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URGEN ELIMINAR COMPRA DE VOTOS A DESTINATARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES

Urgen eliminar compra de votos a destinatarios de programas sociales
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"Ya basta de acciones clientelares, aisladas, duplicadas y sin objetivos claros. La pobreza debe dejar de ser el objeto del deseo de la política", exigen asociaciones civiles
28.08.2018 12.00 AM

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con el respaldo de 60 organizaciones de la sociedad civil, demandó al gobierno federal para que en los 95 días que le restan, asuma su responsabilidad histórica con 62 millones de mexicanos que viven sin ingreso suficiente para adquirir una canasta básica que les asegure alimentación, salud, educación y vivienda adecuadas, depurando los padrones para que se deje de lucrar con la pobreza.

Frente a la Pobreza felicitó las intenciones anunciadas por el futuro gobierno federal de darle prioridad a la superación de la pobreza y sugirió hacerlo con un plan integral que articule la política social y la política económica para garantizar crecimiento y distribución equitativa de los beneficios, así como adoptar el enfoque de derechos previsto en el art. 1º de la Constitución.

Reconoció también la propuesta del presidente electo de reforzar las sanciones contra el fraude electoral, y pidió reforzar sanciones, en lo electoral y administrativo a quienes condicionan programas sociales y realizan operativos de compra y la coacción de votos.

"Ya basta de acciones clientelares, aisladas, duplicadas y sin objetivos claros. La pobreza debe dejar de ser el objeto del deseo de la política”, dijo Rogelio Gómez Hermosillo al presentar propuestas de eliminar la compra de votos a los destinatarios de los programas sociales y los principios de un plan integral de superación de la pobreza y la desigualdad.

"La pobreza es la manzana podrida del sistema mexicano, divide cruelmente a la sociedad con más de un cincuenta por ciento de mexicanos pobres y sin derechos. Ni siquiera el elemental derecho de la democracia: el voto libre", dijo Gómez Hermosillo, quien agregó que la superación de la pobreza para México es una cuestión ética ineludible, "si de veras creemos que van primero los pobres; económicamente es inaplazable, si queremos fortalecer el mercado interno., y es importante e imprescindible, para lograr cohesión social y erradicar la violencia".

"La pobreza no puede esperar más, ni una hora ni un un día. Los pobres ya han esperado suficiente", como dijo en días pasados el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, en un evento con la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. "El gobierno de Peña Nieto puede y debe actuar", exhortó.

"El gobierno en los días que restan podría, al menos, depurar los padrones de beneficiarios y dejar de desviar los recursos que deben llegar a quienes más lo necesitan", señaló Gómez Hermosillo.

El plan frente a la pobreza debe estar basado en dos grandes principios. el de un nuevo modelo económico articulado a la política social y un enfoque de derechos conforme al artículo 1o de la Constitución.

Para la organización, el nuevo modelo económico articulado a la política social debe considerar al menos erradicar la pobreza laboral con salario suficiente, incrementar el salario mínimo hasta que cubra las necesidades de las personas que trabajan y sus familias, recuperar gradual y realmente el valor de los salarios; fomentar la productividad del sector social creando un fondo de fomento a las cooperativas y las empresas de propiedad social, eliminando los subsidios regresivos del campo, que dan más a quienes más tienen para fortalecer la capacidad productiva de las comunidades indígenas y los pequeños productores del campo; crear opciones de “Segunda oportunidad” para jóvenes. Espacios de formación para jóvenes en rezago educativo con vinculación a trabajos bien remunerados y formas de aprendizaje y desarrollo de competencias para culminar el ciclo secundario. Hay 11 millones de jóvenes mayores de 20 y menores de 30 años, sin educación media superior completa, así como multiplicar la Inversión en infraestructura y desarrollo productivo, en el sur–sureste del país con modelos de asociación de las comunidades y pueblos en los grandes proyectos de inversión, para la creación de cadenas productivas de valor.

Por otra parte, expresaron que la nueva política social con enfoque de derechos debe considerar al menos, la mejora de la calidad educativa y opciones adecuadas de aprendizaje para jóvenes, vinculadas a opciones de trabajo y desarrollo; acceso efectivo a servicios de salud, priorizando acciones preventivas y de detección oportuna, así como garantizando el desarrollo del cerebro los primeros mil días de vida; ingreso garantizado, mediante pensiones en edad avanzada, pagos por incapacidad, discapacidad o desempleo y transferencias monetarias para personas en condiciones extremas y crónicas de pobreza, y servicios de cuidado para niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores.

Para erradicar la compra y coacción del voto, se propone la sanción electoral con anulación de la elección o revocación de la candidatura a quienes realicen operativos de compray coacción del voto o condicionamiento de programas sociales, y la inhabilitación permanente a servidores públicos que condicionen programas sociales o desvíen recursos en campañas electorales y acciones de prevención en fases previas y durante procesos electorales, por parte del Sistema Nacional Anticorrupción.

"1 de julio deja como gran lección que no hay una correlación directa entre el monto del dinero y el resultado en las urnas”

En el Proceso Electoral Federal 2017-2018 no hubo correlación directa entre el monto del dinero utilizado y el resultado en las urnas, además de que se registró el número más bajo de quejas por el uso político-electoral de programas sociales, afirmó el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

Afirmó que los resultados en las urnas revelaron una ciudadanía más empoderada y “que ejerce con su voto un mecanismo para elegir a quien gobierna y para premiar o castigar con su voto acciones de gobierno. El primero de julio vimos el ejercicio masivo del voto libre”, sostuvo.

En presencia de Mariclaire Acosta, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); Joel Salas, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Agustín Escobar, Consejero Académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval); Rogelio Gómez, asesor de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y Alberto Serdán, coordinador del proyecto Democracia Sin Pobreza, Córdova Vianello dio cuenta del número de quejas que se presentaron ante el INE por compra y coacción del voto.

Mencionó que en el proceso electoral 2017-2018 prácticamente en diez meses, de septiembre de 2017 hasta el 1º de julio de 2018, en la elección más grande de la historia, en la que se renovaron más de 18 mil cargos de elección popular y con 56 millones de votos emitidos, las cifras que tienen que ver con la materia del informe son las siguientes:

“Se presentaron ante el INE por el uso de recursos públicos, o si se quiere, a la luz de la violación del artículo 134 constitucional. Es decir, el desvío de recursos públicos para fines políticos electorales, y aquí incluyo la propaganda gubernamental personalizada y la actuación de los funcionarios públicos, 20 quejas. Por la entrega de tarjetas con beneficios futuros, 11. Y por el uso político-electoral de programas sociales, cuatro”, dijo.

El Consejero Presidente del INE sostuvo que el problema que aqueja a la compra y coacción del voto y al uso de programas sociales, tiene que ver con la pobreza, con la desigualdad, con la corrupción y con la impunidad.

Afirmó que, además, las elecciones del 1º de julio dejaron como gran lección “que no hay una correlación directa entre el monto del dinero y el resultado en las urnas”.

Se refirió a los resultados del informe, en el cual a las coaliciones se les atribuye un índice de compra de voto en la elección presidencial: el 5.9 por ciento para la coalición “Todos por México”; 5.5 por ciento para la coalición “Por México al Frente”, y 0.7 por ciento para la coalición “Juntos Haremos Historia”, así como 21 por ciento a múltiples partidos nacionales y locales, lo que “revela que quienes estaban indicados como los principales agentes de este fenómeno, no ganaron la elección”.

Córdova Vianello reforzó lo anterior con los datos de la fiscalización del INE, que señalan que la coalición que gastó más recursos de las tres federales fue “Por México al Frente”, con un 38 por ciento del total de gasto identificado y obtuvo el 22 por ciento de la votación.

Le siguió la coalición “Todos por México”, que gastó el 18 por ciento y obtuvo el 16.4 por ciento de los votos, y la coalición “Juntos Haremos Historia”, con el 20 por ciento de los recursos y obtuvo el 53 por ciento de los votos.

Lorenzo Córdova subrayó que la consolidación y fortaleza de la democracia depende de la rendición de cuentas, materia en la que todavía hay que avanzar.

“Hoy el 40% de quienes trabajan no cubren el costo de la canasta alimentaria. Quien trabaja no debe ser pobre.”

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