NOTICIAS VER TODOS
NOTICIAS

DISCUTIRÁ PLENO DEL SENADO LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

Discutirá Pleno del Senado Ley de Seguridad Interior
FOTO: ESPECIAL Photo VER FOTOGALERÍA
La presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República declaró un receso y citó a reanudar la sesión a las 19:30 horas
13.12.2017 9.30 PM

Las comisiones de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y de Estudios Legislativos Segunda avalaron el dictamen de la Ley de Seguridad Interior enviada por la cámara baja la semana pasada, y la turnaron para discutir las reservas en el Pleno esta noche.

La presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República declaró un receso para esperar diversos dictámenes de comisiones, y citó a reanudar la sesión a las 19:30 horas.

Horas antes, en la Cámara Baja, la presidencia de la Mesa Directiva se levantó la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, no habiéndose alcanzado el quórum en la votación nominal del dictamen por el que decreta la procedencia de la petición de consulta popular en el tema de modelo actual de seguridad pública.

Abandonado el salón de plenos por miembros del PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y PES como presión a las iniciativas que el PRI busca aprobar, quedó pendiente la entrega de la Medalla Eduardo Neri, la designación de Auditor Superior de la Federación, y la instalación de la Comisión Permanente, citándose a las 10:00 horas de este jueves para continuar con el procedimiento.

El fin de semana, los presidentes de las comisiones senatoriales que analizan el dictamen, decidieron posponer la reunión de comisiones unidas en torno a la minuta de la Ley de Seguridad Interior, "con la finalidad de continuar con el diálogo entre el Senado y la sociedad civil y atendiendo al exhorto que hizo titular del Ejecutivo Federal".

Adelantaron que una vez atendidos estos trabajos, "es propósito de las cuatro comisiones dictaminadoras continuar con el trabajo legislativo para que, en lo que resta del periodo de sesiones presentar ante el Pleno del Senado el dictamen, para su discusión y aprobación en su caso".

El periodo ordinario de sesiones del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura termina este jueves 14 de diciembre.

Piden OSC diálogo nacional sobre seguridad ciudadana

El lunes, al considerar que antes de aprobar la Ley de Seguridad Interior es indispensable una reflexión nacional sobre un modelo de seguridad ciudadana que permita la formación de policías y que realmente dé certeza a las fuerzas armadas, más de 250 organizaciones y 100 expertos que conforman el colectivo #SeguridadSinGuerra, llamaron a un Diálogo sobre seguridad ciudadana el 23 y 24 de enero de 2018.

Durante una reunión con Senadores, Pablo Girault, de México Unido Contra la Delincuencia, expresó que se usca construir una agenda legislativa que permita avanazar a un modelo de seguridad no militarizado, compatible con la Constitución y que lleve a la formación de instituciones civiles capaces de asumir sus responsabilidades en materia de seguridad y justicia.

A la postre, pretende elaborar una propuesta legislativa de regulación de las fuerzas armadas compatible con el régimen constitucional y democrático, que otorgue seguridad jurídica a los cuerpos castrenses y que incluya un plan gradual de retiro regulado de las calles del país, a través del trabajo de una mesa técnica con representación de los poderes del Estado, del Ejército, de la Sociedad Civil y de expertos, que redacte y proponga al Congreso un paquete de reformas estructurales en la materia.

La convocatoria llama al Consejero Jurídico del gobierno federal, al secretario de Gobernación y los subsecretarios de Derechos Humanos, de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos; al Presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores, a los presidentes de partidos políticos, a las comisiones de Gobernación, Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina y Justicia en ambas cámaras, así como a sus juntas de coordinación política; a las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y al representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En el encuentro con la cámara alta, asociaciones hicieron un llamado al Senado para rechazar el proyecto de decreto y abrir el debate para que intervengan actores políticos, academia y sociedad civil, otras solicitaron que no se haga ningún “cambio fundamental” a la minuta y defendieron la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles realizando funciones de seguridad pública, y algunas se manifestaron a favor de que la Ley de Seguridad Interior contemple una mayor coordinación con los municipios y se evite una subordinación de este nivel de gobierno a la federación.

De la misma forma, alcaldes y presidentes municipales pidieron que se retome el tema del mando mixto, la certificación de las policías y que la decisión de la intervención de las Fuerzas Armadas no se haga unilateralmente.

Así, Héctor Armando Cabada, alcalde de Ciudad Juárez, pidió que se retome el tema del mando mixto, la certificación de las policías, que la decisión de la intervención de las Fuerzas Armadas no se haga unilateralmente, que puedan intervenir los gobiernos locales y que sea siempre una coordinación y no una subordinación.

Adrián de la Garza Santos, alcalde de Monterrey, dijo que tiene que tomar en cuenta las consideraciones necesarias, a efecto de establecer con claridad que la presencia del Ejército sea temporal y gradual, así como precisar las formas en las que podrá entrar en funciones.

Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, se pronunció en contra de que se realice algún cambio fundamental a la minuta, a fin de que se respete el derecho a la protesta y para que el Estado pueda actuar en contra de las “manifestaciones violentas”.

El especialista Juan Ibarrola comentó que diversos sectores estudiantiles, de médicos, mineros, pesqueros, industriales y de la sociedad civil en diferentes regiones del país no quieren que las Fuerzas Armadas se retiren de las calles.

Ana Bertha Haro Sánchez, presidenta municipal de Tétela Del Volcán, consideró un riesgo el que no se fortalezca la seguridad en el nivel municipal y que este orden de gobierno quede “muy lejos” de las decisiones que pudieran tomar desde otros niveles de gobierno.

Orlando Camacho, director general de México SOS, señaló que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles ya es una realidad y tienen presencia en 27 estados de la república, por lo que es necesario normalizar y regularizar sus labores.

José Jorge Amador Amador, director de Seguridad Ciudadana en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, dijo que en un municipio que tiene más de un millón de habitantes, es posible que se organice la seguridad ciudadana sin desgastar ni a las fuerzas federales ni a las fuerzas militares, con un modelo que garantice que la ciudadanía pierda el miedo.

Samuel García, Gonzáles Ruiz, catedrático de la UNAM, señaló que los candidatos de los diferentes partidos políticos a la Presidencia de la República van a establecer en sus respectivas agendas de campaña este tema para discutir sus proyectos de seguridad, porque ya está todo en la ley desde hace más de veinte años, nadie puede inventar nada.

Francisco Cienfuegos Martínez, alcalde de Guadalupe, estado de Nuevo León, aceptó que los municipios no tienen la capacidad para hacer frente a la fuerza que tienen los delincuentes y por eso se necesita la participación de las fuerzas federales y militares para dar protección a nuestras ciudades.

José Francisco de Villa Soto, de la organización Causa en Común, señaló que la ley extendería y fortalecería el arraigo de las Fuerzas Armadas como fuerza política, enviando una señal clara a todos los niveles de gobierno, en el sentido de que se evadiría la responsabilidad que se tiene con las policías locales.

Ana Laura Magaloni del CIDE precisó que este no es el marco jurídico que le va a permitir al Ejército tener la certeza de que es subsidiaria, excepcional y temporal su participación en labores de seguridad.

Tania Reneaum Panszi de Amnistía Internacional hizo un llamado al Senado para rechazar este proyecto de seguridad interior y que abra un debate donde intervengan actores políticos, academia y sociedad civil.

Advirtió que durante más de tres décadas se ha dejado de lado una verdadera política que permita fortalecer los cuerpos policiacos y crear una verdadera seguridad pública.

El senador del PT, Ángel Benjamín Robles Montoya aseguró que sería un gravísimo error aprobar la minuta, por lo que es importante revisar todo lo que han dicho los gobernadores, presidentes municipales y representantes de la sociedad civil y seguir abriendo los espacios para que se lleven a cabo este tipo de diálogos.

La senadora del PRD, Angélica De la Peña Gómez dijo que es indispensable que se haya abierto la discusión a efecto de escuchar a todos los actores, “por lo cual aboco a la experiencia del Senado de hacer buenas leyes y tener buenas prácticas del trabajo parlamentario”

El senador del PRI, Enrique Burgos García expresó que el compromiso de los legisladores al dictaminar esta ley, se debe centrar en la constitucionalidad y respeto pleno a los derechos humanos.

Gobernadores se pronuncian también a favor y en contra

En el marco del análisis de la Ley, que llevan a cabo los presidentes de las comisiones dictaminadoras, ocho ejecutivos estatales expresaron sus opiniones respecto a la minuta referida.

El gobierno de la Ciudad de México dijo que hay dar un marco de legalidad a la actuación de los militares, ya que si se retiran de sus tareas “se colocaría en jaque y en un grave riesgo a la seguridad nacional”; sin embargo, “no quiero dejar de señalar que en esta minuta yo advierto excesos y advierto algunas disposiciones que rebasan lo que incluso han solicitado las Fuerzas Armadas”.

Opinó que hay varios artículos en donde se rebasa lo que se puede entender por coordinación y se pasa a un esquema de subordinación del Estado mismo, de los estados, de las fuerzas estatales o municipales, respecto de quien designe el Ejecutivo Federal como coordinador de las tareas de seguridad. Ello, agregó, está dejando una puerta abierta que rayaría en un exceso de tomar el asidero de esta ley, incluso creo que sería extralegal.

Otros mandatarios estatales pidieron al Senado aprobar la minuta que expide la Ley de Seguridad Interior, consideraron que es imperante dar un marco legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en sus labores en las entidades federativas.

Advirtieron que sería “un grave riesgo a la seguridad nacional” retirar a los militares de sus tareas contra organizaciones criminales. La ley no militariza al país, no invade competencias locales ni transgrede los derechos humanos ni las garantías individuales, aseguraron.

Precisaron que no se criminaliza la protesta social y señalaron que es una exigencia ciudadana restablecer la seguridad, para ello, se necesita toda la fuerza del Estado y contar con policías certificadas.

Mencionaron que con la participación del Ejército se ayudaría a revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres niveles de gobierno en tareas de seguridad.

El gobierno de Colima señaló que es necesaria una Ley de Seguridad Interior, ante el crecimiento de los índices delictivos, “y su análisis debe superar las posiciones de tipo político, partidista o electoral”.

Destacó que la Ley no facultará la invasión de la esfera competencial de las fuerzas del orden local, tampoco generará la sustitución de estas autoridades, ni establecerá un Estado de excepción.

En el caso de Durango, se solicitó a los legisladores que se apruebe la legislación en materia de seguridad interior, ya que, al verse rebasados en algunos casos por la debilidad institucional de las corporaciones policiacas, se necesita que el Ejército mexicano pueda tener un marco jurídico que le permita actuar con toda certeza.

Observó que esta ley se constriñe estrictamente a las facultades constitucionales y legales y a los tratados internacionales en la materia, sobre todo, de respeto a los derechos humanos.

Para el gobierno de Jalisco es procedente aprobar el dictamen en el Senado, a fin de revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres niveles de gobierno en tareas de seguridad.

Refirió que la lucha que se libra en ese estado contra los grupos criminales sería impensable sin la presencia de las Fuerzas Armadas, por lo que consideró imperiosa la necesidad de crear un marco legal que regule su actuación y les otorgue certeza jurídica.

El gobierno de Jalisco expresó que es imprescindible una estrategia conjunta de todos los órdenes de gobierno en donde la presencia del Ejército y la Armada de México esté claramente delimitada para atender exclusivamente las amenazas a la seguridad interior.

Dijo que es absolutamente necesaria e inaplazable la aprobación de una ley que permita a las Fuerzas Armadas seguir colaborando con los estados en un marco en el que, tanto la sociedad como los militares, tengan derechos, facultades, limitaciones y alcances. Precisó que, bajo las actuales circunstancias, la presencia del Ejército se da en el marco de un vacío legal que genera incertidumbre.

A nombre de los ejecutivos de Baja California, Tamaulipas y Aguascalientes, el gobierno de Querétaro pidió a los senadores retomar, discutir y votar “lo más rápido” la Ley de Seguridad Interior.

Negó que la Ley militarice al país o viole los derechos humanos y las garantías individuales. Aseguró que la protesta social o las movilizaciones que tengan motivo político-electoral, “que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución”, bajo ninguna serán consideradas como amenazas a la seguridad interior.

Por San Luis Potosí, se aseguró que este ordenamiento permitirá tener una mayor y mejor coordinación en materia de seguridad pública con las Fuerzas Armadas y también para poder integrar a las fuerzas policiales municipales en esta tarea.

Comentó que es imprescindible contar con los mejores elementos para poder brindar certeza a la ciudadanía.

Tlaxcala expresó que esta legislación debe salir a la brevedad a efecto de establecer claramente los procedimientos y los protocolos que deben cumplir las Fuerzas Armadas para respaldar las tareas de seguridad pública.

Aseguró que no es correcta la afirmación de que las Fuerzas Armadas, a partir de esta ley, van a estar cotidianamente en las calles.

El presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero Arroyo, destacó la labor del Senado por llevar a cabo un ejercicio democrático en el que se escucha a todos los actores antes de dictaminar una ley. “Hemos hecho las cosas con mucha responsabilidad y me da mucho gusto que sigamos en esa lógica”.

Señaló que esta reunión reviste la mayor relevancia, en la que se encuentran, dijo, los actores centrales de esta ley, los gobiernos locales, que enfrentan amenazas a la seguridad interior en cada uno de sus estados y donde las familias están siendo amedrentadas por la delincuencia organizada, “qué mejor que escuchar su opinión antes de que dictaminemos”.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Ana Lilia Herrera Anzaldo, dijo que el poder Legislativo tiene la responsabilidad de dar vida a un marco normativo que dote de certidumbre tanto a ciudadanos como al Estado, respecto de su actuación ante las distintas amenazas a la seguridad.

“La seguridad interior es una responsabilidad que compete a todo el Estado Mexicano y es nuestro deber, desde nuestras respectivas atribuciones, trabajar sin descanso para preservar la gobernabilidad y la tranquilidad de la sociedad”.

Nuestras Fuerzas Armadas han sido piedra angular en la defensa de todos los mexicanos en la defensa de toda la sociedad, por lo que debemos reconocer su trabajo, dotarles de certeza jurídica en esta noble labor que realizan, para que actúen bajo un esquema bien delimitado, que sea conocido por todas y por todos.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, aseguró que la Ley de Seguridad Interior no se centra en el detalle, sino que remite a otros marcos jurídicos donde, ya se encuentran previstas sus consideraciones y, asimismo, la supletoriedad que es aplicable.

Precisó que la Ley regula la función del Estado Mexicano, para atender los riesgos y amenazas y observa los principios de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.

“Alcaldes y presidentes municipales pidieron que se retome el tema del mando mixto, la certificación de policías y que decisión de intervención de las Fuerzas Armadas no se haga unilateralmente.”

  • Compartir
  • IMPRIMIR

  • RECOMENDAR
Viajará Peña a Alemania, Dinamarca, Noruega y Países Bajos
NOTICIAS

VIAJARÁ PEÑA A ALEMANIA, DINAMARCA, NORUEGA Y PAÍSES BAJOS

Photo VER FOTOGALERÍA
NOTICIAS VER TODOS