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SCT DEBE EXPLICAR USO DE 234 MDP EN CONSTRUCCIÓN DE NUEVO AEROPUERTO

SCT debe explicar uso de 234 mdp en construcción de nuevo aeropuerto
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Plazo y costo de la obra ya están por encima de lo planeado; Comisión integra mesa de trabajo permanente con GACD y Conagua para dar seguimiento al proceso de edificación
05.10.2017 12.00 AM

El presidente de la Comisión Especial de seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, diputado Rafael Hernández Soriano (PRD), se pronunció por citar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, a fin de que “despeje las inquietudes” que sobrepasan a las facultades y atribuciones del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACD), responsable de la nueva terminal.

En reunión con el director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Celerino Cruz García, el legislador refirió que, de acuerdo con este órgano de vigilancia, “es inminente que se tenga que prorrogar el plazo de término del nuevo aeropuerto y se incrementen los 13 mil millones de dólares en que se presupuestó el proyecto”.

Precisó que la Comisión Especial hizo un ejercicio en donde el techo de 13 mil millones de dólares o 186 mil millones de pesos, ya se han rebasado. Explicó que el “Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México ya tiene comprometido el ingreso suficiente para construir este aeropuerto con tres años de antelación a la inauguración. El hecho es que el plazo y el costo, ya están por encima de lo planeado”.

Hernández Soriano mencionó que, según la SCT, el nuevo aeropuerto atenderá a 65 millones de usuarios por año; sin embargo, lo que se construye está planeado para 120 millones de viajeros que tendrá en 50 años. Es decir, precisó, estaría 50 por ciento subutilizado. “El techo se tendría que limpiar sin usarse, es decir, se tendría una estructura oxidándose por 50 años”.

Mencionó que una de las observaciones principales de la ASF de 2014, fue el sobrecosto del proyecto arquitectónico, ya que en comparación con otros países como Atlanta y Londres, “está muy por encima, en más de mil millones de pesos”.

La única forma de subsanar eso es que “el GACD regresara esos millones de pesos o que quien desarrolló el proyecto dijera que se excedió y los devolviera, o iniciar un procedimiento administrativo, o probablemente penal, porque son cientos de millones de pesos de sobrecosto”, añadió.

Afirmó que el nuevo aeropuerto “es, probablemente, una de las tres obras más importantes que se desarrollan en el mundo y, por lo tanto, debe tener el mayor cuidado en la planeación”.

La diputada Claudia Sánchez Juárez (PAN) reconoció que el nuevo aeropuerto es un punto estratégico para el comercio internacional y logístico, que pondrá a México a la vanguardia; sin embargo, “se dice que es una copia fiel del aeropuerto de Abu Dabi en Emiratos Árabes, que es 67 por ciento más grande, y el nuestro es 45 por ciento más caro en su construcción”.

“Me llama la atención cómo una nación con tantas posibilidades como lo es Emiratos Árabes, tenga una proyección de un aeropuerto más barato que en México donde estamos sufriendo, sobre todo después de los eventos que han pasado, con carencias tan importantes que tenemos”, resaltó.

Por ello, consideró importante hacer una revisión puntual de lo que se gasta y a dónde se destina el dinero, y ser solidarios, porque el país está en una crisis, principalmente por los eventos de fuerza mayor que han ocurrido. “Tenemos estados y poblaciones vulnerables y se está despilfarrando dinero en un proyecto, que sí es necesario para el país, pero que, indudablemente, nos está saliendo muy caro a los mexicanos”.

Del PES, el diputado Federico Escobedo Miramontes enfatizó que la nueva terminal es una de las inversiones más grandes que se han dado en el país y que, por lo visto, va a rebasar por mucho los 13 mil millones de dólares que originalmente se tenían contemplados.

Estimó que de ser necesario se debe citar a la SCT, porque tiene mucho que aclarar en relación con los recurrentes sobrecostos de todas las obras públicas que realiza. Además, consideró importante conocer el impacto ambiental del proyecto del nuevo aeropuerto.

Las diputadas del PRI, María Guadalupe Alcántara Rojas y María de la Paz Quiñones Cornejo, cuestionaron cómo se han atendido las observaciones que realizó la ASF de 2014 y ampliar de manera clara el dictamen de la auditoría de 2015.

Salvador Zamora Zamora, diputado de MC, se pronunció por realizar un análisis profundo de la auditoría y conocer de forma clara qué se hace con 234 millones que tienen observaciones y cuánto tiempo tienen para responder.

Al presentar el Informe de las auditorías practicadas al proyecto de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales de la ASF, Celerino Cruz García, precisó que el monto observado de los 88 contratos revisados en las Cuentas Públicas 2014, 2015 y 2016, asciende a 234 millones de pesos.

De los 88, 11 son de obra y 77 de servicios. Además, en las tres Cuentas Públicas se han desprendido 17 recomendaciones (ya atendidas), 14 solicitudes de aclaraciones (ocho atendidas), ocho promociones de responsabilidades sancionatorias (atendidas dos, promovidas dos y en proceso de emisión cuatro) y ocho pliegos de observación (uno atendido y se han notificado siete).

Mencionó que sobresalen los convenios de gerencia de proyectos, con un monto de 2 mil 361 millones de pesos, el cual tiene un plazo de ejecución el 8 de octubre de 2020, y el proyecto ejecutivo, que asciende a mil 841 millones de pesos. “Estos fueron los más importantes que estamos revisando”.

Cruz García pidió a los diputados vigilar estos contratos, pues “estamos viendo que va haber ampliación, tanto en monto como en plazo; se requiere más atención de esta Cámara de Diputados y de la ASF, porque desgraciadamente se están cambiando los términos de referencia, los proyectos y la forma de construcción. Esperemos se concluya en 2020, aunque nosotros consideramos que no”.

Destacó que los trabajos de supervisión se enfocan a examinar los procesos de limpieza, nivelación, construcción de caminos, carga y acarreo, drenaje pluvial, campamento, barda perimetral, pilotes de la torre de control, edificio terminal y centro de transporte terrestre multimodal, así como el control de calidad de fabricación y lozas de cimentación.

Las problemáticas en las observaciones, expuso, van en el tema de atrasos en la entrega de los anticipos, en la ejecución de los trabajos, falta de comprobación de los recursos en la construcción de la barda perimetral, incumplimiento de especificaciones, incorrecta aplicación de retenciones por atraso en la ejecución de los trabajos, pago de servicios que no están ejecutados, incorrecta aplicación de retenciones por atraso en la ejecución de los trabajos y falta de documentación comprobatoria de los servicios en los contratos de supervisión.

El funcionario de la ASF aclaró que no hay observaciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “porque no está interviniendo en la construcción”. Además, dijo, la Auditoría está revisando las obras que tiene a cargo la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en lo que tiene que ver con drenaje.

En la reunión, la Comisión Especial aprobó integrar una mesa de trabajo permanente con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y la Conagua, para dar seguimiento puntual al proceso de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Sobre el tema, la promovente, diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (PRI), indicó que es importante vigilar la edificación, financiamiento, administración y otorgación de contratos del Nuevo Aeropuerto, con la finalidad de tener información veraz y oportuna sobre dicho proyecto y su desarrollo.

Indicó que la mesa de trabajo permitirá a esta Cámara tener un contacto permanente con las autoridades encargadas de la construcción, como es el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

Plantean reunión de Comisión de Transparencia con secretaria de la Función Pública

El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Rogerio Castro Vázquez (Morena), informó que existe, por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), una propuesta para que su titular, Arely Gómez González, se reúna con esta instancia legislativa, el próximo lunes 23 de octubre, a las 12:00 horas.

En la reunión donde se aprobó su plan de trabajo, Castro Vázquez mencionó que esta fecha es “según la agenda de la secretaria”; sin embargo, aclaró que todavía no es un hecho, ya que le pidieron acudiera el próximo miércoles, pero debe discutirse con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

La diputada Lorena del Carmen Alfaro García (PAN) consideró importante la comparecencia de la titular de la SFP ante esta comisión, ya que “hay muchos temas a los cuales debemos darle seguimiento como legisladores fiscalizadores”.

El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) se manifestó por emprender una segunda mesa de trabajo para discutir el presupuesto del Anexo 20 y así enriquecer la opinión de esta comisión sobre el tema, pues en la primera mesa, diversos organismos del Sistema Nacional Anticorrupción externaron aportaciones importantes.

También de ese grupo parlamentario, el legislador Francisco Xavier Nava Palacios apoyó la propuesta de esta mesa, dado que hay peticiones, como la de San Luis Potosí -que después de un “escándalo gigante de corrupción” dentro de su Congreso y la Auditoría del estado- surgió un frente ciudadano anticorrupción, que está pidiendo ser escuchado por la Cámara de Diputados.

Cecilia Romero Castillo, diputada del PAN, planteó solicitar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) resuelva el tema de la designación de los Titulares de los Órganos Internos de Control de organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política, que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El diputado Castro Vázquez señaló que se hará el exhorto a la Jucopo, pero existe un recurso jurídico –interpuesto ante un juez por un participante que sintió violentados sus derechos— que mantiene todo el procedimiento en pausa, hasta que dictaminen quién tiene razón. “Si tiene razón la persona, tendremos que reponer el procedimiento; si no, le damos continuidad al proceso”.

Respecto al Plan de Trabajo anual, Castro Vázquez destacó que lo más relevante es dar continuidad a la mesa de trabajo del presupuesto al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), para analizar cómo se va a financiar y cómo lo propone el gobierno.

Explicó que como la Fiscalía Anticorrupción no se ha creado, no hay un presupuesto definido, “pero en la unidad especializada de la PGR aparece un recurso extraordinario en un capítulo que dice “viáticos” y no sabemos si al final será un fondo para la fiscalía anticorrupción”.

Consideró que se propone destinar demasiados recursos, alrededor de 300 millones de pesos, a la Secretaría Ejecutiva del SNA para crear una burocracia muy amplia.

También se ha planteado el establecimiento de una sala especial en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para la que se ha solicitado presupuesto; además, es necesario abordar el tema de las leyes que no se han armonizado, como la de Obras Públicas, de Adquisiciones y de Archivos, que no se han dictaminado en el Senado. “A todo le vamos a dar continuidad”.

Señaló que a las mesas de trabajo se ha invitado a los integrantes del SNA, a la Función Pública, al Auditor Superior, al Consejo de la Judicatura, para conocer si requieren presupuesto, en qué se lo van gastar y, de ser necesario, hacer adecuaciones para fortalecer ciertas áreas.

“Para eso es el foro, para que la ciudadanía y los diputados estemos enterados de cómo está el presupuesto y para que se va a gastar” y posteriormente la Comisión discutirá qué propuesta presentará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Castro Vázquez señaló que el Anexo 20 del proyecto de presupuesto para el 2018 es el que le corresponde analizar a esta Comisión; fue creado para el combate a la corrupción y se propone asignarle alrededor de 6 mil millones de pesos. Lo componen la ASF, el Consejo de la Judicatura, la Secretaría de la Función Pública y la nueva Secretaría Ejecutiva.

Consideró que el proyecto de presupuesto es suficiente si se tiene la certeza de cómo se va a ejercer. “Hasta ahora lo que vemos, por ejemplo, en el caso de los magistrados de la nueva sala especializada vemos que sí se están poniendo salarios muy elevados y es el caso, también de la Secretaría Ejecutiva, pero si eso se subsana, yo creo que sí tendríamos un presupuesto para que vaya fortaleciéndose”.

Aclaró que se requiere saber cómo se va aplicar el presupuesto porque, por ejemplo, la ASF requiere más presupuesto para tener más capacidad para fiscalizar las participaciones federales. Entonces, “si se va a invertir en eso, nosotros estamos de acuerdo”.

“El monto observado de los 88 contratos revisados en las Cuentas Públicas 2014, 2015 y 2016, asciende a 234 millones de pesos.”

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