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RECUPERA ASF MIL 927 MILLONES DE PESOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

Recupera ASF mil 927 millones de pesos de la Cuenta Pública 2016
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De 664 auditorías, 624 se refieren a revisiones de cumplimiento financiero, 38 a auditorías de desempeño, y dos estudios
01.11.2017 12.00 AM

El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, informó que derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2016, incluidas las entregas de junio y octubre, se lograron recuperar mil 927.2 millones de pesos, cifra que aseguró se incrementará a partir de 2018 conforme se cumplan los plazos de los procesos establecidos en la ley.

Al hacer la Segunda Entrega de Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, destacó que la suma del total de recuperaciones operadas correspondientes a las Cuentas Públicas 2001 a 2015, es de 116,425.2 millones de pesos (mdp), cantidad que representa, en promedio anual, más de 50 veces el presupuesto asignado a la ASF en el presente ejercicio fiscal.

Ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que preside el diputado Luis Maldonado Venegas (PRD), entregó un documento con 664 informes, los cuales constituyen el 36 por ciento de las mil 865 auditorías previstas en su Programa Anual. “De las 664 auditorías realizadas, 624 se refieren a revisiones de cumplimiento financiero y 38 a auditorías de desempeño, así como dos estudios”, sostuvo.

Precisó que 330 revisiones abarcan la verificación del logro de metas y objetivos, por lo que se catalogan como auditorías financieras con enfoque de desempeño; además, se incluyen 47 revisiones a inversiones físicas y 2 auditorías forenses.

“En cuanto al total de los informes que se presentan el día de hoy, 482 se vinculan con gasto federalizado, 93 con desarrollo económico, 49 con la función gobierno y 40 con desarrollo social”, continuó.

Dijo que como resultado de estas revisiones, la ASF emitió un conjunto de acciones que se clasifican de la siguiente manera: mil 587 recomendaciones, 796 pliegos de observaciones, 798 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, 238 solicitudes de aclaración y 41 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Portal Martínez aclaró que la institución a su cargo “denuncia hechos, no personas, por lo que le toca al Ministerio Público determinar tanto a los responsables como los delitos”.

El auditor aseguró que actualmente podemos afirmar que el país dispone de una “institución confiable, sensible a su entorno y abierta a revisar, con independencia y con mirada crítica e imparcial, su gestión”. Esto se pone de manifiesto en cada uno de los informes individuales que “estamos sometiendo a su consideración”.

Adicionalmente a los informes individuales, la ASF puso a disposición una nueva edición del documento “Consideraciones para la Labor Legislativa”, que incluye una caracterización de los temas de mayor importancia como la evolución del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización.

Con el fin de proporcionar insumos en materia de reformas legislativas y que puedan enriquecer el diálogo para la determinación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, el documento de Consideraciones incluye, como en su pasada edición, dos capítulos de sugerencias, derivadas de la opinión de los equipos auditores a raíz de la fiscalización efectuada a la Cuenta Pública 2016.

Dichas propuestas buscan el mejoramiento del marco legal que rige a las instituciones gubernamentales, para coadyuvar a un mejor desempeño de sus atribuciones y cerrar, con ello, espacios de discrecionalidad que afectan a los receptores de bienes y servicios del Estado.

En esta ocasión, los aspectos en los que la ASF plantea sugerencias para la consideración de esta soberanía corresponden a 14 áreas distintas: seguridad del espacio aéreo mexicano; conservación de Áreas Naturales Protegidas; inteligencia financiera; integración de la totalidad de las obligaciones financieras del Estado mexicano derivadas de diversos esquemas financieros de largo plazo; uso de mecanismos financieros vinculados con prestaciones laborales, y transparencia en el registro de estímulos, beneficios y exenciones fiscales.

También, contrataciones entre entidades públicas; Banca de Desarrollo; transparencia presupuestal y contable; transparencia en el registro de ingresos; gestión del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; adecuación del marco legal respecto a la determinación de los requerimientos financieros del sector público; mejora en la gestión, impacto y control de los fondos de infraestructura social, y participaciones federales.

Asimismo, ofrece elementos de juicio para la toma de decisiones en materia presupuestal, destacando aquellos programas y políticas que, por su importancia estratégica e impacto en distintos órdenes de la gestión pública, podrían considerarse para la definición de las asignaciones de recursos para el Ejercicio Fiscal 2018.

Los rubros en los que se enmarcan las sugerencias derivadas de la fiscalización se refieren a educación superior, impartición de justicia, protección civil; medio ambiente, y transportes, incluyendo el tema de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

En su intervención, el diputado Maldonado Venegas declaró que estos informes son cada vez más útiles para planeación y programación del gasto federal, además de que son un complemento importante del ejercicio correspondiente al Ejercicio 2016, lo que será sumamente valioso en torno a las deliberaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

Dijo que la entrega de información confiable y oportuna respecto del desempeño de la actuación gubernamental, en todas las áreas que cubre la administración federal, sobre todo las relativas al gasto federalizado, “indiscutiblemente coadyuva de manera determinante a los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción”.

“Con la entrega de estos informes se da cabal cumplimiento a los artículos 79, fracción II párrafo I de la Constitución, 35 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 40 numeral IV de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”, fundó el legislador”.

La diputada Claudia Corichi García (MC) indicó que se analizarán los informes individuales que contienen más 680 auditorías, que han implicado un trabajo arduo y técnico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la cual, dijo, junto con la Comisión de Vigilancia “deben ser contrapesos reales a pretensiones autoritarias”, y se pronunció por fortalecer las instituciones encargadas de combatir la corrupción.

La diputada de Morena, Maricela Contreras Julián indicó que hay 555 promociones de responsabilidad administrativa y 548 pliegos de observaciones, “pero no hay ningún tipo de revisión ni de castigo”. Propuso auditorías preventivas para corregir diferencias administrativas.

Del PAN, la diputada Minerva Hernández Ramos dijo que estos informes individuales permitirán dar seguimiento al resultado de las actuaciones de fiscalización para para mejorar calidad de ingreso y gasto en todos los niveles de gobierno y lamentó que los insumos que proporciona la ASF no sean llevados a buen puerto, pues hay una omisión de la Cámara de Diputados en la dictaminación de 10 cuentas públicas.

Dijo que para recobrar confianza ciudadana se deben disminuir los índices de impunidad que prevalecen en México, pero sin “acciones que se traduzcan en investigación, persecución y sanción de actos de corrupción, todo lo hecho a partir de reforma constitucional y la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción no habrá servido de nada”.

Del PRI, el diputado Enrique Rojas Orozco señaló que esta información llega en un momento oportuno y da elementos a los legisladores para tomar las mejores decisiones en la aprobación del PEF. Además, representa la oportunidad de reconocer a los gobiernos que sí cumplen los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, así como a los que fallan en su actuación conforme al mandato constitucional.

“Auditoría Superior de la Federación denuncia hechos, no personas; a Ministerio Público toca determinar responsables y delitos.”

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