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RECHAZAN COMISIONES UNIDAS MANDO MIXTO POLICIAL

Rechazan Comisiones Unidas mando mixto policial
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Mayoría priista considera que es un modelo inestable para la seguridad del país, ya que “estar quitando y regresando la atribución de un municipio generaría un desorden”
30.11.2017 12.00 AM

Las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales emitieron una votación de 29 votos en contra, 13 a favor y dos abstenciones, al dictamen de la minuta con proyecto de decreto que buscaba reformar los artículos 21, 73, 76, 115, 116 y 123 de la Constitución Política en materia de Seguridad Pública, enviada por el Senado de la República.

El diputado Jorge Ramos Hernández (PAN), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, refirió el antecedente de esta propuesta enviada por el titular del Ejecutivo federal en 2014, en la que propuso una serie de reformas a diversos artículos de la Constitución Política.

Recordó que el Senado de la República, en sesión ordinaria, aprobó la propuesta por mayoría calificada, como lo establece la Carta Magna para efectos de la minuta.

Ramos Hernández dijo que “si se votó en contra de la minuta del Mando Mixto, el Congreso Mexicano queda en ayuno, no queda viva ni una iniciativa que reforme el sistema de seguridad en el país”.

Subrayó que “en México muere una persona cada 16 minutos y es increíble que no tengamos claridad de poder generar un consenso”.

Señaló que las objeciones que se presentaron consideran el Mando Mixto como un modelo inestable para la seguridad del país, ya que “estar quitando y regresando la atribución de un municipio generaría un desorden”.

Sin embargo, aclaró que el propio dictamen establece que será en la ley secundaria donde se definirían los periodos prudentes para evaluar si una corporación policiaca está cumpliendo con las exigencias de la ley.

Resaltó que la minuta prevé incentivos y sanciones a los alcaldes y gobernadores, los cuales establecen la remoción del cargo en el caso de no cumplir con el mandato; además, propone controles parlamentarios que ahora no existen.

Enfatizó que no es una sobrecarga política. “Por favor, estamos hablando de 200 mil policías en el país, no es más compleja que la evaluación magisterial. La propia minuta le permite al gobierno federal celebrar convenios con los gobiernos estatales para hacer estas supervisiones”.

Consideró perverso responsabilizar a los ayuntamientos del país por el desorden que trae el crimen organizado. Lo es “porque la concepción de un ayuntamiento nace para ordenar la vida de corte municipal, organizar vecinos, proteger los valores de la comunidad y no para corretear a narcotraficantes”.

Añadió que esa todavía no es su función y que del 2015 a la fecha se les ha disminuido ocho mil millones de pesos en seguridad pública. “Pareciera toda una maquinación política para sabotear los municipios en los estados y luego imponer el centralismo que se plantea”.

Expuso que no hay ley perfecta, pero en la minuta hay cambios sustantivos que permitiría al pueblo obligar a las policías municipales a mejorarse, así como a los estados y al gobierno de la República, el cual “parece el gran ente que está cumpliendo con su función; sin embargo, se tiene dos mil Misterios Públicos y cuatro mil policías federales menos que el sexenio pasado, lo que tiene un efecto en materia de seguridad”.

Planteó: “¿Por qué dar toda la carga al orden municipal y estatal?, o no afirmaría aquí que todos los municipios y estados van a ser castos y honestos si el tema de la seguridad se centraliza, como tampoco lo sostendría a nivel municipal. Es por eso que planteamos que sea un Mando Mixto, para que donde se amerite centralizar se haga, y si funciona, se mantenga como esta”.

Durante la discusión, el diputado Francisco Escobedo Villegas (PRI) manifestó su postura en contra de la minuta enviada por la colegisladora, pues consideró que tiene tres graves problemas: plantea un esquema inestable de la función policial, lo que generaría desequilibrio operativo; las entidades federativas o municipios podrían renunciar o delegar las funciones de seguridad al orden inmediato superior de gobierno, y la sobrecarga política y de gestión recaería en la Federación.

Ricardo Ramírez Nieto, diputado del PRI, estimó que la minuta no cumple con las expectativas que exige la realidad social e institucional del país, ya que lejos de resolver la problemática, la volvería más incierta y perduraría la falta de coordinación entre las policías de los tres órdenes de gobierno. “Propicia insensibilidad y desinterés para gobiernos estatales y municipales. Su contenido evidencia que no resolvería la problemática existente”. En cambio, se pronunció a favor de establecer un Mando Único policial.

Del PAN, la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez afirmó que la falta de seguridad es el principal problema a nivel nacional; por ello, expresó su coincidencia con la minuta, en el sentido de que el municipio desempeñe las funciones de seguridad que actualmente le asigna el artículo 115 constitucional. Comentó que, hasta que el tema se vea de forma integral, se podrá hablar de la intervención del Ejército en funciones de seguridad pública como una medida temporal o hasta necesaria.

La diputada Liliana Madrigal Hernández (PRI) sostuvo que las corporaciones municipales son el eslabón más débil de las instituciones de seguridad. “Sólo 14 estados del país tienen cuerpos policiales en todos sus municipios y ninguna de las mil 800 agrupaciones que existen han homologado, entre sí, el tema de salarios o capacitación. No menospreciamos su trabajo, pero los problemas de inseguridad los rebasan”. Es contrario al Mando Único que, dijo, lograría que la seguridad no dependiera de instituciones sin recursos o corporaciones sin elementos suficientes.

De Morena, Virgilio Caballero Pedraza consideró que se deben preservar las facultades y atribuciones conferidas al municipio en la Constitución. “No compartimos la idea de que la culpa de la inseguridad sea de los cuerpos municipales; al contrario, es la Federación quien no ha sabido aprovechar esas corporaciones y las ha mantenido en el olvido presupuestal y de capacitación”.

El diputado Everardo López Córdova (PAN) manifestó que la postura de su grupo parlamentario es apostar al desarrollo a nivel municipal. “El Mando Mixto es lo que el país requiere; además, la minuta contempla el aumento de salario, prestaciones, permanencia y certificación de habilidades”. Señaló que no se puede hablar de establecer un Mando Único, pues ni siquiera hay una propuesta para poder discutirla.

Víctor Sánchez Orozco, diputado de Movimiento Ciudadano, estimó que el responsable de la grave situación de seguridad es el Ejecutivo, y que la discusión del tema debió darse al principio de su mandato. Afirmó que el Mando Único contraviene al federalismo y es susceptible de corrupción. “Hay municipios que tienen suficientes recursos para mejorar sus instituciones de seguridad y que un sólo funcionario a cargo es propenso a la corrupción”.

El diputado Omar Ortega Álvarez (PRD) se pronunció a favor de la minuta y coincidió en definir las competencias de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad. Apuntó que rechazar el documento demostraría que no se respalda la visión del país, sino que se pretende seguir consolidando la corrupción e impunidad en las instituciones. Agregó que con un Mando Único llegaría a un régimen militarizado.

El diputado Abel Murrieta Gutiérrez (PRI) se manifestó en contra del dictamen, pues, dijo, entre los principales problemas que sufren los policías municipales, está el riesgo de que sean identificados por parte del crimen, ya que usualmente viven en la misma zona en donde laboran, mientras que en el modelo de Mando Único, los pueden movilizar por zonas. “Rotando al personal por municipios se puede reducir la corrupción”, agregó.

La diputada Bárbara Botello Santibáñez (PRI) indicó que es inviable la propuesta del Mando Mixto, pues es complejo en su operatividad, ya que más del 90 por ciento de corporaciones de seguridad no están certificadas, por lo que esto no garantiza un mejor control de las mismas. “Sería un error que no impediría la entrada del crimen a sus filas”.

El diputado del PRD, Ángel II Alanís Pedraza, se dijo a favor de este dictamen, pues apuntó que a diferencia de los legisladores, “hay millones de mexicanos que viven con miedo y a quienes nosotros representamos”.

La diputada Angélica Moya Marín (PAN), aseguró que en el caso del Mando Único, es parte de las falacias de que las policías estatales sí funcionan, “cuando en realidad no es así; el Mando Mixto tampoco ha funcionado, pero aprobar esto ya sería un cambio y no lo dejaríamos sin nada; las policías requieren nuevas herramientas, esta propuesta las tiene”.

El diputado José Santiago López (PRD), aseguró: esta minuta reafirma la necesidad de avanzar en la profesionalización de los cuerpos policiacos para que cumplan sus deberes en seguridad pública. “Hay que destacar que se plantea que los municipios tengan competencia de tareas de prevención e investigación, además que homologa las normas de reclutamiento, estímulos, disciplina, capacitación, así como protocolos de actuación de las instituciones policiacas”.

Armando Luna Canales diputado del PRI, expresó que las policías municipales no son el problema, sino que en ellas está el problema, son vulnerables por las condiciones laborales en las que se encuentran. “Este dictamen es legislar para dejar todo como está, debemos hacer cosas para mejorar”, sostuvo.

La diputada Yulma Rocha Aguilar (PRI), destacó que hay estados que han caído en convenios suigeneris que en lugar de combatir la inseguridad, hace que se incremente. “No podemos caer en la responsabilidad de aprobar un modelo que ya se ha demostrado en las entidades que no funciona”.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (MC), apuntó que el dictamen es viable y efectivo, ayudará a mejorar las cosas y de no hacerlo no se estará aportando nada al país. “Estoy de acuerdo en el Mando Único, pero no para todos los estados, pues no todos están en las mismas condiciones y hay diferencias abismales”.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, cuestionó la intención que hay de votar contra este dictamen, debido a que “han pasado meses sin que haya una propuesta alternativa”, por lo que, enfatizó “si tienen una proposición háganla llegar a las mesas de las comisiones, para no perpetuar una política pública en materia de seguridad que ha sido un fracaso”.

La diputada Daniela De Los Santos Torres (PVEM) reconoció que la minuta tiene cosas rescatables y positivas, pero “es irresponsable aprobarla pues la policía municipal es la que más está al pendiente de la ciudadanía, por lo que contemplar que estados y municipios puedan relegar sus responsabilidades deja de lado una coordinación como lo plantea el mando único”.

El diputado Justo Federico Escobedo Miramontes (PES), dijo que votaría en contra, el país no está para experimentos, “debemos analizar el tema para buscar un esquema que garantice a los ciudadanos que puedan realizar sus actividades sin preocupaciones. Hay que entender que no todo México es igual, por lo tanto, el Mando Mixto no es lo deseable para realizar las medidas de prevención del delito”.

La diputada priista, Martha Sofía Tamayo Morales, también votó en contra, dado que el Mando Mixto no es más que un refrito de las condiciones en que se encuentra actualmente. “Es una maquillada de lo que está fallando”.

El legislador panista, José Hernán Cortés Berumen, mencionó está a favor del dictamen para fortalecer las policías municipales con capacitación, profesionalización y trabajar desde lo local el fenómeno de la seguridad, toda vez que el gran clamor ciudadano es la inseguridad del país.

Reformas preveían un Sistema Nacional de Carrera Policial

Al inicio de la reunión, el diputado Ramos Hernández señaló que en el dictamen se incorporaba el principio de subsidiariedad como rector de la coordinación en materia de Seguridad Pública, en el que se establece que el orden de gobierno mayor siempre deberá atender al orden de gobierno menor hasta que agote sus capacidades.

Asimismo, proponía un nuevo Sistema Nacional de Carrera Policial, tema fundamental para que en los tres órdenes de gobierno existiera una lógica de ascenso y descenso por mérito, y estímulos para los elementos policiacos, al generar corporaciones sólidas.

Garantizaría la permanencia de la evaluación, reconocimiento y certificación de habilidades de todas las áreas de Seguridad Pública, y s cuerpos policiacos de los tres órdenes de gobierno.

Además se establecería una homologación para construir capacidades a través de protocolos de actuación y operación, uso legítimo de la fuerza y equipamiento.

También se reconocería a nivel constitucional las zonas metropolitanas, los municipios conurbados y las alcaldías de la Ciudad de México.

Se precisaban los criterios de coordinación que actualmente no están establecidos en procedimientos puntuales. La función de Seguridad Pública y su finalidad en los términos del artículo 2 para pueblos y comunidades indígenas.

Preveía que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, contara con cinco ciudadanos electos conocedores de la materia que fungieran como órgano colegiado de gobierno del Secretariado, ante el cual presentar los planes de trabajo anuales y evaluaciones de programas ejecutados.

El artículo 76 constitucional, facultaba al Senado ratificar el nombramiento del titular del Secretariado Ejecutivo de dicho Sistema.

En el artículo 123 constitucional, se incluían prestaciones complementarias de seguridad social para los cuerpos policiacos del país. El precepto 73 facultaba al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Seguridad Pública reglamentaria del artículo 21 de la Constitución.

Proponía también una adición para garantizar la permanencia de la evaluación, reconocimiento y certificación de habilidades de todas las áreas de Seguridad Pública y de los cuerpos policiacos de los tres órdenes de gobierno.

Hay inequidad entre municipios en materia de seguridad: González Calderón

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Martha Hilda González Calderón (PRI), aseguró que en México hay una gran inequidad entre los más de dos mil municipios en materia de seguridad pública, ya que “mientras algunos cuentan con recursos, incluso academias de policía, otros carecen de elementos policiacos”.

Al participar en el “Noveno Foro Nacional de Seguridad y Justicia. Problemas en el Sistema de Justicia: Propuestas para Resolverlos”, la legisladora señaló que debe ser labor de municipios incidir en la prevención de la delincuencia, empezando por detectar la violencia dentro de los hogares.

Hacerlo, continuó, “es afrontar una parte de lo que se tiene que atacar. Desde la casa, debemos evitar que la violencia se vea como algo natural y que coexista con nosotros día con día”, expresó.

En el evento, organizado en la Universidad Panamericana, destacó el trabajo que se ha realizado en los últimos años en materia de seguridad e impartición de justicia, como la aprobación en la Cámara de Diputados del dictamen por el que se busca garantizar protocolos de atención para niñas, niños y jóvenes, hijos o familiares de reclusos.

“Se trata de quitar ese paradigma, ese destino fatal que parecieran tener muchos infantes, de que los delincuentes del mañana son los niños nacidos en reclusorios o ligados a personas que purgan una sentencia”, afirmó.

González Calderón comentó que aún hay cosas por hacer y perfeccionar, pero “se están dando pasos para que un sistema de justicia y el Estado de Derecho sean una realidad firme en nuestro país”.

Este Foro, se dijo, es un ejercicio con funcionarios, instituciones, académicos y organismos, cuyo propósito es analizar, discutir y clarificar metas que permitan cumplir los estándares internacionales y nacionales para consolidar el Estado de Derecho en México.

Se abordaron los siguientes temas: “¿Cómo superar los cuellos de botella en la operación del sistema penal acusatorio?”; “¿Cuáles son las condiciones necesarias para asegurar la transformación institucional en la transición de la Procuraduría a la Fiscalía?”; “¿Cómo armonizar el Juicio de Amparo y el Sistema Penal Acusatorio?”, y “¿Cuáles son las acciones a seguir para atender la crisis del Sistema Penitenciario Mexicano?”.

“El antecedente de esta propuesta es la enviada por el titular del Ejecutivo federal en 2014, y fue aprobada por el Senado de la República.”

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