se pronunció por la desaparición de la prisión preventiva oficiosa, pues la preventiva es una medida cautelar. Explicó que la Constitución ya la contempla. “No nos oponemos a la existencia de la prisión preventiva, sí a la oficiosa”.

El diputado local del PRI, Bernardo Padilla Muñoz, del Congreso de Baja California, subrayó que tan sólo Tijuana, representa el 10 por ciento de los homicidios de todo el país durante el último año. “Hay una crisis allá afuera, no hay que taparnos los ojos, algo está fallando en el sistema, puede que no sea la solución la reforma al 19, complementemos con darle mayor trascendencia al artículo 16 constitucional.

El representante legal del Colegio de México, Jaime Hugo Talancón Escobedo, destacó la responsabilidad del legislador en una política criminal que brinde las herramientas para que el Ministerio Público y el juez siempre tengan preparación, profesionalización, actualización, compromiso con su nación y tomen en cuenta los principios de proporcionalidad, razonabilidad, individualización y motivación jurídica.

Manuel Munive Páez, de la Escuela Libre de Derecho, indicó que ya existe la prisión preventiva justificada y no se requiere aumentar el catálogo de delitos. “Debe ser bajo unos estándares de racionalidad en casos en donde exista un peligro real de la vida, la libertad, la libertad sexual y seguridad de las personas. Esto ya está establecido por la Corte Interamericana que es derecho interno”.

Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), aseguró que “quienes promueven la reforma, olvidan que es un mecanismo que llevará a muchos inocentes y pobres a las cárceles, y no a quienes realmente operan y se benefician de las grandes redes de corrupción y delincuencia organizada”. Resaltó que, de acuerdo con datos del Inegi, al cierre de 2016, el 35 por ciento de los reclusos en prisión están sin sentencia, es decir, “son presuntos culpables”.

El coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez, puntualizó que al día se consuman 9.2 feminicidios en México, que se traduce a que cada 2 horas con 38 minutos, se asesina a una niña o a una mujer. “Inmujeres se pronuncia únicamente por la incorporación de este delito al catálogo de crímenes que ameriten la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.

Jorge Emilio Iruegaz Álvarez, fiscal Anticorrupción de Oaxaca, dijo que el problema de que no se castigue los delitos o que las penas sean bajas no tiene nada que ver con el tema de la prisión preventiva. “Sólo el 2 por ciento de estos crímenes son castigados y de las denuncias presentadas a la Auditoría Superior de la Federación, hasta el 2002, sólo 7 fueron consignadas; reitero, si queremos justamente combatir ese delito, no nos enfoquemos en solo pedir prisión preventiva en automático”.

Francisco Castellanos García, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, pidió apostarle a los derechos y a la garantía, antes que regresar a esquemas que criminalizan de nuevo a la juventud sin haber evaluado antes si realmente el Estado ha garantizado el pleno derecho de los adolescentes.

“Es difícil generar un equilibrio entre la enorme demanda que hay de justicia, terminar con la impunidad y garantizar que no haya abusos, violaciones a los derechos humanos.”

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Reporte Legislativo, Cámara de Diputados: Miércoles 13 de Septiembre de 2017
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