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APRUEBAN LEY DE SEGURIDAD INTERIOR; VA AL PLENO DE DIPUTADOS

Aprueban Ley de Seguridad Interior; va al pleno de diputados
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Rechazan la iniciativa PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano"; "El riesgo de aprobar esta ley sin tener una reforma policiaca adecuada es enorme", advierten
30.11.2017 12.00 AM

La Comisión de Gobernación, que preside la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), aprobó el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior, que pretende regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Los integrantes de la Comisión aprobaron el documento con 18 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones, y se turnó a la Mesa Directiva para su discusión y votación en el Pleno de la Cámara de Diputados.

A favor del dictamen se manifestaron los diputados del PRI, PVEM, NA y PES; en contra lo hicieron los legisladores del PAN, PRD, Morena y MC.

El diputado Jorge Triana Tena (PAN) cuestionó la ley y aseveró que se busca convertir la excepción en regla, algo que debiera ser extraordinario, en referencia a la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública.

Comentó que organizaciones civiles del país y organismos internacionales se han pronunciado contra esta ley porque se asignan a las Fuerzas Armadas labores que corresponden a la policía civil y lamentó que ayer miércoles el PRI y sus aliados rechazaran la minuta del Senado sobre el mando mixto de la policía en los estados.

“El riesgo de aprobar esta ley sin tener una reforma policiaca adecuada es enorme, pues no contempla la obligación de mandatarios estatales y municipales de invertir en capacitación de sus cuerpos policiacos y prevalece el riesgo por abuso que puedan tener las Fuerzas Armadas por llevar a cabo labores exclusivas de la policía civil”, advirtió.

El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) solicitó que se deseche el proyecto de dictamen de la Ley de Seguridad Interior, ya que “es inconstitucional e inconvencional”, pues sus contenidos se traslapan y confunden con lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional y en la Carta Magna.

Expuso que el artículo 18 de la ley señala que “las acciones desarrolladas por la aplicación de esta legislación no pretenden sustituir a las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias y responsabilidades”; sin embargo, sí se establece el carácter subsidiario de las acciones, lo que “resulta una contradicción en sí misma”.

“Lo anterior, evidentemente, constituye una ruptura del Estado de derecho, cuya gravedad no puede ser mesurada en este momento en que la violencia en el país rompe récord al alza”, agregó.

La coordinadora de Morena, Rocío Nahle García, dijo que su bancada votó contra esta ley “porque no estamos de acuerdo en que el Ejército y la Marina hagan el trabajo de seguridad pública”, pero señaló que los militares ya están afuera, en las calles, y se requiere que una propuesta integral para que paulatinamente regresen a sus cuarteles.

Comentó que en el país han crecido las quejas de desapariciones, torturas, violaciones a derechos humanos, entre otros flagelos, dado que se ha actuado con ocurrencias en materia de seguridad, y agregó que esta ley es contraria a lo que dictan los tratados y recomendaciones de organismos internacionales.

El coordinador de los diputados de MC, Clemente Castañeda Hoeflich, se pronunció en contra del dictamen, ya que, dijo, abre la puerta al ejercicio discrecional, autoritario y totalitario del poder. “El diseño Institucional que está planteando por el propio dictamen es un absurdo”, externó.

“Esta ley no establece un esquema de pesos y contrapesos, al contrario, le da absoluta discrecionalidad al Poder Ejecutivo para poder usar de manera facciosa y potencialmente represora a las Fuerzas Armadas y eso es inadmisible”, sostuvo.

El documento se elaboró con base en dos iniciativas que presentaron, por una parte los diputados priistas Cesar Octavio Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales, el 8 de noviembre de 2016, y por otra, la diputada Sofía González Torres (PVEM), el pasado 14 de febrero.

No obstante, se consideraron y analizaron cuatro iniciativas más, dos que están en el Senado y dos que fueron presentadas por diputados, pero que ya precluyeron o fueron retiradas.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Guillén Vicente comentó que es necesario legislar el tema de seguridad, para acotar claramente qué medidas habrán de tomarse y qué autoridades deberán participar para enfrentar amenazas internas, sin tener que restringir o suspender derechos humanos y garantías constitucionales.

Apuntó que la aplicación de la Ley de Seguridad Interior corresponderá a las fuerzas estales y federales, y sólo cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado, a las Fuerzas Armadas, por lo cual la legislación “no conlleva a la militarización del país”.

“Toda intervención de fuerzas federales y de Fuerzas Armadas estará sujeta a una temporalidad específica que no podrá exceder de un año, y únicamente podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del Presidente de la República, y sólo cuando subsista la amenaza a la seguridad interior que la motivó y se justifique la continuidad de las acciones de seguridad interior”, indicó.

Lo anterior deberá notificarse a la Comisión Bicamaral del Congreso de la Unión y a la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH), y publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en los periódicos y gacetas oficiales de las entidades federativas, abundó.

Guillén Vicente subrayó que la Ley de Seguridad Interior no podrá ser utilizada para la represión social, ya que en su ejercicio “se observarán en todo momento los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales”, entre otros.

También se observarán las obligaciones relativas al uso de la fuerza “que deberán utilizarse de manera racional y proporcionalidad a la amenaza que se trate”.

Durante la discusión del documento, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) afirmó que esta ley cumple con el reclamo que se plantea para evitar la militarización del país, porque establece de manera clara y precisa que las Fuerzas Armadas sólo participarán cuando los diversos niveles de gobierno no tengan la capacidad de atender la seguridad pública.

Precisó que para la participación de las Fuerzas Armadas se debe emitir una declaratoria, en la que participa el Consejo Nacional de Seguridad, donde están los gobernadores y la sociedad civil. En la declaratoria se debe especificar el problema y características para su atención.

“Es inconstitucional e inconvencional, pues sus contenidos se traslapan y confunden con lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional y en la Carta Magna.”

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