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REDUCCIÓN DE INFORMALIDAD REQUIERE ENFOQUE DE SEGURIDAD SOCIAL Y NO SOLO RECAUDATORIO

Reducción de informalidad requiere enfoque de seguridad social y no solo recaudatorio
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Investigadores afirman que las políticas son contradictorias, insuficientes y sin mejora en los servicios que ofrece el Estado, 58 por ciento de la población en el país, en esta modalidad de ingreso
21.05.2018 12.00 AM

Alrededor del 58 por ciento de la población mexicana se encuentra en las filas del empleo informal, lo que refleja fallas en las políticas para reducir estas cifras, señaló Clemente Ruiz Durán, autor del libro “Informalidad: Implicaciones Legislativas y Políticas Públicas para Reducirlas”, evento organizado por el Instituto Belisario Domínguez.

Durante la presentación de la obra, en el Senado de la República, el autor dijo que los gobiernos sólo apuestan por la formalización de empleos con un enfoque de recaudación, pero no cuentan con un plan para que esas personas tengan acceso a la protección social.

Detalló que el 47.7 por ciento de la informalidad está en los hogares que incluye el trabajo doméstico y los negocios familiares. Reducir estas cifras, se requiere, entre otros, apoyo a los campesinos y que todos los empleados de los gobiernos Federal, estatal y municipal estén en la formalidad, “es indigno que se llamen gobiernos a quien mantiene gente en la informalidad.

El coautor de la obra, Jesuswaldo Martínez Soria, dijo que los esfuerzos de política pública implementados desde los años 90 “no han sido atinados”, pues el problema “ahora está enquistado en el mercado de trabajo, en toda la economía nacional”.

Señaló que aun cuando el tema se encuentra en la agenda de trabajo de los gobiernos, se implementaron acciones contradictorias o incompletas, como el impulso al autoempleo a inicios del año 2000, pero el cual no fue acompañado de la protección social al trabajador

Planteó como medidas para reducir la informalidad, la creación de un régimen especial de inscripción a la seguridad social para trabajadores por cuenta propia, seguro de desempleo obligatorio que sirva de “colchón de resguardo” para quienes son expulsados de la formalidad en época de crisis y evitar que se “resguarden” en la economía informal.

Además, implementar un sistema de prestaciones sociales de cobertura universal constituido por un paquete de servicios básicos de salud, por un seguro de invalidez y vida, que se establezca una pensión mínima, así como elevar la calidad de bienes y servicios que otorga el Estado.

El investigador Gerardo Esquivel consideró no solo de debe tener un enfoque fiscal de la informalidad, sino que debe ser de seguridad social, porque, por una parte, se quiere formalizar a los trabajadores para aumentar la recaudación fiscal, no obstante no se contempla el impacto en la seguridad social, éste puede aún mayor.

En México el trabajo doméstico no remunerado representa casi una cuarta parte del PIB

En México el valor del trabajo doméstico no remunerado representa casi 25 por ciento del producto interno bruto (PIB). El 80 por ciento de esta actividad es realizada por mujeres, y si fuera remunerada, la economía sería mucho más activa, sostuvo Pilar Velázquez Lacoste, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM.

Esta tarea se asocia con las labores de limpieza de la casa; el lavado y planchado de la ropa; la compra y preparación de alimentos; el cuidado, crianza y educación de los niños, además de la asistencia a enfermos y adultos mayores.

Dichas actividades podrían parecer irrelevantes, pero sin ellas el mundo social, económico y político no se pondría en marcha; si no están resueltas, ningún sujeto realizaría sus labores cotidianas con disposición plena de tiempo, y los otros espacios de interacción social no funcionarían adecuadamente, dijo la universitaria.

La razón por la que estas labores no están valorizadas es histórica y cultural: por siglos a las mujeres se les ha disociado de la noción de trabajo; por el contrario, se les ha vinculado al mantenimiento del orden de la casa y de los integrantes de la familia, sin remuneración alguna, y se ha asumido que son tareas que por naturaleza les corresponde llevar a cabo.

En el imaginario social estas actividades carecen de importancia, incluso las mismas mujeres lo consideran así. Hay una idea extendida y compartida socialmente de que no son un trabajo, de que carecen de prestigio y son realizadas por naturaleza por el género femenino; en consecuencia, no requieren de remuneración, remarcó.

Es un reto desechar este pensamiento, que se traduce en actitudes como: "no ayudo porque trabajo fuera de casa" o "para eso está mi esposa, mi mamá o mi hija".

“Es prioritario modificar el orden cultural que ha determinado como deber de ellas asumir estos quehaceres por amor, solidaridad o compromiso, y por ser madres, esposas, hermanas o hijas. Debemos impulsar prácticas de corresponsabilidad para que los hombres también realicen estas actividades”.

De igual manera, es necesario difundir la centralidad de estas labores y las consecuencias económicas de no remunerarlas. “Los adultos somos responsables de las conductas e ideas que transmitimos a las nuevas generaciones; si educamos en una lógica en la que todos los miembros de la familia compartan las tareas del hogar, formaremos ciudadanos que las asuman de manera equitativa”, concluyó.

Precarización del trabajo en México viola derechos humanos laborales

En México se están violando los derechos humanos laborales, principalmente, a través de la precarización de los empleos, lo que impide brindar las condiciones necesarias y suficientes para proveer el bienestar a los trabajadores, quienes no tienen acceso a la salud, vivienda y otros beneficios propios de la seguridad social, dijo la diplomada Olga Hernández Ávila, experta en formación en derechos humanos corporativos y académica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

La profesora, adscrita a la Dirección de Educación Continua (DEC) de la Ibero, abundó que en el país no se están creando trabajos que cumplan con los derechos humanos laborales; por el contrario, hay empleos temporales que no generan estabilidad laboral u otros donde los ingresos de los trabajadores dependen únicamente de las propinas, por ejemplo, los de los despachadores de gasolina y los de las personas mayores que están en los supermercados empacando mercancías.

Ciertamente, despachadores y empacadores están teniendo acceso al empleo, “pero no es un trabajo remunerado, con una jornada adecuada, aguinaldo, seguridad social, acceso a la salud, a la vivienda; sino una precarización absoluta que depende de la remuneración de la propina de los particulares”.

Hernández mencionó, en el caso específico de los empacadores, que tendrían que estar en la nómina de los supermercados que los emplean, pues hasta el empaque de las mercancías está considerado en el precio de los productos que pagan los consumidores.

Pero estos grandes centros de alimentos, que si bien dan empleo a los adultos mayores, lo hacen sin firmar con ellas y ellos un contrato y sin pagarles un salario, es decir, sin ningún tipo de condición ni estabilidad laboral. Lo mismo sucede con las personas que en los estacionamientos de esos supermercados lavan los coches, “quienes dependen del pago de la lavada, o sea, de los particulares”.

Y aunque por ley este tipo de empresas (como todas las demás) debieran respetar los derechos laborales, falta que las autoridades les hagan una inspección de las condiciones laborales en que se encuentran las personas que trabajan con ellas. “Hay una omisión del Estado que permite que empresas tengan estas relaciones no laborales con personas que tienen una situación de precarización en sus vidas”.

Respecto a El reto de la equidad de género y los derechos humanos laborales en la empresa, Olga Hernández comentó que en este taller práctico se vio el contenido y alcance del derecho al trabajo, cuáles son sus componentes; y posteriormente, cómo la inclusión de la perspectiva de género y el enfoque en derechos humanos pueden generar buenos resultados dentro de las empresas.

En el taller participaron ejecutivos de empresas como Procter & Gamble, Pepsico, Unilever, JP Morgan, Sección Amarilla, Ilusión, entre otras; mencionó la maestra Manola Martín Rangel, directora de Egresados y Desarrollo Profesional de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

La participación de las y los ejecutivos respondió al interés de la Ibero por tener un vínculo importante e impacto verdadero en la labor del sector empresarial en México, al darle a conocer la importancia de respetar los derechos humanos laborales.

El maestro Randolfo González de la Mora, director de Educación Continua, comentó que el taller “nos permitió ver que efectivamente el diálogo e interacción entre universidad y empresa, sector social y gubernamental, sí se puede dar”.

Actividades como el taller permiten detectar temas y proyectos que le pueden dar a la DEC un enfoque más preciso para ofrecer a las empresas, comunidades y gobierno programas a la medida, pertinentes y relevantes, “y en la línea de lo que queremos en la IBERO, que es incidencia institucional a partir de una concepción integral de los derechos humanos”.

“El 47.7 por ciento de la informalidad está en los hogares que incluye el trabajo doméstico y los negocios familiares.”

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