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DEBE MÉXICO ELABORAR PEF CON PERSPECTIVA DE DDHH: CNDH ANTE ONU

Debe México elaborar PEF con perspectiva de DDHH: CNDH ante ONU
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Así, en casos de eventuales ajustes o reducciones, no se descuidarían las exigencias de los grupos prioritarios y los sectores que padecen los mayores niveles de marginación
14.03.2018 12.00 AM

La urgente necesidad de que el Gobierno mexicano cuente con un presupuesto público elaborado, ejercido y vigilado con perspectiva de derechos humanos para que, incluso en casos de eventuales ajustes o reducciones, no se descuiden las exigencias de los grupos prioritarios y los sectores que padecen los mayores niveles de marginación, fue expresada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC).

Lo anterior, se dijo, debe ser complementado con un combate frontal a la corrupción, porque ésta sin duda impacta el goce de los derechos humanos.

En el marco de la sustentación del Informe de México ante el Comité DESC, la CNDH, en su carácter de organismo autónomo e independiente, se entrevistó y participó de manera privada con los miembros del Comité, a los que hizo partícipes de los pronunciamientos del Organismo Nacional en la materia y presentó una serie de propuestas para que sean consideradas por esa instancia internacional.

Destacó la importancia de que el Estado mexicano ratifique el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como instancia de garantía internacional de los mismos, y cumpla con su deber de continuar con la necesaria labor de armonización normativa, en los órdenes federal y estatal, para el cabal cumplimiento de los estándares de DESCA.

Este Organismo Nacional llamó a considerar de la mayor importancia la adopción de medidas progresivas en favor de los derechos humanos, y enfatizó que es crucial para el Estado mexicano fomentar la suficiencia del salario mínimo, por su vínculo con el goce y disfrute de tales prerrogativas; es decir, que la fijación del salario mínimo en el país considere como eje la dignidad de las personas.

Tras doce años de que dicho Comité no evaluara al Estado mexicano y luego de posponer esa revisión por el sismo del pasado 19 de septiembre, la Comisión Nacional enfatizó que se debe atender el problema que enfrentan las personas trabajadoras jornaleras agrícolas y sus familias, sector altamente vulnerable cuyos integrantes viven en condiciones de pobreza y carecen de acceso pleno a la protección a la salud, a condiciones de trabajo dignas, a la seguridad social y a la educación, entre otros derechos básicos.

En reunión celebrada en el Palais Wilson, la CNDH, por conducto de su Sexto Visitador General, Jorge Ulises Carmona Tinoco, demandó que las autoridades de todos los órdenes de gobierno fortalezcan y armonicen sus legislaciones en materia ambiental, además de cumplir con la vigilancia e inspección por parte de los responsables facultados para ello, para lo cual se debe contar con mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad efectivos, además de promover el intercambio de buenas prácticas en torno de su ejercicio.

“El Estado mexicano, aseguró, debe garantizar que las y los defensores de derechos humanos puedan desarrollar con toda libertad y libres de amenazas o riesgos su actividad de promoción y protección de los DESCA; tal es el caso de defensores comunitarios cuya labor se relaciona con los megaproyectos de industrias extractivas, de represas y eólicos, promovidos por la iniciativa privada o las propias autoridades”.

El Visitador presentó algunas consideraciones sobre los DESCA en nuestro país y destacó que debe darse cabal cumplimiento a la protección de los derechos humanos, uno de los cuales es el derecho a la consulta a pueblos y comunidades indígenas, para lo cual recalcó que además de seguirse puntualmente los protocolos y pronunciamientos de la CNDH en la materia, debe transitarse hacia una ley que recoja los mejores estándares y prácticas en favor de sus destinatarios.

Planteó que el Estado mexicano impida la sobreexplotación, sobreconcesión y contaminación que afecten el derecho al agua; armonizar las legislaciones federal, estatal y municipal en esa materia para regular a los usuarios, y dar acceso a las redes municipales de agua potable a las comunidades indígenas y rurales del país.

Carmona Tinoco estableció que las autoridades federales evalúen la gestión de recursos económicos destinados a los programas para la cultura con perspectiva de derechos humanos, así como mejores prácticas administrativas que redunden en mayor protección de los DESCA.

Régimen penitenciario requiere espacios dignos y adecuados: CNDH

El Pleno conoció de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el Informe Especial sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad en la República Mexicana, que plantea a la y los gobernadores, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al Comisionado Nacional de Seguridad, consideren las especificaciones nacionales e internacionales para el diseño, construcción y/o adecuación de esta infraestructura.

Destaca que el régimen penitenciario requiere de espacios dignos y adecuados para el desarrollo de actividades a las que deben acceder las personas privadas de la libertad.

El documento enviado a la Comisión de Derechos Humanos, precisa que en diciembre de 2017 el sistema penitenciario albergaba 204 mil 617 personas distribuidas en 358 establecimientos, y de esta población, 13 mil 177 estaban en mil 94 centros con capacidad menor a 250 espacios.

Estos centros de baja capacidad, específica, dependen de las autoridades estatales, no cuentan en su mayoría con una configuración para desarrollar un buen régimen penitenciario, y 48 de ellos tienen problemas de sobrepoblación.

Por ello, la CNDH pide desarrollar obras de infraestructura que garanticen la clasificación de la población penitenciaria, cuenten con una estancia digna, atención a la salud, educación, deporte, trabajo y capacitación laboral, seguridad, así como favorecer la vinculación con su entorno familiar y social y coadyuvar a una mejor reinserción social.

También, sugiere realizar las mismas mejoras en los centros de baja capacidad para la atención de mujeres y programas acorde a sus necesidades, con criterios de protección a sus derechos humanos y de sus menores hijas e hijos; principios de progresividad, universalidad e indivisibilidad, de conformidad con los estándares internacionales.

Asimismo, acciones efectivas para aumentar la capacidad de esos centros, de acuerdo a las exigencias que emanan del artículo 18 Constitucional, considerando para ello los criterios que se derivan de las “Reglas Mandela”, y los estándares nacionales e internacionales, las buenas prácticas y los resultados de los estudios desarrollados en la materia.

Finalmente, propone dotar a las áreas encargadas del sistema penitenciario de los recursos financieros indispensables, a efecto de que realicen las acciones tendentes a materializar y mantener los centros penitenciarios de baja capacidad, con base en lo establecido en el artículo 18 constitucional y las “Reglas Mandela”.

“Lo anterior debe ser complementado con un combate frontal a la corrupción, porque ésta sin duda impacta el goce de los derechos humanos.”

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