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ESTABLECEN RUTA DE DINERO ILÍCITO EN CAMPAÑAS DE PARTIDOS

Establecen ruta de dinero ilícito en campañas de partidos
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Describe estudio "una problemática generalizada que todos los partidos, en mayor o menor grado, practican"; Por cada peso ejercido en una campaña de gobernador, hay 15 pesos cuyo origen se desconoce
29.05.2018 12.00 AM

Por cada peso que se reporta como gasto ejercido en una campaña de gobernador, hay 15 pesos que se mueven debajo de la mesa, que nunca se reportan y cuyo origen se desconoce, concluye el informe “Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México”.

Con el auspicio de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad e Integralia Consultores, el documento refiere que en promedio, los candidatos a gobernador gastan diez veces más que el tope legal. Si el tope promedio es de 46.8 millones de pesos, el gasto promedio ejercido es de 470 millones de pesos, con casos superiores y otros inferiores, dependiendo del tamaño de la entidad y su nivel de competitividad electoral.

Los autores, María Amparo Casar, Luis Carlos Ugalde, Ximena Mata y Leonardo Núñez, mencionan que las principales fuentes de financiamiento ilegal son el desvío de recursos públicos, el financiamiento privado ilegal y el financiamiento del crimen organizado.

"Este estudio analiza y documenta el financiamiento y gasto ilegal de campañas en México. Por primera vez se describen las modalidades precisas mediante las cuales fluye dinero público y privado hacia las campañas políticas y los usos de ese dinero. También por primera vez se hace una estimación del costo real de una campaña política. El estudio describe una problemática generalizada que todos los partidos, en mayor o menor grado, practican", plantea.

Las principales modalidades de desvío de recursos públicos son recaudaciones en efectivo que no ingresan a las tesorerías; el uso de facturas apócrifas; las adjudicaciones directas y subcontrataciones forzosas con sobrecostos; los descuentos de nómina, entre otros, advierte.

Señala que las modalidades de financiamiento privado ilegal implican la comisión de algunos delitos como lavado de dinero, defraudación y evasión fiscal, simulación de operaciones mediante empresas fantasma o fachada, cobertura ilegal de medios, entre otros. El dinero a campañas se entrega en efectivo o en especie, ya sea directamente al candidato o partido, o mediante terceros usando esquemas de triangulación.

De esta manera, El principal destino del dinero ilegal en campañas es el clientelismo electoral, a través de la compra, movilización e inhibición del voto, así como el pago de estrategas de campaña y de cobertura en medios.

“El gran problema de la democracia electoral mexicana se llama dinero. Ya lo había sido antes en el siglo XX por la falta de recursos de los partidos de oposición para competir cara a cara con el partido en el poder. Hoy el problema es diferente y se llama exceso de dinero. La escasez del siglo XX limitó el pluralismo y perpetuó la hegemonía de un partido por varias décadas. El exceso del siglo XXI es uno de los principales gérmenes de la corrupción en el país”, indican sus autores.

El análisis determina que “las reformas electorales de los últimos 40 años han dado buenos resultados para transparentar la celebración de comicios, garantizar la legalidad y propiciar un piso mínimo de equidad para competir. El esfuerzo ha dado resultados en términos del pluralismo alcanzado. Sin embargo, el sistema electoral ha fracasado en combatir el financiamiento y gasto ilegal de campañas que ponen en duda la legalidad y la equidad de la contienda al permitir la influencia indebida del dinero en la vida democrática”.

“El objetivo no es la denuncia de hechos, personas o partidos, sino sacar a la luz el modus operandi de una práctica corrupta que está socavando los cimientos de legalidad y equidad de las elecciones en México. A manera de conclusión y derivadas de los hallazgos de esta investigación, ofrecemos un conjunto de medidas que podrían ayudar a reparar un sistema corrupto de fondeo de campañas políticas”, establece.

“Los candidatos a gobernador gastan diez veces más que el tope legal.”

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