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HABRÁ PERIODO EXTRAORDINARIO PARA DISCUTIR GUARDIA NACIONAL

Habrá periodo extraordinario para discutir Guardia Nacional
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Tras aprobar dictamen, comisión deja reservas del mismo para discusión en el pleno; iniciará a partir del día 16 de enero de 2019
21.12.2018 9.00 PM

La Junta de Coordinación Política acordó solicitar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocar a un periodo extraordinario de sesiones a partir del día 16 de enero de 2019, con objeto de discutir y, en su caso, aprobar el Dictamen por el que se modifican diversos artículos constitucionales para la creación de la Guardia Nacional.

En un comunicado, al Junta explicó que "lo anterior (se decide) con el propósito de abrir un espacio para la búsqueda del más amplio acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para la construcción de las normas e instituciones que mayor beneficio puedan aportar para las y los mexicanos".

"Con ese ánimo, hemos definido al seno de este órgano de gobierno, que durante los días previos a la discusión del proyecto se realizará un proceso de audiencias con gobernadores, munícipes, autoridades federales, académicos y especialistas, entre otros actores, para nutrir el análisis de forma abierta y transparente. Para el mismo efecto, propondremos al Senado de la República que los trabajos de análisis se desarrollen en conferencia, se explicó", concluyó.

El jueves, la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), aprobó en lo general, con 18 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, el dictamen que modifica los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución Política, para crear la Guardia Nacional.

En lo particular, fueron modificados, con 20 votos, los artículos 13, 16, 21, 73, 76 y 89 de la Carta Magna, así como los Transitorios: Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo.

Carrillo Martínez precisó que, aprobado en lo general y particular el dictamen, se remitió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para sus trámites correspondientes, por lo que se publicó en la gaceta parlamentaria y se abrió la posibilidad de su discusión en la sesión de este sábado, en tanto que la presidencia de la Mesa Directiva del Senado informó el jueves también que de haber algún asunto que requiriera del conocimiento de la asamblea, se podría convocar a sesión ordinaria el próximo jueves 27 de diciembre de 2018.

Se aceptó la reserva al artículo 13, para establecer que los delitos cometidos por integrantes de la Guardia Nacional en el ejercicio de las funciones establecidas en el párrafo décimo primero del artículo 21 de la Constitución, serán conocidos por la autoridad civil correspondiente. Las faltas contra la disciplina militar en que incurran los integrantes de la Guardia Nacional, serán conocidas por autoridades militares.

El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena) explicó que la propuesta pretende ser clara, en cuanto a que la Guardia Nacional siempre será juzgada en el fuero civil, en los casos en que despliegue sus atribuciones de policía; es decir, cuando tenga contacto o vinculación con la ciudadanía. En contraparte, los de disciplina interna serán juzgados ante instancias militares. Se da plena certeza a esta distinción, subrayó.

La modificación al artículo 16, busca que los detenidos sean puestos a disposición sin demora, exclusivamente, ante autoridades de carácter civil. En todos los casos existirá un registro inmediato de la detención.

Alejandro Viedma Velázquez, diputado de Morena, explicó que cualquier autoridad encargada de la seguridad tiene la obligación de trasladar y poner a disposición a cualquier detenido sólo ante autoridades civiles; se garantiza que ninguno podrá ser trasladado ni puesto a disposición de autoridades militares y establece que en todos los casos existirá un registro inmediato de la detención.

La reforma al artículo 21, impulsada por el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena) quedó: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, las policías y la Guardia Nacional actuarán bajo la conducción jurídica del primero en ejercicio de esta función”.

El precepto señala: “La seguridad pública será función a cargo de la Federación, a través de las instituciones que para tal efecto dispone esta Constitución, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. Comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

Asimismo, “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público, la Guardia Nacional y las intuiciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública que estará sujeto a las siguientes bases mínimas…”.

“La Guardia Nacional, es una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad y patrimonio, así como los bienes de la Nación, en los casos y bajo las condiciones dispuestas en esta Constitución y en las leyes”.

Además, “la Guardia Nacional forma parte de la Administración Pública Federal, a través de la secretaría del ramo de seguridad, en lo que respecta a la planeación, programación y ejecución de sus funciones, y de la dependencia del ramo de la Defensa Nacional, en lo que respecta a su estructura jerárquica, reclutamiento, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización y capacitación, lo anterior en los términos dispuestos en su Ley Orgánica.

Establece que “la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, deberá coordinarse en el desempeño de sus funciones con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Las políticas, planes y estrategias en materia de seguridad pública estarán a cargo de la dependencia del ramo”.

La reserva al artículo 73, promovida por el diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero (Morena) faculta al Congreso de la Unión a expedir las leyes que reglamenten la organización, disciplina, servicio, profesionalización, uso de la fuerza y capacitación para el respeto de los derechos humanos, así como a los mecanismos de la Guardia Nacional.

También, incorpora la facultad del Congreso de la Unión para que, con la mayoría de las dos terceras partes de los miembros presentes, pueda disolver a la Guardia Nacional, con pleno respeto de los derechos laborales y profesionales de sus integrantes.

La reforma a la fracción IV del artículo 76, impulsada por el diputado Édgar Guzmán Valdez (Morena), faculta al Senado de la República a analizar el informe anual que el Ejecutivo le presente sobre el funcionamiento y actividades de la Guardia Nacional.

A su vez, la reforma al artículo 89, planteada por el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES), precisa que serán facultades del Presidente reglamentar, a través de la dependencia del ramo de la seguridad, a las policías auxiliares de las entidades federativas y a los cuerpos de seguridad privada, debidamente autorizados por la Federación, así como obtener y articular la información que generen las instituciones de seguridad y sus centros de monitoreo, mediante un sistema central de administración de información, de conformidad con la ley respectiva.

De igual modo, se aceptaron las reservas del diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) a los Artículos Transitorios: Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, y la adición de dos.

De esta manera, se plantea que la Guardia Nacional entre en operación al día siguiente de la entrada en vigor de su Ley Orgánica y de la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza; determina que la Ley de la Guardia se expida dentro de un plazo de 60 días, a partir de la entrada en vigor, e incorpora una norma general sobre el registro de detenciones, reglamentaria del artículo 16 constitucional.

Además, se establece que mínimamente las leyes secundarias deben contener que la Guardia Nacional asuma las disposiciones previstas en el artículo 2 de la Ley de la Policía Federal y el proceso de gradualidad de la formación de este cuerpo de seguridad. Al respecto, el Ejecutivo emitirá las disposiciones que estime necesarias, para que pueda llevarse a cabo la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros respectivos.

El Transitorio Tercero precisa que las leyes secundarias que se expidan con motivo del presente decreto, deberán prever los esquemas y modalidades para certificación de capacidades y acreditación del control de confianza de los elementos que se adscriban a la Guardia Nacional, así como para su profesionalización y disciplina. Dichas leyes garantizarán una efectiva formación en las materias de uso de la fuerza, protección de los derechos humanos y perspectiva de género en el desempeño de sus funciones.

Gómez Álvarez mencionó que el Cuarto Transitorio se refiere a la transitoriedad para los miembros del Ejército que van a pasar a la Guardia Nacional, y se precisa que los integrantes de las corporaciones civiles que se adscriban, ingresarán con un rango homologado al que tenían y con los derechos que ostentaban antes de entrar a la Guardia.

Respecto al Quinto Transitorio, explicó que se le da la comandancia de la Guardia Nacional al secretario de la Defensa Nacional.

El mismo quedó: “En tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país y por un plazo máximo de cinco años, con excepción de los artículos 21 párrafo décimo segundo y 129 de la Constitución, la Guardia Nacional será adscrita a la dependencia del ramo de la Defensa para los efectos de la programación y ejecución de funciones en materia de seguridad.

La elaboración de políticas, planes y estrategias en materia de seguridad se mantendrán a cargo de la dependencia del ramo de la seguridad. Los integrantes de la policía militar y policía naval que ingresen a la Guardia Nacional quedan exceptuados de la prohibición a que se refiere el artículo 129 de esta Constitución”.

El Sexto Transitorio subraya que durante los tres años siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Ejecutivo realizará un programa de reestructuración orgánica y funcional de la Secretaría, así como fortalecimiento de las capacidades de las instituciones civiles de seguridad pública, bajo un esquema calendarizado, para que reasuman el ejercicio de su función de manera gradual y continua.

El Séptimo Transitorio da un plazo de dos años para hacer un diagnóstico nuevo que determine o que fije el estado de la fuerza y de las capacidades institucionales de las corporaciones de seguridad pública federal, así como de las entidades federativas.

En las posturas, previo a la votación en lo general, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena) señaló que el uso de la fuerza es el último recurso que tiene el Estado para atender los problemas de delincuencia o de desorden social. “Le estamos apostando en un 80 por ciento a atender las causas sociales y conformar un nuevo cuerpo que pueda enfrentar las circunstancias que vive el país; se plantea un nuevo esquema, una Guardia Nacional, la cual no debe concebirse como un instrumento que militariza a la policía”.

Javier Salinas Narváez, diputado del PRD, mencionó que esta Guardia Nacional pretende militarizar al país y los integrantes de las fuerzas castrenses no están preparadas para la seguridad pública, principalmente por violaciones a derechos dados en diversas zonas del país. Afirmó que se requieren reformas a la Constitución que permitan combatir la inseguridad y regrese la paz, pero no será legislando de manera accidentada y rápida.

Por Morena, el diputado David Orihuela Nava expresó que los ciudadanos creen que los criminales están más preparados que las fuerzas de seguridad, “ahí radica la prisa por aprobar esta iniciativa y en la necesidad de contar con un organismo que pueda dar una respuesta pronta y cercana al pueblo mexicano. El país no puede seguir esperando a que actuemos; la población no se siente segura, hay altas cifras de inseguridad e impunidad. La Guardia Nacional salvaguardará la seguridad de la ciudadanía y se tendrá un órgano con pleno respeto a los derechos humanos”.

La diputada de MC, Martha Tagle Martínez precisó que en el tema de seguridad “vamos todos”. Es mentira que el Ejército vaya a estar sólo en unas zonas del país y en otras no, pues la reforma constitucional habla de que estará en todo México. La Guardia Nacional, dijo, debe tener un mando civil; su uso debe tener contrapesos y una supervisión legislativa, y un mando claro y acotado a la seguridad pública. “Sí queremos una Guardia Nacional, pero con mando civil”.

Del PES, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, argumentó que las familias quieren salir a las calles sin miedo y tener garantías. Se requieren consensos para hacer de esta reforma constitucional, algo que esté realmente a la altura de las expectativas y de las circunstancias, no de ideologías sino de reclamos de la población. “Necesitamos un México sin miedo; dejemos de lado los intereses particulares y de grupo”.

La diputada Lizbeth Mata Lozano (PAN) destacó la importancia del tema de la seguridad en el país; sin embargo, criticó, la permanencia y gradualidad en las calles de la milicia con esta Guardia Nacional. Se visualiza que ese cuerpo estará adscrito orgánicamente de manera permanente, a las Fuerzas Armadas, “por lo tanto, estará sujeta a la disciplina militar y al mando castrense en la realización de las funciones. Sin duda el objetivo es militarizar al país”.

María Alemán Muñoz Castillo, diputada del PRI, manifestó: “No se permitirá que otro poder amenace a esta soberanía y, por ello, la rechazamos”. Agregó que su partido “no será dique ni estorbo para que el gobierno mexicano dé resultados en un tema tan sensible; lo único que pedimos es respeto. En este momento, no hay condiciones políticas suficientes que nos permitan definir el sentido de nuestro voto en esta propuesta que crea la Guardia Nacional”.

El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) aseguró que la Guardia Nacional será una institución civil, dirigida desde la Secretaría de Seguridad Pública, pero con disciplina militar interna, sometida a tribunales del orden común y en situaciones de orden, a los tribunales del orden militar. Añadió que la guardia civil no puede garantizar el orden público, por lo que no se quiere que sea usada como cuerpo de granaderos. Además, el Senado se hará cargo del control político y de las actividades de este nuevo cuerpo.

Adriana Gabriela Medina Ortiz, diputada de MC, puntualizó que de acuerdo con especialistas la militarización no será la solución sino una contención. “Estamos aprobando una reforma que carece de argumentos; debemos actuar con responsabilidad y congruencia. Hay preocupación por estos cambios, dado que no se escuchó a gobernadores y presidentes municipales; me preocupa que la Guardia Nacional me violente derechos y se meta a catear mi casa; la misma debe ser civil, tener contrapesos y supervisión legislativa”.

Por Morena, el diputado Gustavo Contreras Montes sostuvo que al país le urge tener un clima de seguridad y de paz, por ello, respaldará la creación de la Guardia Nacional, porque este cuerpo contribuirá a lograr la pacificación de México y no actuará contra los derechos humanos.

El diputado Raúl Gracia Guzmán (PAN) resaltó que no se vale dar seguridad a los mexicanos, mermando la democracia y sus derechos humanos. El militar no está hecho para la seguridad pública sino para defender la soberanía del país. Añadió que se desconocen las reservas que ha anunciado Morena, por ello, es necesario un receso para que se trabaje en un nuevo dictamen que las incluya.

Lucio Ernesto Palacios Cordero, diputado de Morena, expresó que no es sólo la violencia desbordada del país sino la grave crisis de derechos humanos. “Hay apertura para modificar el dictamen; el tema debe unirnos y construir consensos. Se plantea una Guardia Nacional que esté al servicio de la población, que dé paso al regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles, contribuya al derecho de la seguridad de todas y todos y cumpla la Constitución, al respetar los derechos humanos de la ciudadanía”.

Del PAN, el diputado Felipe Fernando Macías Olvera precisó que la seguridad es responsabilidad de todos. Pidió dejar de lado posturas partidistas. “Debemos perfeccionar el marco jurídico en pro de la tranquilidad y seguridad de las personas. Nos preocupa el tema de prevención y la certificación de los militares que pasarán a la Guardia Nacional”.

Su compañero de bancada, diputado José Elías Lixa Abimerhi dijo desconocer los cambios anunciados, no se sabe cómo quedaría el dictamen y se unió al planteamiento de un receso para saber en dónde hay coincidencias y agilizar el trabajo. “Todos queremos más y mejor seguridad”.

El diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM) destacó que van más de doce años discutiéndose este tema y no hay una urgencia de entender la crisis de seguridad pública, la cual está desahuciada. “Independiente de quien gobierne estemos obligados a tomar decisiones por la crisis que estamos viviendo; lo que está en juego es la vida de la gente. Si nosotros aprobamos la Guardia Nacional, le permitiremos al Senado convocar a un periodo extraordinario y sacarlo; no es un tema partidista del gobierno actual sino de urgencia nacional”.

De Morena, los diputados Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses, Édgar Guzmán Valdez y Francisco Javier Borrego Adame, expresaron que es necesario encontrar una solución al problema de inseguridad del país y afirmaron que no se militariza al país. Se requiere dejar colores partidarios para avanzar en este tema.

Luego de la votación en lo general, el diputado Raúl Gracia Guzmán (PAN) señaló que su grupo parlamentario se retiraba de la reunión al no encontrar condiciones para la discusión de las reservas y las mismas las llevarían al Pleno cameral. A su vez, la diputada Martha Tagle Martínez (MC) expresó que las reservas son una simulación y pidió dejar sus propuestas de modificación para el Pleno.

Comisión de Gobernación aprueba opinión a la iniciativa que crea la Guardia Nacional

El miércoles, la Comisión de Gobernación y Población avaló su opinión a la iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política, en donde se considera necesaria la aprobación de la propuesta para establecer la Guardia Nacional, y la remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales, encargada de elaborar el dictamen respectivo.

En reunión de trabajo, los integrantes de la Comisión, que preside la diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), aprobaron el documento de opinión, que señala que en caso de dictaminarse a favor de la Guardia Nacional, es necesario cuidar que ninguna de las disposiciones contenidas en el proyecto de decreto respectivo pueda ser interpretada en sentido denostativo hacia las Fuerzas Armadas.

Precisa que resulta relevante y benéfico disponer que los integrantes de la Guardia Nacional -como miembros del Ejército que estarán desempeñando funciones de salvaguarda de la libertad, la vida, integridad, y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así como preservar el orden, la paz pública, los bienes y recursos de la Nación- cuenten con un régimen especial de servicio que prevea requisitos de capacitación en materia de uso de la fuerza y de respeto a los derechos humanos, adicionales a todos los del servicio de acceso, permanencia y ascenso, que al efecto le apliquen a la Guardia Nacional respecto del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.

Indica que es conveniente fortalecer dicho régimen con instituciones de profesionalización o especialización en capacidades policiales, estándares mínimos de infraestructura y programas de formación con reconocimiento de validez que permitan, en el menor tiempo posible, egresar a los efectivos que se requieren para fortalecer el estado de fuerza de la Guardia Nacional, así como para homologar las capacidades de los diversos miembros provenientes de la Policía Militar y Naval y de la Federal, para el desempeño de sus funciones de seguridad pública.

También se plantea establecer, en el régimen transitorio, los contenidos fundamentales que la ley orgánica y las disposiciones administrativas emita el Ejecutivo federal para desarrollar, entre otros, estándares convencionales de uso de la fuerza y armamento por parte de los integrantes de la Guardia Nacional, así como directrices para instrumentar la obligación de proteger la dignidad humana y los derechos humanos de las personas.

Es decir, precisa, los transitorios deberán establecer claramente la obligación de emitir mecanismos, procedimientos, protocolos y directrices concretos específicos para los distintos casos en que el uso de la fuerza sea necesario y respeto a derechos humanos en el desempeño de las funciones particulares de la Guardia Nacional.

Del mismo modo, se propone disponer, en un artículo transitorio, que se evaluará la necesidad de transformar la naturaleza de la Guardia Nacional en un cuerpo civil, cuyos miembros, ya sean de procedencia militar o civil, tendrán la opción de permanecer, conservando el mismo régimen de prestaciones laborales y de carrera, u optar por separarse y reincorporarse a la Policía Militar o Naval.

Lo anterior, indica, obedece a que no es conveniente orientar la transitoriedad, a que la Guardia Nacional mantenga su naturaleza militar y que ésta, eventualmente deje de cumplir funciones de seguridad pública, ya que toda la capacidad construida, tanto institucional como operativa, para el desempeño de las tareas de seguridad pública establecidas en el artículo 2º de la Ley de la Policía Federal, se perdería. Por otro lado, agrega, no conviene mantener un periodo indeterminado de transición que se pueda prolongar de manera discrecional.

Asevera Romero Hicks que no hay condiciones para procesar el dictamen de Guardia Nacional, porque falta un diagnóstico y una visión integral sobre el tema

El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que, en este momento, no hay condiciones para procesar el dictamen de reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, porque falta un diagnóstico y una visión integral sobre el tema.

En conferencia de prensa, comentó que los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales sólo han escuchado al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, pero falta oír las opiniones de los titulares de las secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), así como a las organizaciones civiles.

“A nosotros nos gustaría escuchar a los especialistas en parlamento abierto, escuchar que piensa el general secretario, que piensa el almirante secretario, y sobre todo también hay que cuidar las potestades de las coordinaciones y los derechos humanos”, manifestó.

El líder parlamentario consideró que en este asunto se debió activar un mecanismo para trabajar en conferencia con el Senado, porque se trata de un asunto de Estado, donde deben intervenir todos.

Apuntó que la propuesta de dictamen, que se discute y vota este jueves en la Comisión de Puntos Constitucionales, no considera apoyo alguno a las policías locales, peritos, investigadores y ministerios públicos.

También señaló que el PAN está en contra del mando único que se pretende establecer con una autoridad militar.

Asegura Ortega Martínez que en caso de no considerar “reclamo” del PRD durante elaboración de dictamen de Guardia Nacional, votarán en contra

El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) afirmó que en caso de no considerar el “reclamo” de la bancada perredista durante la elaboración del dictamen de la Guardia Nacional, que se discute en la Comisión de Puntos Constitucionales, su grupo parlamentario votará en contra.

“Se pretende llevar (el dictamen) al Pleno cameral mañana” viernes, pesé a las críticas de organizaciones civiles y observancones de organismos internacionales, quienes consideran que la Guardia Nacional “sólo no va a resolver el problema de inseguridad, sino que lo puede complicar”, expuso en rueda de prensa.

Señaló que “hay resistencias de toda la oposición, particularmente en el caso del PRD. Si no hay atención a nuestro reclamo votaremos en contra, y percibo que en MC y en el PAN hay posiciones similares, pero ellos tendrían que aclararlas”.

Sostuvo que existen cuestionamientos del PRI, y de “una parte de Morena (igualmente) hay resistencias y dudas”.

Relató que esta mañana en la Comisión de Puntos Constitucionales “hubo un conflicto” durante el análisis de la iniciativa de reformas a la Constitución para crear la Guardia Nacional, por lo que se decretó un receso; ya que, aseguró, existen resistencias a no aprobarse en los términos en que estaba la iniciativa originalmente.

En análisis de iniciativa sobre Guardia Nacional hubo “oídos sordos” a planteamientos de organizaciones de la sociedad civil: Seguridad Sin Guerra

En el análisis de la iniciativa que crea la Guardia Nacional se hicieron “oídos sordos” a lo que planteó la sociedad civil, pues “no hubo ningún diálogo, ni debate” con las distintas organizaciones civiles que vinieron a decir “no” al proyecto, señaló Alfredo Lecona, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra.

“No hay ningún diálogo ni debate, éstos están cancelados. La prueba se dio en los últimos días cuando vinimos 16 personas de distintas organizaciones civiles, con diversas experiencias, a decirles que no, y están haciendo oídos sordos”, aseveró el activista en declaraciones a la prensa, luego de irrumpir en una reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales donde se abordaba el tema.

Indicó que en la discusión de la iniciativa que se lleva a cabo en dicha instancia legislativa, se trata de hacer un dictamen “de una forma apresurada”, ya que “la atención del país no está aquí, cuando hay tantos temas sobre la mesa y quieren hacer esto en cuestión de horas”.

Puntualizó que uno de los riesgos que presenta esta iniciativa es que “no hay vuelta atrás porque se desaparece a la Policía Federal”, y si en la revisión que se realizará después de tres años para saber si la estrategia está funcionando y no es así, “cuál va ser el punto de retorno si acabó con las policías”.

“Si ningunearon a las policías, si están devastando completamente a la Policía Federal, es falso que esté aparejado un fortalecimiento de éstas. Es la extinción de las fuerzas civiles para hacerse cargo de la seguridad pública”, aseveró.

Añadió que “es pura palabrería” el argumento de que no desparecerán, “pero en los hechos, si la seguridad pública en las regiones la toma el mando militar ¿a quién se van a subordinar? Eventualmente van a seguir el mismo diagnóstico falso de que la policía es totalmente irreparable y la van a desaparecer”.

Este planteamiento de reformas “es muchísimo peor que la Ley de Seguridad Interior, es llevar esta ley a la Constitución, es la Ley de Seguridad Interior con esteroides para decirlo tan claro como es”, puntualizó.

El activista dijo que se pretende “ignorar las voces de la sociedad civil, todas las voces de las víctimas, no tienen ni el mínimo nivel de sensibilidad ante la crisis”.

“Ahora con la mano en la cintura se voltean, le hacen caso omiso a las víctimas, y no le entregan el dictamen a quién deben, que son las víctimas de esta guerra”, agregó.

Comisión se reúne con secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para analizar creación de la Guardia Nacional

El martes, la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, a fin de continuar con el análisis de la iniciativa que busca reformar la Constitución Política, para crear la Guardia Nacional.

El funcionario federal solicitó la anuencia de los legisladores para la conformación de este organismo de seguridad y con ello ingresar, en tres años, la paz y la tranquilidad al país.

Ante los diputados, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) enfatizó que la falta de coordinación de las dependencias encargadas de la seguridad, generó la propuesta de crear la Guardia Nacional para dar tres garantías fundamentales: la primera, tiempo para crear una respuesta cercana e inmediata a la inseguridad del país, toda vez que el número de homicidios dolosos en las dos últimas administraciones ascienden a 275 mil, colocándose México como la segunda nación más insegura, y la cifra de desaparecidos es de 38 mil.

La segunda garantía, continuó, es optimizar los recursos del Estado mexicano, ya que se echa mano de los elementos que tienen, por un lado, el Ejército, con cerca de 214 mil y la Marina alrededor de 50 mil.

De esta manera precisó, 35 mil soldados y ocho mil marinos integrarán la Guardia Nacional, y el resto continuará cumpliendo con su labor de seguridad nacional y la custodia del territorio.

Enfatizó que la Guardia Nacional se constituirá como una cuarta fuerza al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues en esta dependencia recaerá su operación; sin embargo, aclaró, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana conservará la atribución de definir las políticas y estrategias de seguridad, y la definición de todas las maniobras a cargo de la nueva corporación.

Añadió que la Fuerza Armada, en la actualidad, actúa de manera ilegal, por lo que se tiene que dar el paso a la constitución de la Guardia Nacional, para regularizar la presencia de estos efectivos en tareas de seguridad pública. Subrayó que si eventualmente el Congreso toma la decisión de prescindir del Ejército “-esperemos que no sea así-, “entonces, retornaría completamente a los cuarteles. Creo que eso sería irresponsable, porque con las actuales circunstancias de violencia del país no podemos darnos este lujo”.

Enfatizó que no existe un cuerpo de seguridad civil en el que se pueda apoyar, para construir una corporación que dé respuesta en un tiempo razonable.

El diputado del PRD, Javier Salinas Narváez, expresó que los principales problemas del país son la inseguridad, la violencia, la impunidad y la corrupción. Preguntó si la única alternativa que hay para pacificar a México, es la creación de la Guardia Nacional, y si su presencia será permanente, y a eso se debe la reforma a la Constitución, o se va a establecer un plazo para el retiro.

Adriana Gabriela Medina Ortíz, diputada de MC, comentó que diversos especialistas han planteado los riesgos y el peligro que representa el aumento de efectivos militares en labores de seguridad pública; cuestionó si la estrategia es abrir todos los espacios presupuestales y policiales a las Fuerzas Armadas, y qué se hará si en algún país productor de armas se decidiera, unilateralmente, desplegar una nueva temporada de venta a la delincuencia organizada que opera en el país y pasara otro “Rápido y Furioso”.

Su compañera de bancada, Martha Tagle Martínez pidió al secretario decir cómo se desmilitarizará al país, qué pasará con los efectivos de la Policía Federal y cuáles son las funciones de seguridad pública que asumirá la Guardia Nacional. Planteó que en este análisis se tome en cuenta a los organismos internaciones, pues han declarado que las afectaciones a los derechos humanos aumentan cuando las fuerzas armadas salen a las calles.

Por el PT, el diputado Silvano Garay Ulloa destacó que se requiere una policía organizada que combata a la delincuencia y afirmó que el pendiente “ya no son los desaparecidos, sino los cuerpos aparecidos; a eso debemos abocarnos a resolver. Vamos apoyar a la Guardia Nacional”.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) resaltó la necesidad de encontrar una verdadera cultura de la paz, como uno de los retos más significativos para este gobierno y para la Legislatura. “Hoy requerimos un nuevo modelo y otra arquitectura institucional. Esta reforma alienta la posibilidad de alcanzar esos objetivos, para el desarrollo y el bienestar social. La Guardia Nacional actuará bajo la condición jurídica del Ministerio Público federal y la seguridad pública será función del Estado, de las entidades federativas y de los municipios”.

Raúl Gracia Guzmán, diputado del PAN expuso que no se debe chantajear para militarizar a la policía, porque se podrían provocar violaciones a los derechos humanos. “Debemos otorgar a los ciudadanos sus garantías, entre ellas: seguridad, libertad, garantía a sus bienes, confidencialidad y muchos más, que hoy se ponen en riesgo con este proyecto”.

Su correligionario, el diputado Ricardo Villarreal García manifestó que la constitución de la Guardia Nacional es, sin duda, el tema más importante, pues delinea cómo se pacificará al país, cuando la delincuencia está desbordada. Pidió que no se politice el asunto, sino que se beneficie a la sociedad”. Destacó que debe fortalecerse las corporaciones civiles y no desmantelarlas, sugirió
reunirse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, pues son ellos quienes dirigirán a esta agrupación.

De Morena, la diputada Tatiana Clouthier Carrillo dijo estar a favor de una Guardia Nacional; sin embargo, cuestionó cuál es la prisa y por qué establecerla en la Constitución. “Las dudas acaban cuando decimos: el mando es militar y permanente; no queda clara la estrategia; llama la atención que entraremos en un proceso de paz, civil y democrático, cuando no se quiere mover una coma del documento y se amenaza que se quitarán a los militares; sí queremos una Guardia Nacional, pero no como se está planteando”.

Su compañero de bancada, diputado Pablo Gómez Álvarez reiteró que la integración y carácter de la Guardia Nacional debe estar reconocida en la Constitución; además, enfatizó que lo importante de este proyecto es que se trata de una institución híbrida de carácter civil y militar, lo cual la hace diferente a otras propuestas.

En su intervención, Durazo Montaño expuso que la Policía Federal posee limitaciones para dirigir una organización como la Guardia Nacional, ya que sólo tiene capacidad para formar a tres mil 300 anuales; esto significa 20 mil elementos en el transcurso del sexenio. “Actualmente, esta corporación tiene 37 mil elementos; de ellos, alrededor de 12 mil se dedican tareas administrativas, es decir, unos 25 mil elementos son quienes garantizan la seguridad de casi 130 millones de habitantes del país”.

Aseguró que la creación de la Guardia Nacional será una vía para operar la estrategia de seguridad en el país, pues los efectivos que la integren tendrán ocho meses para capacitarse, como policías militares y navales; además, tendrán un proceso adicional de otros ocho meses, para adquirir conocimientos en el control del uso de la fuerza, respeto a los derechos humanos y la operación del nuevo Sistema de Justicia Penal.

Consideró que la única posibilidad de construir una organización que dé capacidad de respuesta al problema de la seguridad que impacte de forma mínima al presupuesto, es la creación de esta agrupación, la cual estará adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero en términos operativos dependerá del Ejecutivo.

Su desempeño, agregó, será evaluado en tres años y en ese tiempo se determinarán los ajustes que requiera la figura de la Guardia Nacional. Asimismo, apuntó que la Ley Orgánica será la segunda etapa, la cual será sometida por el Congreso. “Así que no estamos dejando todo en un sólo hombre, de ninguna manera. Hay un gabinete de seguridad que será la instancia para la toma de decisiones estratégicas”, afirmó.

Al dar respuesta a los legisladores, apuntó que el objetivo de este organismo de seguridad es desmilitarizar al país; es decir, regresar a la Fuerzas Armadas a los cuarteles y que la Guardia Nacional cumpla con la tarea de seguridad.

Subrayó que en la actualidad existe una debilidad de las policías municipales, ya que de los casi 2 mil 500 municipios que hay en el país, sólo en mil 800 hay policías, de estas, 900 alcaldías tienen cuerpos policiacos de más de 20 elementos, “esto es preocupante, pues entre más pequeñas sean las agrupaciones más susceptibles son a la infiltración y la corrupción.

Añadió que se iniciará un proceso de depuración de los cuerpos de seguridad y aquellos integrantes que no pasen los exámenes de certificación de confianza, van a quedar fuera de ellos, y a quienes se les despida se les dará el debido seguimiento.

Insistió que todo integrante de la Guardia Nacional será capacitado, evaluado y certificado, para crear una organización de élite. El objetivo, indicó, es convertir a esta agrupación en un organismo de seguridad pública que sea un referente internacional por su calidad, eficacia, respeto a los derechos humanos y su desempeño en un marco de legalidad.

Aseguró que habrá transparencia no sólo en el ejercicio de los recursos, sino en el uso de la fuerza, pues estará sujeto a un control legislativo. “El que no cumpla, que pague. No vamos a ser cómplices de nadie que cometa una ilegalidad o viole los derechos humanos, y en caso de que el Estado incumpla con la investigación de una falta grave a las garantías individuales, reconoceremos la jurisdicción de la Corte Internacional, para que sustituya alguna eventual ineficacia o complicidad del gobierno”, concluyó.

“La Guardia Nacional, dijo, debe tener un mando civil; su uso debe tener contrapesos y una supervisión legislativa, y un mando claro y acotado a la seguridad pública.”

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