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SENADO DEFINE TIPO PENAL CONTRA TRATA DE PERSONAS Y MODIFICA MINUTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Senado define tipo penal contra trata de personas y modifica minuta de la Cámara de Diputados
FOTO: FLICKR/Eric Oebanda Photo VER FOTOGALERÍA
El proyecto de decreto de Ley General en Materia de Trata de Personas fue devuelto a la colegisladora; llaman a “quitarle toda carga político-electoral a una Ley que hoy es inoperante"
31.10.2016 12.00 AM

El Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen que modifica la minuta que envió la Cámara de Diputados para reformar diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

El proyecto de decreto fue devuelto a la Cámara de Diputados en virtud de que la minuta que ésta envío al Senado tuvo cambios.

Al presentar el dictamen, que se aprobó en lo general con 90 votos a favor y dos abstenciones, la senadora Adriana Dávila Fernández explicó que se insistió en la redacción original que el Senado planteó a la colegisladora para los artículos 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 28, 28-Bis, 30, 31, 36, 42, 66 y 97, a fin de definir con mayor claridad el tipo penal en esta materia.

La presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas dijo que las dos cámaras del Congreso de la Unión coincidieron en las modificaciones a 66 artículos del ordenamiento vigente, y que de los cambios que realizó la Cámara de Diputados, en 22 de ellos los senadores están de acuerdo, pues habían mejorado su redacción.

Dávila Fernández hizo un llamado a los diputados “para quitarle toda carga político-electoral” a una Ley que hoy es inoperante. “Estas modificaciones que estamos proponiendo serán un instrumento mejor para poder tener a las tratantes en la cárcel”, agregó.

En el documento aprobado se menciona que se hace necesaria una reingeniería legal al artículo 10, a fin de establecer claramente el delito de trata de personas y lo que se entiende por explotación de una persona en sus diversas formas como la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, el trabajo o servicio forzado y la mendicidad forzosa.

Así como la utilización de personas menores en actividades delictivas, el matrimonio forzoso o servil, así como el nacimiento de un menor y la separación de su madre, la extracción de un órgano tejido o su componente, célula o fluido humano, la realización de ensayos o experimentos biomédicos, clínicos o farmacéuticos y el alistamiento de menores de edad para un conflicto armado.

Plantea, entre otras sanciones, una pena de 10 a 25 años de prisión a quien consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con fin de explotación, mediante amenaza, uso de la fuerza u otra forma de coacción, engaño seducción, abuso de poder.

Precisa que también se entiende por explotación de una persona la utilización de ésta en un conflicto armado.

Propone una pena de cinco a 10 años de prisión a quien tenga o mantenga una persona en condición de servidumbre. Además, será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión a quien explote o se beneficie de la prostitución ajena, la pornografía, la exhibición pública o privada de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra conducta de carácter sexual.

Del mismo modo, impone una sanción de 10 a 15 años de prisión a quien someta o engañe a una persona para realizar cualquier servicio sexual o cualquier acto pornográfico, así como cárcel de 4 a 10 años a quien explote a una mujer con el fin de gestar una niña o un niño para que, después de nacido, sea separado de su madre o se entregue a un tercero.

También establece de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa a quien dirija, gestione o edite un medio impreso, electrónico, cibernético o cualquier otro medio de comunicación que difunda publicidad ilícita o engañosa para facilitar, promover o procurar cualquiera de las conductas delictivas objeto de esta ley.

El dictamen estima necesario que la Procuraduría General de la República (PGR) elabore un programa de protección para ofrecer cambio de identidad o reubicación a víctimas y testigos de los delitos, cuya integridad pueda estar amenazada.

Además, plantea que la PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, cuente con una Coordinación General para la investigación y persecución de los delitos objeto de esta Ley, cuando sean cometidos por la delincuencia organizada, que contará como mínimo con un coordinador general, fiscales, ministerios públicos y policías ministeriales especializados, los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para su efectiva operación.

La asamblea incluyó cambios a los artículos 8, 48 y 66 al dictamen de las comisiones, para precisar, entre otros aspectos, que “el término de prescripción de los delitos en materia de esta ley, se regirá conforme a lo establecido en el Código Penal Federal, salvo que la víctima sea una persona menor de 18 años de edad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o no tenga capacidad para resistirlo”.

El senador Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que con este dictamen se está construyendo un proceso que marcará paradigmas positivos en la historia del país y en la lucha contra la trata de personas; en temas como este, subrayó, no podemos guiarnos por tendencias o ideologías políticas.

Como senadores, dijo, es nuestro deber emitir normas jurídicas progresistas, protectoras y garantistas de los derechos humanos, es ello, señaló, una obligación que la Constitución nos mandata; “como legisladores tenemos la obligación que mediante normas eficaces establezcamos un orden jurídico útil y eficiente para hacer frente esta actividad ilícita que denigra directamente la dignidad de las personas”, expresó.

La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, enfatizó que la trata y la explotación son crímenes que crucifican a las personas y quienes comenten estos delitos convierten a sus víctimas en objetos de los que tienen beneficios despojándoles de su más elemental que tiene una persona, su dignidad humana.

Ante esta atrocidad, enfatizó, es imprescindible que el Estado tome las medidas necesarias para sancionar estas conductas y de ahí la importancia del diseño del marco legislativo, que responda a la necesidad de sancionar debidamente dichos delitos, de erradicarlos y de brindar justicia y reparación de daños a las víctimas. Con esto, aseguró, el Senado está cumpliendo con las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en esta materia.

La senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, desatacó que este dictamen responde a todas las recomendaciones, interrogantes y demandas que en materia de derechos humanos y contra la trata de personas se han hecho al país.

Expresó que hoy en el Senado se llega a un “gran consenso” sobre lo recibido por parte de la Cámara de Diputados y aseguró que con las modificaciones no saldrán de prisión aquellas personas que se encuentran detenidas por este delito.

El senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, dijo que la corrupción e impunidad que garantiza el sistema político y jurídico permite que delitos como la trata de personas se diversifique y las ganancias aumenten, además de que no existan cifras oficiales exactas sobre el número de víctimas de esta práctica.

Del Senado, agregó, deben surgir las leyes que más se acerquen a la realidad social y sean capaces de solucionar este tipo de problemáticas que aquejan al país.

La senadora del PT, Layda Sansores San Román dijo que esta ley es el resultado de un enorme esfuerzo que se ha hecho en la materia y que deben estar bajo constantes cambios, “a fin de mantener la dinámica que impone un delito que cada día se agrava más en nuestro país”.

Mi reconocimiento a la senadora Adriana Dávila Fernández porque sabemos que arriesga su integridad, la paz de su familia y aun así se ha mantenido con un enorme valor para sostener sus ideas, puntualizó.

En la discusión de la ley en lo particular, el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del PT, presentó una reserva para modificar el artículo 10 del dictamen, que no aceptada por la asamblea.

México presentó 3 mil 549 víctimas de trata en los últimos tres años

En los últimos tres años México registró 3 mil 549 víctimas de trata, únicamente 108 de los tratantes recibieron sentencia condenatoria a nivel local, y sólo 12 fueron sentenciados a nivel federal, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La presidenta de la Comisión Especial de Trata de Personas, diputada Julieta Fernández Márquez (PRI), dio a conocer lo anterior al destacar que no existe relación entre cantidad de casos que se presentan y los atendidos, por lo que “no podemos hablar de cifras oficiales sobre la cantidad de víctimas en el país”.

En reunión de trabajo, la legisladora dijo que el presupuesto para el 2017 no prevé asignación de montos para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de las víctimas, por lo que se requiere asignar recursos.

Luego de ser aprobado el Programa Anual de Trabajo de la Comisión correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la actual Legislatura, Fernández Márquez resaltó que el daño moral, social y corporal que sufren las víctimas es tan grande que requieren una reparación del daño y rehabilitación integral.

Precisó que se necesitan más albergues que brinden una atención adecuada, por lo que pugnarán para que se asignen recursos al fondo en mención. “Sabemos que hay recortes presupuestales, pero es indispensable que escuchemos a las víctimas”, acotó.

El Plan de trabajo destaca que de las víctimas a nivel local, 93 por ciento son mujeres y 26 por ciento menores de edad, de estos 88 por ciento son mexicanos y sólo 8 por ciento extranjeros.

Agrega que las entidades federativas con mayor número de averiguaciones previas fueron Puebla, 375; Chiapas, 315; Ciudad de México, 113; Oaxaca 108; Baja California, 95 y Estado de México, 95.

De acuerdo a cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su Diagnostico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México de 2014, la mayor parte de las víctimas de trata son mujeres con fines de explotación sexual, se menciona en el plan de trabajo.

Señala que el combate contra la trata de personas no ha sido un camino sencillo, ya que antes del 2003 México no contaba con un instrumento jurídico a través del cual se pudiera atacar el fenómeno.

Sin embargo, refiere, el escaso número de averiguaciones previas y sentencias motivaron que en el 2012 se incorporarán reformas a la Carta Magna, mediante las cuales se facultó al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de trata de personas.

Motivo por el que el 14 de junio de ese año se publicó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, a través de la cual se permitió un enfoque del fenómeno con miras a combatirlo de manera global, no sólo tipificando y penalizando el delito, sino introduciendo acciones y medidas de prevención, protección y asistencia a las víctimas, puntualiza el documento.

En México, 40 por ciento de víctimas de trata son menores de edad: Farah Gebara

Los migrantes, menores de edad y los indígenas son los grupos más vulnerables frente a la trata de personas. En México, 40 por ciento de las víctimas de este delito son infantes, y las ganancias que genera este fenómeno “son tan grandes que sólo el tráfico de drogas es más lucrativo en el submundo de las utilidades ilegales”, aseguró el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara.

En la presentación del libro “El fenómeno de la trata de personas. Análisis desde las ciencias penales y proyecto de reformas a la ley vigente en la materia”, de María Olga Noriega Sáenz y Alan García Huitrón, Farah Gebara dijo que la trata de personas “es grave y su ámbito de operación gigantesco debido a que se presenta en todo el planeta”.

Precisó que aunque nos falta mucho por hacer, se tienen identificados los factores de riesgo que suponen un peligro constante para las niñas, niños y adolescentes como son la discriminación, la exclusión, los entornos de violencia, las desigualdades estructurales, el trabajo infantil, la deserción, escolar y las carencias afectivas o emocionales.

Destacó que a nivel mundial, tan sólo de 2006 a 2012, el porcentaje de menores de edad víctimas de este delito se elevó de 13 a 33 por ciento, por lo que “si el objetivo es proteger y hacer posible el libre desarrollo de todas las personas, los Estados no están cumpliendo su función, por lo que tenemos que acelerar el paso”.

Mauricio Farah comentó que la precisión de las leyes es algo más que un trabajo bien hecho, porque si una norma tiene deficiencias éstas se traducen en impunidad e, incluso, en criminalización de las víctimas o en su revictimización, lo que es especialmente posible en cuanto a la trata, ante una eventual confusión con otros tipos penales.

Dijo que saber cuáles son los grupos más vulnerables y conocer sus factores de riesgo es una ventaja que debemos aprovechar para dirigir con precisión programas y acciones de prevención.

En el plano internacional, continuó, existe un patrón que establece que el traslado de las víctimas es casi siempre de países pobres a ricos. “Es claro que los tratantes saben dónde están las potenciales víctimas y dónde los que pagarán su explotación”.

Ante ello, enfatizó que los países desarrollados que señalan a las naciones en vías de desarrollo como las fuentes de trata no pueden pasar por alto un hecho indiscutible: “sin compradores no hay mercado”.

Por ello, puntualizó el secretario general de la Cámara de Diputados, “nuestro desafío en materia de prevención es evitar que se actualicen tanto las potenciales víctimas como los potenciales victimarios, que son extremos de una misma cadena”.

Expresó que la lucha contra la trata de personas será larga, lo que “no debe desanimarnos sino alentarnos a prepararnos para mantener el paso; sabemos que vamos detrás de antecedentes milenarios y que la trata es un fenómeno complejo, pero no podemos permitir que los siglos pasados hagan futuro y que la complejidad de la trata nos paralice. Es posible combatir nuestros rezagos con voluntad, inteligencia y acción colectiva”.

Acerca del libro, comentó es uno de los más completos e integrales que se han escrito sobre trata. La obra es relevante y, sin duda, será referente para la comprensión y el estudio del fenómeno y catalizador para la reflexión y la acción.

En su intervención, el quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Edgar Corzo Sosa, dijo que de acuerdo con cifras de procuradurías estatales, de un total de 2 mil 843 víctimas, la mayoría -87.9 por ciento- son mexicanas; sólo 8.4 por ciento de origen extranjero.

El 93.4 por ciento son mujeres y 6.1 son hombres; 26.5 por ciento son menores, y 71.7 por ciento son mayores de edad, detalló Corzo Sosa.

A nivel federal, expresó que de 706 víctimas, 696 son mexicanas, 10 son extranjeras y, en otros casos, no se les pudo identificar. Sin embargo, si se cuentan los casos objeto de averiguaciones previas y en los cuales interviene la delincuencia organizada, 54 por ciento son menores de edad, frente a 29 por ciento mayores de edad.

Estos datos, expresó, reflejan que “estamos obteniendo de las procuradurías estatales datos diferentes a los que se presentan a nivel federal, por lo que es importante abordar este asunto, y de ahí la importancia del libro.

En su intervención, la directora general adjunta de Igualdad de Género del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), María González del Castillo, comentó que si no se tiene bien tipificado el delito no se podrá dar la protección adecuada a las víctimas.

Dijo que el delito de trata de personas es la suma de violaciones a los derechos humanos, por lo que su atención requiere de un modelo serio y totalmente vigilado y tutelado. “Se tiene que dejar de lado el tema de la caridad, se tiene que hablar de la protección de los derechos humanos de las víctimas, de manera integral y eficiente”.

En su turno, la coautora María Olga Noriega Sáenz, exhortó a analizar el libro y las propuestas que plantea porque si bien “la ley del 2012 fue una norma importante, ya es caduca. El crimen organizado se ha encargado de nuevas formas de trata de personas, existen nuevas tipologías penales y nuevos comportamientos”, argumentó.

Comentó que se deben diferenciar los delitos porque muchas conductas se criminalizan, debido a que “nos apartamos del Protocolo de Palermo y de los instrumentos internacionales, porque fue difícil comprobar los medios cognoscitivos del delito y se metieron como agravantes, destrozando el tipo penal que da como resultado una gran impunidad”.

En el evento también participó la directora de Estudios Sociales de la Posición y Condición de las Mujeres y la Equidad de Género del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), Blanca Judith Díaz Delgado.

“Migrantes, infantes e indígenas, los grupos más vulnerables ante este fenómeno.”

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