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RATIFICA INE SANCIÓN A MORENA POR FALSO FIDEICOMISO PARA DAMNIFICADOS

Ratifica INE sanción a Morena por falso fideicomiso para damnificados
FOTO: CORTESÍA INE Photo VER FOTOGALERÍA
Tiene Instituto hasta el 6 de agosto para resolver 601 quejas interpuestas por partidos por irregularidades en materia de fiscalización
19.07.2018 12.00 AM

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las propuestas de la Comisión de Fiscalización respecto de tres proyectos de resolución en contra de los partidos políticos Morena, Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) por diversas conductas contrarias a la ley sobre el origen y destino de los recursos.

Las consejeras y consejeros electorales determinaron por mayoría, con el voto en contra del Consejero José Roberto Ruiz, imponer a Morena una sanción por 197 millones 46 mil 413 pesos por la constitución de un fideicomiso para allegarse de recursos como un mecanismo de financiamiento alterno a las reglas establecidas respecto al financiamiento privado en la ley.

Al fideicomiso ingresaron 78.8 millones de pesos a través de depósitos en efectivo (44 mdp), cheques de caja (14.7 mdp), transferencias bancarias y SPEI (19.7 mdp), mientras que egresaron a través de cheques de caja 64.4 millones de pesos, principalmente a miembros del partido, los cuales fueron cobrados en efectivo.

La sanción impuesta asciende a 250 por ciento del monto involucrado, al haberse configurado la omisión en el reporte de ingresos, el rebase del límite de aportaciones en efectivo, recibir recursos de personas desconocidas y de ente prohibido (personas morales).

Al respecto, el Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización explicó que esta acción constituye un fraude a la ley, pues se comprobó que la apertura de un fideicomiso, supuestamente para apoyar a los damnificados del sismo, fue creado y operado por la dirigencia del partido Morena.

“No se trata de una conducta irregular aislada, sino de una trama de financiamiento paralelo. Se constituye una figura permitida, un fideicomiso, pero se incumple la obligación de informar a la autoridad, además de que el fin de dar dinero a la población es ilegal para un partido”, sostuvo.

El Consejero Murayama precisó que el fideicomiso se nutre de recursos de procedencia prohibida como son los de origen desconocido -44.4 millones de pesos en efectivo- y provenientes de empresas (3.2 millones de pesos), además de que se ejerce un total de 64.4 millones de pesos a través de cheques de caja y en efectivo por 56 personas relacionadas con el partido -legisladores y candidatos- lo que es contrario al manejo lícito de las finanzas de un partido.

“Tolerar esta conducta implicaría fracturar las reglas del juego limpio con el dinero de los partidos políticos, permitir la opacidad y el uso de cantidades millonarias de dinero de origen desconocido, lo que pondría en riesgo la competencia democrática”, afirmó.

Por su parte, la Consejera Pamela San Martín añadió que “estamos ante un esquema de creación, operación y manejo de un fideicomiso de financiamiento paralelo de un partido político para recabar, manejar y sacar recursos de origen privado”.

Al argumentar su voto en contra del proyecto, el Consejero José Roberto Ruiz señaló que, a su parecer, no hay elementos suficientes para acreditar responsabilidad al partido político en la constitución y operación de dicho fideicomiso.

En el caso del PRI, el Consejo General determinó sancionar al partido por recibir aportaciones por parte de una dependencia del gobierno del estado de Chihuahua durante el ejercicio 2015.

En la investigación realizada se pudo acreditar que, desde la Secretaria de Hacienda del estado y mediante un sistema de compensaciones, se realizaban descuentos a los trabajadores de Chihuahua sin su conocimiento por un monto de 14 millones 617 mil 881 pesos para ser entregados al partido.

Por este motivo el pleno determinó sancionar al partido la falta, con el 250 por ciento del monto involucrado; es decir, 36 millones 544 mil 702 pesos.

El Consejero Benito Nacif, señaló que el Instituto Nacional Electoral ha sancionado y seguirá sancionando el uso de los recursos administrativos del gobierno para hacer descuentos de nómina, como aportaciones de simpatizantes o militantes de los partidos políticos.

Por su parte, el Consejero Murayama, refirió que “ningún trabajador público es empleado de fuerza política alguna. Conquistar el gobierno no implica poder imponer descuentos a los subordinados, ni forzar adhesiones partidistas”. Los trabajadores de los gobiernos, enfatizó, “son servidores públicos, no base política ni militancia”.

“La fiscalización que realiza el INE es exhaustiva y busca detectar cualquier irregularidad, aun cuando se diseñen mecanismos complejos para tratar de ocultar tramas de financiamiento irregular”, concluyó.

En el caso del PAN, las consejeras y consejeros electorales determinaron sancionar al partido por tres aportaciones al entonces precandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, por un monto de 1.5 millones de pesos, los cuales fueron depositados por una persona moral a tres personas físicas quienes lo aportaron al partido.

Así se configuró una aportación en dinero por interpósita persona de un ente prohibido en la ley. La sanción impuesta asciende al 200 por ciento del monto involucrado, es decir tres millones de pesos.

Al respecto, la Consejera Dania Ravel destacó el trabajo hecho por la Unidad Técnica de Fiscalización, que hizo una investigación “pulcra, cuidadosa y rápida, como elemento indispensable para tener una fiscalización efectiva”.

Llamó a explorar también la responsabilidad solidaria para quien se ve beneficiado directamente con las aportaciones, para futuros procesos electorales. “Si sería lógico que quien obtuvo un beneficio, también como precandidato o candidato, por una aportación por un ente prohibido, se vea también sancionado y comparta la responsabilidad con el partido político involucrado”.

El Consejo General del INE tiene hasta el 6 de agosto para resolver 601 quejas interpuestas por los partidos políticos a nivel nacional, por irregularidades en materia de fiscalización durante el periodo de campaña correspondiente a los procesos electorales federal y concurrentes 2017-2018.

Ratifica Consejo General del INE criterios sobre definición de votación válida

Ante la nueva solicitud del Partido Encuentro Social (PES) de reinterpretar el concepto de “votación válida emitida” -de la cual pidió excluir los votos en favor de las candidaturas independientes-, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó ratificar los criterios de interpretación de la ley que establecen que para obtener la “votación válida emitida” sólo se debe excluir los sufragios nulos y los de candidatos no registrados.

La autoridad electoral negó hacer una reinterpretación, pues desde el pasado 11 de mayo se consideró que el concepto de votación válida emitida está establecido en la ley y es el resultado de restar de la votación total, los votos por los candidatos no registrados y los votos nulos. “Esa es la interpretación que ha seguido esta autoridad desde que se aprobó la nueva legislación en materia electoral en el 2014”, explicó el Consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

Precisó que la solicitud de descontar los votos a candidaturas independientes no podía ser atendida, porque el Acuerdo INE/CG452/2018 quedó firme al no ser impugnado por Encuentro Social ni por algún otro partido político y porque no hay elemento novedoso alguno —ni reforma legal ni jurisprudencia— que modifique la base argumentativa, por lo que la autoridad electoral carece de atribuciones para modificar sin fundamento, ni motivación un acuerdo a través de un proceso de reinterpretación.

En otro punto de la sesión, las consejeras y consejeros ordenaron la publicación de las 33 listas provisionales de acreedores del otrora Partido Humanista —presentadas por el interventor designado—, en el Diario Oficial de la Federación; esto a fin de que se conozcan los patrimonios remanentes de esa ex fuerza partidista, y que los interesados puedan objetar en los siguientes 30 días hábiles. Entre los acreedores reconocidos destacan el Servicio de Administración Tributaria (SAT), institutos electorales y trabajadores de los Comités Ejecutivos Estatales.

 

Crea Consejo General del INE Comisión Temporal de Presupuesto 2019

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) creó la Comisión Temporal de Presupuesto, que tendrá como función revisar, analizar y discutir la propuesta de anteproyecto del presupuesto con el que operará la institución durante el Ejercicio Fiscal 2019.

La Comisión estará presidida por la Consejera Claudia Zavala Pérez e integrada por los consejeros Marco A. Baños Martínez, Ciro Murayama Rendón, Jaime Rivera Velázquez y Benito Nacif Hernández.

El Director Ejecutivo de Administración, Bogart Cristóbal Montiel Reyna, fungirá como Secretario Técnico y contará con la presencia permanente de un miembro de la Unidad Técnica de Planeación. Además, en sus sesiones estarán presentes los representantes de los partidos políticos y las consejeras y consejeros del Poder Legislativo.

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, confió en que la Comisión estará a la altura del desafío de eficiencia y racionalidad que imponen los nuevos tiempos que vive el país, al encargarse de la integración del anteproyecto de presupuesto del INE, para lo cual deberá revisar las funciones de cada una de las áreas ejecutivas y técnicas que integran el Instituto.

El INE, afirmó, “mantiene su compromiso con la austeridad y el ejercicio racional de los recursos que sean autorizados para esta institución”, además de que el capital solicitado será lo estrictamente necesario para el cumplimiento de las atribuciones que tiene a su cargo el Instituto.

Ningún órgano del Estado Mexicano, continuó el Consejero Presidente, ha tenido un compromiso con la racionalidad y solidaridad con las finanzas públicas como el Instituto Nacional Electoral, que en 2017 regresó mil 70 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda, dinero que sería destinado a la construcción de una nueva sede.

“La Comisión Temporal de Presupuesto concluirá sus trabajos y se extinguirá una vez que el Consejo General apruebe el presupuesto para el ejercicio fiscal de 2019.”

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