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ENCABEZA PRIISTA COMISIÓN DE ÉTICA QUE INVESTIGARÁ A COMPAÑERAS QUE GRITARON A DIPUTADO

Encabeza priista comisión de ética que investigará a compañeras que gritaron a diputado
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Analizará también denuncias de entre diputadas del PRI y Morena; Avala Comisión que Sección Instructora amplíe a cinco sus integrantes
30.11.2017 12.00 AM

Al rendir protesta como presidenta del Comité de Ética, la diputada Martha Sofía Tamayo Morales (PRI) asumió el compromiso de ser cuidadosos y escrupulosos en la aplicación de la ley y seguir cada una de las etapas en las quejas que se presenten.

Durante una reunión extraordinaria, la legisladora informó que se recibieron tres quejas ante este comité: dos presentadas por integrantes de esta legislatura, y otra por el ciudadano Jonathan Bárcenas Pérez.

La primera, detalló, es de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz (PRI) en contra de la legisladora Rocío Nahle García (Morena); la segunda, de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, en contra de Ariel Juárez Rodríguez (Morena).

Y la tercera, del ciudadano Bárcenas Pérez en contra de las diputadas Rocío Díaz Montoya, Gloria Himelda Félix Niebla, Cristina Sánchez Coronel, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Xitlalic Ceja García y Arlet Mólgora Glover, del PRI.

Tamayo Morales explicó que, conforme al numeral 20, fracción tercera del Código de Ética de la Cámara de Diputados, estas quejas serán remitidas al secretario técnico para validar “si la queja se encuentra dentro del ámbito de facultades del Comité, abrir el expediente y dar inicio al proceso”.

También ordenó que se notifique a las partes y se corra traslado con los escritos de queja de conformidad al numeral 21, fracción primera de dicho código que dice: “abierto el expediente, el presidente ordenará que se notifique por escrito y de manera personal a las o los diputados”.

Precisó que una vez agotado lo anterior, se les da el término a las partes involucradas para que ejerzan su defensa. “Hay que agotar todas las partes del procedimiento, sería muy grave que en un comité de esta naturaleza no lo hagamos”.

Resaltó que el Reglamento señala una etapa de conciliación y una vez agotada, entonces se procederá -con apego a derecho y con la opinión de los integrantes del comité- a emitir lo correspondiente.

La presidenta dijo que no es una tarea fácil y se tendrá que cuidar en tratar de marcar linderos. “No podemos abrogarnos criterios tan graves como es hasta dónde puedes o no, porque el terreno de la ética es delicado, incluso tiene que ver con la temporalidad, lo que era ético en la época de los griegos ahora ya no lo es”.

“Son criterios que pasan por lo subjetivo y “no podemos entrar al terreno de lo moral, porque aquí no le vamos a investigar la religión a nadie y, mucho menos, sus hábitos personales”, indicó.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (Morena) dijo que hay muchas ambigüedades y no ha quedado claro y definido cuál será el procedimiento respecto al seguimiento de las quejas que se reciban en este comité; por tanto solicitó solucionar este tema antes de dar trámite.

En tanto, la diputada Cecilia Romero Castillo (PAN) aclaró que el comité no es un tribunal jurisdiccional y “nuestro trabajo es buscar que los legisladores nos conduzcamos con ética”. Sobre el tema eventual de alguna sanción, subrayó que ésta tendrá que ser moral.

El diputado Francisco Javier Santillán Oceguera (PRI) señaló que el comité deberá tener muy claro en que se tiene que garantizar el respeto a la libertad, por lo que pidió analizar los mayores elementos en las quejas presentadas, pero acotado a que, por ninguna razón, cualquier opinión que se dé lastime el ejercicio vital que es la libertad.

Avala Comisión que Sección Instructora amplíe a cinco sus integrantes

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Rogerio Castro Vázquez (Morena), aprobó un dictamen que reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para que la Sección Instructora, en la Cámara de Diputados, la conformen cinco integrantes.

La reforma al artículo 11 de dicha norma busca ampliar el número de integrantes de esta sección, así como la de Enjuiciamiento en el Senado de la República, en lugar de contar con cuatro como actualmente lo establece.

El documento, avalado en reunión ordinaria, recuerda que en el pasado reciente, se formó una polémica derivada de la falta de resolución que tuvo la Sección Instructora al abordar casos específicos.

Subraya que el problema de los procedimientos de responsabilidad administrativa y política en la Cámara de Diputados, dependen tanto del tamiz primario que representa la Subcomisión de Examen Previo, como de que la Sección Instructora tenga una conformación que le permita alcanzar una mayoría en la toma de una decisión.

El dictamen refiere que la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos señala que la Sección Instructora debe practicar las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho, estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado en el juicio político.

Además, debe realizar las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita en el caso de la declaración de procedencia y -concluida esta averiguación-, dictaminar si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.

En ambos casos, añade, la Sección Instructora procede después de que las acusaciones pasan por un primer filtro: el de la Subcomisión de Examen Previo que es la que establece los antecedentes de la acusación para determinar si el caso amerita la investigación e instrucción.

Resalta que entre 2003 y 2017 en la Cámara de Diputados se acumularon 356 denuncias de juicio político. La Subcomisión de Examen Previo en marzo pasado, resolvió desechar por prescripción 109 de solicitudes de juicio político.

La comisión también aprobó un punto de acuerdo para exhortar al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, a publicar el avance de las investigaciones en relación con las diversas denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública y diputados, derivadas de auditorías forenses practicadas a distintas dependencias federales, universidades públicas y el Programa Opciones Productivas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social mencionadas en la investigación periodística “La Estafa Maestra”.

Asimismo, solicita al titular de la Secretaría de la Función Pública difundir las acciones realizadas mediante los Órganos Internos de Control, respecto de observaciones, recomendaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa, que hizo la ASF derivadas de diversas auditorías en las cuentas públicas 2013 y 2014, en las que se sustentó la investigación “La Estafa Maestra”.

El documento refiere que dicha investigación fue realizada por las asociaciones civiles, a raíz de las irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2013 de la ASF sobre posibles hechos de corrupción entre diversas dependencias de gobierno, universidades y 186 empresas que suman los 7 mil 670 millones de pesos, denominándola la “La Estafa maestra”.

Dicha investigación, indica, relata el uso de universidades públicas para destinar recursos a empresas fantasma para realizar los servicios contratados, haciendo notar la triangulación de los recursos por diversas irregularidades encontradas; la subcontratación por la totalidad del proyecto o servicio, y el incumplimiento de los requisitos que marca la Ley para la contratación de adquisiciones, obra y/o servicios.

La comisión resaltó que la información con que se cuenta para dar claridad a lo detectado en las investigaciones realizadas por la Sociedad Civil y las acciones de la ASF es poca; las acciones implementadas por la ASF derivadas de las Cuentas Públicas referidas no han sido solventadas en su totalidad.

Además, no existen funcionarios públicos sancionados y se desconoce el estatus que guarda cada una de las dependencias participantes en el desvío de recursos. De acuerdo con la SFP, son más de 40 los funcionarios que están siendo investigados y, según el titular de la ASF, la PGR presenta un rezago de 96 por ciento en averiguaciones por desvío de recursos.

Al rendir protesta como presidenta del Comité de Ética, la diputada Martha Sofía Tamayo Morales (PRI) asumió el compromiso de ser cuidadosos y escrupulosos en la aplicación de la ley y seguir cada una de las etapas en las quejas que se presenten.

 

Durante una reunión extraordinaria, la legisladora informó que se recibieron tres quejas ante este comité: dos presentadas por integrantes de esta legislatura, y otra por el ciudadano Jonathan Bárcenas Pérez.

 

La primera, detalló, es de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz (PRI) en contra de la legisladora Rocío Nahle García (Morena); la segunda, de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, en contra de Ariel Juárez Rodríguez (Morena).

 

Y la tercera, del ciudadano Bárcenas Pérez en contra de las diputadas Rocío Díaz Montoya, Gloria Himelda Félix Niebla, Cristina Sánchez Coronel, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Xitlalic Ceja García y Arlet Mólgora Glover, del PRI.

 

Tamayo Morales explicó que, conforme al numeral 20, fracción tercera del Código de Ética de la Cámara de Diputados, estas quejas serán remitidas al secretario técnico para validar “si la queja se encuentra dentro del ámbito de facultades del Comité, abrir el expediente y dar inicio al proceso”.

 

También ordenó que se notifique a las partes y se corra traslado con los escritos de queja de conformidad al numeral 21, fracción primera de dicho código que dice: “abierto el expediente, el presidente ordenará que se notifique por escrito y de manera personal a las o los diputados”.

 

Precisó que una vez agotado lo anterior, se les da el término a las partes involucradas para que ejerzan su defensa. “Hay que agotar todas las partes del procedimiento, sería muy grave que en un comité de esta naturaleza no lo hagamos”.

 

Resaltó que el Reglamento señala una etapa de conciliación y una vez agotada, entonces se procederá -con apego a derecho y con la opinión de los integrantes del comité- a emitir lo correspondiente.

 

La presidenta dijo que no es una tarea fácil y se tendrá que cuidar en tratar de marcar linderos. “No podemos abrogarnos criterios tan graves como es hasta dónde puedes o no, porque el terreno de la ética es delicado, incluso tiene que ver con la temporalidad, lo que era ético en la época de los griegos ahora ya no lo es”.

 

“Son criterios que pasan por lo subjetivo y “no podemos entrar al terreno de lo moral, porque aquí no le vamos a investigar la religión a nadie y, mucho menos, sus hábitos personales”, indicó.

 

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (Morena) dijo que hay muchas ambigüedades y no ha quedado claro y definido cuál será el procedimiento respecto al seguimiento de las quejas que se reciban en este comité; por tanto solicitó solucionar este tema antes de dar trámite.

 

En tanto, la diputada Cecilia Romero Castillo (PAN) aclaró que el comité no es un tribunal jurisdiccional y “nuestro trabajo es buscar que los legisladores nos conduzcamos con ética”. Sobre el tema eventual de alguna sanción, subrayó que ésta tendrá que ser moral.

 

El diputado Francisco Javier Santillán Oceguera (PRI) señaló que el comité deberá tener muy claro en que se tiene que garantizar el respeto a la libertad, por lo que pidió analizar los mayores elementos en las quejas presentadas, pero acotado a que, por ninguna razón, cualquier opinión que se dé lastime el ejercicio vital que es la libertad.

“La reforma al artículo 11 de dicha norma busca ampliar el número de integrantes de esta sección, así como la de Enjuiciamiento en el Senado de la República, en lugar de contar con cuatro.”

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