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LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, "POSIBILIDAD DE QUE SE VULNEREN DERECHOS Y LIBERTADES BÁSICAS"

Ley de Seguridad Interior,
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Además, no beneficia directamente a la población ni a los elementos de las Fuerzas Armadas: Ombudsman
24.01.2018 12.00 AM

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que la Ley de Seguridad Interior es contraria a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y no beneficia directamente a la población ni a los elementos de las Fuerzas Armadas.

“El articulado de la Ley de Seguridad Interior (promulgada por el Ejecutivo federal en diciembre pasado e impugnada por diversas instancias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación) es contrario al contenido y esencia de la reforma de 2011”.

González Pérez abordó el tema ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al presentar su informe anual de labores, correspondiente a 2017.

Sostuvo que esa Ley “genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre la Federación y los estados, las instituciones, órganos del Estado y Poderes”.

Recordó que uno de los argumentos para promover y fundamentar la Ley de Seguridad Interior fue la necesidad y conveniencia de dar certeza a la población y a los miembros de las Fuerzas Armadas, sobre la actuación del ejército en tareas de apoyo a la seguridad pública.

Sin embargo, “la simple lectura de la ley, en sus términos actuales, permite advertir que no reporta ningún beneficio directo a las personas ni a los elementos militares que intervienen y arriesgan su vida en esas tareas”, comentó el funcionario.

Consideró que dicha legislación posibilita, sin parámetros objetivos ni las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, “que el Ejecutivo federal pueda ordenar discrecionalmente la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas, por cuestiones imprecisas y de subjetiva interpretación, como preservar el desarrollo nacional o el Estado de derecho”.

González Pérez subrayó que la acción de inconstitucionalidad que la CNDH presentó, ante la SCJN, en contra de la Ley de Seguridad Interior, de ninguna manera busca atacar a las instituciones o debilitar el Estado de derecho, ya que es un recurso que brindan las instituciones y las leyes.

“Propusimos que se construyera ese marco de análisis y discusión, en un ejercicio con la sociedad civil, academias y las propias Fuerzas Armadas. Esa ausencia favoreció que hayamos impugnado su constitucionalidad (de la Ley de Seguridad Interior)”, manifestó.

Diputados y senadores de siete grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, le cuestionaron sobre los motivos del organismo para promover una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“¿Cuáles son los puntos centrales del contenido del recurso jurídico presentado por la CNDH contra la Ley de Seguridad Interior recientemente aprobada y qué, particularmente, transgrede los derechos humanos?”, preguntaron durante la presentación del informe anual de labores 2017 de la CNDH ante la Comisión Permanente.

Asimismo, los legisladores condenaron el asesinato, en noviembre pasado, del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDH), Silvestre de la Toba Camacho, y solicitaron a González Pérez informar las acciones emprendidas en este caso, así como los avances en materia protección a los migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos, y el presupuesto ejercido.

El diputado Alfredo Miguel Herrera Deras (PAN) y la senadora Angélica de la Peña Gómez (PRD) pidieron al ombudsman nacional ampliar su planteamiento respecto a la necesaria construcción de las corporaciones policiacas que se requieren, para identificar cuál es la particularidad que está trasgrediendo la Ley de Seguridad Interior, en materia de derechos humanos.

Además, cuestionaron a González Pérez sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres migrantes y de los periodistas en el país.

El diputado Ricardo Ramírez Nieto (PRI) preguntó al titular de la CNDH las acciones que tomará el organismo para destinar mayores recursos a la investigación de violaciones a los derechos humanos y disminuir su gasto corriente, toda vez que en 2017 el 73 por ciento de su presupuesto fue destinado al pago de sueldos y prestaciones de seguridad social.

Ramírez Nieto condenó el asesinato del ombudsman de Baja California Sur y pidió informar las medidas que ha tomado la CNDH para prevenir este tipo de ilícitos en otras entidades federativas.

En respuesta, el titular de la CNDH sostuvo que en la acción de inconstitucionalidad que presentó el organismo la semana pasada, impugna que existan imprecisiones en diversos términos de la Ley de Seguridad Interior que generan incertidumbre jurídica para su aplicación.

“La ley permite que, sin parámetros, el Ejecutivo federal pueda ordenar discrecionalmente la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas, por cuestiones imprecisas”, indicó.

“Hay términos que no tienen los parámetros para la actuación de los militares”, insistió González Pérez.

Agregó que el recurso jurídico también cuestiona la subordinación de las autoridades civiles al mando de las Fuerzas Armadas, entre otros aspectos.

El ombudsman nacional condenó el homicidio de De la Toba Camacho y dijo que garantizar la seguridad para los defensores de derechos humanos y periodistas es de gran importancia, por lo que, comentó, se han realizado campañas en favor de éstos y para construir políticas en la materia, a fin de que estos hechos no queden en la impunidad.

Respecto a la violencia de género, González Pérez planteó la necesidad de reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que se determine cuándo se decreta la alerta de género en alguna entidad federativa.

Los diputados María Candelaria Ochoa Dávalos (MC) y Virgilio Caballero Pedraza (Morena) pidieron al titular de la CNDH su opinión respecto a la Ley de Seguridad Interior y el recurso jurídico que interpuso el organismo que preside.

“¿Qué opinión le merece que las Fuerzas Armadas realicen funciones que corresponden a las autoridades civiles, como lo es investigar delitos y proporcionar seguridad pública, y ahora se pretende dotarlas de un marco para legalizar su participación en dichas funciones? ¿Qué consecuencias se van a tener?”, cuestionaron.

Los senadores David Monreal Ávila (PT) y Jorge Aréchiga Ávila (PVEM) manifestaron su preocupación sobre el tiempo en que la CNDH emite una recomendación, asimismo respecto a las acciones en materia de migración y protección a defensores de derechos humanos.

González Pérez señaló que, desde la mirada de la Comisión, la Ley principalmente “adolece de los parámetros adecuados, precisamente para que las autoridades intervinientes puedan no incurrir en violaciones a derechos humanos por la gran discrecionalidad que se deja en temas de amenazas o riesgos”.

Indicó que en su acción de inconstitucionalidad se insiste en que las Fuerzas Armadas “no pueden en sí mismas intervenir en asuntos de la competencia de autoridades civiles. Es imprescindible que se requiera su participación y, además, que en las operaciones en la que intervengan, estén subordinadas las autoridades civiles”.

El ombudsman nacional dijo que le “satisface” el número y el tiempo en que se emiten las recomendaciones, debido a la complejidad de éstas, sin embargo, “no justifica que no seamos más oportunos con las víctimas”.

Además, expuso, en materia de migración se han emitido varias recomendaciones en el tema de refugiados y las estaciones migratorias, pero “no basta solamente fijarnos en el norte del país, falta también construir y fortalecer la política de quienes ingresan por el sur del país”.

Autoridades fallaron en obligación de proporcionar una seguridad mínima; plantea que Legislativo dé respuesta a causas de inseguridad

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno han fallado en su obligación de proporcionar niveles mínimos de seguridad a la población.

“Los índices históricos de violencia e ilícitos registrados, así como la percepción mayoritaria de inseguridad entre la población, son evidencia clara y objetiva de que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno han fallado en su obligación y responsabilidad básica de proporcionar niveles mínimos de seguridad a la población”, dijo.

“México requiere una revisión integral y un replanteamiento urgente de sus políticas públicas en materia de seguridad y justicia”, agregó.

El ombudsman externó lo anterior durante la presentación de su informe anual de labores, correspondiente a 2017, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

También planteó que el Legislativo dé respuesta a las causas estructurales de la violencia e inseguridad considerando “la atención de las causas estructurales que generan tales problemas y no solo limitarse a atender sus consecuencias”.

“Intentar encontrar soluciones atendiendo sólo a una dimensión o faceta de la problemática no resolverá las cuestiones de fondo y, en todo caso, producirá resultados parciales”, manifestó.

Subrayó que es preciso “generar un andamiaje normativo para la construcción de una cultura de paz y reconciliación en México, que recomponga nuestro tejido social y brinde opciones reales de vida y desarrollo a las personas, evitando centrarse en los mecanismos de reacción y el uso de la fuerza”.

González Pérez también exhortó a los legisladores a retomar las asignaturas pendientes, como expedir las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 Constitucionales, que concedería al Ejecutivo la facultad de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras que realicen actividades políticas y en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, respectivamente.

Planteó que se legisle para eliminar figuras y prácticas que violan derechos humanos, como el arraigo o las disposiciones que restringen el acceso a la pensión por viudez a los varones, así como a las viudas y viudos en matrimonios del mismo sexo.

Destacó la urgencia de concretar la operación de los sistemas anticorrupción y de las fiscalías autónomas, concluyendo los procedimientos pendientes de designación y dotarlas de un marco normativo y operativo que permita el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, pidió que se considere la conveniencia de revisar las instancias y mecanismos para la determinación de los salarios mínimos.

"Emite CNDH en 2017 el mayor número de recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos desde su creación; disminuyen quejas contra Fuerzas Armadas"

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2017 el mayor número de recomendaciones por violaciones graves a estos derechos desde su creación, pero las quejas contra las Fuerzas Armadas disminuyeron, afirmó su presidente, Luis Raúl González Pérez.

“2017 podrá ser considerado un año atípico para los derechos humanos en nuestro país”, por la disminución de quejas contra las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) y por el número de recomendaciones emitidas por violaciones graves, indicó.

El ombudsman hizo este comentario al presentar su informe anual de labores, correspondiente a 2017, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Comentó que las quejas recibidas y las recomendaciones emitidas contra Sedena y Semar bajaron respecto a 2016.

Sin embargo, añadió, “ambas instancias continuaron siendo señaladas como responsables de presuntas violaciones a derechos humanos que involucrarían conductas de evidente gravedad, como tortura, desaparición forzada o ejecución arbitraria, entre otras”.

González Pérez apuntó que la CNDH emitió un total de 97 recomendaciones, de las cuales cinco fueron por violaciones graves en casos ocurridos antes de 2017, pero cuyas investigaciones culminaron en ese año; 81 fueron ordinarias; ocho del mecanismo de prevención de tortura, y tres generales.

“Durante 2017, este organismo nacional emitió cinco recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos, lo cual representa más de la mitad del total de las nueve recomendaciones formuladas bajo tal calificación durante la existencia de la CNDH”, señaló

Las recomendaciones por violaciones graves se dirigieron a 15 autoridades, entre las que destacan la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de Veracruz, porque cada instancia recibió dos recomendaciones de este tipo.

Los casos por lo que se emitieron estas cinco recomendaciones fueron: el tráfico de niños en el DIF de Sonora, entre 2009 y 2015; la investigación sobre los 49 cuerpos hallados en fosas clandestinas en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012, y el uso excesivo de la fuerza en un operativo policial en Nochixtlán, Oaxaca, en junio de 2016.

Asimismo, por los casos de las desapariciones forzadas de tres jóvenes en Papantla, Veracruz, en marzo de 2016; y la tortura, ejecución y desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, en enero de 2016.

Las 81 recomendaciones ordinarias representaron un aumento de 16 por ciento respecto a 2016 y se dirigieron a 62 autoridades, entre las que resaltan: el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), con 19 casos; la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), con 13; la PGR, con 13; el Instituto Nacional de Migración (INM), con 7; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con cuatro, y la Semar, con igual número.

En materia de quejas, las autoridades que fueron señaladas con mayor recurrencia de presuntas violaciones a derechos humanos fueron: el IMSS, con dos mil 634 casos; el ISSSTE, con mil 78; la Secretaría de Educación Pública (SEP), con 656, y el INM, con 521 quejas.

Le siguieron la Policía Federal, con 425 quejas; la PGR, 422; la Sedena, 415; la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 386; el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, 377, y la Semar, con 259 casos.

Las entidades federativas en las que se reportó con mayor frecuencia la comisión de algún hecho presuntamente violatorio a derechos humanos fueron: Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Chiapas, Jalisco, Aguascalientes, Tamaulipas, Michoacán y Oaxaca.

También se refirió a la violencia e inseguridad que prevalecen en el país.

“Los índices históricos” en estas materias, así como la percepción mayoritaria de inseguridad entre la población, “son evidencia clara y objetiva de que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno han fallado en su obligación y responsabilidad de proporcionar niveles mínimos de seguridad a la población”.

“En un hecho inédito, la violencia contra defensores de derechos humanos cobró, en la persona del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, su primera víctima mortal dentro del sistema de protección no jurisdiccional previsto por nuestra Constitución, caso que continúa en la impunidad”, agregó.

González Pérez también indicó que, durante 2017, la CNDH promovió 34 acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellas la que interpuso contra la Ley de Seguridad Interior.

“Emite CNDH en 2017 el mayor número de recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos desde su creación; disminuyen quejas contra Fuerzas Armadas.”

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