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APRUEBAN LEY DE JUSTICIA CÍVICA E ITINERANTE PROPUESTA POR EL EJECUTIVO

Aprueban Ley de Justicia Cívica e Itinerante propuesta por el Ejecutivo
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Establece las acciones que deberán llevar a cabo las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la resolución de conflictos entre particulares, vecinales y comunales
12.04.2018 12.00 AM

La Comisión de Justica avaló un dictamen que expide la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, con el fin de establecer las acciones que deberán llevar a cabo las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la resolución de conflictos entre particulares, vecinales y comunales y acercar trámites a poblaciones alejadas, de difícil acceso y zonas marginales.

El documento, derivado de una iniciativa del Poder Ejecutivo Federal enviada a la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2017, busca también establecer los principios rectores de la justicia cívica como primordial en el mantenimiento del orden y la tranquilidad en una sociedad y sienta las bases para su organización y funcionamiento en las entidades federativas.

Señala que los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deben contar con los juzgados cívicos necesarios, de conformidad con su densidad poblacional, los cuales deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso y otros derechos.

Cita que las entidades federativas deberán contener un catálogo de infracciones, mismas que serán sancionadas con amonestación, servicio en favor de la comunidad, multa o arresto que no podrá exceder del plazo de 36 horas.

La propuesta aprobada en reunión de trabajo presidida por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), resalta que las comunidades enfrentan conflictos para realizar con facilidad trámites y servicios, así como para acceder a los tribunales para una correcta impartición de justicia, lo que genera desigualdad y discriminación.

Esta situación, agrega, priva a las poblaciones de zonas marginales del acceso a los servicios públicos básicos, a la obtención de documentos oficiales que reflejen su situación jurídica y la de sus bienes.

Señala que la falta de accesibilidad física, debido a la lejanía o a las características geográficas y socioeconómicas de las comunidades, se traduce en un obstáculo para el acceso a la justicia.

El dictamen aprobado en votación unánime, observa que esta Ley se compone de 65 artículos los cuales norman la justicia cívica, su organización y funcionamiento, así como los procedimientos ante juzgados cívicos, por presentación del probable infractor, queja, mediación y conciliación.

Cita que las entidades federativas integrarán un registro sobre la información de las personas sancionadas por la comisión de infracciones en materia de justicia cívica.

El diputado Alejandro González Navarro (PAN) afirmó que esta ley atiende los casos más sensibles de la sociedad como los problemas del día a día. Su compañero de bancada, Hernán Cortés Berumen, afirmó “que es una buena iniciativa que hay que votar a favor, pero es importante dejar constancia de que es importante que se necesita presupuesto para que se pueda implementar correctamente en el país”.

Alejandra Gutiérrez Campos, también diputada del PAN, dijo que “es una iniciativa muy buena y necesaria para que el ciudadano viva en comunidad”; opinó que se debe considerar el impacto económico en los municipios y entidades porque hay quienes van a adecuar su administración, en tanto otros tendrán que empezar de cero.

La diputada Lía Limón García (PVEM) consideró que este dictamen es muy relevante debido a que implica la justicia que afecta al ciudadano de a pie.

María Gloria Hernández Madrid (PRI) puntualizó que es un gran acierto del Ejecutivo que derivará en una la justicia pronta y expedita. “Se tendrán casos exitosos, no sólo de desavenencias entre vecinos, sino también porque ésta llegará a las comunidades”.

El también priista Arturo Huicochea Alanis expresó que con este paso, millones de personas tendrán acceso a la justicia y vale la pena avanzar en ello. “Esta ley es una pieza más del gran rompecabezas del sistema de corte garantista que nuestro país, desde hace poco más de ocho años, ha venido incrementando”.

De la misma bancada, Omar Corzo Olán dijo que esta iniciativa ayudará a resolver conflictos de manera inmediata en las comunidades lejanas.

“La falta de accesibilidad física, debido a la lejanía o a las características geográficas y socioeconómicas de las comunidades, se traduce en un obstáculo para el acceso a la justicia.”

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