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PAN, PRD, MORENA Y MC PRESENTARÁN EL JUEVES ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

PAN, PRD, Morena y MC presentarán el jueves acción de inconstitucionalidad contra Ley de Seguridad Interior
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También INAI Interpondrá acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra artículos noveno y trigésimo primero
17.01.2018 12.00 AM

El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD), vicepresidente de la Comisión Permanente, aseguró que la coalición “Por México al Frente” (PAN-PRD-MC) junto con Morena, ya están en condiciones de presentar el próximo jueves la acción de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Los coordinadores de los grupos parlamentarios del Frente y de Morena, están conviniendo el horario, pero ya estamos en condiciones de presentar la acción de inconstitucionalidad el jueves, de hecho, la demanda ya está terminada. De manera que estaríamos dentro del plazo todavía”, señaló en declaraciones a la prensa.

Hernández Soriano sostuvo que en la recopilación de firmas de los legisladores que avalen la solicitud de acción de inconstitucionalidad de esta legislación, que regula la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, se tiene un avance importante que permitirá cumplir con 33 por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados que se requiere.

“Ya se están recabando las firmas, hay un avance importante, faltan algunas pocas, pero ya estamos en posición de cumplir el 33 por ciento de integrantes de la Cámara como mínimo”, precisó.

El diputado perredista explicó que se presentará un solo documento con dos apartados: las causales de nulidad porque no hay fundamentación convencional y constitucional para que la Cámara Baja hubiera aprobado esta legislación y la parte de la controversia artículo por artículo.

“Por lo menos son siete artículos que violan de la Constitución, pero los que se están controvirtiendo prácticamente son los 34 de la Ley de Seguridad Interior, más los cuatro transitorios. Estamos controvirtiendo la ley en su totalidad”, detalló.

Hernández Soriano agregó que el escrito contiene los aportes de los diferentes grupos parlamentarios, para robustecer la interpretación y darle mayores argumentos a la SCJN.

El vicecoordinador del PAN, Federico Döring Casar, afirmó que se han recabado suficientes firmas de diputados para promover, este martes o miércoles, una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En declaraciones a la prensa, comentó que el grupo parlamentario del PAN concluirá este martes con la recolección de firmas y se coordinará con las bancadas del PRD, MC y Morena, para que la acción se presente conjuntamente, lo cual podría ocurrir en cualquier momento, porque ya hay “suficientes firmas para que sea admitida por la SCJN”.

“Se están impugnando dos temas: uno, la facultad (del Congreso) para legislar en esa materia, que es un poco lo que ya ha controvertido el ayuntamiento del estado de Puebla; y una serie de artículos que violentan los derechos humanos…(en el PAN) estamos viendo entre seis y siete (preceptos de la ley que se pueden impugnar)”, indicó.

El líder parlamentario se pronunció por que la SCJN haga un análisis a fondo de la acción de inconstitucionalidad sin apresuramientos, “nos parece que es importante que lo pueda explorar y analizar con toda exhaustividad. No quisiera ponerle un plazo a la Corte, me parece inadecuado”.

“Lo que queremos es evitar que se haga un mal uso de algo que era necesario, era necesario reglamentar la participación de las Fuerzas Armadas, pero no llevándolas de un extremo al otro”, externó.

“No podemos pasar de no tener un marco jurídico a tener un marco jurídico tan laxo y tan favorable para la participación (de las Fuerzas Armadas) sin contrapesos o sin garantías individuales, de alguna forma salvaguardadas por esta legislación”, agregó.

También INAI Interpondrá acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra artículos noveno y trigésimo primero

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) interpondrá acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior (LSI), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.

Por unanimidad, el Pleno aprobó el acuerdo, mediante el cual determinó impugnar dichos artículos por considerar que vulneran el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, previstos en la Constitución. Sobre el artículo 9 de la LSI, que prevé “la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”, el INAI advirtió que “el legislador ordinario se excede de sus facultades al establecer que toda la información generada en virtud de la seguridad interior será considerada como de seguridad nacional y genera con ello una excepción indebida al acceso de la información”.

Además, enuncia que “impone restricciones y límites injustificados al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, sin criterio de razonabilidad alguno. De acuerdo con diversas interpretaciones de la SCJN y la Corte Interamericana de los Derechos Humano dichos límites deben ser idóneos, necesarios y proporcionales”.

Refiere que “establece una reserva automática y atemporal de la información, cuando el Poder Reformador de la Constitución fue expreso al sostener que toda información de ese tipo debe ser considerada como pública y sólo será sujeta a reservas siempre temporales”.

Por lo expuesto, “se concluye que el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior contraviene los principios constitucionales de máxima publicidad, de reserva temporal y de excepcionalidad respecto del principio de máxima publicidad”, enuncia.

Sobre el artículo 31 de la LSI, que establece “en materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley”, el INAI señaló que “establece restricciones al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales de los titulares, sin cumplir con los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad”.

También concluyó que “prevé un régimen de excepción al consentimiento para la transferencia de los datos personales sin los debidos controles de legalidad y certeza jurídica para los titulares, y que no se advierte disposición que garantice el cumplimiento de los principios y deberes para garantizar el derecho de protección de datos personales con las instancias encargadas de la seguridad interior, como sujetos obligados a la Ley General de Protección de Datos Personales.

Refiere que “existe ambigüedad en la regulación de las condiciones, requisitos y reglas para transferir información a petición de las autoridades en materia de seguridad interior, que vulneraría el ejercicio autónomo de las facultades encomendadas al INAI”.

El acuerdo fue presentado en la sesión pública del Pleno, en la que las y los comisionados del INAI expusieron sus argumentos a favor de promover la acción de inconstitucionalidad.

El comisionado presidente, Francisco Javier Acuña Llamas, destacó que los siete comisionados han coincidido en una posición que proyecta ante la sociedad, la preocupación de los alcances de la LSI, que nació, dijo, en un momento difícil del país, pero que no debe vulnerar derechos fundamentales.

“Los siete comisionados nos hemos ceñido, exclusivamente, a señalar los artículos que, de esta Ley de 34 preceptos nos preocupan, y consideramos merecen una revisión constitucional del más alto tribunal del país para, en su caso, ser purgados de los vicios que visualizamos”, manifestó.

Acuña Llamas dijo que toca a otras instituciones, como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hacer valer acciones integrales, “del conjunto de derechos fundamentales que pudieran verse lesionados o en conflicto, por la Ley de Seguridad Interior que ha sido promulgada”.

A su vez, la comisionada Areli Cano afirmó que no existe justificación alguna para que la LSI establezca que la información generada de su aplicación sea considerada de seguridad nacional y que, por el contrario, tal escenario coloca a la prerrogativa de acceso en una circunstancia de debilitamiento, pues crea un halo de inaccesibilidad a toda la información que se genere a partir de la implementación de tal norma.

“Es necesario tener presente que, al tutelar el ejercicio del derecho a saber, este órgano garante ha podido advertir ocasiones en las cuales se presentan resistencias por parte de diversos actores públicos, lo que produce situaciones de dilación y transgresión a la garantía, circunstancia que se vería agudizada a partir del contenido normativo referido”, planteó.

En ese sentido, afirmó que “es de esperarse que el análisis de nuestro tribunal constitucional incluya la complejidad en que se materializa el ejercicio de los derechos, con una lectura amplia del contexto institucional y social que permita su realización, esto es, tomando en cuenta las evidencias que la realidad da sobre ello”.

En ese orden de ideas, la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos destacó que el artículo 9° de la LSI falla en el precepto de favorecer y eliminar las restricciones para ejercer el derecho de acceso a la información.

“Aun dentro de las categorías que la ley admite para la reserva de la información, como lo es la seguridad nacional, no opera una clasificación automática, sino que debe analizarse cuidadosamente si tal información efectivamente encuadra en esa categoría y si se cumplen los requisitos”, apuntó.

En su oportunidad, el comisionado Oscar Guerra Ford, manifestó su voto a favor de interponer la acción de inconstitucionalidad en contra de la LSI, toda vez que clasifica, de forma genérica y por seguridad nacional, la información que se generaría con motivo de la aplicación de dicho ordenamiento, contraviniendo el principio constitucional de máxima publicidad.

“El homologar la seguridad interior con la seguridad nacional en el artículo 9 de la Ley en la materia, vulnera el derecho de acceso a la información y también ahora de protección de datos personales, tutelados por este órgano garante, además de afectar la autonomía de este Instituto. Por ello, se coincide que son contrarios a la Constitución los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior”, apuntó.

La comisionada Ximena Puente de la Mora señaló que la aplicación del artículo 31 de la LSI podría interferir de manera preponderante o decisiva en la función del INAI, como organismo constitucionalmente autónomo, lo que atentaría contra su naturaleza jurídica.

“Consideremos que su aplicación resultaría contraria a las disposiciones establecidas en el artículo 16 constitucional, en virtud de que incide en la esfera competencial de este órgano autónomo, el cual forma parte del Estado Mexicano, y cuya función es formar parte del régimen de cooperación y coordinación del modo de control reciproco, para evitar un abuso del poder público”, subrayó.

Los comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez se sumaron a los pronunciamientos planteados.

Foro interpela Ley de Seguridad interior

Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática comentó que dicha instancia interpela a la Ley de Seguridad interior "como parte de una interpelación amplia al autoritario y dominante paradigma de seguridad en México, basado en dos grandes tendencias: buscar que haya más recursos y gasto en seguridad (armas, tecnología, equipo e infraestructura), aunque no haya mejores resultados; y segundo, poner el acento en el uso de la fuerza, primero por parte de los civiles, y ahora con los militares".

“La vocación fundamental del Foro es poner en la mesa un panorama alternativo de seguridad, viable, creíble, democrático y con respeto a los derechos humanos, que ayude a construir seguridad y a reducir la violencia a través de estas múltiples agendas”, precisa.

En ese sentido, el Foro Mexicano para la Seguridad Democrática trabajará en colaboración con otras áreas de la Dirección de Programas de Incidencia de la DGMU, como el Programa de Derechos Humanos (PDH) y el Programa de Asuntos Migratorios (Prami), toda vez que la seguridad incluye temáticas varias que están abordando estos programas.

En ese tenor, López Portillo dijo que dicha norma aprobada debiera ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al menos respecto a los siguientes temas:

1. La autorización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y de investigación; en contravención directa del artículo 21 constitucional.

2. El empleo de conceptos ambiguos que permiten usar la fuerza del Estado en forma arbitraria.

3. La posibilidad que la Ley de Seguridad Interior da a las fuerzas armadas para actuar sin la subordinación a las autoridades civiles, e incluso al mando de las mismas, en contravención de la propia Constitución; cuando en ningún concepto constitucional e instrumento jurídico internacional firmado por México se autoriza que las fuerzas armadas tengan el mando en tareas de seguridad pública.

4. La anulación de los mecanismos de control y de rendición de cuentas en las operaciones asociadas a la seguridad interior.

5. La norma, como se aprobó, viola los principios fundamentales de derecho de transparencia y acceso a la información, ya que la Ley de Seguridad Interior invierte el principio de máxima publicidad constitucional por uno de máxima opacidad, al declarar que todas las operaciones asociadas a la seguridad interior estarán clasificadas como información de seguridad nacional, y en ese sentido es reservada.

Los mencionados son sólo algunos ejemplos “de los ángulos de inconstitucionalidad que este Foro Mexicano para la Seguridad Democrática espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca; y por lo tanto invalide la Ley de Seguridad Interior”, destacó López Portillo.

Pero en caso de que la SCJN no califique de inconstitucional a esta ley, el Foro que encabeza el consultor internacional en seguridad ciudadana promoverá todas las medidas jurídicas posibles para luchar contra esa norma, además de promover reformas jurídicas que por la vía civil mejoren las herramientas del Estado, por ejemplo, las instituciones policiales y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Para que podamos frenar el proceso de militarización tenemos que propiciar, promover y lograr un fortalecimiento de las autoridades civiles; cuáles, tres de entrada: las responsables de la prevención de la violencia y el delito, las policías y las procuradurías. Necesitamos políticas de prevención que funcionen, necesitamos policías profesionales y fiscalías que sirvan”.

Pero como nada de lo anteriormente mencionado está, en materia de seguridad en México se permitió la transferencia de autoridad hacia los militares, agregó el secretario técnico.

Sobre las repercusiones de la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, López Portillo comentó que incrementa el riesgo de violaciones a los derechos humanos porque “abre hipótesis jurídicas ambiguas que pueden ser utilizadas para cualquier propósito de uso de la fuerza a través de un despliegue militar intensivo y sin controles claros; y eso no puede ser en un Estado de derecho en ningún lugar del mundo”.

“En el centro de nuestra preocupación está el uso de la fuerza; por qué, porque México ya tiene, antes incluso de esta ley, un problema grave de opacidad y de falta de rendición de cuentas en el uso de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas armadas. Con esta ley se generan hipótesis jurídicas de despliegue sin controles, sin visibilidad, sin posibilidad de supervisión por parte de la autoridad civil, a manos de la autoridad militar; con lo cual se incrementan de manera exponencial los riesgos en contra de los derechos humanos”.

Y es que López Portillo recordó que incluso antes de la promulgación y vigencia de la Ley de Seguridad Interior las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) respecto a las fuerzas armadas no generaban ni siquiera en 5% de los casos condenas.

“Estamos contraviniendo el orden jurídico, constitucional; pero además estamos contraviniendo las estrategias de seguridad que una democracia debe fortalecer, que es a través de autoridades civiles. La Ley de Seguridad Interior es la fase más avanzada, la fase superior, de un paradigma que está en crisis”.

“Se presentará un documento con dos apartados, las causales de nulidad porque no hay fundamentación para que la Cámara Baja hubiera aprobado esta legislación, y la parte artículo por artículo.”

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