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PERMITEN A CONCESIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INDÍGENAS RECIBIR PUBLICIDAD OFICIAL

Permiten a concesiones sociales, comunitarias e indígenas recibir publicidad oficial
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Critica oposición que otras reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión quitan al IFT sus atribuciones de supervisión, vigilancia y sanción a concesionarios de medios
28.04.2017 12.00 AM

La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) mantenga un listado actualizado de las concesiones sociales, comunitarias e indígenas existentes, con el fin de que reciban publicidad oficial.

Se precisa que el IFT tendrá a disposición el listado de las concesiones sociales existentes, a efecto de que los entes públicos federales, locales y municipales, puedan consultarlo para la contratación de la publicidad en los términos de la fracción VII del artículo 89 de la LFTR

El documento surge de una iniciativa que el diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena) presentó el 6 de octubre de 2016, fue aprobado por 365 votos a favor, tres en contra y una abstención, y se turna al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Se reforma el párrafo primero de la fracción VII y se adiciona un segundo párrafo a la fracción VII, recorriéndose el actual para ser tercero del artículo 89 de la LFTR, que versa sobre fuentes de financiamiento de las concesiones de uso social.

El legislador precisó que se pretende asegurar la sostenibilidad y operación de las concesionarias de uso social, con el fin de propiciar la participación ciudadana, la difusión de las culturas y lenguas maternas indígenas.

También se busca garantizar el derecho humano a comunicar y el derecho de los pueblos originarios y comunidades indígenas y mestizas, consagrado en la Carta Magna, a contar con sus propios medios de comunicación, “lo que garantiza la pluralidad en la información y el derecho de los pueblos y las comunidades a comunicar”.

La Comisión de Radio y Televisión sostuvo que para elaborar el dictamen se basó en la premisa de apoyar a los concesionarios de radiodifusión, sean comerciales, públicos o sociales.

“Nuestro objetivo es tratar de adecuar la LFTR con la finalidad de que sus normas se ajusten a la realidad y alcance de los fines sociales que se buscan, como el derecho a la información y la libertad de expresión de cualquier persona, a través de los medios de comunicación social”, apuntó.

La fracción VII del artículo 89 se refiere a la “venta de publicidad a los entes públicos federales, los cuales destinarán el uno por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuesto al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país, el cual se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones existentes.

“Las entidades federativas y municipios podrán autorizar hasta el uno por ciento para dicho fin, de conformidad con sus respectivos presupuesto”.

A este párrafo se le adicionó: “Esta contratación, en los casos que proceda, atenderá a los principios de transparencia, control y pertinencia cultural de la publicidad que se difunda en las concesiones de uso social comunitarias e indígenas, con pleno respeto a los usos, costumbres y uso de la lengua indígena de que se trate”.

Se agrega otro párrafo para precisar que “El Instituto, en el Registro Público de Concesiones, tendrá a disposición un rubro que contenga el listado actualizado de las concesiones sociales, comunitarias e indígenas existentes”.

En un segundo artículo transitorio se especifica que, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el IFT, en el Registro Público de Concesiones, tendrá a disposición el listado de las concesiones sociales existentes, a efecto de que los entes públicos federales, locales y municipales, puedan consultarlo para la contratación de la publicidad en los términos de la fracción VII del artículo 89 de la LFTR.

Aprueba Cámara de Diputados reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de derecho de audiencias

La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para establecer como derecho de las audiencias “que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”.

Asimismo, para eliminar la obligación de que los códigos de ética de los concesionarios de radio y televisión se ajusten a los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y para establecer que la designación de los defensores de las audiencias la harán los propios concesionarios sin opinión de dicho Instituto.

La reforma fue aprobada en lo general por 288 votos a favor, 114 en contra y 18 abstenciones; luego de que el Pleno rechazó las reservas que presentaron diputados del PRD, MC y PAN; se avaló en lo particular con 208 votos a favor, 192 votos en contra y nueve abstenciones.

Se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

A favor del dictamen habló el diputado Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (PAN) y en contra lo hicieron los legisladores Sergio López Sánchez y Guadalupe Acosta Naranjo, ambos del PRD, y Renato Josafat Molina Arias (Morena).

El documento surgió de dos iniciativas que presentaron, por separado, los diputados Clemente Castañeda Hoeflich (MC) y Federico Döring Casar (PAN), en febrero y marzo pasados, a pesar de que el primero solicitó, el mismo día que la Comisión de Radio y Televisión avaló el dictamen (5 de abril de 2017), que su propuesta fuera retirada.

El dictamen reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 15, 216, 256, 259, 260, 261, 297 y 311 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Originalmente, el dictamen también consideraba reformas a los artículos 17 y 228, pero al iniciar su discusión ante el Pleno, la junta directiva de la Comisión de Radio y Televisión presentó una adenda, para hacer precisiones y modificaciones, entre ellas dejar la redacción actual de estos dos preceptos.

Se reforma el artículo 256 para indicar, en la fracción IV, que entre los derechos de las audiencias está “que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”.

Este artículo también se modifica para indicar que los códigos de ética de los concesionarios, bajo el principio de autorregulación, tendrán por objeto informar al público en general la forma detallada de cómo el concesionario se compromete a respetar y promover todos los derechos de las audiencias.

También para precisar que el código de ética será emitido libremente por cada concesionario y no estará sujeto a convalidación o revisión del IFT o de autoridad, ni a criterios, directrices, lineamientos o cualquier otra regulación.

Se reforma la fracción LIX del artículo 15, para estipular que entre las atribuciones del IFT está “ejercer las facultades de vigilancia en materia de derechos de las audiencias”, para, en su caso, imponer sanciones económicas a los concesionarios y defensores de las audiencias.

En el precepto 311 se elimina la fracción II del inciso C, para que el IFT ya no pueda multar a los defensores de las audiencias por no cumplir con los lineamientos del Instituto sobre sus obligaciones mínimas, de tal manera que sólo los podrá sancionar cuando no cumplan las obligaciones establecidas en la Ley.

El artículo 259 se modifica para establecer que “la actuación del defensor de la audiencia se sujetará, exclusivamente, al código de ética del concesionario, y únicamente rendirá cuentas a la audiencia y a las instancias que, en su caso, prevea el propio código”.

Asimismo, indica que “los concesionarios designarán libremente al defensor de la audiencia, sin que el Instituto u otra autoridad tenga facultades para intervenir u opinar”.

Se realiza una reforma a la fracción LXI del artículo 15 para estipular que el IFT no tendrá la facultad de ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones de programas noticiosos que violen las normas relacionadas con la protección del público infantil, en materia de salud, publicidad y valores estipulados en el artículo 3 de la Constitución Política.

"Es un retroceso a derechos de las audiencias"

Los diputados Guadalupe Acosta Naranjo (PRD) y Jorge Álvarez Maynez (MC) afirmaron que el dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es un retroceso a los derechos de las audiencias.

El documento "va en contra de la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones”, señalaron.

Acosta Naranjo aseguró que “los concesionarios (de medios de comunicación) son los únicos beneficiados con esta reforma”.

“Se echan para atrás los derechos de los ciudadanos y se respetan y se multiplican los derechos de los concesionarios de un bien público, que está regulado por el Estado mexicano, (el cual) tiene la obligación de proteger y ampliar (según lo establecido en el artículo 6º constitucional)”, destacó Acosta Naranjo.

Sostuvo que con este dictamen se están quitando facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pues se eliminan sus atribuciones de supervisión, vigilancia y sanción a concesionarios de medios de comunicación.

Álvarez Maynez apuntó que el dictamen incluye más de 20 disposiciones, que “son regresivas y están en contra de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones”.

“No aceptamos que lo que es una obligación del dictamen, quiera ser puesto en la misma lógica de libertades de empresa y de expresión, por una sola razón: porque los concesionarios lucran con un bien de la nación, que es el espectro radioeléctrico, por eso son concesionarios y tienen obligaciones ante el Estado mexicano”, puntualizó.

El diputado de MC hizo un llamado al IFT a “que defienda las facultades que hoy tiene y que hoy le da una reforma constitucional” en esta materia.

Estuvieron presentes organizaciones civiles involucradas en la materia.

“Se echan para atrás los derechos de los ciudadanos y se respetan y se multiplican los derechos de los concesionarios de un bien público, que está regulado por el Estado mexicano.”

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