NOTICIAS VER TODOS
NOTICIAS

VIOLENCIA PONE EN RIESGO ELECCIONES

Violencia pone en riesgo elecciones
FOTO: ESPECIAL Photo VER FOTOGALERÍA
2017 fue al año más violento en la historia reciente no sólo por la tasa de homicidios, también por el histórico robo a negocio, informa el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad
08.02.2018 11.35 AM

En 2017 cada 18 minutos y 1 segundo una persona perdió la vida debido a un homicidio doloso en 2017, año en que se reportaron 25 mil 339 carpetas de investigación y 29,168 víctimas de homicidio doloso en el país, estas cifras son las más altas desde 1997 y 2014, de acuerdo con el Reporte Sobre Delitos de Alto Impacto Diciembre 2017, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.

Advierte que México "sí vive un riesgo frente al proceso electoral de 2018, y la reproducción de las mismas acciones que se han llevado a cabo desde hace más de una década, difícilmente darán los resultados que hasta el momento no se han obtenido", y señala que es preocupante la dispersión territorial de los delitos, pues más de la mitad del país tiene problemas de descomposición.

Informa que en 2017 se abrió una carpeta de investigación por robo con violencia, en promedio, cada 2 minutos y 16 segundos en el país; equivalente a una tasa de 188.04 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, y que en promedio, cada 4 horas y 57 minutos se registró una víctima por secuestro en México durante 2017, lo que corresponde a 1,768 víctimas y a una tasa de 1.43 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Así, concluye que 2017 fue al año más violento en la historia reciente no sólo por la tasa de homicidios, también por el histórico robo a negocio. Al comparar las carpetas de investigación de 2016 con los de 2017, se aprecia el aumento de 8 de los 10 delitos de alto impacto en el ámbito nacional.

Las entidades con las mayores tasas de víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017 fueron Colima (109.12), Baja California Sur (91.13) y Guerrero (70.11).

"El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicó el 20 de enero de 2018, las cifras oficiales de incidencia delictiva de diciembre de 2017. Lamentablemente, como suponíamos dichas estadísticas no reflejan una situación halagueña ni mucho menos positiva, puesto que a partir del análisis de los datos se aprecia que 2017 fue el año con la mayor tasa de homicidios dolosos y robos a negocio de la historia reciente", indica.

"Esto no es poco significativo si consideramos que nos encontramos en un contexto, en el cual la mayoría de los delitos de alto impacto están aumentando en la mayor parte de las entidades federativas. Ello implica que bajo ninguna circunstancia estamos enfrentando una problemática local sino que estamos hablando de un grave crisis de seguridad que afecta a casi todo el país", señala.

"En la descomposición de las relaciones de convivencia, sorprende ver la diferencia de cómo se conducen esos funcionarios que salieron hace cinco años a autoaplaudirse los descensos (que iniciaron en la pasada administración), cómo presumieron eficacia gracias a la coordinación y al uso de inteligencia y que hoy no rinden cuentas, apenas reconocen tímidamente los aumentos y eventualmente descargan responsabilidades. El cambio es radical en términos de sus declaraciones, cuando, por ejemplo en 2014, afirmaban que la disminución de la incidencia delictiva era resultado de la política de seguridad del Gobierno de la República, lo cual nos invita cuestionarnos: ¿De quién es la responsabilidad de los aumentos de las actividades delincuenciales del recién concluido 2017?", cuestiona.

Finalmente, el Observatorio considera que una de las acciones que debe ser la base de la estrategia para enfrentar la crisis de seguridad, es la generación de información de calidad en la materia, donde el Instrumento para el Registro Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas CNSP/38/15 es un primer paso que permitirá a mediano plazo tomar mejores decisiones de política de pública.

Además recuerda que mientras no exista un Servicio Profesional de Carrera para servidores públicos en materia de seguridad y justicia será casi imposible enfrentar los retos para combatir la impunidad y la corrupción, insta a echar a andar un servicio (real) de carrera sustentado en perfiles, indicadores de desempeño y resultado que se construya sobre cargas de trabajo realistas y justas, sueldos y prestaciones adecuadas y homologadas, mientras que la federación debe supervisar la efectividad y eficiencia del gasto en seguridad y justicia, al tiempo que las entidades deben iniciar a rendir cuentas en cómo, en qué y para qué gastan, cuál es la pertinencia de sus decisiones y cuáles los resultados.

Adicionalmente, pide poner plenamente en marcha, con independencia y dotando de recursos, al Sistema Nacional Anticorrupción; iniciar un combate efectivo al tráfico y comercio ilegal de armas; fortalecer las competencias de los integrantes de policías, procuradurías, fiscalías y tribunales de todo el país en materia de procesos y operación del Sistema de Justicia Adversarial, además de combatir la estructura financiera de los delincuentes, mejorar el combate al lavado de dinero, reformar la Ley Federal de Extinción de Dominio y supervisar su homologación e implementación local, así como implementar un sistema eficaz de administradores judiciales.

También sugiere inhibir y disuadir la comisión de delitos comunes haciendo cada vez más difícil la comercialización de bienes robados u obtenidos ilícitamente; retomar la rectoría del sistema penitenciario y poner en marcha programas para la reinserción social y la cultura de la legalidad para internos y sus familiares, así como reformar y/o reducir ciertas regulaciones en materia de conducta vial, así como facilitar el proceso de pago de multas de tránsito con el fin inhibir la corruptela policial.

Reitera la necesidad de poner en marcha una atención de calidad a las víctimas del delito; Reconstruir la relación entre ciudadanos y las autoridades respectivas de las instituciones de seguridad y justicia.  Impulsar una educación de calidad, la reconstrucción del tejido social, la
formalización de la economía, un desarrollo urbano que permita la socialización y la cultura de la legalidad en la ciudadanía en general.

Solicita, para los mismos fines, generar inteligencia con base en evidencia objetiva e impulsar la prevención y reacción de manera coordinada entre autoridades con base en esa misma inteligencia. Permitir que existan contrapesos sociales de acompañamiento, supervisión, observación y denuncia ciudadana que impulsen una auténtica rendición de cuentas, y no politizar bajo ninguna excusa la seguridad y la justicia.

DA CLICK PARA CONOCER EL REPORTE COMPLETO

“ ¿De quién es la responsabilidad de los aumentos de las actividades delincuenciales del recién concluido 2017?”

  • Compartir
  • IMPRIMIR

  • RECOMENDAR
Instalan Junta de Coordinación Política del Senado
NOTICIAS

INSTALAN JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO

Photo VER FOTOGALERÍA
NOTICIAS VER TODOS