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PENDIENTE, INDEPENDENCIA DE ÓRGANOS DE JUSTICIA EN LUCHA ANTICORRUPCIÓN

Pendiente, independencia de órganos de justicia en lucha anticorrupción
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"El clientelismo es la partera de la corrupción política de América Latina y sigue pesando fuertemente en las naciones", advierte también la expresidenta de Costa Rica
01.08.2018 12.00 AM

La ex presidenta de Costa Rica (2010 y 2014), Laura Chinchilla Miranda, afirmó que América Latina es una de las tres regiones del mundo con mayor índice de corrupción, por lo que es necesario incentivar y fortalecer los mecanismos, establecidos por cada país, para frenar este “lastre”.

De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de 2017, que realizó Transparencia Internacional (TI), “sólo tres países de América Latina (Uruguay, Chile y Costa Rica) se salvan de este fenómeno”, sostuvo al participar en el foro "Lucha Anticorrupción. La experiencia internacional”.

El resto de las naciones de esta región se mantienen en los puestos bajos, donde 0 es con menor corrupción. México ocupó el puesto 135 de las 185 naciones evaluadas a escala mundial, agregó durante su ponencia “Corrupción, políticas públicas y ciudadanía”.

La politóloga costarricense expuso que de 2015 y 2018, se dieron a conocer tres casos importantes de corrupción, que involucraba a toda la región latinoamericana, que fueron el de la empresa Oderbretch, el escándalo deportivo y corporativo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación “FIFA Gate” y los “Panamá Papers”, a lo que nombró “la caída de los tres gigantes”.

“Con este conjunto de casos vimos que por primera vez escándalos de tal magnitud, que involucraban personas del ámbito político y corporativo, no se pudieron escapar del alcance de la acción judicial. Es decir, América Latina empezó a verle la cara a los corruptos de sus países”, aseveró.

Aunado a ésto, al analizar los marcos jurídicos y normativos de los países de Latinoamérica, se observa “un impresionante arsenal, de tratados y convenios internacionales, de buenas prácticas que se han venido adoptando por ellos”, dijo Chinchilla Miranda.

Manifestó que en 2015 y 2018 "casi se dio una refundación de las instituciones de nuestras naciones”, y dijo que las reformas normativas de combate a la corrupción deben de evaluarse y revisarse permanente, para fortalecerlas y profundizarlas.

De igual manera, se debe evitar que exista un descredito de las instituciones de combate a la corrupción y de la administración de justicia, abundó.

También pidió que se ponga énfasis en tres áreas que son focos claros de corrupción: las aduanas, las adquisidores de bienes y la distribución de ayudas sociales.

En el caso particular de México, se congratuló con la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, por la aprobación de las leyes General del Sistema Nacional Anticorrupción, General de Responsabilidades Administrativas, Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otras.

La aprobación de la normativa anticorrupción y la mejora de las sanciones, “pone de relieve la magnitud de los cambios institucionales que alcanzaron a México”.

“Estas reformas son de gran calado, le devuelven la esperanza a los ciudadanos de que el tema de la corrupción se va a abordar de una vez por todas, de manera metódica y desde las instituciones mismas”, externó Chinchilla Miranda.

No obstante, advirtió, entre las deudas pendientes se encuentran la implementación de las reformas procesales y penales, y la indispensable independencia que deben tener las instituciones encargadas de la persecución penal de un país.

"La corrupción se alimenta y nutre de la impunidad"

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, advirtió que la corrupción se alimenta y nutre de la impunidad; es necesario atacar de raíz los problemas económicos, el ejercicio del gasto, de diseño del presupuesto, las áreas de opacidad, porque no hacerlo impide avanzar en la lucha contra este flagelo.

El papel del Poder Legislativo en el combate a la corrupción, tiene gran importancia porque elabora y emite leyes, las cuales deben integrar en su definición el insumo que ofrece la fiscalización superior, y los que aporten las otras instancias que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción.

Afirmó que falta mucho por hacer en este Sistema, está incompleto, existen nombramientos pendientes en el Senado que “ojalá se resuelvan en el corto plazo”.

Al participar en el foro “Lucha Anticorrupción: la Experiencia Internacional”, organizado por la Comisión Especial para dar seguimiento a los Procesos y Resultados de las Compras del Gobierno Federal, el auditor destacó la importancia de conocer lo que realizan otros países en la lucha anticorrupción porque la información, prácticas y conocimiento diseñados en otros lugares, constituyen una referencia invaluable para fortalecer las estrategias en esta materia.

El también presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), subrayó que en la actualidad, el ejercicio de la fiscalización superior enfrenta desafíos derivados de la existencia de un sector público que tiene una naturaleza cambiante y compleja.

La labor de la auditoría gubernamental debe mantenerse al margen de consideraciones políticas y partidarias. El entorno político, desarrollo económico, avances tecnológicos, la dinámica social, e inclusive el contexto internacional, tienen un impacto positivo y significativo en la manera de operar de las instituciones gubernamentales. Un ejemplo, agregó, es que si cambia la política económica, se tendrá que cambiar el programa y el estilo de la elaboración de las auditorías.

Colmenares Páramo mencionó que para que la Auditoría cumpla sus atribuciones y su rol dentro del Sistema Nacional de Anticorrupción, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó mejorar la contribución de la auditoría de gobernanza pública mediante la identificación de vulnerabilidades estructurales en los sistemas de control interno y de gestión de riesgo de las entidades auditadas, que propician casos de fraude y corrupción.

“Como referencia de las áreas de oportunidad de la Auditoría Superior, se cuenta con los resultados del informe sobre la gobernanza pública del sistema nacional de fiscalización elaborado por la OCDE en el que se destacan los temas primordiales que la Institución debe abordar para cumplir con sus nuevas atribuciones de la auditoría”.

Asimismo, rediseñar procesos y estructura de áreas organizacionales para garantizar el equilibrio entre capacidades y nuevas responsabilidades, en particular, actividades estratégicas, flexibilidad de recursos y unidad de liderazgo.

La OCDE sostiene que se debe adecuar la metodología de planeación y programación de auditorías para priorizar la asignación de recursos a temas relevantes, y considerar reducir el volumen de revisiones realizadas.

Se recomendó mejorar los procesos internos de control de calidad con el fin de garantizar relevancia y solidez técnica de los productos institucionales para contribuir en el fortalecimiento de la labor legislativa, y reforzar las estrategias de comunicación sobre la relevancia del impacto del trabajo entre los grupos de interés, incluidos el Congreso, las comisiones legislativas, los entes auditados y los ciudadanos.

Adelantó que este año, se pretende conformar la auditoría especial de obra pública, infraestructura y adquisiciones. “Esto nos permitirá visualizar el Sistema Nacional Anticorrupción como una política del Estado mexicano, cuyo objetivo es crear las condiciones que permitan reducir la recurrencia de prácticas irregulares, conductas inapropiadas y actos alejados del interés público, a partir de un enfoque basado en la cooperación intergubernamental”.

“Lo primordial de esta estructura a la que aspiramos es que permite establecer puntos de contacto y colaboración entre autoridades del orden federal y local, lo que significa que ambas partes estarán al tanto de las problemáticas que afectan al sector público del país y consecuentemente las alternativas de solución surgirán de un intercambio plural de las propuestas”.

El titular de la ASF consideró que la Auditoría Superior como órgano técnico de la Cámara de Diputados, debe generar una nueva dinámica encaminada a incentivar que sus resultados se conviertan en insumo primordial para sus labores.

“Siempre será útil examinar los instrumentos y políticas que han tenido un impacto positivo en la reducción de prácticas irregulares, ya que permite visualizar qué elementos deben ser considerados para mejorar los ambientes institucionales y, al mismo tiempo, influir en el establecimiento de una cultura sólida”.

Jan-Michael Simon, coordinador general Académico de la Escuela de Doctorado en Derecho Penal Comparado del Instituto Max Planck y de la Universidad Alberto Ludovico, de Friburgo, Alemania, destacó que no existe un tipo único de estrategias o camisas de fuerza para enfrentar la impunidad y corrupción.

El éxito de las acciones, dijo, dependen de la voluntad del Estado que solicita la ayuda para que investigue, juzgue y sancione esos delitos; de la fuerza de la sociedad civil para hacer propuestas sobre su diseño y del apoyo de la comunidad internacional para auxiliar a sortear los desafíos que una nación enfrenta por la impunidad, a fin de que los funcionarios y el aparato de justicia realmente actúen.

Expresó la necesidad de “establecer dientes afilados”, a la misión internacional contra la impunidad para cooperar y colaborar en las acciones que garanticen un estado de Derecho, a través de fortalecer la posición de los funcionarios, de la sociedad y organizaciones civiles que buscan equilibrar el poder y contrarrestar esos fenómenos.

Señaló que cuando un Estado entra en la corrupción e impunidad pone en peligro los fundamentos de su propia razón de ser, ya que alienta la criminalidad organizada que permea los ámbitos social, administrativo y hasta penal a través de una “impunidad estructural derivando en una sistémica”, con actos ilícitos desviando las normas básicas de convivencia en un Estado democrático y de Derecho.

“El panorama es poco esperanzador porque no es una ficción, ya que las causas estructurales de la corrupción son múltiples, y la sanción penal no es lo plus ultra para resolverla. Por ello, el sistema penal juega un rol esencial para que nadie se encuentre por encima de la ley”, afirmó.

Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas, de “México Evalúa”, mencionó que la corrupción sistémica es concebida debido a que las instituciones trabajan a su favor, es decir, las leyes, los reglamentos y la normativa “abren los espacios necesarios para que esta práctica sea permanente”.

Advirtió que de no atender el diseño y la fortaleza de las instituciones no se podrá terminar con la impunidad. Combatirla en el país requiere implementar estrategias que caminen paralelamente al desarrollo de la gobernanza y para ello es fundamental la participación ciudadana.

Expuso que México se caracteriza por tener un sistema presupuestario de contratación pública discrecional, convirtiendo a este rubro en “la joya de la corona”; por ello, es fundamental definir límites a esta tarea.

En este sentido, dijo que la nación debe actualizar la ley en la materia, ya que no contiene las prácticas internacionales para cerrar los espacios al mal manejo de la contratación de servicios. “La mayoría se adjudican de manera directa sin una licitación, toda vez que está ultima se estipula en la Constitución”.

Agregó que si bien es cierto la Auditoría Superior de la Federación realiza las observaciones en el rubro de adquisiciones éstas se concretan cuando ya se hizo una afectación al bienestar o el desvío de recursos.

Aseguró que se ha querido combatir la corrupción discutiendo leyes de adquisición y adjudicación de los contratos, pero hay un problema mayor: la política de infraestructura, que no está planteada en una ley y el resultado es que existe un sistema politizado.

Mariana Campos propuso que en la segunda fase de discusión del Sistema Nacional Anticorrupción se aborde la contratación pública, desde una perspectiva que incorpore procesos que fomenten la competencia, la profesionalización del servicio público y el uso de la tecnología que garantice la fiscalización y evite el desvío de los recursos públicos.

De la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el comisionado Iván Velásquez Gómez, explicó que las actividades de esta dependencia están vinculadas a la investigación criminal, así como incidir en proponer políticas públicas y reformas jurídicas e institucionales que permitan erradicar o que reaparezcan los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

Subrayó que el diseño de esta comisión de apoyo internacional a la lucha contra la impunidad, garantiza la actividad humana de quien ostenta la titularidad de la acción penal en el país; es decir, la CICIG no es un mecanismo de sustitución de autoridades nacionales sino contribuye con la fiscalía general en la investigación de estructuras criminales; pero, aclaró, la titularidad de la acción penal continúa en el Ministerio Público.

Enfatizó que la independencia de la CICIG contribuye en la consolidación o el proceso de formación de un verdadero Estado de Derecho, pues carece de vínculos e intereses con actores nacionales y sólo se guía por los elementos probatorios recaudados en una investigación. Aseguró que lo que pretende fundamentalmente con esta cooperación internacional, es poder “construir en nuestros países la cultura de la legalidad”.

Consideró que para que acciones y colaboraciones de la comunidad internacional como las de la CICIG tengan sus frutos adecuados, se requiere el compromiso estatal fuerte en la conformación de un poder judicial realmente independiente y que sólo criterios de idoneidad, capacidad y honradez sean los que determinen la selección de estos funcionarios. Además, continuó, es indispensable, que el sistema de justicia en general, pueda dar efectivamente respuesta a la criminalidad.

Al clausurar este foro, la presidenta de la Comisión Especial para dar seguimiento a los Procesos y Resultados de las Compras del Gobierno Federal, la diputada Claudia Corichi García destacó que la cultura de la legalidad es la aspiración de todos los pueblos y, para ello, es fundamental combatir la impunidad y la corrupción.

Señaló que el país pierde por casos de corrupción entre el cinco y diez por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, cerca de 900 mil millones de pesos anuales.

Subrayó que México se ubica en el “vergonzoso lugar” 135 de 180 en el índice 2017 de Transparencia Internacional; además, una de cada dos personas ha afirmado haber pagado en el último año un soborno a funcionarios públicos y seis de cada diez considera que la corrupción sigue en aumento.

Añadió que en el último informe Global de la Impunidad, 2017, coloca a nuestra nación en el cuarto lugar mundial de delitos no denunciados, al aumentar un punto porcentual en los últimos dos años, y pasar de un 92 a un 93 por ciento; “de ahí la urgencia de implementar acciones para combatir la corrupción y la impunidad”.

“Es alarmante que de cien delitos apenas seis son denunciados en el país, y de aquellos sólo el tres por ciento culmina en una sentencia”.

En tanto, refirió que se localiza en el lugar 66 entre 69 países sólo por delante de Filipinas y Camerún, en la confianza a sus instituciones de seguridad, justicia, motivo por el cual más que nunca es necesario escuchar las experiencias internacionales para poder plantearnos qué hacer a futuro.

Enfatizó que la corrupción se ha convertido en un tema de interés público; muestra de ello es que en la última década los esfuerzos internacionales de cooperación en materia de lucha contra ello se han enfocado en el diseño de diversos marcos jurídicos globales como las convenciones interamericanas contra la corrupción, para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros.

De igual manera, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Corrupción y el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales, instrumentos que si bien son referentes en este combate han sido insuficientes para detener varios escándalos.

“Ante esto no puedo omitir el agravio que violenta lo más profundo de los derechos humanos en nuestro país, como los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Atenco, la Casa Blanca, entre otros, que dejan claro que somos el país en el que no ha pasado nada”.

Corichi García destacó que el gobierno entrante tiene un gran reto, no sólo para combatir la corrupción y la impunidad, pues apelar a la austeridad no es el único camino para combatirla, también es necesario castigar estos delitos de manera ejemplar.

Solicitó a los próximos diputados continuar el análisis de iniciativas que plantean prohibir los seguros de gastos médicos y de vida de los altos funcionarios y reformar el artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y de Adquisiciones para evitar que haya laxitud que permita dar condiciones a la corrupción e impunidad.

Finalmente, dijo que las propuestas vertidas en este foro contribuirán al diseño de mejores políticas públicas para combatir el “terrible binomio impunidad y corrupción, el cual se presenta particularmente en el sector público”.

“Se proyecta la creación de un centro de estudios de la ASF y la conformación de una auditoría especial de obra pública y adquisiciones.”

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