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PARA CAMBIAR PARADIGMA EN FORMA DE GOBERNAR SE TIENE QUE ESCUCHAR A LOS INVESTIGADORES

Para cambiar paradigma en forma de gobernar se tiene que escuchar a los investigadores
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Se presenta en San Lázaro el libro “Léase si quiere gobernar (en serio)”, indica la obligatoriedad de un servicio civil de carrera para todas las unidades de administración; Entregan Premio CESOP 2018
05.12.2018 12.00 AM

En la presentación del libro “Léase si quiere gobernar (en serio)”, la diputada Martha Tagle Martínez afirmó que si realmente se desea hacer un cambio de paradigma en la forma de gobernar, tendrá que escucharse a los investigadores, así como contar con un servicio civil de carrera para todas las unidades de administración.

Mencionó que esta obra realizada por “México Evalúa”, es una herramienta fundamental no sólo para el nuevo gobierno, sino para el Poder Legislativo porque, las propuestas que plantea son temas de discusión en la Cámara de Diputados, como la Fiscalía General, Guardia Nacional, procuración de justicia, competitividad, educación, presupuesto, seguridad pública, “que nos deben ubicar en discusiones más serias”.

En este trabajo se nos alerta, por ejemplo, que en materia de presupuesto, si no se cuenta con una planeación en los costos de las obras públicas, compras y contrataciones, se pueden elevar de manera exponencial; por ello, propone que se establezcan en la ley controles de gasto, puntualizó.

El libro, en el que participan los especialistas de la autoría: Fernanda Ballesteros, Mariana Campos, Marco Fernández, Alejandro García, Edna Jaime, Romain Le Cour, Diana Nava, María Novoa, Laurence Pantin, David Ramírez-de-Garay, Luis Rubio, Liliana Ruiz y Karen Silva Mora, hace un análisis de la política de seguridad, procuración de justicia, combate a la corrupción, y presenta propuestas.

Además, aborda la transparencia y rendición de cuentas en los procesos de contratación, la gestión de contratos, disciplina presupuestaria, educación de calidad, inclusión y equidad, y la certidumbre después del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Edna Jaime, directora de México Evalúa, refirió que en el libro se detalla qué se puede hacer si el tratado comercial con América del Norte se cancela; plantea toda la tarea interna que se debe realizar para que las instituciones den certeza a los inversionistas extranjeros.

Añadió que en México se tiene un problema de gobernanza profunda, derivada de una transición política, en que se pasó de un sistema de control vertical a uno de fragmentación de poder, en la que no se han construido las instituciones que soporten esta distribución gubernamental. “Es una asignatura pendiente que se debe abordar si se quiere gobernar en serio y si se desea que el país prospere”.

Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia y de Proyectos Especiales de “México Evalúa”, sostuvo que para garantizar una adecuada impartición de justicia se requiere promover instancias que velen por la independencia de los poderes judiciales y se implemente una carrera judicial.

Destacó que el rezago en la resolución de los casos, el bajo nivel de denuncia, los altos niveles de impunidad y la percepción negativa de los jueces y magistrados, representan un obstáculo para alcanzar el Estado de Derecho. “En 2018, 45 por ciento de la ciudadanía tenía poca o nada de confianza en los jueces, lo cual refleja la debilidad de este ámbito gubernamental”.

David Ramírez de Garay, investigador de El Colegio de México, apuntó que el fracaso de la estrategia de seguridad se debe a su enfoque reactivo; por ello, consideró fundamental diseñar un mecanismo que fortalezca a la fuerza pública desde lo local, es decir, mejorar las condiciones y capacidades de las policías municipales. “En 2016, el 90 por ciento de los delitos cometidos en los estados fueron con impunidad”, destacó.

El también coordinador del Programa de Seguridad de “México Evalúa”, planteó la necesidad de priorizar la persecución penal, con el fin de incrementar la efectividad del aparato estatal en el esclarecimiento de hechos delictivos y garantizar los derechos de las víctimas”.

En su turno, Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público de México Evalúa, expuso que el gasto público en programas discrecionales del Ramo 23 la pasada administración, fue de 318 mil millones de pesos, lo cual equivale a 1.7 veces el gasto de Pensión para Adultos Mayores y 1.5 veces el Programa Prospera.

Recomendó mejores controles de la deuda pública, fomentar la rendición de cuentas sobre el uso de los ingresos excedentes, limitar el gasto discrecional del Ramo 23, restringir el sobrejercicio en gastos superfluos y promover la inversión pública.

Asimismo, señaló que los proyectos de obra pública presentan sobrecostos y retrasos sistemáticos y son vulnerables a la corrupción, por lo que es fundamental generar más valor en su contratación, fortalecer los procesos de planeación y selección de proyectos de infraestructura y reforzar la transparencia y rendición de cuentas en los procesos de contratación, la gestión de contratos y la ejecución de los trabajos.

Marco Fernández, también de México Evalúa, sostuvo que para consolidar la reforma educativa, más allá de la evaluación docente, se debe garantizar una política que asegure su calidad y atienda los desafíos en infraestructura.

Además, consideró que el Sistema Nacional Anticorrupción tendrá como tarea primordial hacer más efectivas las instituciones encargadas de su combate, a través de mayores recursos, el afianzamiento de pesos y contrapesos, y el desarrollo de un sistema de compras y contrataciones públicas eficiente, transparente y que fomente la competencia.

En tanto, la especialista en materia de Competencia y Regulación de México Evalúa, Ana Lilia Moreno, mencionó que en los últimos 15 años la economía del país creció, en promedio, 2.2 por ciento anual, mientras nuestra productividad aumentó apenas el 0.2 por ciento al año.

Ante este escenario, la investigadora propuso dotar de mayores herramientas a la Comisión Federal de Competencia Económica, para presentar acciones de inconstitucionalidad cuando las leyes contravengan el derecho a la competencia y libre concurrencia. También se le debe permitir analizar el impacto regulatorio en la materia.

Entregan Premio CESOP 2018, en San Lázaro

Durante la entrega del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública, en su 8ª edición, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas Baca (PAN), aseguró que las aportaciones teóricas, provenientes de distintos sectores de la sociedad, han contribuido a la mejora del andamiaje jurídico y a perfeccionar de manera considerable el quehacer legislativo.

“Este acto se suma a los esfuerzos para estrechar el importante vínculo entre la investigación, la academia y la labor legislativa. Resulta relevante reconocer el importante esfuerzo de los 416 trabajos presentados por personas que se preocupan por este país”, sostuvo.

La legisladora indicó que, desde la primera edición del premio, celebrada en junio de 2011 y donde recibieron 127 trabajos, se ha propiciado la generación de estudios de calidad y se ha captado la atención de hacedores de políticas públicas hacia sensibles problemas que afectan a México.

“Son temas vigentes, de sobrada relevancia y necesaria revisión en nuestra labor legislativa para el desarrollo del país”, subrayó.

Terrazas Baca explicó que los proyectos fueron seleccionados por calidad, originalidad y aportación al trabajo legislativo en temas como la profesionalización del servicio de carrera en la Administración Pública Federal, mejora salarial, pobreza y desigualdad, economía política del secuestro, maternidad subrogada y las relaciones cívico-militares en México durante el combate a las drogas.

Ricardo Martínez Rojas Rustrián, director de Estudios de Desarrollo Regional del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, señaló que durante ocho años ininterrumpidos la Cámara de Diputados, a través del CESOP, reconoce y premia las aportaciones teóricas provenientes de los distintos sectores de la sociedad.

“El número de participantes rompió las expectativas, pues se recibieron 416 investigaciones provenientes de toda la república Mexicana, así como dos de Edimburgo, en Reino Unido, y Ohio, Estados Unidos”.

Los estudios centran su atención en temáticas como educación, adultos mayores, corrupción, fiscalización superior, rendición de cuentas, participación política y campañas electorales, la pobreza, desigualdad y la exclusión social.

Además, los relativos a lo laboral, salarios, prestaciones, trabajo infantil, derechos humanos y acceso al agua, discriminación por género y feminicidios, entre otros. “Su valor en cuanto a análisis cuantitativo e interpretativo los coloca como verdaderos hallazgos y contribución a las ciencias sociales”, consideró.

A nombre del jurado calificador, Roy Campos Esquerra, presidente de Consulta Mitofsky, resaltó la importancia del CESOP y celebró el talento y la preocupación de los participantes por los problemas que se están viviendo. “Lo que pasa en México se refleja en las aportaciones de los investigadores”.

Posteriormente, se entregó el primer lugar a Jorge Luis Fernández González, por su trabajo “La discrecionalidad en la adjudicación de cargos públicos como factor de riesgo en el proceso de consolidación en el servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal en México”.

Mientras que el segundo lugar fue para Linda Irene Llamas Rembao y Luis Huesca Reynoso, por “La posibilidad de mejora salarial en México: costos e impactos en pobreza”, y el tercer lugar a Luisa Adriana de Luna Gallo, por el trabajo “La crisis de las relaciones cívico-militares en México durante la guerra contra las drogas: reflexiones comparadas sobre la rendición de cuentas y la reforma legal en la era democrática moderna”.

“En materia de presupuesto, si no se cuenta con una planeación en los costos de las obras públicas, compras y contrataciones, se pueden elevar de manera exponencial.”

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