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GUARDIA NACIONAL DEBE ADECUARSE A LA REALIDAD DE CADA ESTADO: CONAGO

Guardia Nacional debe adecuarse a la realidad de cada estado: Conago
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Piden gobernadores que Guardia Nacional no sea copia de las Fuerzas Armadas y se garantice la autonomía, soberanía y recursos de entidades federativas en materia de seguridad
09.01.2019 12.00 AM

El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, destacó que la Guardia Nacional es bienvenida, siempre y cuando se tomen en cuenta estrategias acordes a la realidad de cada estado.

Durante la Mesa 1, Seguridad Ciudadana en los Estados, como parte de las “Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional”, enfatizó: “un traje a la medida que combata a la delincuencia organizada sólo se puede confeccionar con un trabajo conjunto entre los gobiernos federal, estatal y municipal”.

El también gobernador de Campeche mencionó que la reforma constitucional que permitirá la creación de la Guardia Nacional no debe confundir ni traslapar las facultades de cada orden de gobierno, pues la seguridad pública es uno de esos grandes retos federalistas. “Esperamos que el Congreso de la Unión cree una institución bajo criterios de la soberanía estatal privilegiando la coordinación y el trabajo conjunto con pleno respeto a los derechos humanos.

Consideró que la Guardia Nacional no debe ser una institución clonada de las fuerzas armadas ni conducir a una militarización del país, pues formar y capacitar policías lleva años, además, pidió tener en claro los controles de confianza, los exámenes y los indicadores de cada una de las entidades federativas. “Los agentes de seguridad no se compran en una tienda de conveniencia; se forman todos los días a lo largo de muchos años”.

Expresó que si bien esta reforma constitucional propone un origen eminentemente castrense, es necesario que su labor y tareas corran a cargo de la autoridad civil y recalcar que estarán sujetas al fuero civil, “sólo así podría darse una adecuada participación de los gobiernos estatales en los trabajos coordinados de seguridad pública con el federal.

Asimismo tendrá que garantizar que sus funciones serán con pleno respeto y observancia a los derechos humanos. El Estado mexicano deberá transitar donde las instituciones públicas y las de seguridad sean sus principales garantes.

La diputada Lizbeth Mata Lozano (PAN) resaltó que existe coincidencia entre los gobernadores en la no militarización del país; que se fortalezcan las policías civiles con mejores salarios, estrategias, herramientas y no generar un desplazamiento de ellas.

El diputado panista, Marco Antonio Adame Castillo deseó que las aportaciones vertidas en estas consultas incidan en la voluntad política para modificar la Guardia Nacional, para que esta contribuya a impulsar la seguridad, la justicia, la erradicación de la violencia y no a la creación de un ente confuso, profuso y difuso en facultades, objetivos y alcances.

El senador Pedro Miguel Haces Barba (Morena) enfatizó que es urgente construir fuentes para enfrentar el crimen, por lo cual se creará la Guardia Nacional. Aclaró que no se trata de militarizar al país, ya sucedió: “se sacó al Ejército de sus cuarteles sin rumbo definido, sin garantías constitucionales, hoy será dentro de un marco jurídico sólido y con una estrategia para que su esfuerzo no sea en vano”.

El senador perredista Miguel Ángel Mancera Espinosa mencionó que su grupo parlamentario apoyará la creación de esta institución si se realizan las modificaciones pertinentes para que no se vulnere la competencia constitucional de los gobernadores y los presidentes municipales, no se nulifique a las policías estatales, reclutando a 50 mil jóvenes para incorporarlos a un frente de batalla contra la delincuencia organizada, cuando hay más de 600 municipios que no tienen una agrupación de seguridad”.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) destacó que la Guardia Nacional será una corporación policiaca disciplinada con capacidad de fuerza. Consideró que de no haber complicación con la violación de derechos humanos este tema podrá ir en consenso hacia adelante.

El diputado de MC, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla apuntó que es preciso explicar cómo es que hace un mes se creó la Secretaría de Seguridad Pública de nueva cuenta, en este dictamen se dice que la policía federal va a pasar a formar parte de la Guardia Nacional, la cual estará por cinco años dirigida por la Sedena, “entonces vamos a tener una dependencia sin fuerza policial a su mando”.

El senador Dante Delgado (MC) manifestó que es necesario recuperar la seguridad pública y el Estado de derecho. “Claro que todos queremos resolver el problema de la inseguridad, pero resulta contradictorio que en unos cuantos días hayan cambiado de opinión”.

La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) comentó que es importante la participación de los legisladores en este tema, así como el que se escuche la opinión y exposición de las y los especialistas y de las organizaciones de la sociedad civil.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señaló que la Guardia Nacional debe estar regulada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque el dejar la responsabilidad y el mando de este cuerpo de seguridad bajo el régimen militar es riesgoso para el país y las instituciones involucradas. “Debemos tener claro que no es su función, que no es su tarea”.

“El Ejército y la Marina nos han ayudado, sí, y mucho; nuestro reconocimiento a estas instituciones y a la Fuerza Aérea, porque han sido un pilar fundamental para recuperar la estabilidad en muchas regiones del país y Michoacán es un ejemplo de ello; sin embargo, llevamos 12 años así y el problema no se ha resuelto”.

Indicó que apoyó la Ley de Seguridad Interior porque mientras se requiera la presencia de las fuerzas armadas en las calles haciendo tareas de seguridad pública, se necesita un marco jurídico que normalice su actuación. Asimismo, consideró que es falso pensar que se va a resolver el problema de seguridad haciendo uso del Ejército y la Marina.

Hoy por hoy, la Marina tiene una aceptación y reconocimiento de la sociedad cercana al 90 por ciento y el Ejército del 85 por ciento, por lo que es altamente peligroso, que estas instituciones respetadas por los mexicanos realicen tareas de Seguridad Pública, manifestó.

Dijo que se debe fortalecer a las policías locales, municipales y estatales, y paralelamente apoyarse en el Ejército y la Marina, con una regulación específica pero de manera temporal. Asimismo, se tendría que establecer en la reforma o algún transitorio, que “la presencia y tareas de la Guardia Nacional en funciones de Seguridad Pública es temporal, mientras se mejoren los cuerpos policiales”.

“Si la Guardia Nacional se integra con la policía militar, naval y federal, ese cuerpo debiese de pasar a un mando civil y que continúe su proceso de formación, debido a que formar un policía no se hace de la noche a la mañana”, agregó.

En su participación, el gobernador de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores, mencionó que el nacimiento de la Guardia Nacional no solamente es una prioridad, sino una urgencia en el país; sin embargo, se deben revisar algunos detalles, como las leyes reglamentarias, las cuales después de su aprobación tendrán 90 días para generar la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la del Uso de la Fuerza y la General del Registro de Detenciones.

Afirmó que la creación de esta figura es un factor muy significativo del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, por lo que sugirió que sea híbrida para que se permita la participación de la sociedad civil y posea un componente de evaluación y revisión, la cual se debe iniciar en la Marina, Defensa Nacional y la Policía Federal. Por eso es importante que la Secretaría de Seguridad sea la responsable de la operatividad de la Guardia Nacional.

Agregó que otro aspecto fundamental es la revisión del artículo 21, pues argumentó que la investigación de los delitos no debe recaer en la Guardia Nacional, sino facultarse como primer respondiente. “Los gobernadores priistas estamos totalmente de acuerdo en impulsar el nacimiento de esta institución de seguridad”.

Subrayó que el problema de la inseguridad no es de un estado o de un grupo de municipios, sino nacional, pues la violencia golpea todos los días, no respeta pluralidad, región o territorio, ni derechos humanos.

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, mencionó que la participación ciudadana es eje esencial para la formulación de políticas públicas derivadas de acuerdos constitucionales. Destacó la importancia de que estas consultas consideren a todas las voces, que deberán ser validadas con el conocimiento de los expertos nacionales e internacionales.

“México exige políticas públicas de buenas intenciones, rigurosas, pero bien implementadas; el país demanda congruencia política y técnica. La Guardia Nacional como institución diseñada en el marco constitucional por la política de seguridad del gobierno federal, debe mantener el respeto a la soberanía de los estados”.

Añadió que en el país existen estados que “sí estamos haciendo la tarea en materia de seguridad. Las etiquetas y generalizaciones no corresponden al respeto político que se deben los iguales. Cambiemos el tono del discurso político. No todos los policías son corruptos. En Querétaro, la gran mayoría ofrecen su valor y arriesgan la vida por un México en paz, de legalidad y tranquilidad”.

Se manifestó por medir con las herramientas correctas lo que se está haciendo en materia de seguridad para, por ejemplo, no confundir el registro de una denuncia con la incidencia delictiva. Hay que cerrarle la puerta a la impunidad y abrir el fortalecimiento de capacidades institucionales de acuerdo con las condiciones de cada entidad, sin generalizar y sin dar un trato igualitario a quienes tienen condiciones diferentes.

Domínguez Servién planteó que el nuevo cuerpo de policía adscrito a las instancias federales de seguridad nunca se aleje del actual mandato constitucional. “Que se caracterice por su disciplina y profesionalismo, sí. Pero esencialmente, que se encuentre al mando de funcionarios de condición civil, como una de las garantías materiales para asegurar el respeto a los derechos humanos. Asumamos con responsabilidad, profesionalismo y vocación federalista los grandes retos de la sociedad mexicana”.

El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, expresó que su gobierno se mantendrá atento a toda iniciativa orientada al fortalecimiento del Estado de derecho y al combate de la inseguridad que tanto lastima las expectativas de la sociedad y debilita a la vida institucional de México.

Dijo valorar las propuestas de reforma constitucional relacionadas con la creación de la Guardia Nacional. “Al tema de seguridad no debemos regatearle nada ni, mucho menos, intentar politizar una materia que genera dolor en las familias mexicanas; normar y definir la Guardia Nacional es un paso necesario”.

Sostuvo que la delincuencia y la operatividad de los grupos delictivos y la inseguridad pública son fenómenos multifactoriales, por lo que las respuestas del Estado también deben serlo, “no limitándose a lo policial sino considerando elementos sociales y económicos”.

Es necesaria una institución policial profesional, eficiente y de carácter nacional, de ahí que estas delicadas tareas exigen de la participación activa de los institutos armados. La creación de la Guardia Nacional puede ser una adecuada respuesta institucional para responder al desafío de la supremacía del Estado frente a los poderes extralegales y delincuenciales, así como de los fenómenos antisociales.

Sin embargo, añadió Peralta Sánchez, es fundamental crear un sistema nacional de prevención que establezca protocolos y líneas de acción para atender la complejidad del reto que se enfrenta y que la Guardia Nacional goce de la mayor claridad en su mando a fin de que pueda generar los resultados deseados sin el riesgo de que surjan conflictos que la debiliten.

Al fijar su postura sobre este tema, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, comentó que sí están a favor de un nuevo modelo en materia de seguridad y de la Guardia Nacional, siempre y cuando haya claridad de mando y la opción no sea lo militar, sino lo civil.

Cuestionó sobre si el procedimiento de reclutamiento de quienes integrarán la Guardia Nacional se someterá a los requisitos de control y confianza para el ingreso, que hoy tienen las instituciones policiacas.

Expuso que en términos de la última sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, la participación activa de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana debe contar con órganos civiles de fiscalización de sus labores, y la iniciativa presentada no lo contempla, aseguró.

Consideró importante otorgar recursos a las policías coadyuvantes porque, de lo contrario, las municipales estarían destinadas a su desaparición. También que la investigación de los delitos le compete única y exclusivamente a las fiscalías.

“Abatir la violencia en México es una asignatura multifactorial; hoy aquí se discute un solo elemento, hagámoslo con compromiso por el país que queremos para el presente y el mañana”, argumentó.

Inaugura diputado Porfirio Muñoz Ledo Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, inauguró las Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional, cuyo propósito es intercambiar puntos de vista con los sectores involucrados para enriquecer la discusión en torno a la reforma constitucional en la materia, que el Congreso de la Unión desahogará en un periodo extraordinario de sesiones el 16 y 17 de enero.

El diputado puntualizó que existen tres grandes enfoques que se deben considerar si se quiere reformar el texto constitucional: los derechos humanos y su ampliación; ejemplo de ello es la Constitución de la Ciudad de México, que de principio a fin es una carta de derechos, afirmó.

En segundo lugar: lo institucional, o sea, la preocupación por la división de poderes y, finalmente, la dimensión territorial, porque “el federalismo son los huesos de la nación; ahí sí topamos con duro”.

Consideró que el Estado mexicano ha perdido jurisdicción sobre el territorio; en ese sentido, deseó que “aquí se desate el federalismo mexicano, porque es la puerta para tratar todos los demás temas”.

El diputado presidente expresó que “no podría describir la satisfacción y alegría que me da este tipo de reuniones, porque es el Congreso con el que hemos soñado, uno que se conciba a sí mismo como un parlamento abierto, por su transparencia, y por el nivel y profundidad de las consultas que realice”.

En su intervención, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, expuso que el principal problema del país es la crisis de inseguridad que se vive.

Sostuvo que “la gente fue capaz de organizarse el pasado primero de julio y pedir la paz y la justicia, y el reto que se tiene es “si las fuerzas políticas somos capaces de organizarnos y darle a México una institución con las facultades y capacidades suficientes para enfrentar la crisis de inseguridad”.

Sin embargo, dijo, no se puede perder tiempo, dado que no se cuenta en horas, minutos o segundos sino en extorsiones, muertos y desapariciones.

Llamó a ser responsables y preguntó qué respuesta se dará a la principal crisis que tiene el país. Añadió que hay una propuesta del Presidente de la República para diseñar una institución capaz de enfrentar a la ola de inseguridad. “No podemos tener un falso debate, una simulación o una simplificación de términos, hay que analizar lo que ocurre y la respuesta que daremos”.

Delgado Carrillo argumentó que es responsabilidad de todos terminar con la estrategia de guerra para dar inicio a la construcción de la paz.

Mencionó que las audiencias permitirán analizar la propuesta de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional y, por ello, se han preparado cinco salones para recibir a más de 400 invitados y una carpa con 500 lugares para quienes deseen atestiguar estas reuniones.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que se requiere una estrategia integral, pero no existe; es fundamental un rediseño de las instituciones; instrumentos normativos; de la evaluación y los controles de confianza de todas las personas que inciden y de la participación ciudadana.

“El principal actor de la democracia no son los gobiernos ni los partidos sino los ciudadanos. No hay modelo perfecto y para que funcione se requiere de ciudadanía y pasar el filtro de los derechos humanos, del federalismo, municipalismo y fortalecer las instituciones democráticas. El tema de la Guardia Nacional no puede verse de manera descontextualizada”.

Reginaldo Sandoval Flores, diputado coordinador del PT, argumentó que el país vive etapas de cambios y celebró estas audiencias y la ruta para transformar la Constitución e instalar una vía que permita responder a la demanda principal que reclama el pueblo mexicano que es la seguridad, pues “es el principal problema que enfrenta el país”.

Pidió no ver a los culpables, sino la solución y se congratuló que el titular del Ejecutivo federal “esté dispuesto a no seguir simulando el cumplimiento de la Constitución y plantee con precisión que no quiere violar la ley y nos invita a caminar hacia el Estado de derecho”.

El diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, coordinador del PES, expuso que hoy el Congreso de la Unión recobra su papel como centro del debate nacional. En años, dijo, el tejido social se ha erosionado y el Estado de derecho ha sido desafiado por el crimen organizado.

“Hoy es el día de empezar a arrebatarle el país y devolverle la paz y el bienestar a las personas, familias y comunidades. Es el tiempo de repensar la manera en que vamos a enfrentar los complejos retos que la seguridad ciudadana requiere en cada región”, añadió.

Por el PRI, la diputada María Alemán Muñoz Castillo se congratuló con este encuentro y la participación que tendrán los gobernadores y alcaldes, ya que son ellos los que enfrentan cada día el reto de darle a las y los mexicanos una repuesta en materia de seguridad.

Celebró este ejercicio que escuchará a especialistas, a la sociedad civil y al gobierno federal, y su planteamiento integral para el combate de la crisis de inseguridad. “Reconocemos que la población requiere una respuesta en este tema; debemos encontrar el mejor diseño de este modelo y estar a la altura de las expectativas de las y los mexicanos”.

Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador del grupo parlamentario de MC, expuso que la discusión central de la Guardia Nacional es si tendrá un mando civil y será una organización de carácter militar bajo mando civil o militar bajo mando militar. “Ese es uno de los dilemas fundamentales”.

El segundo, dijo, tiene que ver con la interacción con el modelo de gobierno de carácter federal y el rol de las entidades y municipios. Destacó que la Jucopo haya aceptado estas audiencias y confió que habrá apertura a las opiniones que se den, en particular, en el tema de derechos humanos.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) enfatizó que hoy se inaugura una nueva etapa de la discusión pública en un tema de seguridad para los próximos seis años, y apostó por la construcción de instituciones civiles de seguridad pública.

“Expresamos nuestro más contundente rechazo a toda política que signifique la militarización de la seguridad pública, que perpetúe la presencia de las fuerzas armadas en estas tareas y que de manera adyacente establezca las condiciones para el incremento de los índices de violencia y las infracciones graves a los derechos humanos que nos ha conducido a la crisis humanitaria que hoy sufrimos”.

Marco Antonio Gómez Alcantar, diputado del PVEM, precisó que este espacio de diálogo es fundamental para analizar los temas de seguridad y uso de la fuerza por parte del Estado, pues les incumbe a todos los mexicanos y no sólo al Poder Legislativo y al Ejecutivo.

“Hoy la realidad nos alcanzó; necesitamos al Ejército en las calles, pues la inseguridad ha llegado a niveles alarmantes. No tenemos legalmente más alternativas que formar una Guardia Nacional o un ente similar constitucional para asegurar la permanencia legal del Ejército en las calles y, con ello, respetar la Constitución”, añadió.

Las audiencias se desarrollarán en 10 mesas de trabajo. Este martes: “Seguridad Ciudadana en los estados” y “Federalismo y Guardia Nacional”; el miércoles 9 de enero, “Estrategias Municipales para la Seguridad” y “Los Municipios ante la problemática de la inseguridad”.

Para el jueves 10 de enero: “Derechos Humanos y Guardia Nacional”; presentación del documental “Hasta los dientes”, de producciones Ambulante, y mesa “Seguridad Humana y Guardia Nacional”.

El viernes 11, “Seguridad, Construcción de la Paz y Guardia Nacional” y “La Seguridad y la Guardia Nacional”. Para el sábado 12 de enero, la mesa “Seguridad Humana y Guardia Nacional”, y cierre de las Audiencias Públicas (conclusiones generales y declaratoria de cierre).

El dictamen con proyecto de decreto para crear la Guardia Nacional, que fue objeto de declaratoria de publicidad el 21 de diciembre pasado, modifica los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución Política.

Establece que la Guardia Nacional es una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad y patrimonio, así como los bienes de la Nación, en los casos y bajo las condiciones dispuestas en la Constitución y en las leyes.

Especifica que formará parte de la Administración Pública Federal, a través de la secretaría del ramo de seguridad, en cuanto a su planeación, programación y ejecución de funciones. También de la dependencia del ramo de la Defensa Nacional, en lo que respecta a su estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización y capacitación, en los términos dispuestos en su Ley Orgánica.

En el ámbito de su competencia, deberá coordinarse en el desempeño de sus funciones con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Las políticas, planes y estrategias en materia de seguridad pública estarán a cargo de la dependencia del ramo. En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en la Guardia Nacional.

Destaca que los delitos cometidos por integrantes de esa institución en el ejercicio de las funciones establecidas en el párrafo décimo primero del artículo 21 de la Constitución, serán conocidos por la autoridad civil correspondiente. Las faltas contra la disciplina militar en que incurran los integrantes de la Guardia Nacional serán atendidas por autoridades militares.

Indica que los detenidos serán puestos a disposición, sin demora, exclusivamente ante autoridades de carácter civil. En todos los casos, existirá un registro inmediato de la detención.

Faculta al Congreso de la Unión a expedir las leyes que reglamenten la organización, servicio, disciplina, profesionalización, uso de la fuerza y capacitación para el respeto de los derechos humanos, así como a los mecanismos de la Guardia Nacional.

También, incorpora la facultad del Congreso para que, con la mayoría de las dos terceras partes de los integrantes presentes, pueda disolver a la Guardia, con pleno respeto de los derechos laborales y profesionales de sus participantes.

De igual modo, se faculta al Senado de la República a analizar el informe anual que el Ejecutivo le presente sobre el funcionamiento y actividades de este organismo.

En los transitorios se establece que esta institución comenzará a operar al día siguiente de la entrada en vigor de su Ley Orgánica y la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza. Dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión expedirá las leyes Orgánica de la Guardia Nacional, la del Uso Legítimo de la Fuerza y la General del Registro de Detenciones.

Abunda que los integrantes de las corporaciones civiles de seguridad pública que se adscriban al nuevo organismo ingresarán con un rango homologado al que ostentan actualmente. La Ley reconocerá los casos y establecerá los procedimientos para la reasignación de dichos elementos a los cuerpos de origen, la cual deberá realizarse respetando los mismos derechos con que contaban al momento de ser asignados a la Guardia Nacional.

También señala que en tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país y por un plazo máximo de cinco años, con excepción de los artículos 21 párrafo décimo segundo y 129 de la Constitución, la Guardia Nacional será adscrita a la dependencia del ramo de la Defensa para los efectos de la programación y ejecución de funciones en materia de seguridad.

La elaboración de políticas, planes y estrategias en materia de seguridad se mantendrán a cargo de la dependencia del ramo de la seguridad. Los integrantes de la policía militar y policía naval que ingresen a la Guardia Nacional quedan exceptuados de la prohibición a que se refiere el artículo 129 de esta Constitución.

Subraya que durante los tres años siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Ejecutivo realizará, por conducto de la dependencia del ramo de la seguridad, un programa de reestructuración orgánica y funcional, así como de fortalecimiento de las capacidades de las instituciones civiles de seguridad pública, bajo un esquema calendarizado, para que reasuman el ejercicio de su función de manera gradual y continua.

El dictamen da un plazo de dos años a partir de la entrada en operación de la Guardia Nacional, para hacer un diagnóstico nuevo que determine o que fije el estado de la fuerza y de las capacidades institucionales de las corporaciones de seguridad pública federal, así como de las entidades federativas.

Seguridad, principal tema de preocupación del país: diputado Mario Delgado

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Delgado Carrillo, agradeció que los ejecutivos locales atendieran el llamado para construir juntos un órgano de seguridad.

Durante la segunda mesa de trabajo de las Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional, “Federalismo y Guardia Nacional”, destacó la importancia de escuchar sus opiniones y experiencias en materia de seguridad y de la Guardia Nacional, porque es un tema que preocupa al país.

El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) indicó que los órganos de seguridad representan un porcentaje muy bajo de lo que puede llegar a ser una política de lucha en favor de la paz y bienestar de la gente.

La propuesta es crear la Guardia Nacional que sea una institución civil, con mandos civiles, con carrera civil y disciplina militar, donde haya grados, carrera, exactamente igual que el Ejército y éste sea quien establezca cuáles son los grados, disciplina y ordenanzas.

El legislador Ernesto Alfonso Robledo Leal (PAN) señaló que en materia de impartición de justicia no se está atendiendo, fortaleciendo, o recuperando la parte en que finalmente se administre la justicia con el poder. También existen muchos policías municipales fuera de toda capacitación y gobiernos estatales sin capacidad presupuestal para atender el tema de la seguridad.

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN) comentó que se deben escuchar los planteamientos que han hecho de manera muy clara los que están en el frente de la población: los alcaldes y gobernadores, porque son los que van a definir de manera inmediata cómo fortalecer las policías locales y municipales, y no porque “durante 20 años no se haya hecho” hay que dejarlo igual.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que el objetivo e invitación a los legisladores es una audiencia para escuchar no para emitir las posiciones personales que tenemos. “De hecho anhelo el día en que en el Congreso, las audiencias sean interactivas porque este recinto tiene que ser un razonador potente”.

El diputado Rubén Moreira Valdez (PRI) indicó que la Guardia Nacional no resolverá el problema de inseguridad, y que valdría la pena voltear a ver a los estados que tienen buen índice de seguridad y las reformas legales en las que han trabajado. Asimismo, cuestionó qué pasará con los mandos militares y con quienes se integren a la Guardia, pues no queda claro si serán militares, policías o marinos, si ellos harán arrestos e investigación de delitos.

María Alemán Muñoz Castillo, también del PRI, subrayó la importancia del respeto irrestricto del pacto federal. Además, la capacitación de la Guardia debe hacerla la autoridad policial y no militar, a fin de dar certidumbre a la ciudadanía.

Claudia Domínguez Vázquez, diputada del PT, se pronunció a favor de crear la Guardia Nacional y aseguró que la propuesta hecha por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados fortalece el pacto federal; por ello, recalcó, los gobernadores serán parte medular en la conformación de ese cuerpo de seguridad.

Su correligionario, el diputado Silvano Garay Ulloa expuso que el país sufre de inseguridad y requiere una pronta solución. “Es fundamental tener una policía organizada y lo único confiable que se tiene en México son los militares”.

El diputado de MC, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla resaltó que hay confusión entre el fuero militar y el civil. Añadió que los delitos patrimoniales son los de más alto impacto en materia de seguridad, “hay un Código Nacional de Procedimientos Penales y en los estados hay una diversidad; la tarea es que haya uno solo en todas entidades, el cual ayude a combatir los delitos”.

Su compañera de bancada, diputada Carmen Julia Prudencio González preguntó qué incentivos se pueden generar para que entidades y municipios mejoren sus capacidades; si son suficientes seis meses para hacer cambios en las políticas y a qué se deben comprometer los estados y los ayuntamientos.

De ese mismo grupo parlamentario, la diputada Martha Tagle Martínez dio a conocer las inquietudes del Colectivo Seguridad Sin Guerra, que son: ¿cómo se han reducido los recursos para los estados y municipios destinados a la profesionalización, capacitación y equipamiento de policías locales en los últimos doce años?, y también si la Guardia Nacional podrá intervenir en el ámbito estatal, sin solicitud o aprobación de los gobernadores o congresos locales.

El senador de MC, Dante Delgado señaló que todos estamos de acuerdo que se debe modificar la estrategia de seguridad que falló; sin embargo es fundamental eliminar las deficiencias.

El senador perredista, Migue Ángel Mancera Espinosa dijo que las cosas se deben hacer bien, es verdad que la Marina y el Ejército requieren un marco jurídico que les dé soporte, pero hagámoslo con tiempo, llámenlo como quieran “Guardia Nacional”, está bien, es una nueva policía.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) expresó que su fracción política asumirá las propuestas de los gobernadores, las cuales tienen que ver cómo fortalecer a las policías estatales y municipales, respetar el pacto federal, que se posea un mando civil y de la necesidad de generar las leyes secundarias sobre el uso de la fuerza.

El vicecoordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conago, Omar Fayad Meneses, resaltó que es necesario que se clarifique si la Guardia Nacional será civil, militar o híbrida, “Mi experiencia me dicta que los modelos híbridos no son tan exitosos, ya que es compleja en su operación; sin embargo, ya vivimos un modelo híbrido muy singular porque las fuerzas armadas cumplen tareas de seguridad pública en el país”.

El también gobernador de Hidalgo, sostuvo que el tema de seguridad es muy delicado, por ende, mientras más pulcramente logre salir mejor será para México, de lo contrario, habrá acusaciones y señalamientos de todo tipo.

Subrayó que se debe trabajar para garantizar que esta nueva corporación de seguridad respete los derechos humanos desde la ley para no dejar sujeto a dudas. Además se tendrá que especificar el ejercicio del uso de la fuerza, el cual es distinto para las corporaciones de carácter civil que de las militares.

Manifestó que hoy se abre la oportunidad para que confluyan las ideas, se logren acuerdos, pero para ello se debe partir de la realidad para lograr enfrentar uno de los problemas más graves que tenemos: la seguridad del país.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, afirmó que el mando militar es el principal error de la propuesta y debe ser corregida. “Una guardia civil no sería una mala figura y puede ser que funcione aún con entrenamiento militar, pero subordinada al mando civil”.

Resaltó la urgente necesidad de generar un consenso en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada, con el propósito de construir una estrategia constitucional del tamaño de la crisis. Pero, dijo, hay que entender que a nadie le sirve un proyecto que vulnera las facultades de los estados; es un modelo equivocado que no se tiene que aprobar.

Puntualizó que 75 por ciento de países tienen corporaciones con mando civil o predominantemente civil; sin embargo, el gobierno de México quiere pasar a un mando castrense, aunque el mundo está dejando atrás dicho modelo.

“Me he opuesto a los tres intentos de militarizar al país. Lo relevante es no entregar, por desesperación, el control de la seguridad pública a las fuerzas armadas. Si la ley de Seguridad Interior fue un error que en los hechos perpetuaba lo temporal, la Guardia Nacional en la Carta Magna y subordinada a la Secretaría de la Defensa Nacional es un error más grave que los intentos de anteriores sexenios”, comentó.

Cuestionó, además, para qué se creó una Secretaría de Seguridad Pública que no tendría policías. “La reforma va en contra la tendencia en el mundo respecto a la promoción y respeto de derechos humanos”. Apuntó que las audiencias son un espacio para la reflexión y deseó que realmente se tomen los puntos de vista y que no sea sólo un ejercicio de trámite.

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, refirió que la inseguridad en el país es real y aunque en el pasado se buscó dar una base jurídica a las acciones del Ejército, no se concretó. “Hoy lo deseable es una corporación eminentemente civil, pero se debe aceptar que las fuerzas armadas ya están en las calles”.

Estimó que el gobierno civil obligó a los cuerpos militares a hacer labores de seguridad pública; lo importante es dar certidumbre y establecer límites a soldados y marinos. “Hay que tomar decisiones, porque lo peor sería dejar las cosas como están y exponer a los ciudadanos a violaciones de derechos humanos”.

Dijo estar de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional en lo general, pero con algunas consideraciones. La coordinación, apuntó, es lo que da resultados; por eso, no tiene que darse un cheque en blanco al Ejército.

Se debe dejar claro que el mando del cuerpo de seguridad de sea de carácter civil, pero “preocupa que no se habla de cómo robustecer a cuerpos locales. Ningún gobierno ha tenido recursos para esa tarea”.

Agregó que la capacitación de los integrantes que conformen la Guardia debe hacerse con visión policial. También se tienen que clarificar las competencias de delitos federales, locales y la temporalidad. “El dictamen debe responder a los intereses de la sociedad, porque no hay entidad o municipio que no tenga la inseguridad entre sus principales problemas”.

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, expuso que la grave crisis de inseguridad y violencia que vive el país exige el asumir sin cortapisas el compromiso de reconstruir y fortalecer a las instituciones y afirmó que la coyuntura de su entidad no puede enfrentarse sin el apoyo del Ejército y la Marina, pues en las fuerzas armadas “vemos a una institución que tiene la confianza de los ciudadanos”.

Mencionó que eso no significa que como nación se acepte la militarización del país, pues la función de la seguridad pública debe “permanecer bajo la responsabilidad de las autoridades civiles; las disposiciones legales deben orientar la manera en que se piensa enfrentar una coyuntura específica y no generar un nuevo modelo que contravenga principios y convenciones en materia de derechos humanos”.

Calificó de contradicción querer llevar la reforma que debería de ser estrictamente temporal, al marco constitucional. El gobierno federal, dijo, debe comprometerse a incrementar la inversión pública para la mejora de las corporaciones, así las instituciones estatales y municipales tienen que corregir sus fallas y deficiencias con objetivos claros en materia de capacitación, equipamiento, mejora de las condiciones laborales y salariales, así como iniciar procesos de depuración de las corporaciones.

Alfaro Ramírez externó su preocupación por el modelo centralista y la invasión de atribuciones que se le confieren al titular del Ejecutivo federal y que el mando que se le dé a la Guardia Nacional tenga dualidad, el civil y militar. Se requiere certidumbre y salvaguardar el pacto federal y evitar cualquier tipo de atropello, así como discutir todo el paquete de leyes secundarias, en particular la Ley Orgánica.

“Estamos listos para hacer lo que nos toca y reconstruir la estrategia de seguridad y de la paz. Es necesario un marco normativo que regule temporalmente la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad; ese compromiso nos debe llevar a fortalecer las policías de los tres órdenes de gobierno y que la seguridad sea responsabilidad de las autoridades civiles”, afirmó.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, calificó como error pensar que cada entidad federativa sea una isla, ya que “es tiempo de que las cosas cambien en México, porque la inseguridad es el problema que más afecta e impacta a las familias”.

Indicó que los tres poderes deben tener un papel preponderante, pues el tema de procuración y administración de justica es un proceso donde tiene que participar el Legislativo, Ejecutivo y el Judicial y se debe fortalecer a los tres niveles de gobierno o de lo contrario, “vamos a fallar como Estado mexicano”.

Propuso que el Legislativo en un artículo transitorio defina que el mando de la Guardia Nacional a largo plazo estará en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y, de manera temporal, en los primeros cinco años, en la Secretaría de la Defensa Nacional.

Añadió que el éxito de estas reformas está en el acompañamiento del marco jurídico y en la posibilidad de evitar los abusos. El Poder Judicial debe empatar criterios y homologar procesos de procuración de justicia en las entidades federativas y, en algunos casos, la tipificación en ciertos delitos como trata, huachicol y delincuencia organizada.

“De nada servirá tener a la Guardia Nacional realizando acciones en las calles, si habrá impunidad; ahí está el reto que tiene el Estado mexicano. El Ejecutivo tendrá que fortalecer el trabajo de inteligencia y se debe apoyar a las policías estatales y municipales”, agregó.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca expuso que es necesario que el dictamen que se discutirá especifique las funciones de la naturaleza de la Guardia Nacional; es decir, caracterizarla desde la Constitución como una institución distinta y diferenciable de la seguridad pública, establecer las atribuciones de cada uno de los ámbitos de gobierno, así como las bases de coordinación en el territorio.

Además, incorporar un artículo transitorio que establezca un plazo mínimo de “policialización” de los agentes que integrarán la Guardia Nacional, eliminar la cláusula que habilita al Ejecutivo a ejercer mando sobre los servicios seguridad privada y la facultad que federaliza todas las estructuras tecnológicas e información en materia de seguridad pública.

Apuntó que otro aspecto es incluir un transitorio que permita la transferencia hacia los estados de integrantes de la policía federal por medio de un procedimiento de asignación que preserve sus derechos laborales, antigüedad, salario y seguridad social.

“Estamos a favor de la suma de esfuerzos entre Federación, estados y municipios. Colaboración que no debe entenderse como subordinación o sometimiento, estamos convencidos que las prioridades deben de definirse de manera conjunta considerando las particularidades de cada entidad federativa”, apuntó.

García Cabeza de Vaca indicó que las fuerzas armadas subsanaron deficiencias que tenían los estados, desafortunadamente, algunas entidades entraron en un estado de confort porque estaba ahí el Ejército; sin embargo, nunca se les dio herramientas legales para que hicieran sus funciones.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, pidió analizar la situación que se quiere resolver, porque no se pueden llevar a cabo o invocar otros modelos de seguridad que se aplican en Europa o en otras naciones porque son realidades muy diferentes y la de México es que está en el paso del trasiego de la droga.

Expuso que todos los gobernadores solicitan siempre la intervención del Ejército o la Marina para resolver problemas con cárteles. Hoy en día quienes cometen estos actos ilegales, ilícitos, relacionados con esta problemática superan en armamento a las fuerzas policiales, por lo que se tiene que recurrir a quienes sí están capacitados para enfrentar a estos grupos.

Manifestó su postura a favor de la iniciativa de crear esta Guardia Nacional porque es necesario resolver los problemas que enfrenta su estado.

“Teníamos preocupaciones de cómo iba a manejarse, pero para mí la respuesta es muy sencilla, cambió un gobierno, y existe hoy uno popular democrático, y además, cuyo titular se comprometió de cara al pueblo a nunca utilizar las fuerzas armadas para reprimir al pueblo de México”, agregó.

Indicó que sí se tiene que regular la actuación de las fuerzas armadas, y es precisamente de lo que trata esta reforma, de regular. También hay cosas importantes que no se dejan de lado y se mantienen: el Ministerio Público en manos de la fuerza o autoridad civil “si la nueva Guardia Nacional tuviese la atribución de la detención tiene que entregar a los detenidos”.

“Asistirán organizaciones y colectivos de la sociedad civil, académicos, especialistas, servidores públicos federales del ramo de la seguridad y de las fuerzas armadas.”

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