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DIPUTADOS APRUEBAN LEY GENERAL DE JUSTICIA CÍVICA E ITINERANTE

Diputados aprueban Ley General de Justicia Cívica e Itinerante
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Establece las acciones que deberán llevar a cabo las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la resolución de conflictos entre particulares, vecinales y comunales
18.04.2018 12.00 AM

La Cámara de Diputados avaló con 344 votos el dictamen que expide la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, para establecer las acciones que deberán llevar a cabo las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la resolución de conflictos entre particulares, vecinales y comunales y acercar trámites a poblaciones alejadas, de difícil acceso y zonas marginales.

Las entidades federativas integrarán un registro que contendrá la información de personas sancionadas por la comisión de infracciones en materia de justicia cívica, y se conformará con los datos personales y de localización del infractor, infracción cometida, lugar de comisión, sanción impuesta, y estado de su cumplimiento.

La justicia itinerante estará a cargo de la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Para ello, llevarán a cabo jornadas de justicia itinerante para acercar trámites y servicios de las dependencias y entidades federales y locales a poblaciones alejadas, de difícil acceso y zonas marginadas.

El dictamen a la iniciativa del titular del Ejecutivo federal y enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, precisa que durante estas jornadas, podrán atenderse conflictos individuales, colectivos o comunales con asistencia judicial o haciendo uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Se define a la cultura cívica como las reglas de comportamiento social que permiten una convivencia armónica entre los ciudadanos, en un marco de respeto a la dignidad y tranquilidad de las personas, a la preservación de la seguridad ciudadana y la protección del entorno urbano.

Dicha justicia cívica es el conjunto de acciones realizadas por las autoridades, a fin de preservar la cultura cívica y resolver conflictos individuales, vecinales o comunales, y a la itinerante, se le conocerá como el conjunto de acciones a cargo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para solucionar de manera inmediata conflictos entre particulares, vecinales y comunales.

Al fundamentar el documento, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), señaló que la justicia y la cultura cívica son pilares fundamentales de cualquier país democrático, y juegan un papel importante en el día a día de los ciudadanos.

A la justicia cívica se le entiende como el conjunto de procedimientos e instrumentos del buen gobierno, orientados a fomentar la cultura de la legalidad y dar solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios en la convivencia diaria.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana identificó que a junio de 2017, más del 40 por ciento de la población de 18 años o más tuvo al menos un conflicto o un enfrentamiento en su vida cotidiana durante los últimos tres meses, y se identificó que aproximadamente el 50 por ciento de estos escalan a insultos e incluso a violencia física.

Ibarra Hinojosa resaltó que estas situaciones, si no cuentan con una atención pronta y correcta pueden llegar a la realización de conductas tipificadas como delitos, aumentando la carga de trabajo en los organismos de procuración y administración de justicia o engrosando la cifra negra de delitos del país.

De ahí, la necesidad de tener una justicia cívica, eficaz y oportuna, tema de importancia para el país, al eliminar problemáticas que se presentan en las entidades federativas como la diversidad de ordenamiento y materias que se regulan en ellos, así como la falta de actualización de dichas normas.

Con este dictamen, expuso, se corrigen problemáticas que existen en la materia y se consolida la justicia cívica como pieza fundamental de la cotidiana. Se logra la difusión de la cultura cívica para la prevención de conflictos vecinales y comunales.

Además, cada municipio de demarcación territorial deberá tener al menos un juzgado cívico; se incorpora la justicia alternativa en la resolución de conflictos en materia de justicia cívica; establece la profesionalización de los jueces y la capacitación y certificación de los facilitadores. Se crea el registro de infractores que fortalecerá la justicia cívica y dotará de eficacia a las disposiciones legales.

De igual modo, la justicia itinerante acercará mecanismos de resolución de conflictos, trámites y servicios a poblaciones alejadas, y zonas marginadas, que representa un acercamiento con los ciudadanos que más lo necesitan.

En los posicionamientos, el diputado Abel Cruz Hernández (PES) se pronunció a favor, toda vez que garantiza el acceso efectivo a la justicia y recupera la seguridad ciudadana, pues “en una sociedad en la que vemos cada vez más degradados los valores, es indispensable fomentar principios como la difusión de la cultura cívica para la prevención de los conflictos entre vecinos”.

Refirió que el dictamen proyecta llevar a las comunidades la accesibilidad de trámites y servicios, así como el acceso a tribunales para una correcta impartición de justicia, ya que la situación actual de los mismos genera desigualdad y discriminación, lleva a los ciudadanos a padecer la privación de servicios públicos básicos, como obtención de documentos oficiales, que reflejen su situación jurídica y la de sus bienes.

La diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez (NA) expresó que se deja atrás un sistema de impartición de justicia lento, incierto, discriminatorio, complicado y costoso, para dar un paso a un nuevo modelo que permita prevenir la violencia y dar solución de forma amistosa, temprana, rápida y eficaz a los conflictos cotidianos.

“Con el establecimiento de la justicia, literalmente se reduce la marginación jurídica y la discriminación derivada de obstáculos geográficos mediante jornadas de justicia itinerante. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales acercarán trámites y servicios a las zonas marginales”, enfatizó la legisladora.

Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputado de MC, manifestó que la justicia en el país “sigue siendo la gran deuda, pero esta reforma resolverá los graves problemas que se dan, sobre todo en las zonas rurales, donde de por sí los servicios públicos están muy alejados y los ciudadanos, los campesinos, los agricultores, tienen que padecer aun gobierno lejano y de oídos sordos”.

Explicó que esta justicia cívica e itinerante permitirá prevenir el delito, lograr que los asuntos no se vuelvan más violentos o más graves. Aplicar los mecanismos alternativos de solución de controversias, a través del diálogo. “No sé en qué momento nos perdimos, pero es el momento de volver a lo más importante, a la columna vertebral de cualquier Estado, que es el fortalecer y el cumplir el Estado de derecho, que hoy México no tiene”.

Del PVEM, la diputada Lia Limón García urgió a dejar atrás un sistema de impartición de justicia lento, incierto, discriminatorio, complicado, costoso y en muchas ocasiones inaccesible para la gran mayoría de las personas.

“Hacer accesible la justicia para todos no solo contribuye al pleno ejercicio de los derechos humanos, sino que da certeza jurídica y garantiza una sociedad más armónica”, apuntó.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (Morena) mencionó que con este dictamen se busca tener formas más ágiles de solución de los conflictos entre particulares, en donde los ciudadanos sean escuchados y atendidos en sus quejas, de manera más rápida y se impida que sean presas de la corrupción a la que constantemente se ven sometidos en su andar por alcanzar la justicia.

Añadió que la falta de acceso a la justicia incide en la calidad de vida de los mexicanos, en el ejercicio de los derechos humanos, el desarrollo económico y en la consolidación de un Estado de derecho. “Nuestro anhelo es contribuir para hacer realidad la frase de don José María Morelos y Pavón, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario”.

José Hugo Ángel Olvera, diputado del PRD, puntualizó que este dictamen atiende los problemas cotidianos más frecuentes a los que se enfrenta la población en la vida diaria, la impunidad en las faltas cometidas en la convivencia al interior de las comunidades y garantiza el derecho de acceso a la justicia habitual, favoreciendo un clima de mayor convivencia social.

Algunas de las faltas cometidas van desde conductas como tirar basura en lugares prohibidos, pasear a sus mascotas sin tomar la medidas de protección adecuadas para evitar que esto pueda causar daño a otros animales o personas, no respetar la preferencia que el peatón tiene sobre el paso de automóviles.

Por el PAN, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos señaló que el dictamen forma parte del nuevo contexto en materia de justicia y una de sus premisas es la de prevención, ya que una de las exigencias de la ciudadanía ha sido contar con mecanismos para la resolución de conflictos vecinales y del trato diario.

“Estamos conscientes que muchas veces son estos conflictos permanentes y persistentes los que generan desgaste en la vida de miles de familias, y terminan incluso en actos violentos que podrían tener repercusiones penales. La justicia cívica es el eslabón fundamental de la paz social. Estamos obligados a generar los mecanismos para que funcione correctamente”, añadió.

La diputada María Gloria Hernández Madrid (PRI) mencionó que en el país, casi siete millones de personas que viven en comunidades aisladas están imposibilitadas de realizar trámites básicos como obtener un acta de nacimiento, y carecen de acceso a un sistema que les permita resolver sus problemas de forma pacífica, pronta y oportuna.

Urgió a establecer mecanismos que permitan resolver directamente los conflictos entre ciudadanos y eventualmente los que se presenten con las autoridades, así como garantizar que todos tengan acceso a los trámites y servicios que requieran. “Esta ley es una nueva perspectiva de resolver los conflictos cotidianos y será una vía efectiva y ágil basada en fomentar la cultura cívica y generar un modelo que permita solucionar de manera amistosa, oportuna, rápida y eficaz los conflictos individuales, vecinales o comunales”.

“Las entidades federativas integrarán un registro que contendrá la información de personas sancionadas por la comisión de infracciones en materia de justicia cívica.”

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