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EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES SÓLO SERÁ POSIBLE MEDIANTE LA EXIGENCIA CIVIL

El ejercicio de los derechos culturales sólo será posible mediante la exigencia civil
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El ejercicio de los derechos culturales sólo será posible mediante la organización y la exigencia civil, ya que los cambios no vienen del Estado, sino de la presión social
02.04.2018 12.00 AM

Los ciudadanos deberán hacer valer las facultades emanadas de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales dado el desinterés de los precandidatos presidenciales en el tema, coincidieron expertos durante la última sesión del Ventiladero Cultural organizado por la Coordinación General de Difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (GRECU) de la UAM y Editarte Publicaciones.

Para el doctor Javier Esteinou Madrid, profesor-investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco de la UAM, el ejercicio de los derechos culturales sólo será posible mediante la organización y la exigencia civil, ya que los cambios no vienen del Estado, sino de la presión social, por lo que el asunto es si la sociedad mexicana está despierta, consciente y sensible frente a sus necesidades y derechos culturales”.

A esta postura se sumó Alejandra Rangel, promotora cultural afincada en Morelos, a quien le preocupa la falta de difusión de los beneficios asentados en la ley, pues “a diferencia de los otros derechos, como los de la mujer, la infancia o los laborales que se publicitan en los medios de comunicación masiva, los derechos culturales no tienen visibilidad”, por lo que en estos momentos urge la educación y el conocimiento sobre ellos.

Para subsanar este vacío, Enrique Roura, reconocido promotor cultural, sostuvo que “el proceso de introducción a los derechos en la materia tendría que estar reflejado en los planes y programas de estudio y las universidades deberían generar una especialización sobre el tema; esta revolución educativa permitiría la formación de nuevos ciudadanos, quienes se organizarán y evaluarán a las instituciones culturales”.

El abogado Raúl Ávila señaló que no existen las instancias gubernamentales que garanticen a la población mexicana el pleno ejercicio y la defensa de sus derechos culturales, en el país “tenemos 33 instituciones dedicadas la protección, gestión y tutela de los derechos políticos electores, una por cada estado de la república y una federal”.

El mismo número de organismos vigila el acceso a la información y la protección de datos, pero en el caso de los derechos culturales no está articulado ni sistematizado de esta forma, “lo lógico sería ir generando la legislación y la estructura que garanticen la práctica de aquéllos”.

Rangel refirió que “no hay una lógica clara de cómo incorporarlos a los derechos humanos, además de que no guardan relevancia alguna para las autoridades, por lo que se necesitan áreas especializadas para la atención, aplicación, prevención, resolución, justicia y reparación de daños en el ramo cultural.

El doctor Esteinou Madrid afirmó que “tenemos una Ley de Cultura y Derechos Culturales para el siglo XIX no para el XXI”, ya que el momento actual se caracteriza por la preeminencia de los medios electrónicos de comunicación en la producción de cultura.

“Las principales visiones, concepciones, valores e imaginarios no provienen del Ateneo, de la Secretaría de Educación Pública ni de la casa de cultura, emanan de las concepciones que generan los medios de comunicación a través de su programación”, dijo el ganador en dos ocasiones del Premio Nacional de Periodismo.

El académico sostuvo que la legislación publicada el año pasado concibe a la cultura de manera porfiriana, pues en ella el ámbito cultural corresponde únicamente a la música, la poesía, la danza y la escultura, dejando de lado los espacios donde se producen los fenómenos de mayor alcance.

“No es una norma que corresponda al país en el que estamos, sino al grupo que se reunió (para crearla) con el fin de satisfacer intereses y necesidades burocráticos, por lo tanto no abordó el problema de fondo”, sentenció.

“Las universidades deberían generar una especialización en derecho cultural.”

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