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AL AMPARO DEL ESTADO, EL GRAN CAPITAL SE CONSOLIDA EN DETRIMENTO DE UNA POBLACIÓN CADA VEZ MÁS POBRE

Al amparo del estado, el gran capital se consolida en detrimento de una población cada vez más pobre
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El campesino se convierte en jornalero de grandes compañías, aunque mantenga la propiedad de su tierra
20.10.2017 12.00 AM

Las grandes empresas nacionales y trasnacionales obtienen copiosas ganancias al amparo del Estado, el derecho y las leyes en perjuicio de una población cada vez más empobrecida, dijo la doctora Beatriz Stolowicz Weinberger.

La profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) indicó que en las últimas décadas el gran capital trasnacional despliega nuevas estrategias de subordinación y valorización de la pequeña producción, explotando su debilidad económica por medio de los llamados “negocios inclusivos”.

Para evitar las resistencias sociopolíticas, ahora en lugar de despojarlos de su tierra, las grandes empresas suscriben contratos con pequeños propietarios para comprar su cosecha, pero condicionando qué y cómo la van a producir, es decir, incluyen en la transacción el paquete tecnológico, las semillas transgénicas y herbicidas, y los obligan a contratar una póliza para asegurar la producción.

“Lo que el campesino recibe, según investigaciones realizadas en Colombia y Ecuador, asciende a dos salarios mínimos, lo que lo convierte en un jornalero de las grandes empresas, aunque mantenga la propiedad de su tierra”, agregó.

Durante su participación en el Encuentro Nuestroamericano de Crítica Jurídica: Pensamiento y Praxis –realizado en la Unidad Cuajimalpa de la UAM– señaló que las grandes inversiones trasnacionales se hacen con apalancamiento, esto es con capital que no es jurídicamente propio al tener su origen en los fondos de pensiones.

En la ponencia Derecho y Capital. Más allá del Fetichismo indicó que lo mismo ocurre con la llamada inclusión financiera que por ley obliga a bancarizar todo el fondo de consumo de los trabajadores –salarios, pensiones y jubilaciones–, las transferencias monetarias de las políticas sociales –becas para estudiantes y pago de impuestos y servicios–, dinero del cual los empleados son desposeídos de manera temporal para ingresar al capital financiero, generando enormes ganancias a las corporaciones bancarias.

El Estado paga a los bancos a través del efectivo obtenido vía impuestos directos e indirectos, por las cuentas bancarias y por cada retiro en cajero electrónico, puntualizó.

La académica del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco de la UAM advirtió que por medio de sociedades público-privadas –tendencia que por ley se está imponiendo en todos los rubros– se realizan obras de infraestructura, servicios, seguridad, salud y educación, en las que si bien el Estado no pierde la titularidad jurídica, concede su posesión al capital para su explotación con contratos de muy larga duración.

El Estado financia una parte importante de la inversión y asegura a los empresarios niveles de ganancia al pagarles las llamadas contraprestaciones, además de que garantiza a los prestamistas pagos por eventuales devaluaciones o por retrasos del inversionista prestatario, mientras que “los privados invierten capital apalancado, que no es propio”.

Las Leyes de asociación público-privadas obligan al Estado a asegurar esos pagos en las leyes presupuestales y a crear fondos de garantía, “de tal forma que éste se obliga a sí mismo a ser un vehículo de transferencia de la riqueza social al gran capital que proviene de los impuestos de los asalariados y los consumidores pobres”.

La doctora Stolowicz Weinberger apuntó que actualmente hay un redoblado uso del derecho y de las facultades coercitivas para garantizar al gran capital nuevas áreas de valorización, “para transferir riqueza social, con apropiación creciente del plusvalor y también del valor de la fuerza de trabajo como fondo de consumo”.

Por ello resaltó que después de 150 años El capital de Carlos Marx continúa siendo fuente fundamental para la comprensión y problematización del tema, ya que “si no se tiene visualizada la materialidad de las relaciones sociales y la fuerza potencial que puede ejercer cada uno de los sujetos y clases sobre los otros, se puede caer en el fetichismo y atribuirle al derecho la función genealógica de todos los procesos de reproducción del capital, aun cuando no la tenga”.

El derecho faculta al Estado para apropiarse del plusvalor mediante medios coercitivos bajo la forma de impuestos para distribuirlo entre clases y fracciones de clase, cumpliendo un papel fundamental en la reproducción del capital, según sea su función regulatoria en las formas contractuales.

Sin embargo, el Estado “no expresa una fuerza suficiente de los explotados y dominados, cuya debilidad se origina en las relaciones económicas y en las políticas, incluida la dominación ideológica; los que tienen más poder imponen sus intereses sobre los demás en la apropiación del plusvalor”, concluyó.

“Lo que el campesino recibe, según investigaciones realizadas en Colombia y Ecuador, asciende a dos salarios mínimos, lo que lo convierte en un jornalero de las grandes empresas.”

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