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EN MÉXICO, HACER EFECTIVOS LOS DERECHOS HUMANOS "PARECE UNA UTOPÍA"

En México, hacer efectivos los derechos humanos
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Ni el Estado ni la sociedad han asumido una agenda real de derechos humanos: académicos
12.05.2017 12.00 AM

En tanto en México no logremos construir un Estado democrático, social y de derechos, que combata la corrupción, la impunidad y la violencia, la posibilidad de seguir un camino de superación de la desigualdad y la pobreza por la vía de hacer efectivos los derechos humanos, parece una utopía. El Estado es responsable de garantizarlos, señalaron expertos en la Universidad Nacional.

En la continuación de los Foros Universitarios “La UNAM y los desafíos de la nación”, con el tema Derechos Humanos y Equidad, el director general de Planeación de esta casa de estudios, Enrique del Val, señaló que el principal derecho humano es el de la supervivencia, porque sin él no se pueden cumplir los demás. “Si uno no come, es imposible que pueda gozar del resto”.

No obstante, en México hemos avanzado poco en garantizar el derecho a la alimentación a pesar de los compromisos internacionales que, como país, hemos aceptado, refirió en la mesa 2: “Equidad.

En la constitución política de la Ciudad de México se incluye el concepto de ingreso mínimo vital, y hay que darlo independientemente de la condición física o económica de la persona. “La única manera de avanzar en un verdadero combate a la pobreza no es focalizando, sino ateniendo a todos; esa renta básica, ese ingreso, pretende darle a cada ciudadano lo que le permita, al menos, su sobrevivencia”.

Del Val expuso que el Estado es responsable de asegurar los derechos, pero los ciudadanos debemos exigirlos, y en ambos casos debe haber un avance. “No hay empleo para todos y habrá desempleados de por vida, por lo que se debe garantizar ese ingreso ciudadano”, opinó.

La sesión fue moderada por Rolando Cordera, profesor emérito de la Facultad de Economía (FE) y coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, quien indicó que en el país hay una crisis de estatalidad, “entendiendo por esto falta de destrezas, de conocimiento de los servidores públicos para encarar las obligaciones que emanan del mandato constitucional”.

Ahí hay un problema de servicio público, civil, de burocracia, que se nos fue yendo hasta dejarnos un Estado debilitado en su interior, en sus capacidades para lidiar con el conflicto, adelantarse a las contradicciones o asignar recursos.

Por eso, para afrontar los temas de los derechos y de la estatalidad, propuso plantear una auténtica reforma del Estado que tenga como punto de partida a la “madre de todas las reformas”, que es la fiscal o hacendaria, donde se incluya gasto, ingreso y deuda.

En el auditorio Ho-Chi-Min de la FE, la presidenta de la asociación civil INCIDE Social, Clara Jusidman, refirió que hay una gran crisis de derechos humanos por la tortura, desapariciones, secuestros, asesinatos, despojos y desalojos, violencia contra las mujeres y feminicidos. Hacer frente a la violación de los derechos individuales y civiles exige recursos y acciones inmediatas y urgentes. Se necesita reconstruir al Estado y sus instituciones con la participación de la población.

Uno de los grandes obstáculos para incorporar a los derechos humanos como eje de desarrollo social y económico es el desconocimiento de los políticos y gobernantes de su significado e importancia, además de que prevalece un pensamiento conservador de las élites políticas, sostuvo la integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

No tienen interés alguno en que las mayorías se conviertan en ciudadanos con pleno derecho, en titulares de derechos, ni en que se organicen para exigirlos. Por ello, las políticas y programas sociales son compensatorias, las primeras, y clientelares, los segundos.

A ello se suman los niveles de violencia en todo el territorio, producto del crimen organizado en complicidad con las élites económicas y políticas que nos han llevado a mayores niveles de “corrupción, impunidad creciente, autoritarismo y cinismo; a la captura de lo que queda de la institucionalidad pública por los partidos políticos y, por lo tanto, a la cancelación de cualquier posibilidad de desarrollar un Estado democrático, social y de derecho”.

David Ibarra, profesor de la FE y doctor honoris causa por la UNAM, dijo que se requiere iniciar la tarea de fortalecer los derechos humanos, y de imprimir una cara amigable a la globalización y a la libertad de mercados.

Esa es la tarea que enfrentamos, y es más intensa en el caso de México, por ser un país en desarrollo que tiene la obligación real o impuesta de defender los principios del orden económico internacional.

Los paradigmas económicos reguladores de las economías y de las sociedades muestran vacíos, signos claros de inadecuación; y al mismo tiempo, la renovación necesaria de otras muchas visiones envejecidas se suma al panorama caótico que prevalece.

El libre comercio facilita la acumulación de déficits enormes, desajustes entre los países que tendrán que resolverse quizás transformándose de nueva cuenta en proteccionistas o en deudores que no cubren sus adeudos, concluyó.

Aunque en nuestro país se planteó un nuevo paradigma constitucional, persisten dos grandes dilemas: ni el Estado mexicano ni sus gobiernos se han apropiado e interiorizado de la agenda de derechos humanos, y tampoco la sociedad misma ha asumido este discurso, señaló Mario Luis Fuentes, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, durante los Foros Universitarios “La UNAM y los desafíos de la nación”.

“¿Si es mandato constitucional y es la gran ordenanza de las Naciones Unidas, por qué no se ha asumido?, preguntó el también miembro de la Junta de Gobierno: “Porque aun cuando todos los textos oficiales formales hacen un vínculo con visión de derechos humanos, sólo se hace en narrativa retórica, como en el Plan Nacional de Desarrollo y otros documentos gubernamentales de planeación”, respondió.

Al intervenir en los foros, que en esta ocasión presentaron el tema Derechos Humanos y Equidad, Fuentes indicó que el Estado no ha llevado un proceso transformador que realmente constituya el andamiaje institucional después del 2011.

“La estructura del Estado sigue siendo la misma; la propuesta de órganos autónomos no responde a una noción de garantía de derechos humanos, corresponde a la desconfianza entre los poderes”.

En su oportunidad, Marta Lamas, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), indicó que existe una mutación antropológica en el psiquismo y en la subjetividad de las personas, debido a que los mandatos de la masculinidad y la feminidad tienen un efecto negativo sobre el libre ejercicio de la sexualidad y la reproducción.

“Los principios políticos de una democracia moderna pluralista se encuentran vivos también en los derechos sexuales y reproductivos; su exigibilidad implica no sólo reformar la política de salud, sino también la educativa y, sobre todo, hacer valer la separación Estado-Iglesia. Lo que más obstaculiza legitimar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos es el tabú religioso que pesa sobre el aborto y la homosexualidad, de ahí que lo imprescindible sea preservar el carácter laico del Estado”, subrayó.

Hoy en México la lucha por esos derechos no es sustitutiva de otras luchas, y no es una vía exclusiva para enfrentar las múltiples formas de subordinación y explotación en nuestro país.

“La defensa de los derechos sexuales y reproductivos expresa el conjunto de valores ético-políticos que encarnan una democracia radical, que tanta falta hace a nuestro maltrecho país”, expuso.

En su turno, José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC), expresó que la condición real de los pueblos indígenas en México no es resultado del olvido, de la fragmentación lingüística, de su lejanía geográfica o de su negativa a participar en el desarrollo económico y social, sino del compromiso férreo que los sucesivos gobiernos han mantenido de mantener un modelo de extrema desigualdad con ellos. La escolaridad y el acceso a la educación, ejemplificó, son un indicador por excelencia de este problema.

Las señales de las reformas no auguran cambios para los pueblos indígenas; al contrario, pueden implicar la vulneración definitiva de sus derechos hasta lograr su extinción como culturas, es decir, cometer explícitamente un “etnocidio tipificado” en la legislación internacional.

El investigador universitario demandó un modelo equitativo para todos los mexicanos, sean o no indígenas, pues según la Comisión de Educación Indígena Bilingüe, sólo el 1.6 por ciento de esta población de entre 20 y 24 años ha tenido acceso a la educación superior, además de que las 12 universidades interculturales en diversos estados de la República para la gestión 2015-2016 tenían matriculados a sólo 14 mil ocho alumnos.

La población indígena entre 20 y 24 años es de 591 mil 895 personas, de las cuales sólo 2.37 por ciento asiste a las universidades interculturales indígenas.

El sistema universitario de educación superior está muy lejos de ofrecerles una oferta justa, equitativa y democrática de acceso a la educación superior, concluyó.

“La estructura del Estado no se ha transformado; los órganos autónomos no responden a una noción de garantía de los derechos humanos.”

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