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AL SENADO, REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Al Senado, reforma de la administración pública
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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con 333 votos a favor, 50 en contra y 84 abstenciones
22.11.2012 9.48 PM

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 333 votos a favor, 50 en contra y 84 abstenciones, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La reforma confiere a la Secretaría de Gobernación la función de coordinación del gabinete, además de que le faculta asumir las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública al aprobarse su desaparición.

Amplía y reorganiza las funciones de la Secretaría de Desarrollo Social para que se concentre en las tareas de combate a la pobreza y promoción de los derechos de diversos grupos de la sociedad. El propósito, se señala en el dictamen, es consolidar una sociedad plenamente incluyente y sin discriminación.

Adicionalmente, plantea la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la que se le asignan diversas atribuciones que hoy ejerce la actual Secretaría de la Reforma Agraria y la Secretaría de Desarrollo Social en materia de desarrollo urbano, regional y de vivienda.

Desaparece la Secretaría de la Función Pública, lo que conlleva la distribución de sus facultades en distintas dependencias y órganos, principalmente, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con ello se crea un nuevo régimen de control gubernamental, a través de la consolidación de unidades de auditoría preventiva en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las que se sumará un órgano dotado de autonomía técnica propuesto en iniciativa por separado, sometida a la consideración de la Cámara de Senadores.

También se consolida la Oficina de la Presidencia de la República, como una dependencia de apoyo y seguimiento permanente a las tareas políticas públicas del titular del Ejecutivo Federal.

El dictamen aclara que el titular del Ejecutivo Federal es y seguirá siendo el responsable directo de la Administración Pública Federal, por lo que sólo el secretario de Gobernación podrá ejercer las facultades que se propone otorgarle en la fracción I del artículo 27, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Agrega que los cambios propuestos en la iniciativa bajo dictamen en materia de gobernabilidad democrática y recuperación de la seguridad pública, buscan devolver a la Secretaría de Gobernación la indispensable centralidad que, como responsable directa de la política interior, debe tener.

El diputado Alejandro Moreno Cárdenas, presidente de la Comisión de Gobernación, al fundamentar el dictamen destacó que la reforma tiene el objetivo de transformar el diseño institucional y administrativo del gobierno federal; fortalecer las bases de gobernabilidad y seguridad, además de renovar las fuentes de cohesión y unidad nacionales.

En particular, dijo, se busca un gobierno y un Estado eficaz en áreas como la seguridad pública y fronteriza; el sistema penitenciario y de protección civil, así como la promoción y defensa de los derechos humanos.

“En materia social: reducir la pobreza, focalizar de manera eficiente los programas con el propósito fundamental de prevenir y eliminar la discriminación, así como fortalecer la inclusión y la cohesión social”, refirió.

Agregó que una de las preocupaciones de los grupos parlamentarios y organizaciones civiles giraba en torno a la propuesta de sectorizar al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, sin embargo, se logró el acuerdo para que ambas entidades conserven su estatus en los términos actuales.

Mencionó que la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dará certidumbre a las políticas de planeación y ordenamiento de los asentamientos humanos, la regularización de la propiedad agraria y la concertación con el sector social, así como la promoción del desarrollo urbano y metropolitano sustentable, además del fomento de la vivienda.

Abel Octavio Salgado Peña, del PRI, explicó que con estas reformas se garantiza la coordinación del Gabinete, así como el seguimiento puntual de sus políticas para que éstas se orienten siempre en consolidar una administración eficaz y enfocada en resultados.

Destacó que la intención de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y otorgar facultades a otras dependencias, no es con la intención de minimizar o descalificar los esfuerzos realizados en temas de gobernabilidad, seguridad o política social de la administración que está próxima a salir.

“Se trata de ejercer atribuciones necesarias para el mejor cumplimiento y desempeño de la administración pública y sostener un techo mínimo de gobernabilidad que se vea transformado en paz social y tranquilidad, a fin de generar condiciones de desarrollo y seguridad.

Nuestro objetivo es continuar con este esfuerzo desde la óptica de la propuesta y el debate político.

Esther Quintana Salinas, del PAN, coincidió en la necesidad de contar con un órgano constitucional autónomo, responsable del combate a la corrupción y celebró que el gobierno que inicia el 1 de diciembre esté dispuesto a atender esa problemática.

En materia de seguridad, dijo que su fracción está a favor de que se trasladen las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, pues no constituye un peligro ni un aumento en sus atribuciones. También se congratuló con el acuerdo para impedir la incorporación del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a la Secretaría de Desarrollo Social.

Fernando Belaunzarán Méndez, del PRD, consideró que con las reformas se quieren presentar soluciones a problemas del presente con recetas de pasado. Añadió que al pretender concentrar el poder, no se buscan equilibrios ni contrapesos. “Va a haber un triunvirato formado por las secretarías de Gobernación y de Hacienda y la Oficina de la Presidencia, tres dependencias con enorme poder y no encontramos contrapesos”.

Indicó que el hecho de que la Secretaría de Gobernación sea la que controle la seguridad, las policías y la inteligencia, “huele al pasado, al viejo autoritarismo”, no obstante, dijo reconocer que un gobierno puede organizarse como mejor le parezca. “Pero no puede en su organización, ni violar la ley, ni la Constitución y no puede invadir atribuciones de otras entidades, municipios o dependencias”.

Mónica García de la Fuente, del PVEM, comentó que una Secretaría de Gobernación integral, que retome la conducción de la política de Seguridad en nuestro país, hará posible una mejor y mayor coordinación para atender los problemas en materia de seguridad.

Resaltó las nuevas funciones que tendrán la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en congruencia con sus facultades de fijar las políticas de gasto y organización administrativa; la Secretaría de Desarrollo Social, en sus facultades y políticas para el combate a la pobreza; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que impulsará la planeación y el ordenamiento del territorio nacional; la regularización de la propiedad agraria, tierras ejidales, la pequeña propiedad y el desarrollo urbano con criterios uniformes.

Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, dijo no entender las razones por las que se discutió en tan poco tiempo la iniciativa enviada por el presidente electo. “No tiene carácter de preferente, aunque de facto es ultra preferente”. Como consecuencia, abundó, tenemos un dictamen apresurado y poco meditado.

Advirtió que la pretensión de poner a disposición de un órgano político, como la Secretaría de Gobernación, una tropa de policía provista de armas de fuego y formada en unidades militares en disposición de atacar, puede convertirse en un ejército de guerra civil, que de manera legítima combata sublevaciones o manifestaciones civiles, “pero de manera ilegítima también puede ser impuesta para generar problemas internos”.

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del PT, destacó que al atribuir a la Secretaría de Gobernación nuevas funciones para garantizar la seguridad interior, coordinar tareas policiales, el desarrollo de políticas de prevención del delito, el control del sistema penitenciario y de readaptación social, así como la información sobre seguridad pública y nacional, se establecen las bases para operar al “Estado gendarme”.

Resaltó que hay cuando menos nueve razones por las cuales no se debería de aprobar la reforma, entre otras, se omitió ampliar el turno a otras comisiones como la de Desarrollo Social, Reforma Agraria, Hacienda, Derechos Humanos, Desarrollo Metropolitano y algo muy importante, no se menciona el impacto presupuestal, lo que viola los reglamentos.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, dijo estar convencido que el presidente electo, al recibir el respaldo mayoritario del electorado mexicano, tiene todo el derecho de proponer el rediseño de los instrumentos legales e institucionales que considere necesarios para hacer realidad su programa de gobierno.

Entre las reformas que se proponen, dijo, resalta el fortalecimiento de la Secretaría de Gobernación. “En los últimos años hemos sido testigos de múltiples exhibiciones de desorden, falta de coordinación y hasta confrontaciones entre las distintas dependencias del gobierno federal, algunas muy graves, como la actual pugna entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que es necesario poner orden.

Previo a las posturas de los grupos parlamentarios, los diputados Loreta Ortiz Half, del PT y Ricardo Mejía Berdeja presentaron dos mociones suspensivas para que el dictamen no se discutiera y fuera regresado a comisiones para un mayor análisis, lo que fue rechazado por el Pleno en votación económica.

Se reservaron para su discusión en lo particular los artículos, 7, 10, 25, 26, 27, 31, 32, 37, 41 y 44, así como el 3º, 4º, 5º, 7º, 10º, 11° y 17º transitorios, además del 13º, para su eliminación.

De ellos, se aprobaron modificaciones a las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI, y XXII del artículo 27, así como al artículo 41 fracción XVII.

Se aprobó la propuesta del diputado Julios César Moreno Rivera (PRD) a fin de suprimir el término disturbios de la fracción XVIII del artículo 27 para salvaguardar las libertades de asociación y libre manifestación de las ideas.
Se avaló la reserva del diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (PAN) para modificar el artículo 27 fracción XIX, para eliminar la frase “en las situaciones de alteración grave del orden público”.

También se aprobó la modificación al artículo 27 fracción XX, propuesta por la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD) para que la Secretaría de Gobernación proponga al Consejo Nacional de Seguridad Pública el desarrollo de políticas orientadas a prevenir el delito y reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de la delincuencia recurrente o generalizada y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales y municipales.

Además, fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y programas de prevención en materia de delitos federales y por conducto del sistema nacional de seguridad pública en los delitos del fuero común; promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad interior y pública y atender de manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas con relación al ejercicio de estas atribuciones.

Del mismo modo, se aprobó la reserva del 27 fracción XXI, presentada por el diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD).

El texto original planteaba: Organizar, dirigir y administrar un servicio para la atención a las víctimas del delito y celebrar acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de esta atribución.

Con la modificación quedó: será facultad de la Secretaría de Gobernación participar en la atención integral a las víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de esta atribución.

La reserva del artículo 27 fracción XXIII, presentada por Lizbeth Rosas Montero para que la Secretaría de Gobernación ejecute las penas por delitos del orden federal y administrar el Sistema Penitenciario Federal y de Justicia para Adolescentes, en términos de la política especial correspondiente y con estricto apego a los derechos humanos; así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados también fue aprobada. Lo que permite garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos de los menores de 18 años.

También se aprobó modificar la fracción XVII del artículo 41, propuesta por el diputado Víctor Serralde Martínez (PAN), para establecer entre las facultades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano “facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos responsables de la planeación urbana y metropolitana en las entidades federativas y municipios cuando así lo hayan convenido”.

Dijo que esa dependencia debe tener un marco definido en su relación con los estados y los municipios, “y si bien es cierto que tendrá facultades de planeación y ordenamiento, éstas no deben transgredir las facultades que le ha conferido la Constitución a estados y municipios”.

La reforma establece, en total, 43 atribuciones a la Secretaría de Gobernación, entre otras: coordinar, por acuerdo del Presidente de la República, a los Secretarios de Estado y demás funcionarios de la Administración Pública Federal; presentar ante el Congreso de la Unión las iniciativas de ley o decreto del Ejecutivo; llevar el registro de firmas de los funcionarios federales y gobernadores y legalizarlas.

Coordinar trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia; formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad interior.

Proponer al Ejecutivo Federal la política criminal; coadyuvar a la prevención del delito; proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas.

Presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, organizar, dirigir y supervisar la Policía Federal y proponer al Presidente de la República el nombramiento del Comisionado General de la Policía Federal.

Se envió al Senado de la República para sus efectos correspondientes.

Con información de la Cámara de Diputados

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“Ahora, el Senado determinará si prueba o modifica el dictamen, y en el primer caso, volvería a Diputados, y en el otro, sería publicado en el Diario Oficial”
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