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"DECRETOS PRESIDENCIALES SÍ CREAN CONDICIONES PARA LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA"

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"Hay otros mecanismos para ello, leyes estatales privatizantes, la aprobación de lineamientos para fracking, y la eliminación de subsidios para infraestructura de agua potable en municipios": Experto
27.06.2018 12.00 AM

Los diez decretos de reserva de agua firmados por el Poder Ejecutivo el pasado cinco de junio, día mundial del medio ambiente, “sí crean condiciones para profundizar la privatización del vital líquido en México”, consideró el doctor Pedro Moctezuma Barragán, coordinador del Programa de Investigación Sierra Nevada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al ser entrevistado, el investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa, quien ejerce liderazgo nacional e internacional en los temas de agua, medio ambiente y comunidad, señaló que hay una tendencia a la privatización del vital líquido “que se ha venido dando desde distintas veredas”.

Dicho proceso ha tenido grandes momentos, uno que se remonta a la negociación del Tratado del Libre Comercio con Estados Unidos, cuando “Washington presionó a México para que mercantilizara las aguas nacionales” mediante un sistema único de concesiones que dio lugar a la Ley de Aguas Nacionales de 1992, reformada en 2004.

Un segundo momento lo constituye el intento del régimen actual para aprobar, en 2014, una “ley autoritaria y extractivista” que abría las puertas a la privatización, conocida en su momento como Ley Korenfeld.

Aunque esta norma falló debido al cuestionamiento de la sociedad, el gobierno no ha dejado de “jugar con otras maneras de poner el recurso en el mercado”, pues desde 2014 se empezaron a hacer los primeros estudios por parte de la Comisión Nacional del Agua para suprimir las vedas que obligan a la protección del vital líquido o a que se destine a usos específicos de tipo ambiental o humano.

El investigador reconoció que hay una serie de intentos por privatizar “pero nunca en la historia del país se había dado algo como los diez decretos del cinco de junio”, con los cuales, “de manera engañosa y utilizando un discurso ambientalista y conservacionista, sí se crean las condiciones para profundizar la privatización del agua en nuestro país”.

El hecho de levantar o suprimir las vedas por decreto “elude el debate público, la consulta y la acción legislativa”, y esto significa que amplias superficies, 55 por ciento del territorio nacional en 300 cuencas, que gozaban de protección ya no la tendrán.

“En el territorio de las vedas se da esta supresión sin seguir el procedimiento que cada una marca para ser levantada, es decir, legalmente no se pueden suprimir sin seguir ciertos pasos y tampoco pueden abrirse reservas del líquido sin ciertos requerimientos”, sostuvo.

Lo anterior significa que de una gran superficie vedada sólo se destina una pequeña superficie a reserva de agua para uso ambiental y lo demás “lo dejan en un terreno muy ambiguo” que es el uso público-urbano, figura que se ha manipulado por Conagua para otorgar a empresas enormes volúmenes del recurso, incluso en zonas donde la población carece del mismo.

A lo largo de la historia de la Comisión se ha utilizado este criterio para dar concesiones a actividades extractivistas, industriales y agentes inmobiliarios, por ejemplo, el corredor industrial en Iztapalapa o la concesión a la Pepsicola en la Ciudad de México se cobijan bajo este régimen de uso público urbano.

Con estos decretos “se abre la puerta a la privatización”, además de que hay otros mecanismos para lograr dicho propósito como son las leyes estatales privatizantes, la aprobación de los lineamientos para el fracking, emitidos por la Semarnat el 30 de agosto de 2017, así como la eliminación de subsidios –en 72 por ciento– para la infraestructura de agua potable y saneamiento en los municipios en el presupuesto de 2017.

Por lo tanto los diez decretos contribuyen a este proceso paulatino de privatización del agua al liberarse e introducir al mercado miles de millones de metros cúbicos que antes estaban protegidos por la veda; otorgar a comisiones estatales y organismos operadores municipales enormes volúmenes del recurso como asignaciones y negociarlo a través de asociaciones público-privadas que dan el control del vital líquido a Grupo Carso, Aguas de México y Odebrecht, entre otras grandes corporaciones nacionales e internacionales.

Al régimen le encanta negar que está en un proceso de “casi venta de traspatio” de los recursos naturales, como cuando se dijo que no se privatizaría el petróleo. En esta ocasión se dice que no habrá concesiones y en ese sentido “nosotros vamos a estar vigilantes a través de contralorías ciudadanas autónomas del agua para que estos decretos no sean aprovechados para seguir este camino privatizador”.

“Amplias superficies que gozaban de protección, 55 por ciento del territorio nacional en 300 cuencas, ya no la tendrán.”

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